DEBATIENDO SOBRE LA REFORMA LABORAL. HABLA FRANCISCO TRILLO.

Con ocasión de los 100 días del gobierno de Sánchez, la C.s. de CC.OO. a través de su secretario general, Unai Sordo, ha exigido al gobierno que modifique aspectos importantes de la reforma laboral, sin que se escude en la dificultad que supone la composición del Parlamento, mencionando la urgencia de tres temas concretos, la regulación de las subcontratas, la ultra actividad de los convenios y la prevalencia del convenio de empresa sobre el convenio sectorial, sin que ello suponga renunciar a una modificación en profundidad de la normativa laboral en el tema de los descuelgues, la modificación unilateral de las condiciones de trabajo o los despidos colectivos, entre otras tantas materias. La reversibilidad de las reformas estructurales impuestas en un crescendo regresivo a partir del 2010, 2011, 2012 y 2013 principalmente, ha sido una reivindicación permanente del sindicalismo confederal, pero este objetivo requiere que en el espacio de la representación política tenga una receptividad por los sujetos que la pueblan. Sobre este tema Francisco Trillo ha efectuado algunas reflexiones que se insertan a continuación.

La representación política y sindical, necesariamente bidireccional

Francisco Trillo (UCLM)

El titular de este blog propuso, en su activa bitácora, un debate sobre la necesidad de revertir las reformas laborales que han tenido lugar en el ordenamiento jurídico español a partir de 2010 que, como es bien conocido por los lectores de este blog, tienen su anclaje en las denominadas políticas de austeridad y devaluación salarial impulsadas por la Troika e implantadas sin demasiadas resistencias por los distintos Gobiernos que han gestionado el momento más agudo de la crisis. La aparición en Italia del llamado Decreto Dignidad, en un contexto político comparable y si cabe más enrevesado aún que el español, sugiere en efecto una reflexión acerca de la parálisis política española al respecto (Sobre este tema, véase, en este mismo blog,  Que sucede con las reformas laborales en Italia y Portugal)

Cabe recordar además, y de forma inquietante, que se asiste a un momento donde aquel viento de cola, que ha permitido a la economía española salir de la recesión que no de la crisis, parece estar cambiando hasta el punto de anunciar una nueva desaceleración económica. Es seguramente por ello que empiezan los tambores del neoliberalismo resuenan con más intensidad insistiendo en la inevitabilidad de la desposesión de derechos sociales (propuesta del contrato zero horas, normalización de la precariedad laboral al hilo del debate sobre el trabajo en la era digital, …) como único camino a recorrer para salvaguardar la economía. Este anuncio no solo refuerza la importancia del debate que nos ocupa, sino que advierte de su urgencia particularmente a las fuerzas políticas, sindicales y sociales que incluyen en su proyecto de representación la reversión de las políticas de austeridad como elemento irrenunciable para poder avanzar en la reconstrucción de un modelo que incorpore la igualdad y la inclusión como criterios de medición del progreso económico.

La amenaza de un repunte más o menos agudo del desempleo vuelve a aparecer en escena, caracterizado por los media incrustados en los lobbies económicos, como el único hecho económico y social que ha de tomarse en consideración ante cualquier cambio normativo que se pudiera introducir en las relaciones laborales. De este modo, el inmenso y continuado trabajo sindical, social y político desarrollado desde 2010 hasta el momento podría verse truncado. Dicho de otro modo, de no producirse una contestación a dichos planteamientos en el corto plazo se puede asistir a un proceso político y cultural de huida definitiva de las mayorías sociales hacia el mantra del empleo precario como mal menor. Y ello, pese al sufrimiento que sigue provocando la espiral de degradación de sus condiciones de vida y de trabajo.

El contexto descrito no ofrece dudas sobre la pertinencia de reformas laborales que, como en el caso italiano, consoliden a nivel político, más allá de sus contenidos concretos, las reivindicaciones que las trabajadoras y los trabajadores de forma mayoritaria han ido concretando en el período 2010-2018 acerca de la verdadera naturaleza y finalidad de las políticas de austeridad. O lo que es lo mismo, ganar a nivel legislativo la pugna política de la posverdad sobre las políticas de austeridad entronizando un principio político, con traducción normativa, que rechace el falso dilema de la inevitable elección entre crecimiento económico y unas relaciones laborales con derechos y garantías suficientes como para asegurar una existencia digna. Con ello, de alguna manera se crean las condiciones necesarias para que se produzca un reencuentro entre política y sociedad, contribuyendo a superar la ausencia de representación política del trabajo que, con mucha probabilidad, ha dado paso a la hegemonía neoliberal que se padece con diferentes intensidades desde la década de los años 90 del siglo XX.   

