UNA INICIATIVA AMERICANA: EL TRIBUNAL INTERNACIONAL DE LA LIBERTAD SINDICAL EN MÉXICO

Se ha puesto en marcha del 26 al 29 de octubre, en Ciudad de México, una iniciativa muy interesante como fórmula de denuncia de las violaciones a la libertad sindical en un país determinado, en este caso en México. El Tribunal Internacional de la Libertad Sindical persigue en efecto analizar por expertos internacionales y nacionales algunos de los casos más relevantes en los que se ha producido una fuerte vulneración de los derechos de libertad sindical. Es un proyecto en el que han participado organizaciones sindicales y también organizaciones de defensa de los intereses de los trabajadores, abogados laboralistas y juristas universitarios. En México, han sido determinantes personas como Oscar Alzaga y el catedrático de la UNAM Enrique Larios, ambos en la foto. En el ámbito americano, Hugo Barretto, como profesor de la Universidad de la República de Uruguay y abogado sindical, y los laboralistas Lucho Ramírez, de la asociación argentina, y Luiz Salvador, abogado laboralista brasileño recién elegido presidente de la Asociación Americana de Abogados Laboralistas. En este Tribunal estuvo también presente por parte europea la UCLM a través de la profesora Marta Olmo. Es bien conocido que este tipo de iniciativas no tienen ninguna cobertura en nuestro país, al proceder de países con gobiernos "amigos" como lo son Colombia o México. En aquel país, sin embargo, prensa y televisión han recogido de forma amplia el hecho. La propia organización sindical regional americana, la CSA, ha seguido con evidente interés la noticia y es posible que su empleo como forma de visibilizar la agresión a la libertad sindical de los trabajadores, se traslade a otras experiencias. La huella del Tribunal Permanente de los Pueblos es muy clara al respecto. Seguramente se volverá sobre estos temas, pero ahora tan sólo se recogen, como documentos de interés, tanto la convocatoria al Tribunal y los motivos que explican su puesta en marcha, como la muy contundente Resolución que ayer mismo este organismo hizo público.




TRIBUNAL INTERNACIONAL SOBRE LIBERTAD SINDICAL EN MÉXICO
(Octubre 26-28, Cd. de México)

CONVOCATORIA

México es una de las naciones donde más se viola lo establecido por el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre libertad sindical. La libertad de asociación es una condición indispensable para defender o mejorar otros aspectos vitales de las condiciones de trabajo y de vida de la gente, castigadas nuevamente por la crisis económica. Ante la falta de libertad sindical, y en consecuencia, también se vive una simulación en materia de contratación colectiva y una violación sistemática de lo establecido por la propia OIT al respecto en su convenio 98, mismo que ni siquiera ha sido ratificado por el gobierno mexicano.
La “sindicalización” corporativa, la corrupción, la represión, la existencia de bandas de golpeadores y pistoleros para disputarse contratos y controlar a los trabajadores, con la complicidad de las autoridades, es una realidad. Hasta hace apenas unos meses la Suprema Corte resolvió a favor del derecho de los trabajadores al voto secreto y sin coerción en los recuentos sindicales.
Además, la autonomía de los sindicatos auténticos es vulnerada constantemente por la intromisión abierta del estado. En general, el registro de sindicatos o reconocimiento de sus direcciones electas están sujetos a la mayor arbitrariedad de las autoridades laborales.
A las viejas prácticas se ha sumado en los últimos tiempos algo todavía más perverso: los sindicatos y contratos de protección patronal. Se trata de un negocio entre verdaderas mafias y empresas, incluyendo trasnacionales, que pactan “contratos” con “sindicatos” fantasmas con el desconocimiento absoluto de los trabajadores sobre su existencia y de sus supuestos dirigentes. Fenómenos como la expansión abusiva del “outsourcing” vulneran igualmente de manera cotidiana los derechos laborales y sindicales de las y los trabajadores.
Los trabajadores mexicanos deben atravesar un verdadero viacrucis para contar con un sindicato auténtico y casi nunca lo consiguen, perdiendo muchas veces su trabajo y arriesgando incluso su integridad física. En México, pues, no existe prácticamente el derecho de libre asociación sindical y contratación colectiva. Resulta entonces una cruel ironía y una simulación inadmisibles que el año pasado el gobierno mexicano haya sido admitido como integrante del Comité de Libertad Sindical de la OIT. En todo caso, debería estar más comprometido que nunca en respetar ese derecho.
Democratizar la vida laboral es indispensable para hablar en serio de democratización del país y de respeto a los derechos básicos en México.
Es por todas estas razones que se ha impuesto la necesidad de crear una instancia civil de peso internacional y de indiscutible calidad moral que juzgue y resuelva sobre este grave problema y, por tanto, los próximos días 26, 27 y 28 de octubre tendrá lugar en la Antigua Escuela de Jurisprudencia de la Ciudad de México la constitución y primera sesión del Tribunal Internacional sobre Libertad Sindical en México.

