EL NUEVO GOBIERNO PROGRESISTA: LA PROMESA DE UN CAMBIO SOCIAL

Por fin, 167 votos afirmativos contra 165 negativos y 18 abstenciones, el día 7 de enero antes de las tres de la tarde, se producía el voto de confianza a la investidura del presidente del gobierno. Abrazos y alegría bien justificada entre los grupos socialista y de Unidas Podemos, que habían realizado un gran trabajo de equipo para lograr ese resultado favorable. Ahora se inician los trámites de confirmación del presidente y nombramiento del nuevo gobierno, un ejecutivo de coalición que abarca un bloque político autodenominado progresista que tiene ante sí una importante tarea de cambio y transformación social exigida por las mayorías sociales que lo sostienen. Hay algunos elementos que merecen ser destacados como comentario provisional ante la primera experiencia de gobierno de las dos figuras políticas de la izquierda social que se produce en España desde la caída de la Dictadura franquista.

La primera de ellas es la repercusión internacional, no sólo en Europa, de esta experiencia. En América Latina, inmersa toda ella en una tensión muy fuerte entre gobiernos alternativos a la globalización financiera y gobiernos subsumidos por el capital global, asociados a la implantación de sistemas autoritarios social y políticamente, la Coalición Progresista española da una señal respecto de la necesidad de propuestas políticas unitarias en las que converjan fuerzas políticas y sociales para recuperar derechos perdidos y reducir el incremento espantoso de la desigualdad que se ha ido produciendo con ocasión del cambio de ciclo político en la primera década del siglo en América Latina. Especial importancia para Brasil, donde la exigencia de construir un amplio frente democrático debería ser la prioridad del PT antes que la recomposición de su aparato y estructuras, pero también es una señal en Ecuador, Chile, Bolivia y Perú, inmersos en conflictos sociales muy extensos o con inminentes procesos electorales, o n la tendencia creciente a sostener un frente común por la paz y la democracia en Colombia, o, finalmente, en el afianzamiento de los regímenes democráticos y populares de Argentina y de México. Acostumbrados a que se maneje en la opinión pública de las distintas naciones americanas la imagen de España como un espacio político regido por las directrices financieras y económicas neoliberales, la potencialidad del cambio social que representa el gobierno progresista PSOE / UP es muy fuerte.

En Europa la incidencia de la confianza lograda ayer en el Congreso es también enorme, porque el “modelo español”, inserto en la zona de los países sobre endeudados tras la crisis del sistema financiero en el 2010-2012, se presentaba como un alumno aplicado e incluso entusiasta de las políticas de austeridad, y la corrección constitucional que éstas impusieron, junto con las profundas reformas estructurales inducidas por una suerte de estado de excepción económica permanente, fueron a su vez validadas por un Tribunal constitucional capturado partidistamente por el Partido Popular. El gobierno progresista no se sustenta en el esquema portugués que permite gobernar al Partido Socialista con el apoyo externo de la izquierda política (Bloque y PCP), sino que realiza la convergencia en el gobierno de las dos expresiones de la izquierda política que hasta el momento parecía negada o incluso excluida de la gobernanza estatal. El ejemplo ha trascendido en toda Europa del Sur, con especial atención en Italia, cuya coalición de gobierno entre el PD y el Movimiento 5 Estrellas (M5S) se refuerza en lo que hasta el momento parecía una forma particular italiana de expresar la crisis política en aquel país, convirtiéndose en una posibilidad de un proyecto real de cambio social y político. Pero a su vez esta coalición lanza una señal positiva para el fortalecimiento de la débil tendencia europea a la recuperación de una vertiente social expresada en el Pilar Social y los “pequeños pasos” que han constituido las últimas directivas sobre desplazamiento de trabajadores, transparencia en las condiciones de trabajo, conciliación familiar, y los proyectos de un salario mínimo europeo y una protección europea frente al desempleo. En un contexto en el que son cada vez más intensas las presiones hacia la renacionalización en Europa a partir de un neosoberanismo insolidario, el modelo de gobernanza española deberá implicar una revalorización de la vertiente social como vigorización de la UE, en la idea de que este gobierno progresista pueda reivindicar y hacer posible la extensión de la noción de trabajo decente recuperando, a su través, una de las señas de identidad del modelo europeo que las políticas de austeridad habían erosionado y en ocasiones arruinado.

