TEMPORALIDAD Y PRECARIEDAD LABORAL: REVERTIR LA SITUACIÓN NORMATIVA

Se ofrece en este blog una versión del editorial del número 74 de la Revista de Derecho Social que corresponde al trimestre de verano y que comenzará a recibirse el lunes 4 de julio - fecha emblemática para los nacidos en ese día, como se sabe - en los domicilios de los y las suscriptoras. La foto que acompaña esta entrada está hecha en una Marcha anti OTAN  a Torrejón de 1983, y muestra la imagen de un numeroso grupo de profesores de las universidades de Madrid, afiliados a CCOO que montaron un denominado Grupo Universitario Autónomo de Izquierda (GUAI), con el que firmaban pasquines y convocaban acciones de manera unitaria sin tener que encuadrarlas en el organigrama de las organizaciones "oficiales" a las que pertenecían. Todas y todos ellos eran todavía trabajadoras precarias y a tiempo determinado en sus respectivas universidades. Y sobre qué hacer con la temporalidad laboral discurre la nota que se presenta a continuación.

A juzgar por los resultados de las últimas elecciones del 26 de junio, se diría que una parte de los votantes – casi 8 millones – juzgan que la situación económica y social es buena, y que se ha efectuado frente a la crisis la política correcta, que es además la única posible en el marco de la Unión Europea. Esta apreciación resulta especialmente interesante respecto de la situación en la que se encuentra el trabajo en la actualidad, con una tasa de desempleo que no baja del 20% desde 2009, una importante rotación de empleos sobre la base de la temporalidad, precariedad vital de importantes sectores de la población tanto de jóvenes –la edad media de abandonar la casa familiar es la de 34 años, más de 100.000 jóvenes cualificados han abandonado España en un año – como de mujeres – el descenso de la tasa de natalidad,  aumento de la brecha salarial de género, extensión del trabajo de cuidados ante la inexistencia de ayudas y de servicios - y de una buena parte de la población que está en el riesgo de pobreza, con los llamados “trabajadores pobres”. Cada vez el trabajo se remunera con menos dinero, mientras que la desigualdad aumenta exponencialmente. Por si fuera poco, el fondo de reserva de la Seguridad Social ha visto disminuir su capacidad de respuesta año a año utilizado de forma incorrecta por el Gobierno, que acaba de retirar casi nueve mil millones de euros del mismo.

Esta mirada no se corresponde con la gran cantidad de votantes que han sostenido y valorado positivamente las políticas que han conducido a esta situación. Parecería por tanto que viviéramos en países diferentes o, cómo posiblemente dirían los  votantes del PP, que quienes mantenemos esta mirada sobre la realidad  distorsionamos la misma, incapaces de reconocer el valor y el éxito de las decisiones del gobierno del PP. Unos anteojos antiespañoles, dada la identidad que se ha establecido entre España y el Partido Popular como discurso oficial del gobierno de ese partido.

Y sin embargo no se trata de una descripción sugestionada por la consideración extraordinariamente negativa de la actividad de gobierno de este cuatrienio, como si empleáramos las “gafas judías” con las que Víctor Klemperer veía el lenguaje y el discurso del III Reich mientras una gran parte del pueblo alemán lo compartía. No hay en nuestra sociedad “embotamiento generalizado, insensibilidad y ausencia de voluntad” que impida el pensamiento y la crítica. Hay sencillamente  datos verdaderamente cualificados que explican el proceso de destrucción del trabajo con derechos que se ha ido produciendo con la coartada de la crisis y la declaración consiguiente de una suerte de estado de excepción que permitiera esta oleada de devastación democrática. Desde el comienzo de la crisis se han producido cinco millones de despidos de trabajadores con contratos indefinidos, el gran ajuste que se realiza a través de la llamada flexibilidad externa, despidos y temporalidad, cuya utilización es favorecida e indicada por la legislación laboral aprobada en las sucesivas reformas laborales, en especial la del 2012.

Los miembros del gobierno que se ocupan de estas cuestiones insisten en recordarnos que se han creado medio millón de empleos en los últimos 12 meses.  Pero la Encuesta de Coste Laboral del primer trimestre de 2016 indica que tanto el coste laboral como uno de sus componentes, los salarios, han caído un 0,2% hasta marzo. UGT cifra en 40.000 millones de euros la cantidad que han perdido los asalariados españoles en el reparto de la renta nacional desde 2009 por culpa de la devaluación de sus sueldos. Los salarios no despegan porque el empleo creado es precario, con contratos breves, en sectores con una fuerte estacionalidad. A lo que se une el predominio del tiempo parcial configurado como única forma de empleo, frecuentemente temporal, que rebaja salarios y cotizaciones sociales.