ORGANIZACIONES CONVOCANTES

Organizaciones internacionales: Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas (ALAL), Federación Internacional del Transporte-Américas (ITF), Federación Internacional de Trabajadores de la Industria Metalúrgica (FITIM), Federación de Sindicatos de Holanda (FNV), Centro de Solidaridad de la AFL-CIO en México, Red de Solidaridad con las Maquiladoras (RMS-Canadá), Campaña Internacional contra los Contratos de Protección Patronal (CICPP)
Sindicatos mexicanos: Alianza de Tranviarios de México (ATM), Sindicato Minero Metalúrgico (SNTMMSC), Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Unión de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTYPP), Secciones 3, 7 y 9 del SNTE-CNTE, Sindicato 20 de Noviembre de la UVM, Sindicato de Trabajadores de la Vidriera del Potosí, Sindicato de Trabajadores del CONALEP, Frente Auténtico del Trabajo (FAT), Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA), Sindicato Independiente de Trabajadores de la UAM (SITUAM), Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear (SUTIN)
Asociaciones mexicanas: Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), Unión de Juristas de México (UJM), profesores del Área Laboral y de Seguridad Social de la UAM Azcapotzalco, Área de Derechos Humanos de la UACM, profesores e investigadores del Área Jurídico Laboral de la UNAM, Red de Abogados Laboralistas, Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal), Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS).

En cuanto a la resolución,es la siguiente:

TRIBUNAL INTERNACIONAL DE LIBERTAD SINDICAL
DECLARACIÓN DE OCTUBRE

Este Tribunal Internacional de Libertad Sindical, integrado desde la sociedad civil mexicana e internacional, se ha constituido con base al llamado que numerosas organizaciones sociales y civiles tanto internacionales como de México han hecho bajo la denuncia o presunción de sistemáticas violaciones a los preceptos básicos de la libertad sindical establecidos en convenios internacionales aceptados por México y en la Constitución y las leyes de este país. Partimos de que, en cualquier país del mundo, estas libertades son básicas e imprescindibles para medir el grado de democracia existente.
El Tribunal no pretende reemplazar a los tribunales e instancias legales nacionales e internacionales relacionadas con esta materia, sino coadyuvar a que éstas se apeguen y procedan con oportunidad con base a la normatividad internacional en la impartición de justicia en México, sobre todo cuando existen denuncias fundadas de que en los marcos nacionales se falta al respeto o se vulnera de plano a las normas básicas de la libertad sindical por parte de las empresas y de la mayoría de las autoridades laborales.
Reunidos en Audiencia Pública los días 26 y 27 de octubre del 2009 en la Ciudad de México, las y los integrantes de este jurado internacional hemos escuchado la acusación general sobre la vulneración sistemática de la libertad sindical en México por parte de un grupo de destacados abogados y expertos, así como los testimonios de dieciséis organizaciones de trabajadores. Hasta abril del 2010 -cuando se volverá a reunir y sostendrá nueva audiencia pública en la Ciudad de México antes de emitir su resolución final-- este Tribunal estará recibiendo más quejas o denuncias y pruebas de las organizaciones de trabajadores mexicanos y, desde luego, podrá recibir o escuchar los elementos de defensa que autoridades laborales o empresas deseen interponer, mismas que, como la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, han sido notificadas o lo serán en el curso de este proceso.
No obstante el carácter preliminar del trabajo realizado hasta ahora, y que por separado estaremos difundiendo un informe más amplio de las sesiones sostenidas, con los elementos y testimonios obtenidos y escuchados hasta ahora, las y los integrantes de este Tribunal podemos declarar que nos encontramos preocupados, sorprendidos y hasta escandalizados por la gravedad de las violaciones y la violencia contra los trabajadores que están ocurriendo en México, y podemos ya afirmar lo siguiente:
• Observamos graves, sistemáticas y sostenidas violaciones a prácticamente todas las normas y principios establecidos en los Convenios 87 y 98 de la OIT, así como en la Constitución mexicana y las leyes del trabajo de este país
• Más aún, vemos con gran preocupación que se vulneran también derechos civiles y humanos y garantías constitucionales junto con la violación de la libertad sindical
• Constatamos una grave ruptura de la legalidad en numerosos órdenes
• Observamos una institucionalización de la violencia contra todo movimiento de trabajadores que pretenda organizarse de manera autónoma o defienda esta autonomía frente a las empresas o el estado, e incluso la criminalización e la protesta y las dirigencias sociales
• Observamos restricciones y coerción evidentes de la libertad de expresión, y el abuso de algunos de los grandes medios de comunicación en la tergiversación de los hechos reales, de la verdad
En particular, no necesitamos esperar para expresar nuestra más profunda preocupación y condena a los gravísimas violaciones a los derechos humanos, laborales y sindicales de más de 44 mil trabajadores miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas, cometidas con violencia por fuerzas policiacas y militares, además de una brutal campaña de algunos de los medios de comunicación contra el sindicato y su contrato.
En este caso, se afectan los derechos internacionales con plena vigencia en México, como el derecho al trabajo, al empleo estable, la prohibición de despidos arbitrarios y sin causa, a la seguridad social, "el derecho humano a un proyecto de vida", la integridad y dignidad de los trabajadores, reconocidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y se vulneran los derechos consagrados en la OIT del empleo, la libertad sindical y la contratación colectiva.
Asimismo, sin el debido proceso ni previa resolución de una autoridad jurisdiccional, se despidió por decreto a los 44 mil trabajadores, del mismo modo en que se extingue una empresa pública protegida por la Constitución y sin la autorización obligada del Congreso de la Unión que es el único responsable de su creación, lo que ocurre en el país de la primera Constitución avanzada de América, donde surgió el artículo 123 con derechos laborales para todo el mundo.
En el conflicto del SME, pero también en el caso que viene de tiempo atrás del sindicato minero, así como en el de los maestros del DF y otros que conocimos, consideramos que claramente ha sido quebrantado el estado de derecho, agravando el descontento social producido por la crisis actual.
Llamamos al gobierno mexicano a restablecer el estado de derecho y demandamos:
• La abrogación del decreto y la reapertura de la empresa pública Luz y Fuerza del Centro, así como la salida inmediata de la Policía Federal y el ejército de sus instalaciones
• La reinstalación inmediata de los trabajadores del SME con respeto a su contrato colectivo vigente
• Establecer una mesa de diálogo social con alternativas apegadas a la Constitución y a las normas internacionales
México, 28 de octubre de 2009
SUBSCRITORES DE LA DECLARACIÓN:

