miércoles, 22 de mayo de 2013

LA SOLEDAD DE LA CLASE OBRERA ITALIANA









Muchos de los lectores de este blog repasan asimismo otras bitácoras del ciberespacio de Parapanda, en especial la que constituye su buque insignia, Metiendo Bulla. En ella se hospedan, como se sabe, ilustres firmas y oportunas intervenciones sabiamente administradas por Don Jose Luis López Bulla y su alias Tito Ferino. Es seguro por tanto que los lectores de esta entrada hayan leído previamente el texto de Miquel Falguera , “Un pacto social, pour quoi faire?” (http://lopezbulla.blogspot.com.es/2013/05/un-pacto-social-pour-quoi-faire.html) en el que se realizan unas reflexiones muy extensas sobre la cultura del pacto welfariano – más allá de la cultura del pacto fordista – como jaula de hierro que encierra la manera de pensar del sindicato y condiciona su programa de acción. Con una prosa en la que predominan las simetrías con ángulos y facetas pronunciadas, típicas del estilo del autor, se desgranan una serie de consideraciones que tienen que ver indirectamente con el contenido del presente post, aunque el discurso de este bloguero es más partidario de las líneas curvas y de elipses, es decir, de una geometría sin aristas, como decía el poeta.

El sábado 18 de mayo, la FIOM, la federación de rama de los metalúrgicos de la CGIL, que está conduciendo desde hace al menos dos años una lucha aguda contra la segregación en las empresas y en la negociación colectiva que es objeto de la gran empresa transnacional del automóvil, la FIAT, con la connivencia de los otros dos sindicatos confederales del sector y la patronal del mismo, ha convocado una gran manifestación nacional en Roma, en la plaza de San Juan de Letrán. La convocatoria se situaba en un contexto político especialmente delicado, con el nuevo gobierno “de amplia mayoría” presidido por Enrico Letta, vicepresidente del Partido Democrático, que ha supuesto la derrota de una estrategia de centro-izquierda en el interior del propio PD, iniciada con la participación de más de tres millones de personas en las primarias del partido y la coalición del PD dirigido por Bersani con el grupo de izquierda SEL, liderado por Nichi Véndola.
 
La lucha contra las políticas de austeridad impuestas desde el gobierno financiero-institucional europeo y la revalorización de la centralidad del trabajo como eje de una política alternativa son las coordenadas dentro de las que se mueve este eje cultural e ideológico de una parte importante – electoralmente mayoritaria – de la izquierda italiana. La FIOM encabeza, en términos organizativos y de presencia pública, la oposición social a las políticas de austeridad y por consiguiente también al gobierno Letta. La manifestación del sábado se preparaba como una afirmación de una plataforma reivindicativa, un programa de acción que un gobierno progresista debería llevar adelante como forma de afrontar la grave situación de crisis italiana. El secretario general de la FIOM, Landini, resumía este programa en los siguientes puntos: “bloquear” los despidos que el nuevo art.18 del Estatuto de los trabajadores ha promovido, derogar la normativa que permite la inaplicación en la empresa de los convenios nacionales de sector, introducir la renta básica ciudadana – que en Italia se configura como una suerte de subsidio asistencial para todos los que no tienen empleo – una ley sobre la representación que permita fijar reglas sobre la representatividad que se basen en la voluntad de los trabajadores expresada en la elección de sus representantes, la realización de los derechos fundamentales previstos en la constitución, en especial el de libertad sindical en los lugares de trabajo y la negociación colectiva, y la refinanciación de la CIG como “amortiguador social” que permite suspender los contratos de trabajo y pagar una prestación sustitutiva a los trabajadores de las empresas en crisis, que de esta forma no se ven obligadas a despedirlos por causas económicas. 

Se trataba por tanto de todo un programa de reformas que requiere un sujeto político que lo lleve adelante. Éste último ya no es el Partido Democrático. Para la FIOM, el PD les ha dejado solos. No ha derogado las normas anti-sindicales aprobadas en el último gobierno Berlusconi, y ha apoyado la reforma del art. 18 del Estatuto aprobado con el gobierno Monti. Y no ha sido capaz de gestionar una salida progresista tras las elecciones, pese a tener la mayoría relativa y el premio de mayoría electoral, desembocando al final en un gobierno “de amplios consensos”. Ello no implica que no sea necesario ese sujeto. “El problema es si el trabajo y la izquierda volverán a sentirse representadas por ese partido” (...) “en Italia se necesita una política contundente que sea capaz  de representar al trabajo. La crisis de la izquierda nace justamente de ahí, de que no han sido capaces de representar al trabajo, un trabajo con derechos permanentes, no frágiles”. 

