Los días
21 y 22 de noviembre se reúnen en Riad, Arabia Saudita (uno de los Estados
menos democráticos del planeta que sin embargo se considera asimismo uno de los
grandes aliados del Mundo Libre) los líderes del G20, es decir, “el principal
foro de coordinación de políticas macroeconómicas entre las veinte economías
más importantes del mundo, que incluye las perspectivas tanto de países
desarrollados, como de economías emergentes”. El momento actual, de una enorme
crisis que recorre todo el mundo como consecuencia de la pandemia también
global, siembra interrogantes sobre la dirección que estas grandes economías e
instituciones financieras pretenden abordar en la etapa post-crisis. Como suele
ser frecuente desde hace algún tiempo, antes de estas reuniones de las grandes
potencias económicas y políticas del mundo, tiene lugar una reunión de los representantes
de sindicatos de los países del G20 y de las Federaciones Sindicales
Internacionales, siendo coordinado por la Confederación Sindical Internacional
(CSI) y la Comisión Sindical Consultiva (TUAC-CSC) ante la OCDE: Se trata del
L20 (L por Labour naturalmente) que suele hacer una declaración previa
como contrapunto y como manifestación del proyecto alternativo que el
sindicalismo internacional y global mantiene. Normalmente estas declaraciones
no son conocidas por la opinión pública, dado que los medios de comunicación
solo prestan atención a los que demuestran dominio y poder sobre el mercado o
sobre el espacio global. En esta entrada del blog se reproduce sin comentarios,
ante su extensión, el comunicado de L-20 frente a la cumbre de Riad, que sirve
para presentar un esquema resumido de un programa de reformas necesarias en este
momento crítico para millones de personas en todo el mundo.
Una pandemia de desigualdad
“Reconocemos que es probable que
la pérdida de puestos de trabajo, la reducción de las horas de trabajo, la
suspensión de las relaciones laborales y la pérdida de ingresos aumenten la
vulnerabilidad de un mayor número de personas a la pobreza, la informalidad y a
diferentes formas de explotación”. Declaración de Riad de los Ministros de
Trabajo y Empleo del G20, 10 de septiembre de 2020
La pandemia de COVID-19 está
empujando al mundo hacia una recesión generalizada con consecuencias
devastadoras. La OIT estima que las horas de trabajo perdidas equivalen a más
de 495 millones de puestos de trabajo, y la pérdida de ingresos en los últimos
seis meses asciende a billones de dólares, además de verse amenazado el
sustento de 1.500 millones de personas en la economía informal.
El impacto de la pandemia en muchos sectores y
regiones económicas resulta evidente, con millones de empresas obligadas a
cerrar definitivamente y más de 300.000 marinos atrapados a bordo de los buques
en los que trabajan. El impacto socio-económico sobre las mujeres resulta
especialmente grave. Las mujeres representan un porcentaje
desproporcionadamente alto en los empleos mal remunerados y menos seguros, así
como en el trabajo informal. La juventud afronta un futuro todavía más sombrío,
tras la interrupción de su educación y formación y escasas perspectivas de
encontrar un empleo. Millones de trabajadores y trabajadoras migrantes,
atrapados en situaciones de explotación laboral y las más de las veces
excluidos de la protección social y el apoyo gubernamental, se enfrentan a la
miseria.
Al cabo de décadas de falta de
financiación adecuada de los servicios públicos, los servicios sanitarios que
se encuentran en primera línea tienen dificultades para dar una respuesta
adecuada. Los cuidados de niños y personas mayores han resultado drásticamente
perturbados. Las políticas de austeridad y la privatización de servicios
vitales han dejado a las sociedades y a las economías gravemente debilitadas en
la medida en que la pandemia ha puesto brutalmente de manifiesto las
deficiencias de la economía mundial. Al mismo tiempo, los 25
multimillonarios más acaudalados aumentaron su riqueza con una asombrosa
cuantía de 255.000 millones de dólares entre mediados de marzo y finales de
mayo. La mayoría de los que “salieron ganando” se concentra en negocios
basados en los datos y el comercio digital, acelerando ahora la digitalización
de la economía mundial desde una posición de fuerza. Sus modelos de negocio
promueven la evasión fiscal, el trabajo precario e informal. Se basan en la
vigilancia, la recolección de datos y métodos avanzados para eludir toda
responsabilidad. Han tratado despectivamente a parlamentos y Gobiernos, y en
muchos casos siguen gozando de los beneficios de su negocio a sabiendas de que
suscita la incitación al odio y el extremismo.