JAMES D. COCKCROFT (USA), MARTA OLMO (España), LUIS GUILLERMO PÉREZ, LYDIA GUEVARA (Cuba), KJELD JAKOBSEN (Holanda), LUÍS ENRIQUE RAMÍREZ (Argentina), LUIZ SALVADOR (Brasil), HUGO BARRETO GHIONE (Uruguay), RUBÉN DARÍO GONZÁLEZ (Venezuela), ROSARIO IBARRA, MIGUEL ÁNGEL GRANADOS CHAPA, MIGUEL CONCHA MALO, ANA COLCHERO, ALFREDO SÁNCHEZ ALVARADO, OSCAR ALZAGA, ENRIQUE LARIOS, EDUARDO MIRANDA (todos ellos de México).

La política y el derecho frente a la crisis (en el 90 aniversario de la Constitución republicana de Weimar): Habla Gerardo Pisarello

Se publica en este blog un anticipo del artículo del profesor Pisarello sobre la importancia actual de la Constitución de Weimar en un contexto general marcado por la crisis, como en los años 30 del siglo pasado. Es cierto sin embargo que en aquellos tiempos tanto la crisis del 29 como la gran crisis europea que atraviesa Weimar no se abrodan solo en sus aspectos económicos, sino que se presentaron como crisis directamente políticas. Este es el interés indudable de repensar Weimar hoy. Este artículo es una reconstrucción de la intervención y posterior discusión mantenida con los profesores Antonio Baylos Grau y Wilson Ramos Filho en el Seminario Crisis y derechos sociales: de Weimar al crack del año ocho, realizado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Castilla La Mancha (Ciudad Real), el 8 de octubre de 2009. Está dedicado a la memoria de Joaquín Herrera Flores. El texto íntegro del artículo publicado en Sin Permiso, se puede encontrar en esta dirección : http://www.rebelion.org/docs/94037.pdf . A continuación se insertan algunos párrafos del mismo.

