miércoles, 18 de noviembre de 2026

INCREMENTO DE LAS RETRIBUCIONES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS. LA NECESIDAD DE CUMPLIR LOS COMPROMISOS DEL ACUERDO MARCO PARA LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO

 


La entrada en el período electoral no permite detener la máquina del Estado en lo que se refiere tanto a compromisos internacionales como a acuerdos internos con los interlocutores sociales. En el BOE de hoy, 18 de noviembre, se puede comprobar este extremo con tres normas de urgencia datadas todas el 17 de noviembre de 2026. De un lado, el muy importante RDL 39/2026, modifica el texto refundido del Estatuto de los Trabajadores, el Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres; la Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo; y el Real Decreto 723/2026, de 9 de septiembre, al tener que transponer la Directiva (UE) 2019/1152 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a unas condiciones laborales transparentes y previsibles en la Unión Europea y la Directiva (UE) 2023/970 del Parlamento Europeo y del Consejo de 10 de mayo de 2023 sobre transparencia retributiva. De otro, el RDL 38/2026 introduce los cambios necesarios para evitar la tributación del salario mínimo interprofesional de 2027 en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Y el RDL 37/2026 tiene que proceder a los cambios presupuestarios imprescindibles para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos en el acuerdo que firmaron CCOO, UGT y CSIF, como sindicatos representativos en la Administración Pública, sobre el llamado Marco Plurianual de Retribuciones en el Empleo Público en noviembre de 2025.

En efecto, el   Acuerdo Marco para la Mejora del Empleo Público y el Servicio a la Ciudadanía (2025-2028)  que fue avalado por el Consejo de Ministros el 2 de diciembre de 2025, pretendía garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo para más de 3 millones de empleados públicos gracias al incremento salarial acumulado del 11% para los cuatro años de este período, distribuidos de la siguiente manera: un 2,5% para el año 2025, abonado con carácter retroactivo con efectos de primeros de ese año,  un 2% para 2026 sobre las bases incrementadas en el 2025, que se abonó en dos momentos,  un 4,5% en 2027 y  un 2% en 2028.

Al estar en situación de prórroga presupuestaria, y haberse convocado elecciones al Congreso y al Senado, era necesario y urgente, para honrar este compromiso, adoptado en la Mesa General a la que se refiere el art. 37 del EBEP, que existiera una norma que previera el oportuno crédito presupuestario para hacer efectivo el incremento salarial pactado del 4,5 % desde el 1 de enero del 2027. Es un incremento que goza la naturaleza de norma básica, por lo que, como señala la exposición de motivos del citado RDL 37/2026, se extienden no solo al personal al servicio del sector público estatal, sino también al del sector público autonómico y local, salvo los puntos concretos que regulan elementos retributivos propios del sector público estatal.

La norma se extiende sobre la justificación que debe darse a la urgencia que le caracteriza. Y de alguna manera se construye sobre una constatación obvia, la de que si se quiere cumplir el acuerdo marco firmado con los sindicatos y que por tanto éste tenga eficacia real, es necesario plasmar este compromiso en los Presupuestos Generales del Estado que, al hallarse en situación de prórroga, requiere una norma de rango legal que lo recoja: “La extraordinaria y urgente necesidad del incremento retributivo para el personal al servicio del sector público en el año 2027 viene justificada por la necesidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo firmado el 27 de noviembre de 2025 por el Gobierno de España y las organizaciones sindicales UGT, CSIF y CC. OO., que establece el compromiso de promover los cambios legislativos y normativos para alcanzar un incremento retributivo en las retribuciones del personal al servicio de las Administraciones Públicas y de su sector público institucional con un horizonte temporal a cuatro años (2025-2028). Dado que para llevar a cabo la ejecución de este compromiso es necesaria una norma de rango legal, y habida cuenta de la situación de disolución de las Cortes Generales, es necesaria la aprobación de un real decreto-ley para posibilitar el incremento de las retribuciones del personal al servicio del sector público previsto en el citado acuerdo y con efectos de 1 de enero de 2027”.