El cambio climático ha
alcanzado proporciones de emergencia con un año 2020 en el que se marcaron
nuevos récords de incendios forestales, pérdida de la capa de hielo polar,
emisiones de CO2, así como contaminación del aire, la tierra y el agua. Los
Gobiernos están muy lejos de cumplir los objetivos del Acuerdo de París y de
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. El gasto militar a
escala mundial aumentó a 1,9 billones de dólares en 2019, registrando el
mayor crecimiento anual del gasto desde 2010. Esta es una distribución
sumamente inadecuada de los recursos en un momento en el que se entrecruzan
varias crisis mundiales: salud, clima, empleo, desigualdad y pobreza, y a las
que se suman los riesgos de la digitalización no regulada. Frente a la
pandemia, son muchos los países en desarrollo que no pueden acceder a una
financiación suficiente para responder a las necesidades más urgentes, apoyar a
los trabajadores y a las empresas y financiar su recuperación y ocuparse al mismo
tiempo del servicio de la deuda con el sistema financiero internacional, o que
se ven obligados a aplicar una condicionalidad macroeconómica que podría
debilitar los derechos de los trabajadores, los servicios públicos y los
sistemas de protección social.
El contrato social se ha roto
Aun antes del impacto de la pandemia, las
sociedades estaban experimentando niveles históricos de desigualdad. A la par
de niveles absurdos de concentración de la riqueza están presentes el trabajo
informal, la precariedad y la miseria. Al mismo tiempo, recursos muy necesarios
huyen a paraísos fiscales. Pese a este panorama, se están tomando pocas
medidas. Recientes revelaciones muestran la participación de los principales
bancos internacionales en aproximadamente dos billones de dólares en
transferencias financieras ilícitas, sacando a la luz no solo la codicia
corporativa, sino las graves deficiencias de la regulación. Con decenas de
billones de dólares mantenidos en paraísos fiscales, no cabe decir que existe
una escasez de recursos para garantizar la recuperación y la resiliencia: se
trata de una cuestión de voluntad política.
El multilateralismo se encuentra en un
estado deplorable
Durante décadas, las personas han
visto cómo el multilateralismo favorece las normas de la globalización, y el
comercio y los tratados de inversión se inclinan a favor de los más ricos y
poderosos. Las personas están perdiendo rápidamente la confianza no solo en las
instituciones mundiales, sino también en los Gobiernos y en esta versión
debilitada de la democracia. Ya es hora de un Nuevo Contrato Social. Un
nuevo contrato social es la piedra angular para garantizar la recuperación y la
resiliencia. Sus fundamentos son un piso de protección laboral, protección
social universal, nuevos empleos de calidad y oportunidades para mujeres y
hombres, servicios públicos de calidad para todos, igualdad y un ambicioso plan
de transición justa hacia una economía con cero emisiones de carbono. Un nuevo
contrato social exige que los trabajadores y los empleadores participen en un
diálogo social con los Gobiernos basado en el respeto de los derechos
fundamentales de los trabajadores y las trabajadoras, para crear un futuro en
el que no vuelvan a cometerse los mismos errores.
Hacer frente a la pandemia y
recuperarse en términos de resiliencia requiere el cumplimiento de los
compromisos anteriores y nuevas medidas.
Instamos a los Líderes del G20
a tomar todas las medidas necesarias encaminadas a contener y eliminar la
pandemia, mediante lo siguiente:
·
declarar la COVID-19 una enfermedad profesional,
permitir protocolos sectoriales específicos de reducción de peligros y la
gestión de riesgos diseñados con los interlocutores sociales y garantizar el
acceso a equipos de protección personal de calidad;
·
mantener el estímulo económico mientras sea
necesario y con la intención de apoyar a los afectados con medidas de
contención destinadas a retener el empleo y los ingresos;
·
proteger a los trabajadores y trabajadoras que
se encuentran en sectores de primera línea con entornos de trabajo seguros y
reconocer su valiosa contribución con salarios más altos; y
·
extender la baja remunerada por enfermedad y
otros derechos de licencia a todos los trabajadores y trabajadoras.
La Cumbre del
G20 debería proporcionar urgentemente medios financieros a todos los países
a través de una reforma fiscal progresiva, las finanzas y los acuerdos
monetarios con el fin de proporcionar recursos suficientes para el desarrollo
sostenible:
·
creando urgentemente nuevos medios financieros y
de apoyo para los países en desarrollo, incluidos los países menos adelantados,
mediante la emisión de derechos especiales de giro del FMI, líneas de
intercambio de divisas y alivio de la deuda, incluyendo su cancelación con
participación de acreedores privados;
·
estableciendo un mecanismo mundial para la
reestructuración de la deuda; m racionalizando la fiscalidad mundial mediante
la aplicación de fórmulas unitarias que traten a las empresas multinacionales
como una sola entidad y eliminando los paraísos fiscales y la evasión fiscal,
así como los flujos ilícitos;
·
la aplicación de impuestos progresivos, un
impuesto sobre las transacciones financieras, una tasa digital y el
establecimiento de un umbral mínimo para el impuesto de sociedades
·
regulando el sector financiero para que esté al
servicio del desarrollo de la economía real, garantizando una participación
justa del valor añadido para el trabajo e incrementando la financiación de la
Agenda 2030 y el Acuerdo de París;
·
creando consenso respecto a un Tratado
vinculante sobre las empresas transnacionales; y m garantizando compromisos de
Ayuda Oficial al Desarrollo.