Cuando la prensa o los analistas al uso intentan establecer paralelismos entre la crisis del 2008 y sus antecesoras, resultan inevitables las referencias a los años 30’ y al New Deal. Varios elementos podrían justificar la comparación: el hecho de que ambas hayan tenido su epicentro en los Estados Unidos, el “efecto Obama”, y sobre todo, la forma en que se resolvió el propio crack de Wall Street. Para muchos, en efecto, el New Deal rooseveltiano constituye un programa valiente, pero moderado al cabo, de intervención pública de la economía, que permitió salvar al capitalismo tanto de la garras del nazismo como del socialismo. Esta frecuente evocación del New Deal contrasta con el olvido o la escasa atención prestada, sobre todo en Europa, al otro escenario en el que transcurrió la gran crisis capitalista de entreguerras: el de los ensayos republicano democráticos que tuvieron lugar en países como Alemania, Austria o España.
A diferencia del halo de contenida audacia que rodea al New Deal, estas experiencias republicanas son con frecuencia presentadas como ejemplo de un conflicto entre “extremos” que se tendría que dejar atrás para siempre. Lo cierto, sin embargo, es que la luz que arrojan sobre el presente está lejos de haberse extinguido: por el trágico desenlace que tuvieron, desde luego, pero también por las expectativas de democratización radical que suscitaron, tanto desde el punto de vista político como económico.
Son las alternativas que abrieron, en efecto, las que justifican volver críticamente sobre estas experiencias republicanas y cotejarlas con un escenario en el que una salida neoliberal a la crisis neoliberal podría, como antaño, asestar un golpe irreversible al principio democrático y la entrada en una inédita era de autoritarismo y barbarie. El 90 aniversario de la Constitución de Weimar de 1919, el texto que cristalizó en Europa las potencialidades y límites de una de las más sugerentes alternativas republicano democráticas a la crisis capitalista, brinda una oportuna excusa para acometer esta reflexión.
Precisamente, la república de Weimar fue un intento de dar una salida democrática a la crisis de este capitalismo desbocado que, entre otros extremos, había conducido a la primera gran guerra europea. La alternativa republicana intentó proyectar su vocación democratizadora a todos los ámbitos, mostrando que la parlamentarización y la democratización de las anquilosadas estructuras políticas del Imperio eran inseparables de la parlamentarización y de la democratización radical de las estructuras económicas, comenzando por la empresa gran-capitalista y por las concentraciones cuasi-feudales de la tierra. La conquista y defensa de la democracia política, en otras palabras, no podía entenderse al margen de la democracia económica, industrial y agraria. Y la profundización de ambas, a su vez, constituía el horizonte irrenunciable de un republicanismo socialista digno de ese nombre.
Para llevar adelante este proyecto, naturalmente, era menester cambiar el sentido común dominante en múltiples frentes. No extraña, por eso, que la República de Weimar fuera un portentoso laboratorio de iniciativas económicas, políticas y jurídicas, pero también de vanguardias estéticas y culturales que iban desde la arquitectura de la Bauhaus, de Walter Gropius, al teatro de Bertolt Brecht, pasando por la pintura de Georg Grosz o el cine de Georg Wilhelm Pabst. La propia Constitución de 1919 fue un producto de aquel singular microcosmos. En una línea similar a la Constitución mexicana de 1917 y a la soviética de 1918, ambas hijas de sendos intentos de republicanización revolucionaria, la Constitución de Weimar fue la primera en Europa en reconocer una serie de derechos sociales dirigidos a asegurar las condiciones materiales para el ejercicio de la libertad. Pero junto a ello, configuró además una Constitución económica que permitía desterrar la existencia de poderes privados incontrolados e imponer, a su vez, la planificación de sectores productivos estratégicos en función del interés general. Su célebre artículo 153, por ejemplo, recordaba que la propiedad “obliga” y que, precisamente por ello, quedaba sujeta a expropiación por causa de utilidad pública y con criterios flexibles de compensación. Su artículo 156, por su parte, contemplaba el control público de la economía en beneficio del interés general, bien a través de la nacionalización de sectores claves como del posible desarrollo de formas cooperativas de propiedad. Finalmente, el célebre artículo 165 –que tuvo entre sus principales mentores al jurista socialdemócrata Hugo Sinzheimer- preveía la participación de los trabajadores en la determinación de las condiciones laborales y productivas a través de los consejos de fábrica.
