EL DOCUMENTO DE GUANYEM BARCELONA SOBRE “GOBERNAR OBEDECIENDO”

La corrupción en diferentes formas y niveles ha cobrado un protagonismo enorme en la conciencia de la opinión pública. Hay una reformulación de propuestas éticas como eje de una nueva institucionalidad política. A continuación se inserta un documento de trabajo que se está discutiendo en el movimiento Guanyem Barcelona en el contexto de una definición de la administración local de las ciudades como un gobierno que obedece a sus ciudadanos. El texto  no es muy conocido fuera de este espacio político, pero representa posiblemente un estado de ánimo muy extendido entre la ciudadanía. En un momento posterior se integrarán algunos comentarios al mismo, en especial a su último apartado, pero por el momento, conozcamos el texto.

 

Bibliografia

Este documento ha sido redactado por Guanyem Barcelona a partir de material escrito y debates sobre código ético y municipalismo realizados a lo largo de dos meses en un espacio de confluencia con diferentes fuerzas políticas. Para la redacción de este texto se han utilizado documentos diversos aportados por compañeros y compañeras de:

• La Trobada Popular Municipalista, a partir de este documento; y la CUP
• ICV, a partir de los estatutos y el Decàleg contra la corrupció; y EUiA, a partir de la Carta Financera i la Carta Ètica
• Podem
• Partit X, a partir de Obligaciones de gobiernos y ciudadanos, y Condiciones del eurodiputado
• Parlament Ciutadà
• ANOVA
• Bildu
• Procés Constituent, a partir de Per un municipalisme constituent
• Guanyem Barcelona, a partir de Principios y compromisos para empezar un camino

 

Para un nuevo código de ética política

Descarga el documento en pdf aquí

En los últimos años ha crecido de manera exponencial la percepción de que existe una distancia insalvable entre las élites políticas profesionales y la ciudadanía. Las causas de este fenómeno son numerosas: la denuncia sistemática de casos de corrupción ligados a la financiación de los partidos, la utilización de los espacios institucionales como fuente para la acumulación de privilegios, la falta de mecanismos efectivos de rendición de cuentas y de participación de la ciudadanía en los asuntos públicos, la reducción de las elecciones a un simple mecanismo de delegación de responsabilidades cada cuatro años.

Esta realidad ha extendido la indignación entre una ciudadanía que percibe que la política sirve básicamente para hacer dinero y que es el dinero el que controla la política. El descrédito está tan extendido que incluso los mismos que han provocado la actual situación han empezado ya a hablar de regeneración democrática y de la necesidad de generar nuevas formas de hacer política.

Últimamente, el PP ha decidido utilizar la excusa de la regeneración para llevar a cabo reformas que sólo buscan debilitar los espacios legítimos de representación y de participación directa de la ciudadanía, dejar la financiación de la política en manos de los grandes grupos privados y convertirla en una actividad reservada exclusivamente a los que tienen suficiente dinero y patrimonio.

Una candidatura que quiera gobernar y transformar la ciudad debe denunciar esta estrategia. Y, al mismo tiempo, debe abrir una discusión crítica, que atienda a la complejidad y carente de demagogia, sobre lo que deberían ser las nuevas formas de hacer política.

En estas jornadas queremos reflexionar sobre algunos temas básicos que nos permitan avanzar en una propuesta de confluencia: la fiscalización y el control democrático de la política; su financiación; los problemas y las exigencias derivadas de su profesionalización. No nos proponemos tratar ahora todas las cuestiones que este reto conlleva (como por ejemplo, los mecanismos de elaboración de listas u otros). Es un proceso que estamos iniciando.

 

1. Democratización de la representación política, fiscalización y rendición de cuentas

 

Muy a menudo las elecciones funcionan como una forma de delegación de la actividad política en unas élites que se acaban perpetuando y separando de los intereses reales de la sociedad. Cuando esto ocurre, el voto se limita a ser una herramienta de ratificación o de impugnación de un ciclo político, pero no permite a la ciudadanía verificar de manera continuada y desde abajo hacia arriba lo que hacen sus representantes.

Para superar esta realidad, se debe abandonar la idea de que unos nuevos representantes lo harán todo bien por simple virtud moral. Ganar no puede ser delegar el poder y la soberanía en unas nuevas élites. Una candidatura democratizadora debe plantear medidas concretas que aseguren una gestión transparente, con mecanismos eficaces de rendición de cuentas y con espacios reales de participación de la ciudadanía en los asuntos públicos.