Incrementar la seguridad del
empleo y de los ingresos de los trabajadores y de todos los ciudadanos
sosteniendo el trabajo decente es una demanda clave del Nuevo Contrato
Social. Los Líderes del G20 deben cumplir sus compromisos anteriores:
·
establecer un piso de protección del empleo que
incluya la protección y promoción de los Principios y Derechos Fundamentales en
el Trabajo de la OIT, entre los que figura el derecho a formar y afiliarse a
sindicatos y el derecho de negociación colectiva, así como salarios mínimos
vitales y lugares de trabajo seguros y saludables;
·
ampliar la protección social a todos los
trabajadores y trabajadoras, independientemente de la forma de empleo, de
conformidad con la Declaración del Centenario de la OIT y los ODS de las
Naciones Unidas, mediante la solidaridad en forma de un Fondo Mundial de
Protección Social;
·
llevar a
cabo ambiciosos planes de formalización con la regulación del mercado de
trabajo y la protección social;
·
exigir la debida diligencia en relación con los
derechos humanos, el acceso a procedimientos de reclamación y recurso en
relación con todas las empresas multinacionales y a todo lo largo de sus
cadenas de suministro;
·
asegurar la igualdad de género en relación con
colmar la brecha salarial, mejorar la participación de la mujer en el mercado
de trabajo, la inclusión de mujeres en puestos de liderazgo y toma de
decisiones, y eliminar todas las formas de discriminación y violencia adoptando
las políticas y medidas apropiadas;
·
garantizar la inclusión y el trabajo decente
para los trabajadores y trabajadoras jóvenes y aplicar la Hoja de Ruta de la
Juventud del G20 2025;
·
garantizar la igualdad de trato para los
trabajadores y trabajadoras migrantes; y
·
extender la orientación profesional, las
oportunidades de formación educativa y profesional para todos, incluidos los
grupos desfavorecidos y los trabajadores informales, y desarrollar nuevas
competencias y el conocimiento sobre los derechos.
El mundo del trabajo requiere que
la Cumbre del G20 encabece la acción para salir de la crisis. Instamos a la
Cumbre de Líderes del G20 a dar los primeros pasos para reiniciar la economía
mundial y lograr una recuperación y resiliencia resistentes al clima mediante:
·
inversión
en infraestructura, especialmente en la capacidad para reducir las emisiones de
efecto invernadero, promover una economía circular y crear nuevos empleos de
calidad;
·
inversión en la transformación del transporte y
el logro de los ODS relativos al agua y el saneamiento, la electrificación y la
conectividad digital;
·
inversión
en la economía de cuidados para crear nuevos empleos, formalizar los puestos de
trabajo existentes y permitir la participación de más mujeres en el mercado
laboral, abordando al mismo tiempo las necesidades urgentes derivadas de la
respuesta a la pandemia
·
inversión en servicios públicos de calidad y con
acceso universal, empezando por la sanidad y la educación; y
·
adoptar
una política industrial y asegurar la consecución de la transformación
industrial para el desarrollo sostenible y una transición justa hacia una
economía con cero emisiones de carbono.
La
innovación tecnológica y la digitalización ofrecen un enorme potencial para
beneficiar a la humanidad, sin embargo, no pueden ignorarse los riesgos que
conllevan estas tecnologías. Los Líderes del G20 tienen el poder de garantizar
que la digitalización y otras innovaciones beneficien a la mayoría y no solo a
unos pocos, mediante las siguientes medidas: m
·
exigir el uso ético de las nuevas tecnologías y
obligar a las grandes empresas de tecnología a eliminar la vigilancia como
modelo de negocio;
·
igualdad
de trato para los trabajadores de plataformas, a fin de garantizarles derechos
laborales, seguridad social y normas mínimas;
·
garantizar la participación de trabajadores y
sindicatos a la hora de regular la vigilancia en el lugar de trabajo;
·
empoderar
a los trabajadores y trabajadoras mediante capacitación en nuevas tecnologías;
m asegurar a trabajadores y sindicatos el acceso a los datos recolectados en el
lugar de trabajo y que tengan voz en cuanto a su utilización;
·
asegurarse de que el teletrabajo esté regulado
y evitar nuevas formas de explotación de los trabajadores y trabajadoras e
informalidad;
·
luchar contra la concentración de poder en el
mercado y las prácticas desleales hacia los proveedores en las cadenas de
suministro de los gigantes del comercio digital, así como revisar la política
de competencia; y
·
exigir que la economía digital pague la parte
justa de impuestos que le corresponde.
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