Lo cierto, sin embargo, es que aunque la constitución no era socialista, contenía un programa que no suponía obstáculo alguno para los intereses de las clases populares y trabajadoras. La tragedia de Weimar, en parte, fue el fracaso de las fuerzas republicanas de hacer efectivas las promesas de democratización política y económica contenidas en la constitución. La miopía de las izquierdas y la ferocidad de la derecha, más que éste o aquél artículo concretos, desempeñaron un papel crucial en todo ello.
Las promesas constitucionales y el fracaso de Weimar, en todo caso, tendrían una incidencia clara en el desarrollo del resto de las nuevas repúblicas de entreguerra, desde la austríaca a la española. Luego serían olvidadas o marginadas, tras la segunda guerra mundial, como ejemplo de una época de “extremismos” y “maximalismos” que convenía dejar atrás. Ese desdén se profundizó aún más con el auge del neoliberalismo que, con la astucia del ladrón que señala a la multitud que lo adelanta mientras grita “¡al ladrón!”- pretendió que cualquier intento de civilización de la vida económica estaba destinado a convertirse en un camino inapelable hacia la servidumbre. Las lecciones de Weimar, sin embargo, no se desvanecieron. Siguieron allí, y de hecho continúan interpelando con sorprendente vitalidad a la crisis que atraviesa el capitalismo remundializado de nuestra época.
Naturalmente, una de las lecciones más concluyentes de Weimar es que para imponer un programa republicano socialista no bastan las buenas ideas, las buenas constituciones o las buenas declaraciones de derechos. El derecho, como recordaba M. Luther King, necesita ayuda. Y el programa jurídico-político republicano de ilustración y auto-ilustración popular exige, hoy como ayer, la organización y la fuerza suficientes para remover los férreos privilegios económicos, políticos, militares y culturales que, también hoy como hace 90 años, obstaculizan su realización.
El constitucionalismo social de entreguerras entendió que sólo aquellos que vivían de su trabajo podían ser el motor de un proceso de transformación de esta magnitud. Que la centralidad del trabajo no ha perdido vigencia es tan cierto como que su conformación interna y su sentido político han sufrido transformaciones significativas: como consecuencia de su creciente precarización y feminización; de su composición nacional y cultural cada vez más diversa; o, finalmente, de una crisis ecológica que sólo permite atribuirle un sentido emancipatorio si es capaz de servir a las necesidades básicas de las personas y, al mismo tiempo, a la conservación y reproducción de la vida en el planeta.
La organización y movilización, en todo caso, de la “humanidad sufriente” a la que el capitalismo mundializado ha mercantilizado hasta extremos inauditos, depende también de la existencia de fuerzas políticas y sindicales capaces de articular intereses y tradiciones plurales en torno a demandas unitarias. Y es aquí donde los fantasmas de entreguerra vuelven a comparecer. Para recordar, frente a los “oportunismos” y “maximalismos” de diferente signo, que a menudo las reformas aparentemente moderadas son imprescindibles para hacer avanzar causas más radicales, al tiempo que las demandas radicales, aunque lleguen a incomodar, suelen ser con frecuencia, como admitía el propio Max Weber, la única vía para obtener reformas concretas Por eso tiene sentido, 90 años después, volver a Weimar y a su proyecto constitucional. Para superar sus evidentes límites, en la línea de lo que pedía el joven Kirchheimer, pero sin renunciar, como exigía Neumann, a lo que de actual mantiene aquel viejo programa republicano.