El planteamiento de la FIOM se instala por tanto en un espacio muy complicado, el de la representación del trabajo. El sindicato representa al trabajo, principal y casi exclusivamente al trabajo asalariado, pero también a sectores de la ciudadanía que se colocan en posiciones subalternas, sufriendo las asimetrías del poder. Esta representación, que en ocasiones se quiere limitar o restringir señalando que los sindicatos sólo representan a un tipo de trabajadores (estables, varones, a tiempo completo, preferentemente en la industria y en la construcción, según el modelo fordista), es sin embargo la seña de identidad del sindicato, de cualquier sindicato por muy corporativo que sea (en esos casos el ámbito de representación se reduce, pero no el nexo de representación). Tradicionalmente, desde los debates que dan origen al movimiento obrero organizado, junto al sindicato se situaba el partido obrero. Entre ambos se solía establecer una especie de reparto de funciones, pero ambas figuras eran representativas de una clase que estaba en una situación de conflicto abierto con la clase de los poseedores de los medios de producción y que detentaban la mayoría de la riqueza de las naciones. La gestión concreta de esta dualidad partido/sindicato y la progresiva conformación de la autonomía de ambos proyectos, sindical y partidista, y por tanto sin que se establezcan vínculos de subordinación o de suplencia entre ambos, ha ocupado de forma problemática varias décadas del siglo XX.

Sin embargo, la situación a partir de los años 80 y la pérdida de la hegemonía de la ideología del Estado Social y del modelo social, ha llevado a que gran parte de los partidos que se reclamaban de una ideología clasista, en los que en última instancia, y en una cierta articulación con los intereses de las clases medias, el trabajo formaba parte central de la cultura del partido y de su acción política y de gobierno, hayan cambiado de perspectiva. Hoy la crisis de una gran parte del pensamiento socialdemócrata se basa en una desvinculación de la forma partido del ámbito de la representación, la clase trabajadora o más sencillamente, las personas de ambos sexos que trabajan y viven de ello. Se ha producido la disolución del propio concepto de trabajador como integrante de una clase social en un concepto mucho más genérico de “ciudadanía” sin atributos ni inserción concreta en situaciones de poder derivados del hecho del trabajo prestado en régimen de dependencia y ajenidad para otro, en donde el trabajo no consigue situarse en el centro de las preocupaciones de las reformas emprendidas ni de las normas adoptadas. El Partido Democrático no ha sido socialdemócrata, pero ha sufrido en su propia trayectoria esta misma evolución, manteniendo sin embargo con más fuerza la referencia histórica a la representación de la clase como un dato ineludible, lo que sin embargo ha ido declinando en cada nueva cita electoral, siendo especialmente significativo el resultado de las elecciones generales de este año, donde el desplazamiento de las posiciones más “indignadas” de los trabajadores italianos no se ha producido del PD a los partidos de su izquierda, sino hacia un movimiento de origen y conformación muy diferente como el M5S. 

Pero esa difuminación consciente de la representación política del partido – que se manifiesta en la incapacidad del mismo para elaborar políticas diferentes en el plano económico-social en una confusión de plataformas bipartidista -  hace que el sindicato haya adquirido durante la crisis una posición de extraordinario relieve no solo en el plano económico y social, sino en el plano político como catalizador de un programa en torno a una pretensión tan importante como sencilla, mantener la cultura del trabajo, poner al trabajo en el centro de la sociedad y de las preocupaciones del gobierno, de cualquier gobierno, en una perspectiva emancipatoria de las condiciones de explotación y de desigualdad en la que se presta. La FIOM lo hace mediante este programa de reforma y de defensa de la constitución y de sus derechos, a través de la movilización y la presión sobre la CGIL para que ejerza de abanderada de esta posición de defensa de la clase obrera. La confederación sin embargo se encuentra en una posición más compleja que le lleva a matizar su actuación – el secretario general provisional del PD hasta el nuevo congreso es el ex secretario general de la CGIL, Epifani – y a conseguir acuerdos unitarios con las otras dos centrales sindicales que permitan una nueva regulación de la representatividad y de la negociación colectiva como el que se está llevando a cabo con la patronal italiana. Un acuerdo sobre representatividad que incorpora – por el momento - el derecho de los trabajadores a votar y aprobar los acuerdos colectivos pactados por los sindicatos y a convocar la huelga, una de las reivindicaciones centrales del planteamiento de la FIOM.