Para alcanzar este objetivo, evidentemente, no podemos partir de la creencia idílica en una ciudadanía dispuesta a implicarse las 24 horas del día en los problemas comunes. En una sociedad con una división desigual del trabajo asalariado, voluntario y de cuidado, los mecanismos de fiscalización y de participación deben ser razonables y estar al alcance de todos. Los representantes políticos deben poder realizar su tarea con eficacia, pero deben estar obligados a rendir cuentas y a someterse a la supervisión ciudadana y de otros espacios institucionales. Por su parte, la ciudadanía debe tener derecho a fiscalizar la gestión pública y a intervenir en sus posibles desviaciones sin necesidad de mantener un estado permanente de movilización.

En realidad, la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana pueden verse no sólo como mecanismos de control sino también de protección de los representantes. Desde esta perspectiva, la implicación y la corresponsabilidad ciudadana reducen la capacidad de otros poderes no democráticos para presionar sobre los representantes institucionales y condicionar las políticas públicas a favor de sus intereses.

Estamos convencidas de que existen muchas formas sostenibles de garantizar un control sostenido de los representantes electos, una mayor transparencia y una participación ciudadana en los asuntos públicos mucho más amplia y efectiva que la que existe actualmente.

Así, por ejemplo, los cargos electos y de libre designación deben comprometerse:

– A facilitar todos sus ingresos, bienes y rendimientos patrimoniales, así como todos aquellos datos necesarios para la elaboración de auditorías ciudadanas.

– A hacer públicas sus agendas, para hacer visible con quien se reúnen y para protegerlos ante las presiones de los lobbies.

– A rendir cuentas periódicamente de sus actuaciones en asambleas de barrio abiertas a toda la ciudadanía.

Una candidatura que se proponga transformar la ciudad también tiene que establecer, como mínimo, mecanismos digitales y presenciales que permitan a la ciudadanía:

– Censurar (y revocar, en su caso) a concejales y cargos de libre designación por mala gestión o por incumplimiento flagrante y no justificado del programa.

– Participar en la toma de decisiones relevantes como los acuerdos postelectorales o la realización de grandes proyectos urbanísticos y de infraestructuras.

– Finalmente, y para evitar prácticas como las de las puertas giratorias, los miembros de una candidatura deben comprometerse a no acceder, durante un periodo de al menos 5 años, a cargos de responsabilidad en empresas creadas, reguladas o supervisadas en virtud de las funciones que el cargo confería, y durante 10 años a los consejos de administración.

 

2. Financiación, transparencia y gestión de los gastos

El modelo de financiación de los partidos es fundamental para determinar quién puede llegar a las instituciones y con qué independencia.

Actualmente el sistema legal de financiación de los partidos permite obtener recursos de dos fondos principales: la financiación proveniente de las arcas públicas derivada de la presencia institucional (votos y cargos); y la financiación privada (derivada de donaciones, créditos o préstamos, cuotas de la militancia y aportaciones de los cargos públicos del partido a partir de sus sueldos).

Según entidades sociales como Cuentas Claras, este modelo es excesivo, ya que no se establecen topes máximos al importe global de las subvenciones públicas; y excluyente, ya que se privilegia en exceso a los partidos con representación, en detrimento de los que a pesar de obtener una cantidad considerable de votos no obtienen ningún escaño.

Como han demostrado los casos Bárcenas, Millet, Pallarols, Mercuri, Pujol (o antes, Filesa) muchos partidos han recurrido a la financiación irregular para garantizar su crecimiento político, para pagar estructuras organizativas y campañas electorales exorbitantes o con un fin de enriquecimiento personal de sus miembros.

Otros, por su parte, han tenido que pedir créditos a entidades financieras que conllevan una dependencia excesiva de ciertos bancos y que coartan la independencia de sus actuaciones políticas (según los últimos datos del Tribunal de Cuentas, los partidos deben 275 millones a las entidades de crédito y según el mismo informe, el valor patrimonial de 17 formaciones es negativo).

Una candidatura que se proponga hacer política de otro modo ha de acabar con estas prácticas. Para ello, es fundamental defender una financiación pública suficiente que asegure la independencia de las formaciones políticas frente a los grandes grupos económicos. Asimismo, se debe otorgar un mayor peso a la autofinanciación mediante cuotas de simpatizantes, pequeñas donaciones, micromecenazgo, bonos o préstamos personales.