POR UN MUNDO GLOBAL CON INCLUSIÓN SOCIAL: LA DECLARACIÓN DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ABOGADOS LABORALISTAS

En el área cultural latinoamericana correspondiente a los juristas del trabajo, la Asociación de Abogados Laboralistas constituye una referencia insoslayable. Es manifiesta su posición de firme defensa de los derechos de los trabajadores y de sus sindicatos de clase. En el reciente congreso celebrado en México, han elaborado una extensa declaración de intenciones. Conocerla y posiblemente dialogar con ella desde Europa es del mayor interés, y seguramente algunos medios especialmente sensibles a este tipo de movimientos culturales y políticos, como la Revista de Derecho Social - Latinoamérica, lo publicará en sus páginas en el próximo número 6 (2009). Como adelanto, se copia a continuación.

CARTA SOCIOLABORAL LATINOAMERICANA

HACIA UNA SOCIEDAD PLANETARIA CON INCLUSIÓN SOCIAL



Los abogados laboralistas latinoamericanos, representantes de las asociaciones y agrupaciones adheridas a la ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ABOGADOS LABORALISTAS (ALAL), reunidos en la Asamblea General Ordinaria celebrada en la ciudad de México el 23 de octubre de 2009, aprueban por unanimidad la siguiente declaración:
El sistema capitalista está pasando por una de sus peores crisis, ya que los coletazos de la debacle financiera se han trasladado al resto de la economía mundial. Una de sus peores consecuencias es el flagelo del desempleo, que rompe varios récords en muchos países. La propia Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.) ha reconocido que la crisis ha barrido con millones de puestos de trabajo. Durante el corriente año 61 millones de personas fueron empujadas hacia la desocupación, y en el mundo hay 241 millones de desempleados, lo que representa la mayor cifra de la historia. En Estados Unidos, por ejemplo, el desempleo ha llegado casi al diez por ciento, la cifra más alta en varias décadas.
En su resolución “Para recuperarse de la crisis: un Pacto Mundial para el Empleo”, la O.I.T. dice que la crisis económica mundial “ha puesto al mundo ante una perspectiva prolongada de aumento de desempleo y agudización de la pobreza y la desigualdad”, a la vez que pronostica que, según enseñan experiencias anteriores, la recuperación del empleo sólo se alcanzará “varios años después de la recuperación económica”. Este organismo internacional reconoce en su documento que “El mundo debería ser diferente después de la crisis”, y mejor, agregamos nosotros.
Pero pecaríamos de ingenuos si pensáramos que la crisis del orden social y económico que está vigente en la inmensa mayoría de los países del planeta, se soluciona salvando a los bancos de la ruina, mediante la transferencia de billones de dólares aportados, en definitiva, por los contribuyentes de cada país. Más ingenuo aún es pensar que la solución pasa por una mayor regulación de los mercados financieros mundiales, medida absolutamente necesaria, pero también absolutamente insuficiente para alcanzar ese “mundo diferente” que propone la OIT.
La verdadera crisis del sistema capitalista son los más de mil millones de seres humanos que, según la FAO, padecen hambre y desnutrición. La crisis es el cuarenta por ciento de la población mundial que sobrevive con menos de dos dólares por día. Es el trece por ciento que no tiene acceso a fuentes de agua limpia y el treinta y nueve por ciento que no tiene agua corriente ni baño en su casa. El sistema está en crisis por la tremenda desigualdad social que ha generado, permitiendo que el veinte por ciento de los habitantes del planeta se queden con el setenta y cinco por ciento de la riqueza, mientras que el cuarenta por ciento que ocupa la base de la pirámide social sólo posee el cinco por ciento. Está en crisis porque, por ejemplo, mas de la mitad de la población del mundo no tiene acceso a un sistema de salud adecuado.
Está en crisis, en definitiva, porque produce ricos cada vez más ricos, a costa de pobres cada vez más pobres, no como una consecuencia no querida, sino como resultado natural y lógico de los principios y valores en los que se apoya. Esta tremenda desigualdad social se ve agravada por la impúdica ostentación de riqueza y poder que hacen las minorías privilegiadas. Sectores sociales dedicados al consumismo y al disfrute y que viven en la abundancia, que no tienen el menor pudor de exhibir su afán inmoderado de placeres frente a los que sufren miseria, indigencia y exclusión social.
El capitalismo ha generado una sociedad materialista e insolidaria, que no se conmueve frente a las situaciones radicalmente injustas que ella misma promueve de manera vergonzosa e inhumana. Un individualismo abyecto que todo lo ordena y subordina al provecho propio, avasallando sin culpa los derechos de los demás. Una clase social, particularmente en Latinoamérica, que es minoritaria pero rica y poderosa, y que monopoliza la producción, el comercio y las finanzas, aprovechando en su propia comodidad y beneficio todas las riquezas. Que goza de una enorme influencia en todos los poderes del Estado, y que la utiliza para mantener sus privilegios y reprimir toda amenaza a ellos. No en pocos países latinoamericanos un puñado de familias son propietarias de todos los bienes y riquezas, empujando a la pobreza y a la marginación a la inmensa mayoría del pueblo.
Es claro, entonces, que el capitalismo, en cuanto a la pretensión de todo orden social de ser justo, ha fracasado. Pero la caída del muro de Berlín y el colapso del llamado “socialismo real” ha dejado un vacío que aún no ha podido ser ocupado: la ausencia de un modelo social alternativo, apoyado en principios y valores diferentes. Y en esto somos nosotros, los intelectuales, los que estamos en mora con nuestros pueblos.
Sin lugar a dudas ha llegado el momento de dejar a un lado las actitudes defensivas y de decir lo que no queremos, para pasar a la etapa de comenzar a diseñar ese nuevo orden social, justo y solidario que esos pueblos merecen. Para ello es preciso convencernos que no hay nada que autorice a pensar que el sistema social vigente ha alcanzado una hegemonía total y definitiva. La ideología dominante nos ha querido convencer de que con el neoliberalismo la historia había llegado a su fin, y que cualquier cuestionamiento a ella era absurdo e irracional. La crisis actual del sistema capitalista prueba la falsedad de este slogan.
