EXISTE UNA AGENCIA EUROPEA PARA LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

Tras un almuerzo de hermandad de los Amigos de la Europa Social, club de opinión y de debate que se reúne todos los meses en el Círculo Franz Neumann de la ciudad de Parapanda - y cuya última reunión inmortaliza la fotografía -, se planteó como debate la política de inmigración que debe seguir Europa, con inmediata discusión sobre la Directiva Retorno que criminaliza y cosifica a la libertad de movimiento para el trabajo en que consiste el trabajo inmigrante. En ese contexto, alguién de la hermandad planteó la siguiente pregunta reflexiva que se recoge en este "suelto": ¿Alguien conoce la Agencia Europea para los Derechos Fundamentales?.

Parece que en fechas relativamente recientes, por Resolución del Consejo nº 168 de 15 de febrero de 2007, se instituyó la Agencia para los derechos fundamentales que viene a incorporar los cometidos del llamado Observatorio europeo de los fenómenos de racismo y xenofobia. Es importante señalar que la Agencia tiene como finalidad prestar a las instituciones europeas y a los Estados miembros "asistencia y asesoramiento en materia de derechos fundamentales de manera que les ayude a respetar plenamente tales derechos cuando adopten una medida o definan una iniciativa" (art. 2 de la Resolución). ¿Habrá emitido esta Agencia algún dictamen o consulta ante las iniciativas de las Instituciones Europeas que se han plasmado en la Directiva conjunta del Consejo y del Parlamento conocida como Directiva Retorno de los inmigrantes en situación irregular?
La Directiva, que es más conocida entre nosotros a partir de los votos discordantes de dos eurodiputados españoles, ha tenido una respuesta extraordinariamente crítica de los principales gobernantes democráticos de toda América Latina, y amenaza por tanto seriamente las relaciones entre Europa, España y aquel territorio continental. Pero no toda Europa se condensa en la convergencia entre conservadores y socialdemócratas. Al margen de las (débiles) pociciones de la izquierda roja y verde, los sindicatos europeos han manifestado su manifiesta repulsa.
La CES, en efecto, y siempre desde la invisibilidad mediática de su discurso, ha señalado que la reglamentación de los procedimientos y de las condiciones según las cuales los inmigrantes de terceros países pueden ser repatriados, tras el internamiento prolongado en lugares de no-derecho hasta seis meses de duración, y con la prohibición de volver a Europa en el plazo de 5 años, entre otros aspectos, son reglas plenamente inaceptables. Esta normativa convierte a Europa en un territorio de excepción de derechos y contempla la inmigración - que en sustancia es libertad de movimiento en busca de trabajo en este mundo global - en un fenómeno materialmente mercantil (es decir, fuerza de trabajo que no es precisa y que debe por tanto ser expulsada del mercado) y socialmente peligroso (de forma que la inmigración irregular se criminaliza y se confina en un espacio sin derechos donde sólo se ejerce la represión).
Son también palabras de la Confederación Europea de Sindicatos que Europa tiene que abordar el tema de la inmigración irregular ante todo con medidas de regularización, políticas claras contra la explotación de los "sin papeles" y oferta de medios para salir de esa situación de trabajo clandestino. La Unión Europea debería priorizar políticas preventivas y globales sobre la migración, la integración y el desarrollo, más allá de la consideración individualizada de las mismas por parte de los Estados miembros. Y posiblemente en lo que se refiere a España, una consideración más atenta y diferenciada de la(s) inmigracion(es), su anclaje territorial y su repercusión en los servicios pùblicos permitiría un tratamiento más acorde con el espacio de los derechos sociales en el que nos debemos desenvolver cualquiera que viva y trabaje en el territorio europeo.
Pero, ¿hará intervenido en ello la misteriosa Agencia Europea para los Derechos Fundamentales?¿Qué habrá opinado, en su caso, sobre la vergonzosa Directiva? Lo cierto es que, con independencia de cual haya sido su intervención o si se ha producido, es preciso que el movimiento sindical y en general la izquierda social europea y muy especialmente la española, se pronuncie firmemente contra la Directiva del Retorno y tienda puentes hacia los movimientos sociales y políticos y en general hacia la ciudadanía de las repúblicas latinoamericanas en esta cuestión clave en nuestras relaciones y en la representación cultural de la solidaridad entre los trabajadores de nuestros pueblos. Un conjunto de acciones debe emprenderse en esta dirección con extrema urgencia.