Para alcanzar este objetivo, es importante discutir las siguientes medidas:

– Una apuesta clara por una limitación drástica del gasto en campañas electorales.

– La renuncia explícita a los créditos bancarios y a las donaciones de particulares que puedan coartar la independencia política de la candidatura.

– La publicación de datos desagregados que expliquen qué administraciones contribuyen, de donde provienen las donaciones, cuál es el gasto que genera el grupo municipal, etcétera (esta transparencia, de hecho, debería exigirse también a las empresas y los sindicatos).

– Un compromiso claro con el micromecenazgo finalista, es decir, el pequeño mecenazgo destinado a acciones y necesidades concretas.

– La introducción de sanciones administrativas y penales efectivas en caso de financiación irregular.

Actualmente, muchas fuerzas minoritarias que no tienen vínculos directos con los grandes poderes económicos se financian no sólo a través de aportaciones de sus afiliados o simpatizantes, sino también mediante una parte del sueldo de cargos públicos y eventuales. Es importante abrir una discusión sobre el destino de ese dinero: si debe ir destinado a pagar campañas electorales, a reforzar la propia actividad política, a apoyar a movimientos y entidades sociales, etcétera.

3. Profesionalización de la política, supresión de privilegios y medidas contra la corrupción

Una candidatura que se proponga gobernar la ciudad debe llevar a las instituciones a personas capaces de hacer bien su tarea y de ponerse al servicio de la ciudadanía. No puede ser que haya cargos electos o eventuales que hagan de la política institucional una profesión desvinculada de los intereses de la ciudadanía. Una excesiva profesionalización de la política, y la creación de carreras políticas, puede ser un fenómeno patológico que termina degradando la democracia.

Un fenómeno así, de hecho, es la causa de muchos males públicos: impide la renovación de personas y de ideas en la gestión de lo que es común, aumenta la dependencia de los movimientos políticos y sociales respecto de sus representantes institucionales y favorece la generación de verdaderas castas alejadas de la ciudadanía.

Una candidatura transformadora debe ser capaz de encontrar un equilibrio entre estos dos elementos:
– Debe reconocer, por un lado, que las instituciones son maquinarias que no se transforman si no se conocen y que esto exige tiempo, experiencia y saberes técnicos específicos.
– Pero también debe tener clara la importancia de la rotación de cargos, de la renovación de caras y de ideas y de la conveniencia de descansar de la función institucional.

Junto con los mecanismos de fiscalización y control institucional y ciudadano ya mencionados anteiormente, una limitación razonable de mandatos puede contribuir a evitar una perpetuación indeseable en la política institucional, sin necesidad de malgastar la experiencia y el conocimiento institucional que cualquier proyecto de transformación exige.

No es fácil determinar cuáles deberían ser exactamente estos límites:
– Hay quien considera que basta con mandatos de ocho años para concejales y cargos de libre elección.
– Hay quien cree que estos límites podrían extenderse, en casos excepcionales (o mediante un referéndum abierto a los simpatizantes), durante un mandato más, hasta llegar a los doce años.
– También debería pensarse si, una vez agotado este tiempo máximo, la experiencia de estas personas podría aprovecharse en otros espacios institucionales o si habría llegado la hora de tomarse un descanso, al menos temporal.

Lo que es cierto, en todo caso, es que una práctica política institucional que no se eternice facilita el retorno de las personas que hayan participado a sus ocupaciones laborales anteriores, de las que habrán estado desconectadas menos tiempo. El problema es que no resuelve el reto de fondo del retorno a la vida profesional una vez finalizada la etapa de dedicación a la política institucional.

Ser concejal o alcalde puede dificultar o favorecer el reciclaje o la actualización profesional. Además, no siempre se puede retomar una vida profesional cuando se acaba la función pública, o porque no se tiene o porque se llevaba tiempo sin empleo remunerado. Por ello, junto a medidas como la incorporación de límites estrictos a la ley de incompatibilidades que impidan las puertas giratorias, también se debe considerar la necesidad de que los cargos electos tengan derecho al paro.