Pero es claro que entre el fracaso de un modelo social y su reemplazo por otro hay un largo trecho. Una cosa es tomar conciencia del agotamiento del modelo neoliberal, y otra muy distinta es ofrecer una alternativa creíble y convocante. Para ello tenemos que establecer con claridad los principios fundantes del nuevo orden social que anhelamos, elaborando una agenda concreta y realista de políticas e iniciativas. Un proyecto de cara al siglo XXI, que coloque al trabajador en el centro del escenario, que acabe con el flagelo del desempleo, que proponga una equitativa distribución del ingreso, que profundice la democracia y que baje a la realidad la justicia social.
A tal efecto, la ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ABOGADOS LABORALISTAS hace tiempo que viene proponiendo la construcción de un nuevo paradigma de relaciones laborales, que constituya un piso inderogable para todos los trabajadores latinoamericanos. Una respuesta global a una crisis global del sistema capitalista. Una Carta Sociolaboral para Latinoamérica, como paso previo a una Constitución Social planetaria.
No hay otra región del mundo en la que existan mejores condiciones para un efectivo proceso de integración social, económica y política. Sin embargo, estamos en mora en el cumplimiento de algo que es un imperativo que emana de nuestras propias raíces históricas y culturales, con el que soñaron todos nuestros próceres. Poderosos intereses económicos internacionales, y la colonización cultural de nuestras clases dirigentes, explican este fenómeno.
Pero Latinoamérica tiene un destino común, tal como lo demuestran los similares procesos históricos vividos desde hace seis siglos. La feroz ofensiva neoliberal contra los derechos de los trabajadores, que todos nuestro países sufrieron en la década del ‘90, debería ser una prueba mas que suficiente de la necesidad imperiosa de integrarnos para establecer una estrategia de resistencia a nuevos intentos de dominación y explotación que seguramente se avecinan, y para construir un modelo alternativo al vigente.
Hay un escenario político en Latinoamérica excepcional. Con sus distintas realidades y contradicciones, Cuba, Nicaragua, Ecuador, Venezuela, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia, viven procesos políticos que con mayor o menor intensidad apuntan a reemplazar el modelo social de los `90.
La Carta Sociolaboral para Latinoamérica debería establecer, en primer lugar, la libre circulación de bienes y personas, eliminando cualquier discriminación por razones de nacionalidad. Y debe fijar un denominador común en el nivel de protección de los derechos de los trabajadores, que actuará como un dique de contención frente a nuevos ataques que contra ellos intentará el neoliberalismo, quizás vestido con nuevos ropajes con los que pretenda disimular sus lacras y miserias.
Proponemos una legislación laboral supranacional, que contenga normas plenamente operativas e inmediatamente aplicables, para no repetir la triste experiencia de nuestros pueblos, de derechos y garantías constitucionales que se enuncian clamorosamente pero que jamás se bajan a la realidad.
La Carta Sociolaboral Latinoamericana debería consagrar el derecho a un empleo digno como un derecho humano fundamental. Un sistema de economía capitalista de acumulación privada ofrece un solo camino, a quienes no son titulares de los medios de producción, para acceder al consumo de supervivencia: el alquiler de su fuerza de trabajo para obtener una remuneración, que posteriormente pueda trocar por bienes y servicios. Esto significa que, por un lado, el trabajador se encuentra cautivo del sistema y, por otro lado, que éste sólo puede aspirar a un mínimo de legitimidad social si les garantiza a todos los trabajadores un empleo con una remuneración digna.
El ordenamiento jurídico, que pretende ser un sistema de organización social justo y de convivencia en paz, debería, en consecuencia, garantizar a los trabajadores un empleo estable que les posibilite tener un proyecto vital, o sea la posibilidad de construir un plan de vida que les permita pensar, a partir de una piso firme, en un futuro sentido como esperanza.
De esta premisa se desprenden varios derechos laborales que, repetimos, son derechos humanos fundamentales. En primer lugar el derecho al trabajo, que comprende el derecho a no ser privado de él sin justa causa. En segundo lugar la garantía de percepción de la remuneración, de la que se deriva la obligación de todos los que en la cadena productiva se benefician con el trabajo ajeno, de responder solidariamente ante la falta de pago. Ello sin perjuicio de la obligación de los Estados de crear fondos especiales para cubrir una eventual insolvencia patronal. Una remuneración digna, por otra parte, no es sólo aquella que le permite al trabajador cubrir sus necesidades y las de su familia, sino la que también contempla una creciente participación en la riqueza que el trabajo humano genera.
Pero todos estos derechos serían una mera fantasía si no se garantizara a los trabajadores la posibilidad de organizarse para defenderlos. Para ello la legislación debe asegurarles la libertad de asociación y la democracia interna. Sindicatos fuertes y dirigentes gremiales auténticamente representativos, democráticamente elegidos, y que sean la correa de transmisión de las demandas de sus bases y no voceros de los poderes constituidos, son la única garantía de la efectividad de los derechos laborales. Los representantes sindicales deberán gozar de la tutela necesaria para el ejercicio de sus mandatos, sin temor a represalias que puedan afectar su empleo o sus condiciones de trabajo. Además, deberá descalificarse todo tipo de discriminación o sanción contra cualquier trabajador o activista sindical, con motivo del ejercicio legítimo de sus derechos gremiales.
Lamentablemente observamos que en muchos de los países latinoamericanos se violan sistemáticamente los Convenios 87 y 98 de la OIT, sobre Libertad Sindical y Contratación Colectiva. México es un claro ejemplo de ello. El poder político y el poder económico, mediante prácticas que podemos calificar de mafiosas, intentan evitar que los trabajadores puedan constituir libremente sus organizaciones y elegir dirigentes auténticamente representativos. En Colombia la situación es aún peor, y la vida y la libertad de los activistas gremiales no vale nada.

