Bajo este
título, se celebra hoy, 5 de mayo, en el Auditorio Marcelino Camacho de Madrid,
un acto, en el mes dedicado a la Cultura y el Trabajo que ha organizado el
Ateneo 1 de Mayo de la USMR de CCOO, que dirige Paula Guisande. En él intervendremos Rafa Fraguas, Pedro de Alzaga, Concha Roldán y un servidor de
ustedes. A continuación se colocan unas reflexiones generales que
tangencialmente abordan el tema objeto del debate.
No es ningún secreto para nadie
que desde hace ya mucho tiempo la libertad de prensa y la libertad de
información no cumplen los objetivos que decían perseguir en una democracia
liberal. La prensa libre ofrecía a la ciudadanía información sobre los acontecimientos
desde una visión pluralista de manera que ésta pudiera formar su opinión
libremente basada en su propio juicio y razón, lo que consecuentemente
convertía a la prensa y a la imprenta en elementos fundamentales para pensar y
decidir políticamente. La creación de la prensa obrera se insertaba en este
paradigma liberal, ofreciendo un punto de vista diferente y alternativo a la
prensa burguesa, pero compartiendo la idea de la función iluminista y formadora
de opinión de ésta. Hace ya mucho tiempo que con la llegada de los medios de
comunicación de masas, estas nociones se han modificado, pero aún se puede
encontrar una fuerte reivindicación del valor informativo de una televisión
pública y de calidad, de unos medios de comunicación que educan, informan y
suministran una valoración ponderada y plural de la realidad.
Las dictaduras aborrecen la
libertad de información y el pluralismo y conforman una suerte de monopolio
informativo acompañado de la censura previa. De estas cosas en España sabemos
mucho, porque la dictadura de Franco pasó cuarenta largos años sobre estas
bases, aunque agrietadas en el tardofranquismo especialmente a partir de las
revistas mensuales o semanales de opinión – Cuadernos para el Diálogo, Triunfo
– o las revistas de humor – Hermano Lobo, Por Favor – que recibieron en muchas
ocasiones los zarpazos de la ley de Prensa de Fraga y que tenían un contrapunto
en la numerosa y cada vez más desarrollada prensa clandestina. La instauración
del sistema democrático trajo consigo una explosión pluralista de medios de
expresión libre, que conocieron su cénit entre 1976 y 1986. Prensa y
comunicación libre y pluralista, con una fuerte influencia de la cultura de
izquierda que se prolongaba en la producción de libros, la prensa sindical y
política, las librerías.
A partir de la década de los
noventa, sin embargo, la situación comienza a cambiar, y la despolitización
generalizada incide en un cambio importante en el tejido televisivo y en la
propia conformación paulatina de los medios de comunicación como una importante
oportunidad de negocio. La lucha de las plataformas digitales, la concesión de
licencias de radio, y la globalización de las inversiones en medios de
comunicación, van cambiando de manera acelerada el espacio de la información,
que progresivamente se va homogeneizando políticamente, impidiendo la expresión
del disenso o simplemente de opiniones discordantes.
La situación es ya muy crítica en
la primera década del siglo, cuando se producen las últimas escaramuzas para
crear una prensa diferente, dando por perdida cualquier posibilidad de
encontrar un espacio plural en las televisiones públicas, como señalan los
terribles casos de Tele Madrid o de Canal 9 y luego repetidos en tantas otras.
La fusión de cadenas y la concentración de empresas en este medio es a su vez
otro elemento característico. Los periódicos “formales” se sitúan
ideológicamente de forma cada vez más pétrea y la consecuencia es doble: la
invisibilización de la protesta social y la desinformación y el adoctrinamiento
como norma de estilo.
La libertad de información se ha
convertido en libertad de empresa. Grandes corporaciones financieras e
industriales dominan plenamente el soporte mediático de la información, y
condicionan la libre expresión de las ideas, impidiendo de hecho el pluralismo
ideológico y político. Más aún, conscientes de su capacidad de “construir”
realidad, tergiversan y manipulan los hechos, silencian las voces y las
opiniones discordantes, marginan las expresiones de resistencia y de disenso
que excluyen de la crónica continua de una normalidad inducida, y desacreditan
de forma impresentable cualquier actitud, opinión o decisión que sea crítica
con ese estado de cosas. Las televisiones púbicas en nuestro país, tras los
cuatro años del Partido Popular, se han convertido en un vertedero de tópicos y
consignas de apoyo al gobierno y al partido que le sostiene. Una parte de la
prensa sostenida y “empotrada” en el poder económico sirve con entusiasmo esos
mismos fines, y es premiada por ello como demuestra el esperpento de nombrar al
director de La Razón comisario honorario de policía por los servicios
prestados. Otra, con más nervio, muestra su autoridad exigiendo – y obteniendo-
actitudes concretas de los sujetos políticos en liza, denigrando con violencia
cualquier iniciativa de cambio social o económico. Sólo algunos medios digitales nacen como residuo de la información plural.
