LOS JUECES INCÓMODOS

Desde hace algún tiempo, el Gobierno por boca de sus exponentes, distinguen entre los magistrados y los tribunales que “aplican la ley” – es decir, que emanan decisiones favorables a las decisiones y a la voluntad del gobierno – y aquellos que la “ignoran” o que la aplican incorrectamente. Estos son los jueces incómodos a los que el poder ejecutivo advierte y señala como elementos incompatibles con el “marco institucional” que el propio ejecutivo define.  

Ha sucedido con los magistrados de lo Social, frente a los cuales la ministra de empleo, Fátima Báñez, confesó que tenía mayor desconfianza que respecto de los “hombres de negro” enviados por la troika para comprobar la fidelidad de las cuentas públicas españolas a los dictados de las políticas de austeridad y su lógica de empobrecimiento. La reforma laboral, “el tapón que ha frenado la sangría del paro”, según la enfática fórmula gubernamental, está puesta en peligro ante la actuación “irresponsable”, “formalista” o “errática” de los tribunales laborales, en especial respecto de las declaraciones de nulidad de los EREs iniciado tras la Ley 3/2012.

Pero mucho más fuerte ha sido la presión sobre los magistrados de lo penal. En especial respecto de los delitos de terrorismo y la aplicación de normas que permiten la excarcelación de los terroristas condenados a penas de larga duración. Es bochornoso recordar los insultos e improperios, también desde el propio gobierno de España frente a la decisión del TEDH sobre la anulación de la doctrina Parot y el señalamiento inicuo de López Guerra como el juez español que conspiró para lograr la excarcelación de etarras, una sentencia “injusta y equivocada” como la definió el Presidente del Gobierno y el entonces Ministro de Justicia, Ruiz Gallardón. Naturalmente que al socaire de esta desautorización, los medios afectos al gobierno del PP arremetieron de forma brutal contra este magistrado.

Este guión se ha ido desarrollando de forma idéntica cada vez que el Gobierno necesita instrumentar los fallos judiciales para consolidar su rol de exclusivo defensor de las víctimas del terrorismo, como señas de identidad que opone al resto de los partidos políticos, hasta hace muy poco motejados como “cómplices” de ETA. En los últimos días, la aplicación por la Audiencia Nacional de una norma europea según la cual debería computarse el tiempo de condena cumplido en otro país europeo a algunos de los presos de ETA, ha generado una intervención del gobierno, a comenzar por su Vicepresidenta, que supera el listón, ya elevado, de agresividad autoritaria del ejecutivo. Esta vez no hubo “aceptación” aun disintiendo, de las decisiones judiciales, sino un ataque en toda regla a los jueces de la sección 1ª de la Audiencia Nacional, señalándolos como jueces que han mantenido un criterio “que no cabe en la Ley”. El Ministro de Gobernación, a continuación, ha insistido en declaraciones a La Razón que “la excarcelación de etarras no se ha hecho conforme a la ley”. Naturalmente a partir de ahí todos los medios afines han coreado esta condena, señalando con nombres y apellidos a los magistrados integrantes de esa sección, “culpables” de la liberación de asesinos.

Este ataque a los jueces por parte del gobierno no debe permitirse. El garante de esta independencia judicial, el Consejo General del Poder Judicial, permanece mudo sin embargo. Sólo Jueces para la Democracia ha emitido un comunicado, que se reproduce a continuación, en el que se resalta la gravedad de los ataques del gobierno y la desprotección en la que el CGPJ ha sumido a los jueces. Un nuevo rasgo antidemocrático en la España de nuestros días que debería ser resaltado y criticado desde las formaciones políticas comprometidas con las libertades y las garantías de los derechos en el Estado español.

JUECES PARA LA DEMOCRACIA ANTE LOS ATAQUES DE LA VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO A LA SECCIÓN 1ª DE LA AUDIENCIA NACIONAL

La sección primera de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional ha acordado la excarcelación de varias personas condenadas por terrorismo, al considerar que ya han cumplido la pena que se les había impuesto, una vez computado su tiempo de condena en Francia, de acuerdo con una Decisión Marco de la Unión Europea que resulta vinculante para nuestro país, en la línea de lo que ha indicado el Tribunal Supremo en esta materia. Ante dichas decisiones judiciales, que están ampliamente motivadas, la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, como portavoz del Consejo de Ministros, ha atacado con dureza a los magistrados de dicho tribunal. Y determinados medios públicos de comunicación también han arremetido en términos similares contra quienes integran dicha sección y contra otros magistrados de la Audiencia Nacional.

Desde Jueces para la Democracia debemos recordar que en un Estado de Derecho son los tribunales independientes los únicos competentes para interpretar y aplicar el ordenamiento jurídico. Y que los otros poderes del Estado deben acatar y respetar las decisiones judiciales. Las resoluciones de nuestros tribunales pueden ser valoradas y criticadas, a ser posible con argumentos jurídicos. Pero lo que no resulta aceptable es la descalificación institucional, ni tampoco las presiones para que nuestros órganos judiciales se ajusten a los criterios del poder político. Con estas actuaciones, el Gobierno está perdiendo los papeles, al atacar la independencia judicial y al olvidar principios esenciales de nuestro ordenamiento constitucional como la división de poderes.

Ante las decisiones de nuestros tribunales siempre se pueden ejercer los recursos establecidos legalmente. En cambio, no nos parece admisible erosionar nuestro Estado de Derecho, ni tampoco es ético utilizar el dolor de las víctimas de manera partidista. Por ello, desde Jueces para la Democracia defendemos la independencia de los magistrados de la Audiencia Nacional para aplicar el criterio jurídico que  corresponda al caso concreto. Y lamentamos que el CGPJ y su presidente, Carlos Lesmes, sigan sin cumplir sus funciones constitucionales de garantes de la independencia judicial ante una grave injerencia del poder ejecutivo en un asunto sobre el que no tiene competencias.

Desde la judicatura no se ha mostrado jamás ninguna comprensión hacia los crímenes terroristas y las resoluciones de la Audiencia Nacional han sido fundamentales en la respuesta penal a estos delitos. Pero, desde nuestra solidaridad hacia las víctimas, debemos recordar que un Estado de Derecho se legitima con el cumplimiento de sus propias reglas. Y también debemos afirmar que una democracia constitucional se debilita cuando el poder político utiliza mecanismos de instrumentalización emocional para atacar las instituciones judiciales. Por ello, reclamamos al gobierno un mayor respeto hacia la actuación independiente de nuestros tribunales.

10 de diciembre de 2014  

SECRETARIADO DE JUECES PARA LA DEMOCRACIA

Jueces para la Democracia

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