Es en este marco que la ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ABOGADOS LABORALISTAS propone al movimiento obrero y a todos los gobiernos latinoamericanos la aprobación de una CARTA SOCIOLABORAL LATINOAMERICANA, que contenga, entre otros, los siguientes derechos y garantías:
1) Libre circulación de personas en el espacio comunitario, sin discriminación en razón de la nacionalidad y con igualdad de derechos;
2) Relaciones laborales democráticas y sin discriminación de cualquier tipo, de manera tal que el trabajador, ciudadano en la sociedad, también lo sea en la empresa;
3) Derechos de información y consulta, en todos los temas relativos a la vida de la empresa que puedan afectar a los trabajadores;
4) Derecho a un empleo estable, y prohibición y nulidad del despido arbitrario o sin causa;
5) Derecho a un trabajo digno y de calidad que, como mínimo, responda a las pautas de la Organización Internacional del Trabajo;
6) Derecho a una retribución digna, que cubra todas las necesidades del trabajador y de su familia y que, además, tenga en cuenta los beneficios obtenidos por el empleador;
7) Derecho a una real y efectiva jornada limitada de trabajo. Los Estados deberán ejercer con la energía necesaria y con los medios adecuados su Poder de Policía, para evitar toda trasgresión a los límites horarios máximos de labor;
8) Derecho a la formación y capacitación profesional;
9) Derecho a la Seguridad Social, que cubra las necesidades vitales del trabajador y de su familia, frente a las contingencias sociales que puedan afectar sus ingresos económicos. La Seguridad Social debe ser función indelegable del Estado, por lo que deberá revertirse el proceso de privatización que sufrieron nuestros países en la década del ´90;
10) Institucionalización de una Renta Básica Ciudadana, como derecho de cada persona, sin importar su raza, sexo, edad, condición civil o social, de recibir una renta para atender sus necesidades vitales;
11) Derecho a la efectiva protección de la salud y la vida del trabajador, frente a los riesgos del trabajo. La gestión del sistema de prevención y reparación de los daños causados por los siniestro laborales, no podrá estar en manos de operadores privados que actúen con fin de lucro;
12) Derecho a la organización sindical libre y democrática;
13) Derecho a la negociación colectiva, nacional y transnacional;
14) Derecho de huelga, comprensivo de las diversas formas de presión y protesta, y sin restricciones reglamentarias que lo limiten o anulen;
15) Protección laboral real y efectiva para los trabajadores afectados al servicio doméstico y al trabajo agrario;
16) Garantía del cobro de los créditos laborales, estableciéndose la responsabilidad solidaria de todos los que en la cadena productiva se aprovechan o benefician de la fuerza de trabajo asalariada;
17) Creación de Fondos que cubran los casos de insolvencia patronal;
18) Garantía de una Justicia especializada en Derecho del Trabajo, con un procedimiento que recepte el principio de protección;
19) Tutela para los representantes y activistas sindicales contra cualquier represalia que pueda afectar su empleo o sus condiciones laborales;
20) Principio de progresividad, que significa no sólo la prohibición de retroceso social, sino el compromiso de los Estados de alcanzar progresivamente la plena efectividad de los derechos humanos laborales.

Nuestra propuesta no es una utopía. Es el desafío de navegar con esperanza, aún en medio de un mar tormentoso, hacia la integración latinoamericana; hacia la Patria Grande con la que soñaron los héroes de las luchas por la independencia. Lucha que no ha terminado y que nos encuentra en la primera línea del frente, de la batalla por la emancipación de nuestros pueblos.


Ciudad de México, 23 de octubre de 2009.