La reunión entre el Presidente del Gobierno y la presidenta de la Comunidad ha concluido con un serie de medidas de coordinación que sin embargo no pueden detener la respuesta colectiva que las políticas del gobierno presidido por Diaz Ayuso han ido llevando a cabo en estos últimos meses y que ha ido desestructurando el marco de ejercicio de los derechos sociales fundamentales de una amplia parte de la población madrileña. . Por su interés, se reproduce aquí íntegramente, el comunicado unitario suscrito por las asociaciones de vecinos, la Marea Blanca que agrupa al personal sanitario por la sanidad pública, los sindicatos madrileños y las tres fuerzas políticas de la izquierda en la Asamblea de Madrid, que convoca a una acción colectiva de rechazo para el próximo domingo 27 de septiembre y que elabora una fundada crítica a la actuación del gobierno de PP y Ciudadanos sostenido por Vox en la Comunidad. Se trata de un documento consensuado cuya lectura es muy recomendable, y no sólo por aquellos que viven dentro del perímetro de esta Comunidad
DECLARACIÓN SOBRE LA
SITUACIÓN DEL COVID 19 EN LA COMUNIDAD DE MADRID
Desde el inicio del estado de alarma en marzo, el
comportamiento del gobierno regional del Partido Popular y Ciudadanos, con
Isabel Díaz Ayuso al frente, ha sido errático, temerario, insensible e incapaz
de adoptar las decisiones adecuadas para afrontar la situación sanitaria
provocada por la COVID-19. Anteponiendo una desescalada rápida, con el pretexto
de la recuperación económica, ha intensificado su particular disputa partidista
con el Gobierno de España.
Lejos de buscar una política de consenso con el resto de
partidos de la cámara regional, basada en elementos fundamentales como el
refuerzo de los servicios públicos, la coordinación de todas las consejerías y
sus respectivos equipos para dar una respuesta unitaria a la crisis o la
interlocución y colaboración con los agentes sociales y con la sociedad civil
organizada, en el objetivo común de atender a las personas más vulnerables,
Díaz Ayuso y su gobierno han optado por una política frentista, hasta con sus
propios socios de gobierno.
Esta forma de gobernar, despreciando las ofertas de diálogo
de los partidos de la oposición, lejos de los problemas reales de la
ciudadanía, dificultando el control del gobierno por la oposición en la
Asamblea de Madrid y prolongando la paralización administrativa, ha aprobado
medidas que responden a intereses económicos de grandes corporaciones y que no
responden a la emergencia social que padecemos.
En estos siete meses hemos visto el vaciamiento de recursos
de los centros de salud de Atención Primaria, estructuralmente maltratados,
para redirigirlos al hospital de campaña de IFEMA, el abandono de la prevención
y el seguimiento sanitario en los barrios y municipios, hasta convertir a Madrid
en la comunidad con mayor número de contagios registrados y de fallecimientos
en hospitales.
La desastrosa gestión de las residencias de mayores se
cobró la vida de más de 8000 personas, en torno al 11% de las que vivían en
ellas, exponiendo a las plantillas, mermadas y precarizadas, a situaciones de
extrema presión emocional y riesgo para sus vidas. Fueron semanas de menús hipercalóricos y desequilibrados
para niñas y niños de familias perceptoras de la Renta Mínima de Inserción,
desoyendo la voz autorizada de expertos y dietistas, de las asociaciones de
madres y padres de alumnos y de entidades defensoras de los derechos de la
infancia.
Las promesas de aviones cargados de material médico que no
llegaban o no eran tales, acusaciones falsas contra el gobierno de España de
bloqueos de dichos materiales en contra Madrid, abandonos, retrasos o
incomparecencias de la presidenta madrileña en reuniones de trabajo entre el
gobierno central y las comunidades autónomas con excusas pueriles, a lo que se
sumó el abandono del Consejo de Gobierno encargado de aprobar la solicitud de
cambio de Fase al gobierno central, poniendo de manifiesto la frivolidad de
Díaz Ayuso en su acción de gobierno. Un caos y desgobierno solo matizado por la
implicación y compromiso de miles de trabajadores y trabajadoras que en ámbitos
esenciales aseguraron nuestra vida aun poniendo en peligro las suyas.
Con esa frivolidad, sin haber terminado de parar la
pandemia, clausuró el hospital de campaña de IFEMA en un acto irresponsable de propaganda
y autobombo, aunque la ocupación de las UCI de la red hospitalaria regional
seguía por encima de sus cifras habituales; rechazó la renovación de contratos
de 10.000 profesionales sanitarios, pese a que la mayoría de las residencias de
mayores seguía y siguen sin medicalizarse y los centros de Atención Primaria seguían
por entonces colapsados, como ahora, con cerca de 5.000 profesionales de baja
por contagio.