La manifestación puso de manifiesto la fuerza de la oposición social que se articula en torno a la FIOM, con la presencia de personajes icónicos de la transformación social como Stefano Rodotà en la tribuna, y entre la masa personalidades bien relevantes como Cofferati o Barca, del PD, además de la plana mayor del SEL con Nichi Vendola, y algunos diputados del M5S. Pero también sus límites. El PD no convocó a la manifestación y sus líderes más relevantes no asistieron. En el ámbito político, por tanto, sigue habiendo un cortocircuito entre la exigencia sindical de un programa de reformas y la actuación del partido que además preside un gobierno “amplio” con el centro y la derecha berlusconiana. En el sindical, el aislamiento representativo de la FIOM se refleja en la inasistencia de los demás sindicatos confederales a la concentración – por lo demás plenamente hostiles a su convocatoria - , y la frialdad con la que resultó acogida la intervención del enviado del secretariado de la CGIL, Nicolosi, que tuvo que recordar a quienes le interrumpían gritando “huelga general” que la CGIL había convocado en solitario siete huelgas generales contra los gobiernos de Berlusconi y una, coordinada a nivel europeo, el 14 de noviembre, contra el gobierno Monti. A la FIOM se han asociado tradicionalmente otros colectivos, en especial los estudiantes, y otros grupos que han ido desgranando sus luchas contra las políticas de austeridad – precarios de la educación y de la información, plataformas anti TAV – que sin embargo participaron en menor número en la manifestación pese a haber sido especialmente invitados. En el fondo,  el problema que se plantea es que algunas de las reivindicaciones esgrimidas en la manifestación no se perciben en sintonía con las preocupaciones culturales y políticas de estas capas de la población, más centradas en un cierto comunitarismo de nuevo tipo, en la subversión de los mecanismos representativos electorales y políticos y su sustitución por una participación más directa e individualizada de la población, en la difusión de un modelo económico que no sacrifique al crecimiento la conservación del medio ambiente, y así sucesivamente. 

A fin de cuentas, la identidad obrera reivindicada por la FIOM no es compartida no sólo en términos de mayoría social, sino también en términos de opinión pública, y es negada expresamente por la acción del poder público. Tampoco se asimila ni se metaboliza por los sujetos políticos en el proceso electoral, ni siquiera por aquellos que provienen históricamente de dicha identidad. Como se ha dicho, las identidades no son cosas, son imágenes de relaciones sociales, y dependen tanto de los que las asumen y adoptan como de los que las rechazan. 

El problema entonces es una vez más qué hacer. La alianza y compenetración con otros movimientos sociales de un sindicalismo como el representado por la FIOM – y la CGIL - tiene grandes dificultades para abrirse camino en la gobernanza real tanto en el sistema autónomo de relaciones laborales como en las políticas públicas, y se distorsiona en las ofertas políticas que se presentan a la ciudadanía en los procesos electorales. Tanto el conflicto como la necesidad de un acuerdo social y político resultan o improbables o ineficientes, y por tanto se desemboca en la urgencia de emprender una estrategia de reconstitución del espacio político desde una nueva perspectiva. Aquí se plantea por consiguiente el problema al que se refiere Falguera sobre los modelos culturales que rigen ese proceso reconstituyente en lo que se refiere al sindicato. Pero también el de las referencias a las que dirigirse. En el tema de los derechos, parece por el momento claro que la exigencia de democratización real y efectiva que va unida a la centralidad del trabajo tienen como referencia un modelo de constitucionalismo social fijado en los textos constitucionales nacionales pero también en los textos internacionales de alcance universal, como aparecen en las declaraciones de la OIT o la Carta de Derechos Fundamentales de la UE. No parece que este objetivo haya decaído en los “nuevos tiempos”, ni se haya debilitado ante la irrupción de nuevas identidades y de nuevas culturas. En todo caso, se fortalecen estas exigencias de mayor participación y más calidad de la situación que garantizan los derechos sociales básicos y los derechos colectivos e individuales derivados del trabajo. 