La OIT ha alertado sobre este fenómeno en Informe 'Perspectivas sociales y del Empleo en el Mundo. Tendencias 2016'. "En España se da desde hace ya muchos años una situación en que más o menos la tercera parte de aquellos que tienen un trabajo lo tienen en situaciones de cierta precariedad, con empleos temporales, o empleos también a tiempo parcial" y añade que “la creación de empleo sigue sin resolver uno de los grandes problemas en la economía española, a saber, la dualidad del mercado de trabajo español ya que la tasa de temporalidad interanual sube del 24,6 % en el tercer trimestre de 2014 al 26,2% en el mismo trimestre de 2015", de manera que "uno de los principales problemas del mercado laboral español es que en muchos casos con contratos cortos, a veces empleos temporales de una semana. En junio se supo que uno de cada cuatro contratos que se firmaba dura una semana o menos".

Por otra parte, el empeoramiento de la calidad del empleo deriva en una buena parte de la población en exclusión social. La devaluación salarial afecta fundamentalmente a las rentas salariales más bajas, que en el período de tiempo entre 2009 y 2014 han perdido más de un 25% de poder adquisitivo.  El hecho de trabajar no exime de la pobreza. La precarización de las condiciones laborales ha elevado del 14,2 al 14,8% el porcentaje de trabajadores pobres, y la tasa de pobreza entre las personas en paro se sitúa en el 44,8%, según datos del informe anual Análisis y perspectivas 2016 de la Fundación Foessa de Cáritas, dedicado en esta edición a la expulsión social y recuperación económica, que constata además un aumento del 9% del riesgo de pobreza desde el inicio de la crisis. El informe de la OIT antes citado alerta también del elevado número de familias en riesgo de situarse por debajo del umbral de pobreza, una cifra que aumenta inexorablemente: del 27,3% de la población en 2013 al 29,2% en 2014.

Estamos por tanto en una situación generalizada de precarización del empleo, es decir no sólo destrucción de empleo y aumento del paro junto con un efecto de sustitución y de rotación de la mano de obra, sino fundamentalmente “un deterioro acelerado y significativo de los estándares y de la calidad del empleo”, falta de tutela colectiva y sindical y debilidad económica. Es el resultado de un largo proceso que el período 2010-2015 ha acelerado en el que resulta característico el ajuste mediante la flexibilización externa que, en el ámbito estrictamente laboral, se concentra en dos señas de identidad claras: la flexibilidad “fuera de norma” de la contratación temporal, en lo que los economistas denominan off shore y que consiste en la descausalización de las figuras de contratación temporal y la insuficiencia de las medidas correctoras de este fenómeno, y, en segundo término, la impunidad de los despidos injustificados y su carácter abrumadoramente definitivo, sobre la que las reformas laborales  del 2010 y sobre todo del 2012 han incidido especialmente abaratando el despido y facilitando su adopción por los empresarios.

Ello sitúa en primer plano por tanto la problemática de la contratación temporal, aun siendo conscientes de que su consideración debe siempre realizarse en relación con los instrumentos normativos y colectivos que disciplinan el despido y la extinción del contrato, y que la noción de temporalidad no abarca la de precariedad, sino que constituye un vector de la misma.

Es ineludible plantearse un cambio de las normas que disciplinan esta materia. La temporalidad ha suscitado la atención de los programas de los partidos políticos que, desde múltiples posiciones, aspiraba al “cambio político” y a la sustitución del gobierno del Partido Popular en las elecciones del 26 de junio recientes. En buena medida, la “segmentación del mercado de trabajo” entre indefinidos y temporales es el punto de partida para justificar la propuesta de “contrato único” que defiende Ciudadanos y que influyó en el acuerdo entre este partido y el PSOE en la fallida investidura de ambos en marzo del 2016, aunque en este caso se confrontan dos visiones sobre la contratación temporal y la relación con el principio de estabilidad en el empleo que parten de presupuestos teóricos y de marcos de referencia diferentes respecto de las que normalmente se han defendido desde el movimiento sindical y los partidos de izquierda. El resultado electoral último, aunque sea incierto el tipo de gobierno que puede salir de él, no hace presagiar un cambio importante respecto de las bases sobre las que se ha ido desarrollando la temporalidad y la precariedad laboral. Y parece difícil que el PP se eche para atrás sobre la regulación laboral de los contratos temporales que ha efectuado.

Sin embargo, el juego de mayorías en el Congreso no necesariamente debe llevar a una irreversibilidad absoluta de la situación legislativa en esta materia – como en tantas otras, por cierto. Hay que tener en cuenta que son muchas las voces que buscan acabar con esa utilización abusiva e incorrecta de los tipos de contratación temporal disponibles, en especial el contrato para obra y servicios y el eventual por circunstancias de la producción. Se pueden encontrar en los diferentes programas políticos propuestas para una revisión del marco normativo de muy diferente alcance. Y no sólo en el ámbito de los programas electorales.  De manera muy especial, un grupo de estudio de profesores universitarios plantearon, en el marco del II Congreso Trabajo y Economía y Sociedad, organizado por la Fundación 1 de mayo en noviembre del 2015, una batería de medidas que sin duda parten de un enfoque muy ajustado a la realidad de las relaciones laborales y a la aplicación concreta en este aspecto del art. 35 de la Constitución.