Todo ello en medio de un panorama
de destrucción de empleo, despidos y desaparición de la profesionalidad del
oficio del periodista. Que se encuentra cada vez más precarizado y sin
derechos, mano de obra que tiene que servir voluntaria y colaborativamente las
indicaciones del patrón. Aunque éstas sean indignas y falsas. La libertad de prensa
se encuentra amenazada, y el oficio de periodista es hoy un espacio de trabajo
sin apenas autonomía, inestable y de baja remuneración. Los medios
tradicionales se recomponen económicamente a cada instante, y la información se
refugia en medios digitales principalmente. Con la crisis económica general, los despidos colectivos recorren este sector diezmando a sus profesionales.
La voz de los trabajadores, la
libre expresión y opinión de quienes se encuentran en una posición subordinada
social y económicamente, sus vivencias y sus problemas, no encuentran acomodo
en el panorama mediático actual. No sólo son silenciados e invisibles, sino que
con gran frecuencia la imagen que se proyecta es plenamente deformada. En
especial respecto de las organizaciones que representan a las trabajadoras y
trabajadores de este país. Hay un preconcepto sobre el sindicato que oscila
entre la ineficiencia y la impotencia, en las visiones más “positivas”, hasta
su prescindibilidad y arcaísmo, pasando por la clásica retahíla de corruptelas
y complicidades. El sindicato que se construye para la opinión pública no tiene
mucho que ver con el sindicato que actúa en los lugares de trabajo, pero
justamente esa es la consecuencia posiblemente buscada, la de desconectar esa
experiencia organizativa y de acción colectiva de la capacidad de ese mismo
sujeto de presentar un proyecto de reforma y transformación de la sociedad. De
esta manera se muestra como algo inviable la acción colectiva que tiene sus raíces
en la explotación del trabajo, al oscurecer cualquier vínculo del sindicalismo –
preferentemente el confederal, u “oficial” según la prensa – con esa situación
básica del dominio del poder privado en el trabajo concreto, exhibiéndolo por
el contrario como un sujeto público, casi una para-administración pública que
gobierna de manera ineficaz los vaivenes del empleo y es incapaz de lograr
soluciones a la realidad social del país.
Este uso desviado de la
información que silencia y deforma a la vez tiene su momento exasperante con
ocasión de los grandes conflictos o huelgas promovidas por los sindicatos.
Entonces se presenta al sindicato como un grupo de matones que amenazan a las
personas hornadas que quieren trabajar o abrir su negocio en el día de huelga,
y la cobertura mediática busca fotografiar el enfrentamiento con la policía, las
hogueras en las calles, las nubes de humo. La represión posterior y selectiva
frente a estas medidas de conflicto no aparece, ni siquiera como una
consecuencia natural de la forma de mostrar el desarrollo de la huelga. En el
caso de la represión penal de los piquetes de huelga y la aplicación del delito
de coacciones laborales, ha tenido que ser la movilización sindical en las
calles la que consiguiera que – no todos, principalmente los medios digitales –
se hicieran eco de esta ofensiva represiva.
La libertad de expresión de las
clases subalternas es extremadamente débil, y la voz de la clase social de
quienes trabajan, pese a poseer instrumentos organizativos de densidad
afiliativa y representativa consistentes – mucho mayores que los partidos
políticos – no se transmite al resto de la sociedad. La mediación que ejercita
una información sometida plenamente a los intereses de los grandes grupos
económicos que la controlan, obstaculiza esta conexión entre la situación de
origen, el trabajo asalariado, devaluado en gran medida y precarizado de forma
importante, y el proyecto de sociedad más igualitaria y libre, en el que la
democracia implique pleno ejercicio de derechos sociales en el marco de un
Estado comprometido en la nivelación social y el impulso a una economía plural,
no plenamente dominada por las instituciones financieras.