Por tanto, los medios de los que dispone el sindicalismo en el horizonte de sentido en el que nos movemos, no tienen la eficacia “clásica” que poseían en el escenario en el que se fueron generando, pero las propuestas y los fines elaborados y defendidos por el movimiento sindical son plenamente coherentes y convenientes. Es más, el sindicato es un sujeto activo – junto a otros, pero de modo determinante –  en la reformulación del espacio político y está cooperando muy diligentemente a la solución de la problemática que trae la crisis combatiendo las políticas erróneas para luchar contra ella. Y con la paciencia del viejo topo, sigue escarbando en solitario pese a las dificultades del terreno y a carecer de herramientas idóneas para proseguir su marcha.
                                                               

martes, 21 de mayo de 2013

UNA PROPUESTA PARA COMBATIR LA TEMPORALIDAD




Economistas frente a la crisis es una asociación muy activa que se ha creado sobre la base de (y enfrentada a) grupos de opinión y de presión tan poderosos como FEDEA, que orientó de forma muy intensa la acción en materia económica y social del gobierno Zapatero cuyas propuestas tienen una importante acogida en la prensa du Régime, en especial en la orientada al llamado centro-izquierda. Economistas frente a la crisis no tiene como es previsible esa aceptación de los media y carece del cariñoso amparo que los periódicos y las televisiones brindan a cualquier exponente neo-liberal. En su seno actúan también juristas y sociólogos junto a los economistas que da nombre al conjunto, y precisamente un grupo de los mismos acaba de publicar en su página web, una propuesta para combatir la temporalidad, que a buen seguro será analizada con interés por el sindicalismo confederal y los grupos políticos de la izquierda que aspiren a cambiar el actual panorama desolador del empleo y la demolición de los derechos derivados del trabajo. Este es el texto, que se puede encontrar en Economistas frente a la crisis.



Para proteger a todos, no es necesario desproteger a la mayoría: aspiremos a crear empleo de calidad


Ignacio Pérez Infante, Alberto del Pozo Sen, María Luz Rodríguez Fernández, Borja Suárez Corujo y Jesús Cruz Villalón.