Estas consideraciones permiten ligar la cuestión de la profesionalización con la de los sueldos:
– La remuneración digna y justa de los representantes ha sido una conquista democrática histórica, ya que permite que todos puedan dedicar tiempo a las funciones públicas y no sólo los que tienen suficiente dinero o patrimonio.
– Por otra parte, unos ingresos exorbitantes pueden comportar privilegios inaceptables que alejen a los cargos públicos de la realidad y que estimulen una indeseable perpetuación en la función pública.

En los últimos años, el debate sobre la limitación de sueldos ha acaparado buena parte del debate sobre la “nueva política”. El PP, una vez más, lo está convirtiendo en uno de sus principales argumentos para la “regeneración de la política”. Así, está planteando de manera demagógica reducciones extremas de la financiación pública de cargos y partidos, con el objetivo de que el sistema de representación acabe dependiendo de los grandes intereses económicos. En Castilla La Mancha, María Dolores de Cospedal impulsó la eliminación de los sueldos de los diputados, de manera que los electos sólo cobran dietas por asistencia a plenos y comisiones. En muchos ayuntamientos, los alcaldes del PP también están reduciendo el número de concejalas y concejales con dedicación exclusiva, perjudicando a las fuerzas con menos representación.

También aquí una candidatura que quiera gobernar y transformar la ciudad tiene que encontrar un punto de equilibrio:
– Las retribuciones deben reflejar, ciertamente, las responsabilidades asumidas y deben permitir que las personas con hijos o con otras personas a su cargo también se puedan dedicar a la actividad política.
– Pero eso no justifica que muchos concejales ganen entre 5.000 y 7.000 euros brutos al mes, mucho menos cuando una parte importante de la población está en paro o cobra poco más que el salario mínimo interprofesional.

Es verdad que muchas concejalas y concejales destinan parte de este sueldos a mantener o promover sus partidos o a dar apoyo a entidades y movimientos sociales. Y es verdad, también, que estas aportaciones pueden llegar al 25 o al 30% de sus ingresos. Sin embargo, una candidatura transformadora debería ser capaz de alcanzar diferentes objetivos al mismo tiempo:
– Garantizar condiciones dignas de ejercicio de la función pública.
– Erradicar privilegios.
– Evitar la acumulación innecesaria de cargos.

Desde esta perspectiva, parece de sentido común plantear:
– Que los concejales de una candidatura transformadora no dupliquen sueldos y remuneraciones.
– Que si una persona percibe una retribución, no puede cobrar por asistir a reuniones, como ocurre ahora.

Asimismo, deben idearse fórmulas para evitar el absentismo (como sanciones económicas internas) así como un sistema transparente de compensaciones económicas para los gastos de transporte y alimentación ocasionados por el ejercicio de sus funciones.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, y que el costo de vida en Barcelona es más alto que en otros lugares, no es fácil establecer los límites a lo que un cargo electo o eventual debería ingresar por su labor. Se han propuesto diferentes criterios de referencia, como el Salario Mínimo Interprofesional (SMI, 641 euros en España) o el Salario Medio Bruto (SMB, 1700 euros en Cataluña). Lo que pasa es que ambos se encuentran entre los más bajos de Europa: en Francia, el salario mínimo son 1.430 euros; en Irlanda, el salario medio son 2.600 euros y en Alemania 2.574 euros, por poner algunos ejemplos). También se plantea como referencia la mediana del sueldo y la posibilidad de establecer las retribuciones a partir de una escala salarial de 1 a 3.

Hay quien considera que, en un contexto de paro y de precariedad elevados, unos 1.600 euros netos (2,5 Salarios Mínimos Interprofesionales) más compensaciones por transporte y alimentación sería una cantidad razonable para desarrollar correctamente tareas de gestión o de gobierno. Hay quien considera, en cambio, que todas las compensaciones deberían formar parte del sueldo y que el trabajo institucional debería equipararse a otros trabajos con responsabilidades similares. Así, por ejemplo, una concejala debería poder vivir con lo mismo que un director de instituto, es decir, alrededor de unos 2.600 euros netos.

En cualquier caso, sería importante que cargos electos y eventuales:
– No dupliquen funciones de manera innecesaria.
– Hagan público su patrimonio anual.
– Renuncien a los regalos o privilegios que se les puedan ofrecer por su condición y que puedan significar un trato de favor.

También se debe prohibir que los políticos procesados por delitos de corrupción con penas de tres años o más puedan formar parte de listas electorales.