El incremento del 4.5% de las retribuciones de los empleados públicos se calcula sobre los incrementos previstos de la aplicación para los salarios del 2026 por el incremento retributivo derivado de la variación del IPC superior al 1,5% de ese año, que se harán efectivos a 1 de enero de 2027. Ese mismo incremento también puede aplicarse a los gastos de acción social, ayudas o mejoras destinados a cubrir necesidades personales o familiares de los empleados públicos, al margen de su salario ordinario como las derivadas de educación y cuidados o de salud y bienestar. También las aportaciones a planes de pensiones o seguros colectivos pueden crecer en esa misma proporción.

De esta manera, se logra cumplir el acuerdo tal como estaba estipulado, lo que por consiguiente impide considerar la norma, como sin embargo hace el bloque de la ultraderecha y la derecha, como una decisión política electoral para favorecer la posición de los partidos del gobierno de coalición en la contienda electoral del 29 de Noviembre.

Más aun, los sindicatos siguen insistiendo en algunos aspectos del Acuerdo Marco de diciembre de 2025 que todavía no han sido atendidos en la práctica por el gobierno. Entre ellos, la reducción de la temporalidad estructural y el rejuvenecimiento de plantillas, que conecta con un largo contencioso europeo sobre la interinidad y la eventualidad en el empleo público bien conocido por los laboralistas y todavía no bien resuelto, la recuperación íntegra de las pagas extraordinarias recortadas en 2010, la jubilación parcial del personal funcionario y la mejora de los haberes reguladores de Clases Pasivas como elementos centrales de la reivindicación del sector. Junto a ello otras reivindicaciones quedan por concretar, como la fijación de un suelo salarial mínimo de 1.500 euros para todos los empleados públicos, y la actualización de pluses de residencia, indemnizaciones, servicio exterior, planes de igualdad, prevención de riesgos y formación (incluida la IA), de especial interés esto último para determinados sectores como el personal de la Administración de Justicia.

En cualquier caso, la norma comentada supone una buena noticia para el sector. A partir de ahora, las administraciones y organismos públicos deben preparar las nóminas para hacer efectiva la subida en enero de 2027, junto con el 0,5 % adicional vinculado al IPC que corresponde abonar en el primer trimestre de 2027, tal como señalaba el art. 2.2 del Real Decreto-ley 14/2025, de 2 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público, que es el texto normativo en el que se volcó el contenido retributivo del Acuerdo Marco citado.

Para hacerse una idea del cuadro retributivo, algunos ejemplos extraídos de la IA de Google, consultada la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, que describe asi el cuadro de las remuneraciones básicas de los empelados públicos

Sueldo Base y Trienios por Grupo (2026)

:

Grupo / Subgrupo

Sueldo mensual ordinario

Trienio mensual

Sueldo en cada paga extra

Trienio en paga extra

A1

(Consultar escala completa)

(Consultar escala)

856,05 €

32,96 €

A2

1.199,52 €

43,54 €

874,83 €

31,74 €

B

1.048,55 €

38,20 €

906,26 €

33,03 €

C1

900,63 €

32,96 €

778,42 €

28,45 €

C2

749,58 €

22,44 €

(Consultar escala)

(Consultar escala)

(Nota: El total anual se compone de 12 mensualidades ordinarias más 2 pagas extraordinarias —en junio y diciembre—). Existe además la previsión de un 0,5 % adicional condicionado a la evolución del IPC por abonar el 1 de enero de 2027, como se ha dicho.

.  En cuanto al Grupo A1: se puede calcular como sueldo bruto entre 2.800 € y 4.500 € brutos mensuales (de 35.000 € a más de 65.000 € anuales, llegando a más en cuerpos superiores como jueces, inspectores de hacienda o abogados del Estado).

A ello hay que añadir los Complementos de destino y específico: Dependen directamente del nivel del puesto (del 14 al 30) y del grado de responsabilidad o penosidad del puesto de trabajo. Aquí algunos ejemplos de los más comunes:

 

Complemento de Destino (Ejemplos por Nivel)

Nivel del puesto

Importe mensual

Importe anual (14 percepciones)

Nivel 22

637,73 €

8.928,22 €

Nivel 21

592,11 €

8.289,54 €

Nivel 20

550,01 €

7.700,14 €

Nivel 18

493,86 €

6.914,04 €

 

 

 


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