En colaboración con Economistas Frente a la Crisis
En España, además de la dramática situación de desempleo, que hoy afecta a más de 6,2 millones de personas, nos aqueja una alta tasa de temporalidad. El 22% de los/as trabajadores/as tienen contratos temporales, el segundo registro más elevado de toda la Unión Europea, donde la temporalidad no supera de media el 15%.
Hay quienes creen que estos males de nuestro mercado de trabajo se combaten con reformas laborales, pensando, seguramente con buena intención, que las leyes por sí solas tienen un poder taumatúrgico y pueden cambiar las causas que motivan ese uso intensivo y más que abusivo de la contratación temporal.
Sin embargo, es más que posible que, sin actuar sobre las causas del desmedido uso de la contratación temporal en España, las leyes solas no puedan, por idílicas que se presenten, alterar una cultura de la temporalidad que está anclada en la raíz de nuestro modelo de relaciones laborales desde hace casi 30 años.
Las leyes, efectivamente, no pueden alterar por sí solas el modelo productivo de la economía española, de marcado carácter estacional y con un nivel de productividad media por ocupado/a relativamente reducido, con un elevado peso relativo de la construcción y de las actividades turísticas y con un relativamente reducido peso de las actividades industriales, sobre todo de las más intensivas en capital y en cambio tecnológico y de los servicios más innovadores y de mayor productividad.
Estas características de nuestro modelo productivo, que son ajenas a nuestro mercado de trabajo, marcan sin embargo el desarrollo del mismo.
Un modelo económico, como ha sido el nuestro en el pasado, con mucho peso de actividades de escaso valor añadido y uso intensivo de mano de obra provoca, primero, una escasa exigencia de cualificación en los/as trabajadores/as, y, en segundo lugar, un elevado nivel de rotación, que seguramente están en la base de las altas tasas de temporalidad en la contratación habidas en nuestro país y en la propia segmentación de nuestro mercado de trabajo.
Es, por tanto, el modelo productivo el que propicia la utilización de empleos precarios, dados su bajos requerimientos de cualificación y experiencia, y no al revés. Es verdad que no puede negarse un cierto efecto contario, en el que la facilidad de uso de modalidades contractuales precarias también posibilita el surgimiento de empresas y actividades poco productivas y en sectores de escaso recorrido. Pero este es un efecto mucho más marginal que el que produce el propio modelo productivo.
De este modo, un cambio en nuestro modelo de crecimiento económico será un elemento decisivo de cambio de nuestro mercado de trabajo. Con toda probabilidad, la temporalidad y la segmentación presentes en el mismo se combaten mejor con la apuesta por la educación, la formación y el desarrollo de actividades económicas con alto valor añadido que con cambios en las normas que regulan los contratos de trabajo.
Esto no significa que las reformas de las leyes no tengan ningún papel que cumplir en relación con el mercado laboral. Desde luego no es crear empleo, que depende de las necesidades productivas. Pero el sistema laboral, y el de contratación en particular, sí generan incentivos y expectativas que modulan el comportamiento de las empresas y los/as trabajadores/as. La pasada reforma laboral, por ejemplo, al facilitar el despido en épocas de crisis, ha incentivado la destrucción de empleo. Pero, sobre todo, la legislación laboral define el tipo de empleo -y el modelo de relaciones laborales- al que aspiramos como sociedad.
Pues bien, ni siquiera en momentos de grave crisis económica debemos renunciar al discurso y la defensa de la calidad en el empleo. Es verdad que es muy difícil hablar de calidad en el empleo cuando lo que sucede es que no lo hay y más de 6 millones de personas están desempleadas. Pero la experiencia vivida en la gestión de la crisis nos ha demostrado la certeza de la convicción de que la precariedad no crea empleo.
Es más, la necesidad de generar empleos en nuestra economía debe ser inherente a la mejora de la calidad de los mismos. Porque, siendo imprescindible y urgente elevar nuestro nivel de empleo, lo es igualmente hacer que este sea más productivo, seguro y estable. Se trata no sólo de impulsar la creación de empleo, sino de reforzar el valor del trabajo como elemento esencial de las capacidades de desarrollo económico y social del país.
En este sentido, el elevado nivel de precariedad que caracteriza el mercado laboral español es incompatible con el necesario cambio de modelo de crecimiento y del empleo que requiere nuestra economía.
Ninguna reforma laboral hasta el momento ha sabido corregir esta situación. En buena medida porque, como hemos dicho antes, los resultados del mercado laboral son derivados de la estructura y modelo productivos del país y ninguna de ellas ha actuado contra estas causas. Pero también porque estas reformas no han tenido la capacidad de cambiar comportamientos que se arrastran desde hace décadas, y que han aprovechado los incentivos perversos que ha establecido nuestro sistema de contratación, y en especial algunas modalidades contractuales de fácil y muy barata extinción e insuficientes o ineficaces mecanismos de control.
El enquistamiento de nuestra elevada temporalidad es el resultado del abuso que se ha hecho de un sistema de contratación esencialmente bien diseñado y similar al existente en los países de nuestro entorno, pero al que se ha corrompido por la ausencia de control y su utilización sesgada e interesada. Así, el contrato de carácter temporal se ha utilizado como mecanismo de abaratamiento permanente de costes, perverso instrumento de flexibilidad empresarial (externa), y canal de inserción de los/as trabajadores/as, funciones todas ellas impropias y de efectos indeseables, pero que se han generalizado en el mercado laboral.