Lo que es evidente es que la temporalidad requiere ser reconfigurada normativamente. Es imprescindible reforzar el principio de estabilidad en todo el itinerario laboral, redefiniendo el principio de causalidad y tipicidad. Eso implica recuperar el principio de presunción de indefinición del contrato del art. 15.1 ET, eliminar el contrato de apoyo a los emprendedores que tiene como período de prueba un año, lo que ha sido considerado por el Comité Europeo de Derechos Sociales contrario al art. 4 de la Carta Social Europea, revisar la regulación del encadenamiento de contratos temporales, y definir de manera clara la diferencia entre el contrato temporal en fraude de ley y los meros incumplimientos formales. La recuperación efectiva del principio de causalidad obligaría a excluir la contrata de servicios como justificante y marco de los contratos de obra y una acotación más precisa en la definición del objeto de este contrato. Los elementos disuasorios de la contratación temporal irregular deberían ser desarrollados igualmente. Ello implicaría reforzar el marco sancionador, incluyendo sanciones económicas específicas adicionales a las derivadas de las resoluciones judiciales condenatorias por uso abusivo, fortalecer la capacidad calificadora de la Inspección de Trabajo respecto del contrato indefinido, y profundizar los planes inspectores sobre la contratación temporal, y romper la analogía con el despido improcedente para los casos de contratación temporal fraudulenta, que deberían llevar aparejada la readmisión del trabajador.

La temporalidad es un instrumento de flexibilización que tiene que ser reconducido a un espacio de actuación razonable y congruente con la función institucional que este tipo de contratación persigue. De lo contrario se favorece la desigualdad entre los trabajadores que efectúan un trabajo de igual valor, se permite la utilización de estas figuras contractuales en fraude de ley, y se disminuye la capacidad contractual y de presión de este gran colectivo de personas que trabajan y, naturalmente, se degradan sus condiciones de trabajo y de existencia, en especial las relativas a la salud y a los derechos de conciliación entre la vida personal y laboral.

Aunque la dislocación y fragmentación del trabajo que caracteriza nuestro modelo laboral tenga ya una larga tradición, no puede dejarse pasar el momento en el que se comience a poner los medios para revertir esta situación, tanto desde un cambio en el marco normativo como en concreto en las acciones que los sujetos sociales puedan llevar a cabo a través de experiencias determinadas. Lanzar una fuerte ofensiva en el terreno de la comunicación social y del debate sindical sobre esta materia concreta tendría sin duda una buena acogida y permitiría avanzar las líneas de trabajo político-social que tienen que ir diseñando los ámbitos del debate en la opinión pública y en la discusión de las fuerzas parlamentarias.

TRABAJO, EMPLEO Y ELECCIONES GENERALES

La presente entrada viene a reproducir casi en su totalidad, el texto que se ha publicado en el digital bez.es con el mismo título que se publicó el martes pasado. Aquí sólo se han alterado los párrafos finales.

El tiempo electoral está atravesado por un gran número de discursos. El punto focal con el que se desenvuelven no suele sin embargo basarse en el trabajo, que no construye por tanto el armazón de las propuestas que los partidos presentan a la ciudadanía como programas democráticos. El trabajo no se considera – como sin embargo asegura un repetido slogan sindical – el centro de la sociedad en tanto elemento creador de riqueza y vector de cohesión social. Del empleo si se habla, de la situación del empleo, de su carencia como desocupación, de la calidad del mismo. En los debates organizados para la estabulación de los candidatos y de sus tiempos de exposición, el empleo es un punto del catálogo de materias que se deben abordar. Es un tema en el que se prodigan las cifras. La mayoría de estas son terribles. Lo que vienen a decir es que a la destrucción acelerada de empleo de los primeros años de la crisis, ha seguido una estabilización del desempleo en niveles superiores al 20 %, y el empleo que se crea a partir de la tan publicitada “recuperación económica” es en su mayoría precario, inestable, temporal y de baja calidad salarial. Que se aprecia un aumento generalizado del incumplimiento de la normativa laboral y que se reduce la tasa de cobertura de los convenios colectivos. La brecha de género se incrementa en igual medida que la tardanza en incorporarse los jóvenes al empleo, muchos de los cuales se ven obligados a abandonar el país. Y la exclusión social se dispara, con la presencia por vez primera en nuestro país del fenómeno de los trabajadores pobres. Pero la forma en la que se quiere presentar el tema en el debate impide relacionar este escenario desolador con la pérdida de derechos y la degradación democrática que se ha producido con ocasión de la crisis, mediante la alegación de una suerte de estado de excepción económica que considera el campo de los derechos como un obstáculo a la recuperación de la gran empresa y las instituciones financieras.