Además de ello, el nuevo gobierno tiene que afirmar su legitimidad política, que es cuestionada de forma grosera e insistente por los partidos de la derecha en sus variadas expresiones y por la ultraderecha en particular. Para estos sectores, la legitimidad del gobierno debe ser concedida por un estado de opinión construido políticamente y sostenido mediáticamente desde la apropiación de los símbolos de la unidad nacional (la bandera, la monarquía) y garantizada por las Fuerzas Armadas. Se trata de un proyecto que reposa más sobre la sacralidad del dominio que sobre la legitimidad democrática del poder que se apoya en un principio de mayorías sociales plurales- Por eso mismo, reduce ostensiblemente y en ocasiones niega directamente el principio constitucional del pluralismo social y político, reivindicando una constitución militante que no admite distintas opciones o propuestas de cambio del modelo territorial, social o económico, salvo la que unilateralmente se define como la vigente. Todo el tiempo político se reduce al presente, a la inmutabilidad de los hechos que gozan de un principio autorreferencial inmutable y que por tanto rehúsa cualquier posibilidad de futuro, de transformación de lo existente y consiguientemente de realización de una alternativa social, económica y política diferente de la que hasta el momento constituía la base del modelo español de bipartidismo.

Este es por tanto el espacio de juego que se abre ante la acción del gobierno, la de hacer efectivo un principio de legitimación democrática sobre la base de una articulación compleja entre los intereses sociales que encauzan y dirigen los sindicatos y otros movimientos sociales, y la pluralidad de visiones sobre la regulación económico-social y política de los derechos de ciudadanía. Una articulación compleja que debe dirigir el gobierno pero que revalorizará tanto el papel del Parlamento como centro de discusión y de consensos en donde las diversas expresiones de las derechas no tienen la mayoría electoral como el diálogo social en tanto cauce de posibles consensos regulatorios en materia laboral. Se trata evidentemente de una labor de ejecución difícil, en la que se entremezcla el espinoso problema de la estructuración territorial del Estado y la cuestión de la desjudicialización del problema político catalán, pero sin lugar a dudas abre un momento nuevo y más democrático en nuestro país que pretende sustituir usos de gobierno típicos provenientes del bipartidismo.

En ese nuevo espacio democratizador, resulta clave la puesta en práctica del programa social y de reformas que el gobierno progresista ha acordado como líneas de acción y al que ya hemos dedicado nuestra atención en otra entrada anterior, la del último día del año (https://baylos.blogspot.com/2019/12/el-acuerdo-de-gobierno-psoe-unidas.html). En esta puesta en valor de un proyecto de reformas que recupere, al menos parcialmente, algunos de los derechos erosionados o derogados por las reformas laborales del 2012 y 2013, la credibilidad del gobierno se juega mucho. También el sindicalismo confederal, que ha sido el gran impulsor de este programa a partir de sus reivindicaciones y sus movilizaciones ciudadanas. Es un  programa que requiere, como se sabe, de una utilización virtuosa del diálogo social, pero que posiblemente tendrá episodios en los que la dificultad de llevar a cabo este elenco de reformas. Una sabia mezcla de apoyo social y de jacobinismo radical por parte del poder público tiene que contar con la complicidad de los agentes sociales para su mejor eficacia. En cualquier caso, hay que esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos y cual es la actitud de los agentes económicos. La CEOE-CEPYME ha expresado en un tuit su disposición a colaborar con el Gobierno. Veremos en qué términos se despliega esta colaboración, sobre la base del conocido dictum que guía la interlocución política de la patronal: se puede regular las relaciones laborales sin mi, pero no contra mi. Una regla de conducta que tendrá que ser administrada en función de la correlación de fuerzas, como es costumbre.

Great Expectations, por tanto. Y un fuerte rumor de fondo deslegitimador de la acción política que va a responder a tales expectativas. Estaremos atentos a la formación del gobierno, para empezar a vislumbrar las señales de este cambio social y político que ha prometido a las mayorías sociales que le sostienen.