Rescindió los contratos con las empresas que daban el
servicio de comedores escolares, así como el convenio con municipios para la
cofinanciación de las escuelas infantiles, llegando a junio sin saber nada
sobre las condiciones de escolarización para el curso 20-21, desastre que se ha
prolongado hasta este mes de septiembre, pese a haber tenido meses para
organizarlo, abandonando a los equipos docentes y familias a su suerte y
depositando en ellos toda la responsabilidad de gestionar las condiciones
básicas de protección de la población escolar.
Lejos de articular ayudas especiales dirigidas a las
familias con vulnerabilidad sobrevenida, de algún modelo de protección social
como respuesta a la crisis del COVID-19, asistimos con perplejidad a la
suspensión cautelar de las ayudas RMI a cientos de familias en pleno mes de
agosto, con una
interpretación torticera y parcial de la ley de RMI
Se permitió la caza en zonas protegidas en plena época de
cría, atendiendo al lobby cinegético, pero no se trabajó en un plan para
reducir los residuos hospitalarios o para tener un transporte seguro y sin emisiones
en la desescalada de la pandemia.
De espaldas a los datos de desempleo y de cierre de
empresas, las medidas para paliar las consecuencias han venido del Gobierno de
España y del acuerdo con los agentes sociales: ERTE, cese de actividad
autónomos, ampliaciones de prestaciones desempleo o IMV. Tan solo en la región
se han implementado el acuerdo con patronal y sindicatos en las medidas en
prevención contagio en los centros de trabajo.
El gobierno de Díaz Ayuso y Aguado ni ha contribuido a
paliar el recorte salarial de los ERTE ni la ausencia de prestación de personas
en paro. Y tampoco ha presentado propuesta alguna que pueda suponer o componer
un plan creíble de reconstrucción de la economía y el empleo en la región. En
esta situación inédita, incierta y desconocida para todos, que hace presagiar
una recuperación lenta y difusa, que seguramente va a necesitar de muchos meses
de mantenimiento de ERTE, de ayudas sociales y, por tanto, de búsqueda de
soluciones alternativas a las empresas y sus actuales líneas de negocio. Díaz
Ayuso y Aguado tiraron de recetario neoliberal y su única propuesta es una
nueva ley del suelo y sustitución de licencias urbanísticas por declaraciones
responsables para un sector empresarial, el del ladrillo, que acumula históricamente
un nefasto currículum de corrupción.
Por si todo esto fuera poco, llegaron a la obcecación en
solicitar el pase de la Comunidad de Madrid a la Fase 1 de desescalada, sin
cumplir las condiciones necesarias para ello, cobrándose la dimisión de la Directora
General de Salud Pública regional, que no quiso firmar el informe preceptivo
para cursar la solicitud al Ministerio de Sanidad.
Una solicitud basada en el deseo inmaduro y ansioso de
salir de una situación incómoda, en la que nadie quería estar, pero sin hacer
nada, o no lo suficiente, para corregir lo que nos mantenía en la Fase 0. Una
solicitud fundada en anteponer el beneficio económico de unos pocos a la
protección de la salud de todas y todos. Un enfoque miope que ha desembocado en
la situación actual. El previsible rebrote del virus nos ha vuelto a pillar
desprotegidos, sin la preparación adecuada y en un estado de vulnerabilidad
inaceptable.
Pese a contar con fondos estatales para haber dispuesto de
todo lo necesario para afrontar la segunda ola del virus, Díaz Ayuso y Aguado
han optado por construir un hospital de pandemias, tan caro como ineficaz,
mientras seguimos sin rastreadores suficientes, muy lejos de los más de 2000
necesarios.
Los centros de salud colapsados sin las y los profesionales
necesarios, obligados a asistir telefónicamente a sus pacientes que, en muchos
casos, deben hacer numerosas llamadas o esperar colas interminables para
conseguir cita; con los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP)
cerrados y cada vez más colapsado el servicio de SUMMA 112; la Comunidad de
Madrid presenta una incidencia de 618 casos activos por 100.000 habitantes,
mientras que en nuestros países vecinos ninguna zona supera los 350. Hemos
llegado ya a la temida realidad de tener todas las camas UCI ocupadas y la
situación sigue empeorando.