A veces parece olvidarse que los/as perjudicados/as no son sólo los/as trabajadores/as, sino también las empresas y, desde luego, el conjunto del sistema productivo de nuestro país. Porque la temporalidad tiene un indiscutible impacto en la calidad del trabajo, lo que reduce la productividad y la competitividad de las empresas; al tiempo que reduce los salarios de los/as trabajadores/as y, en general, lleva aparejado un deterioro de las condiciones de trabajo.
Por si no fuera poco, la reforma laboral de 2012 ha agravado de forma drástica esta precarización de las condiciones laborales en nuestro país, promoviendo un mercado laboral más ineficiente e injusto. Y ha insistido en una progresiva reducción de las garantías de aquellos/as trabajadores/as con contrato indefinido, elevando la precariedad global del mercado de trabajo.
Por eso es urgente recuperar la centralidad del principio de estabilidad en el empleo. Y ello exige partir del reconocimiento de la causalidad de la contratación como rasgo referencial de nuestro sistema de entrada y salida en el mercado laboral. Así, en la medida en que ha sido la quiebra de facto de la causalidad la que ha originado la elevada precariedad actual, parece adecuado reforzarla con actuaciones desde diversas ópticas, que, incorporando medidas que no se han explorado hasta ahora de forma decidida, pueden ser reconducidas a dos grandes esferas.
En primer lugar, la lucha contra la precariedad debe venir de la corrección de abusos en la contratación temporal a través de un reforzamiento efectivo de la causalidad de estas modalidades contractuales:
  • derogar el llamado “contrato indefinido de apoyo a los emprendedores”, por no ser más que un contrato temporal de un año de duración que puede extinguirse en cualquier momento sin alegar causa alguna y sin pagar ninguna indemnización (la clave no es si un contrato se llama temporal o indefinido, sino si el empleo que se crea mediante el mismo se comporta como un empleo estable o uno precario, se llame como se llame el contrato);
  • limitar de manera más estricta el encadenamiento de contratos temporales, acortando el tiempo máximo de referencia para la conversión del contrato en indefinido y limitando el número máximo de renovaciones;
  • establecer como contenido mínimo de los convenios colectivos la determinación de un porcentaje máximo de contratación temporal admisible en la empresa, sancionando con la presunción de indefinición iuris et de iure los contratos temporales que sobrepasen el umbral de temporalidad establecido y con la nulidad el despido de los/as trabajadores afectados/as;
  • desvincular el contrato de obra o servicio determinado del fenómeno de las contratas y subcontratas, que es la causa de la temporalidad endémica en algunos sectores de actividad productiva, especialmente del sector servicios;
  • controlar la temporalidad injustificada en el ámbito de las Administraciones Públicas y del tercer sector, especialmente la creada al calor de programas de subvenciones públicas;
  • en línea con la imposición de responsabilidades económicas reforzadas (astreintes) del sistema francés, establecer una cuantía absoluta de indemnización de 6.000 euros por cada condena judicial declarando que la relación laboral entre las partes era de carácter indefinido por haber sido ilegal la contratación temporal efectuada: se trata de una indemnización fija que no depende ni de la antigüedad del/a trabajador/a en la empresa ni de la duración del contrato y que tiene efectos disuasorios frente a la utilización fraudulenta de la contratación temporal;
  • evitar la temporalidad “deslaboralizada” mediante el establecimiento de mecanismos de seguimiento y control del uso indebido del trabajo autónomo y de los programas de prácticas no laborales y becas en las empresas, para evitar que reemplacen la contratación laboral e impedir el encadenamiento entre las becas y los contratos en prácticas.
De otra parte, hay que aproximar los costes de los contratos indefinidos y temporales, de manera que la temporalidad sea mucho más costosa y se convierta en una excepción frente a la regla general, que debe ser el contrato estable:
  • incrementar sustancialmente las cotizaciones de los contratos temporales compensando una posible reducción de las cotizaciones de los contratos indefinidos;
  • establecimiento de un sistema de cotizaciones decrecientes en función de la prolongación en el tiempo del contrato de duración indefinida;
  • establecimiento de un modelo bonus-malus en la cotización por desempleo, de manera que aquellas empresas que superen los índices de temporalidad media habidos en el sector de actividad al que pertenezcan tengan un plus de cotización y aquellas que estén por debajo de dicho índice tengan un reducción en la misma.
En paralelo a las medidas anteriores, la estabilidad en el empleo también exige que reforcemos el principio de causalidad en la extinción de la contratación indefinida. Frente a posiciones que vinculan la facilidad en el despido con la creación de empleo, que la reforma laboral de 2012 ha demostrado completamente fallidas e incorrectas, debemos recuperar el debate de la causalidad en la extinción del contrato de trabajo. Ello está en línea con el reconocimiento del derecho al trabajo que hace nuestra propia Constitución, en su artículo 35, y con la Carta Comunitaria de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
Pero hay más: la plena preservación de la causalidad en el despido constituye una pieza clave para el desarrollo de unas relaciones laborales en las que la incorporación de la flexibilidad no se realice en detrimento de la seguridad de los/as trabajadores/as. No debemos olvidar que la causalidad del despido actúa como factor de impulso de las medidas de flexibilidad interna, escasamente utilizadas hasta la fecha en nuestro país, no porque seamos diferentes al resto de los países europeos, sino precisamente porque en España existe una enorme facilidad para despedir.
Estas son nuestras propuestas. Todas ellas dirigidas a acabar con la precariedad y no a extenderla, utilizando el pseudónimo de “contrato único”, a todos/as los/as trabajadores/as de nuestro país.