Ahora bien, los contenidos de dichas reformas no resultan indiferentes, como lo demuestra el debate suscitado sobre la valoración del Decreto Dignidad, que ha trascendido las fronteras italianas llegando a nuestro territorio. Sin embargo, no albergamos en este momento la aspiración de valorar los contenidos de dicha norma, sino más de señalar donde se encuentran éstos a la luz de la experiencia española. Así, en primer lugar, se debe llamar la atención al consenso político, sindical, pero también empresarial, acerca de la necesidad de revertir la devaluación salarial padecida en los últimos ocho años y que se ha traducido tanto en un proyecto de incremento progresivo del salario mínimo interprofesional para los próximos años como en la fijación de un salario mínimo convencional de 14.000 euros.

El IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva contiene además una propuesta de contenidos como destacadamente son: i) la reforma del actual sistema de descentralización productiva prevista por el art. 42 ET que ha naturalizado un modelo productivo basado en la conformación del beneficio empresarial a partir de la intensificación-degradación de los derechos laborales; ii) la modificación del tratamiento normativo actual del intercambio de flexibilidad laboral y mantenimiento del empleo, prestando especial atención a la reducción de jornada como alternativa real al despido, donde seguramente habrá que incidir en las graves distorsiones que provoca en este intercambio las exageradas posibilidades de modificación unilateral del tiempo de trabajo por parte empresarial; iii) la apuesta por la creación de empleo a través de la reducción del tiempo de trabajo, concretada en el documento a través de la modificación de la regulación actual que impide a la negociación colectiva extinguir contratos de trabajadores que reúnan los requisitos para la jubilación o; iv) la recuperación del contrato de relevo.

A esos contenidos propuestos por la organizaciones sindicales y aceptados por la patronal, cabe sumar todos aquellos que con diferencia procedencia política han sido –o van a ser- examinados por el Congreso, destacando la Proposición de Ley contra la Precariedad Laboral presentada el 29 de junio por el grupo parlamentario confederal Unidos Podemos, y que será debatida y comentada en el ámbito académico en un interesante seminario que se celebrará en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo el próximo 25 de octubre.

Pero la negociación colectiva por sí sola no puede proceder a cambiar las estructuras institucionales que se han impuesto durante estos años de “austeridad”. Es más, ante la reticencia de algunas patronales regionales – la de Asturias, pero también la de Castilla La Mancha, entre las que lo han explicitado – la compulsión al cumplimiento del IV AENC tiene como obstáculos evidentes algunos de los elementos legales que dificultan la articulación de una respuesta, en especial la preferencia aplicativa del convenio de empresa sobre el de sector, y, muy especialmente, la regulación de la ultra actividad, aunque esté suavizada por la doctrina del Tribunal Supremo. Estos elementos tienen que ser removidos con urgencia, y seguramente en la negociación que están llevando a cabo el gobierno y la coalición Unidos Podemos, será uno de los temas centrales, aunque aparentemente no incida de manera directa en el debate presupuestario. Es obvio que el sindicalismo confederal está presionando a ambos, y especialmente al gobierno, a que tome decisiones inmediatas sobre estos puntos, incluido eventualmente la subida del salario mínimo como forma de reaccionar ante la cerrazón de algunas patronales a aceptar el compromiso de los 1.000 € mensuales.

Se trata, en definitiva, de entender que existe una continuidad del debate sobre la pertinencia, alcance y contenido de una reforma laboral en España en estos momentos, llamando la atención sobre la posibilidad de que la respuesta se haga en dos tiempos, actuando en un primer momento mediante la eliminación de las trabas más importantes de la negociación colectiva y eventualmente sobre el incremento del salario mínimo, para posteriormente intervenir sobre otros temas sobre los que existen iniciativas legislativas, y finalmente avanzar en un debate sobre la nueva regulación que precisan las relaciones laborales en nuestro país. Es evidente que este plan de actuación puede sufrir ciertas distorsiones con ocasión de la composición actual del Parlamento y el proceso electoral que se avecina.  Pero resulta evidente que asistimos a un momento donde se puede avanzar en la recuperación de derechos laborales y de la función de la representación política y sindical.