AHORA EL PACTO DE COMPETITIVIDAD

Aunque era previsible pensar que la declaración sobre la reforma de la negociación colectiva pactada entre CEOE y CEPYME y los sindicatos confederales fuera el eje en torno al cual pudiera vertebrarse el marco de regulación estable de salarios y condiciones de trabajo y empleo, en la línea de unas prácticas ya consolidadas de intercambio institucionalizado en torno a un verdadero sistema de negociación, esta previsión razonable está de nuevo amenazada. La dirección que está tomando la Unión europea persiguiendo a toda costa la devaluación interna en los paises periféricos a través del descenso de los salarios de sus trabajadores, nos afecta de lleno. El debate parece centrarse por el momento en la exigencia de Merkel de desvincular el crecimiento salarial del aumento del IPC. Las cláusulas de revisión salarial deben tener sus días contados si se aprueba en los términos en los que viene enunciado en la cumbre europea de primavera de finales de marzo.

Naturalmente que esta pretensión da de lleno en la línea de flotación de la negociación colectiva en nuestro país, que además cuenta con un Acuerdo entre la patronal y los sindicatos de hace un año - pero cada día más olvidado - de contención salarial de tres años de duración. Pero no sólo son esos los propósitos de la "competitividad" vía reducción de salarios. Uno de los ejes de la propuesta es la de restringir de forma intensa la función normativa y reguladora de los convenios colectivos sectoriales. Considerada una vieja reinvindicación de los economistas orgánicos del comando financiero, la fijación de salarios por los convenios sectoriales es una práctica que hay que remover, deslizando a la empresa la capacidad plena en la fijación de retribuciones. En este sentido, la regulación en la Ley 35/2010 de la llamada "flexibilidad interna" a través del descuelgue salarial incorpora de manera evidente esta tendencia al desvincular la regulación del descuelgue de las condiciones habilitantes para el mismo que fijara el convenio sectorial, y al permitir concluir el acuerdo de sustitución a sujetos no sindicales ni sindicalizados, como las "comisiones de trabajadores" que regula la norma.

Este es por tanto un terreno en el que la negociación entre CEOE-CEPYME y los sindicatos debe entrar, para perfilar mejor y encauzar estos mecanismos de diferenciación y diversidad salarial en razón de la unilateralidad empresarial que vulneran la fuerza vinculante del convenio colectivo, su garantía institucional como eje de normación del derecho al trabajo, y la posición relevante de los sindicatos como actores del proceso de negociación. La existencia de un modelo de regulación de este mecanismo que se había afianzado en la práctica negocial permite pensar que existe base para un desarrollo del mismo adaptado a la nueva reglamentación legal que ha llevado a cabo la Ley 35/2010.

Ambos problemas están por consiguiente en el espacio del intercambio que se ha abierto en el proceso de negociacion de las reformas y adaptaciones del sistema legal de negociación colectiva entre los interlocutores sociales. No es esta sin embargo la forma con la que el Gobierno español se aproxima al tema. Tras la reunión en la que se ha aumentado el Fondo de Rescate de la Unión Europea ante la inminencia del rescate de Portugal, la Vicepresidenta Salgado ha intervenido en el tema señalando cual debe ser el enfoque correcto de esta cuestión en relación con el Pacto de Competitividad. Las declaraciones son conocidas:


La vicepresidenta económica, Elena Salgado, ha reiterado este lunes que España está a favor que la eurozona se dote de un Pacto de Competitividad, como exige Alemania, aunque ha resaltado que queda "mucho que discutir todavía" sobre su contenido. En este sentido, Salgado ha dicho que es más importante aumentar la "flexibilidad" en la fijación de salarios que suprimir las cláusulas de indexación como pide Berlín.

"Todas las actuaciones que estamos llevando a cabo son para ganar competitividad. Así es que no podemos estar opuestos a un plan de competitividad para la zona euro ni tampoco para la UE", ha afirmado Salgado a la entrada de la reunión de ministros de Economía de la eurozona. Alemania pide este Pacto como contrapartida para reforzar el fondo de rescate para países con problemas de deuda. La vicepresidenta económica ha señalado que en España "tenemos ya una consideración de la productividad a la hora de fijar los salarios" y "también tenemos una consideración del IPC".

"Pero mucho más importante que todo eso es que haya flexibilidad dentro de cada empresa para atender a la situación económica y a las circunstancias de cada empresa. Y creo que lo que tenemos hacer es ganar en flexibilidad más que preocuparnos de si existe o no una cláusula determinada".

Es decir, que desde el poder público se indica claramente una vía de desarrollo que se alinea con la consideración de la fijación salarial en los convenios colectivos como un hecho provisional, siempre reconsiderado a la baja por las empresas individualmente consideradas o regulado de forma diferente, mediante previsibles acuerdos que vacíen de contenido la determinación de los salarios y su estructura en el convenio sectorial nacional, autonómico o provincial. La intervención de la Vicepresidenta, que se apoya en la bipolaridad básica entre poder público y la correlación de fuerzas que se desenvuelve en la negociación de sindicatos y asociaciones empresariales, es muy negativa y sesga el debate hacia una dirección inasumible sindicalmente.

Es por tanto una mala noticia. Se dibuja en el horizonte otra tempestad financiera - posiblemente Portugal - que pueda amparar una nueva vuelca de tuerca degradando los derechos de los trabajadores, el poder contractual del sindicato y los estándares de trabajo y empleo que garantiza la negociación colectiva. Ya veremos en qué para el Pacto de Competitividad, frente al cual la reacción unificada del sindicalismo europeo es imprescindible. Atentos a la pantalla.

(En la foto, el Rector de la UCLM y el titular del blog bromean entre ellos ignorando en aquel momento que la Canciller alemana imponía adoptar una decisión en la eurocumbre de primavera sobre su Pacto de Competitividad).