La respuesta del ejecutivo madrileño a este desastre, en
medio de un caos de comparecencias anuladas sin precedentes, ha sido el
confinamiento selectivo de 37 zonas de la región. Aquellas que presentan peores
datos socioecómicos, que son más vulnerables y, por tanto, más sensibles a la
acción del virus.
Contrariamente a la opinión de expertos, en estas 37 zonas
se cerrarán los parques y se restringe la movilidad a lo que el ejecutivo
considera actividades esenciales, como ir a trabajar o a los centros educativos
en cualquier zona de la comunidad, por lo que la medida no impedirá la
propagación del virus.
Las vecindades de las 37 zonas restringidas se sienten
señaladas, estigmatizadas, acusadas falsamente de irresponsabilidad en sus
relaciones sociales y familiares, por lo que muestran su rechazo y reclaman un
trato justo y no discriminatorio. Unas medidas restrictivas que, para las
organizaciones firmantes, son plenamente rechazables por inútiles y por su claro
tinte segregador.
Por todo lo anterior y ante temor de que la situación
epidemiológica en la Comunidad de Madrid empeore aún más para la salud de la
ciudadanía y la salida de la crisis, coincidiendo con la reunión entre los
presidentes de gobierno de la Comunidad de Madrid y de España, las entidades
abajo firmantes exigimos al Gobierno de la Comunidad de Madrid que adopte las
siguientes medidas:
•
Adopción de un plan riguroso, basado en criterios científicos para toda la región, que
incorpore las imprescindibles e inmediatas medidas sanitarias para
controlar la pandemia: contratación de rastreadores hasta llegar a los 2.000
que recomiendan los expertos, refuerzo de los Centros de Salud para su plena
operatividad, garantías habitacionales para el confinamiento de casos y
contactos, y asignación de medios para garantizar el cumplimiento efectivo de
las medidas generales de salud pública publicadas en el BOCM. En concreto, con
urgencia, el refuerzo de
➢ Equipo
de rastreadores hasta alcanzar el número recomendado por las instituciones
expertas internacionales en la materia.
➢ Personal
de los laboratorios y del material necesario para reducir los tiempos de espera
actuales de los resultados PCR.
➢ Personal
sanitario en los centros de Atención Primaria, que una vez alcanzada la media
europea no deberá reducirse en los próximos años, e incrementar progresivamente
su presupuesto para garantizar las plantillas con el personal necesario.
•
La creación de un comité científico que pilote y
controle todas las decisiones sanitarias a adoptar durante el tiempo que dure
la pandemia, así como la constitución de un grupo de crisis integrado por todos
los agentes, políticos, institucionales, sindicales, sociales y económicos,
representantes de la sociedad madrileña organizada, en el que los Ayuntamientos
deben tener un espacio relevante.
•
El refuerzo del transporte público que garantice
que su ocupación no supere una persona por metro cuadrado de superficie.
•
Intensificar la vigilancia e inspección de los
centros residenciales de personas mayores y personas con discapacidad, asegurar
su medicalización y, en su caso, la hospitalización de las personas residentes
en coordinación con los recursos sanitarios, así como la dignificación de las
condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores de las plantillas.
•
El refuerzo de personal docente, de
acompañamiento educativo y de servicios generales que garantice el
funcionamiento seguro y eficaz de los centros educativos. Y, en especial, de
personal de enfermería y coordinación con los centros de salud.
•
La reserva de calzada necesaria para transporte
público y movilidad ciclista que garantice su uso prioritario en el transporte
ciudadano.
•
La compatibilidad de la Renta Mínima de
Inserción con el Ingreso Mínimo Vital, así como la implantación rápida del
segundo en un plazo no superior a un mes.
•
El refuerzo de los Servicios Sociales para
garantizar la prevención y eliminación de las situaciones de riesgo social,
potenciando prestaciones de emergencia, servicios de apoyo domiciliario y
recursos habitacionales alternativos, entre otros.
Así mismo, anunciamos que el próximo domingo 27 de
septiembre celebraremos una manifestación unitaria a la que convocamos a toda
la ciudadania y sus organizaciones sociales, para reclamar un abordaje de la
actual situación de pandemia acorde al planteamiento de este manifiesto.
Apoyamos también las movilizaciones sectoriales que se estan convocando estos
días en defensa de los servicios públicos.
Lanzamos esta declaración con la intención de incorporar al
mayor número de organizaciones sociales de la región, que esperamos se sumen en
los próximos días.
Organizaciones firmantes:
ADSP Madrid- CCOO Madrid – FRAVM – IU – Más Madrid –
Podemos - PSOE-
M – UGT Madrid
1 comentario:
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