viernes, 17 de mayo de 2013

EL RESPETO A LOS PROCEDIMIENTOS DEMOCRÁTICOS DEL GOBIERNO DE ESPAÑA






Es bien conocido el manifiesto desprecio y la ignorancia de todos los procedimientos consultivos o deliberativos sobre las normas jurídicas de eficacia general que mantiene el actual gobierno de España. En materia laboral, los ejemplos son múltiples y continuados. La vía de urgente necesidad se ha convertido en la forma normal de producción del derecho, dejando en una situación de subalternidad permanente al Parlamento. Naturalmente eso implica la elusión de las distintas instancias de mediación y de consulta de otros órganos de participación. La práctica en materia económica y social se extiende a terrenos en donde el respeto de las formas constituye una garantía para el respeto de derechos básicos, como es la libertad y la seguridad de las personas. El Código Penal, una pieza maestra de la deriva autoritaria y regresiva del gobierno del PP encarnada en el ministro Ruiz Gallardón está siendo tramitado ignorando los más elementales requisitos democráticos. Jueces para la Democracia ha elaborado un comunicado que explica este atropello democrático y la burla a los requisitos fundamentales que se está generando en este proceso de tramitación de la norma. A continuación se inserta el documento de JpD.

EN DEFENSA DEL PROCEDIMIENTO DEMOCRÁTICO




El 11 de octubre de 2012 el Consejo de Ministros aprobó el Anteproyecto de Reforma del Código Penal, sin duda el más regresivo de la historia de la democracia por su desproporcionada crueldad, remitiéndolo a los órganos competentes para la elaboración de los preceptivos informes conforme a la legislación vigente. Tras recabar los informes del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo Fiscal, el día 4 de abril de 2013 se remitió al Consejo de Estado, último órgano informante. Sin embargo, el texto remitido no es el mismo informado por el Consejo General del Poder Judicial ni por el Consejo Fiscal. Por el contrario, se trata de un texto que incluye numerosas novedades sustanciales. Huelga decir que una vez emita informe el Consejo de Estado, el nuevo texto será aprobado por el Consejo de Ministros como Proyecto de Ley para su envío como iniciativa legislativa al Congreso de los Diputados.
El Gobierno pone de relieve, nuevamente, su más absoluto desprecio hacia las reglas procedimentales. Con su modo de proceder, hurta al Consejo General del Poder Judicial y al Consejo Fiscal la posibilidad de emitir informe sobre las novedades incluidas en el texto, violando con ello el artículo 108.1.f) de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
El escaso respeto que al ejecutivo y al grupo parlamentario que lo sustenta les merece el órgano de gobierno de los Jueces ha quedado claro mediante la suspensión ad hoc de la normativa que regulaba el proceso de elección de vocales del Consejo General del Poder Judicial, y mediante la proyectada reforma de este último, en trámite parlamentario, que lo jibariza para impedir que desempeñe su función de garante de la independencia judicial.
Este nuevo paso patentiza algo más, la evidencia de un salto cualitativo. La democracia se articula sobre la base de un conjunto de reglas que nos dicen cómo deben adoptarse las decisiones colectivas. Ciertamente, para que un estado sea verdaderamente democrático, no basta con el cumplimiento de tales reglas. Además es necesario que la legislación y la acción de gobierno se ajusten al programa de valores de la Constitución, lo que siempre es susceptible de controversia y distintos puntos de vista. Ahora bien, lo que no es discutible es que si las reglas se incumplen, el sistema deja de ser democrático. Esto es lo que, con honda preocupación, constatamos que se está produciendo. Y por ello, como asociación judicial defensora de los principios democráticos, queremos llamar nuevamente la atención de la opinión pública.

Madrid, a 17 de mayo de 2013.

El Secretariado de Jueces para la Democracia.