Esta descripción devastadora es además ignorada por una buena parte de los medios de comunicación y por los sujetos e instituciones mediadores ante la opinión pública. En el mejor de los casos se presentan como fenómenos inevitables de una naturaleza inclemente frente a los cuales sólo cabe acostumbrarse y someterse como corresponde a la presencia de un destino irresistible. Otras opiniones – que provienen por cierto de personas de alto relieve social – no hablan del empleo y su degradación, sino del trabajo como hecho político y democrático que pertenece al pasado. El contrato por tiempo indefinido, la exigencia de estabilidad y seguridad, la tutela colectiva y legal de unas condiciones de trabajo y de existencia decentes que se definen como derechos individuales y colectivos ligados al trabajo, son todas ellas, en ese discurso paralelo a los discursos electorales, categorías en vías de desaparición, residuos del pasado. En otros momentos, las opiniones vertidas por algunos comunicadores sociales son ya realmente obscenas por estar penetradas por un clasismo impensable en cualquier medio de comunicación que se pretenda compatible con el sistema democrático. Lo destacable es que estas manifestaciones – como la de burlarse de quienes pretenden un aumento del salario mínimo – ocupan un lugar preminente en la conformación de la opinión pública desvalorizando precisamente los discursos políticos que atienden a la vulnerabilidad del trabajo y la necesidad de su revigorización material como forma de vida.

Entre tanto ruido mediático y tanta algarabía no hay apenas espacio para dar visibilidad al trabajo y a la importancia que éste asume para un sistema democrático. No sólo para denunciar las situaciones de desigualdad y de injusticia a que está conduciendo su consideración exclusivamente mercantil y su mera reducción a coste económico, sino para enunciar un proyecto de emancipación social que pasa necesariamente por la reformulación profunda del marco normativo vigente y la introducción de elementos fuertes de reforma de la empresa y del mercado en el que se fortalezca la posición del sujeto sindical y sus poderes de gobierno de las relaciones laborales tanto frente al empresariado como a los poderes públicos. Aunque ha habido opciones políticas en esta convocatoria electoral que han asumido este diagnóstico como propio y en su programa se encuentra el compromiso de promover medidas y políticas en consonancia con el mismo, su mensaje no se ha transmitido con nitidez, no se ha distinguido de otras materias que eran resaltadas en la prensa y en las redes sociales, no se ha difundido contundentemente ni ha acallado los temas que se situaban en el interés de la comunicación mediática. Es cierto sin embargo que a  la ciudadanía se le supone que tiene que votar informada y que con poco esfuerzo se sabe escuchar y distinguir las voces que revalorizan el trabajo como centro de la política y de la democracia, como clave de la asignación de derechos y de realización de políticas públicas. Distant voices, still lives, como se  titulaba un bellísimo film de Terence Davies. Somos muchos los que las hemos escuchado, aunque muchos menos de los que deberían oírlas y se esperaba que lo hicieran. Pero esa reivindicación del trabajo y la crítica a su mercantilización, el rechazo a la explotación, ha recogido importantes consensos electorales. Sólo hay que ponerlos en marcha, aprovecharlos, actuar desde la política y a través de lo social para ir desarrollando ese impulso emancipador y democrático. 

LA TELA DE PENÉLOPE

Varios seguidores del blog se han quedado frustrados ante los resultados electorales. El blog hermano Metiendo Bulla hablaba de humillación para quienes esperábamos ampliar el espacio de crítica y de propuesta alternativa y lograr la reversibilidad de las reformas impuestas durante los cuatro años del gobierno PP (2011-2015). En el post anterior se hacía un análisis de la necesidad de este cambio político. En la siguiente entrada se ofrecen algunas modestas reflexiones sobre los resultados del domingo.

Los resultados de las elecciones de 26 de junio han sido decepcionantes. No sólo por la pérdida de votos del centro izquierda y de la izquierda, sino por el fortalecimiento del polo neoliberal en torno al Partido Popular, como la referencia hegemónica de la derecha que asume tanto la herencia del postfranquismo, especialmente visible en torno a la apropiación de los aparatos de Estado, como la modernidad del ajuste antisocial en sintonía con el comando financiero-político europeo.

Cabalgando a lomos de encuestas unánimemente favorables al crecimiento de la izquierda – que se equivocaron también de manera generalizada en los pronósticos – el incremento de 850.000 votos para el PP respecto de las elecciones de diciembre y la obtención de casi ocho millones de votos en total (7.906.185), ha supuesto una enorme decepción para quienes apostaban por la consolidación de una alternativa de cambio político que condujera a un gobierno de izquierdas. Es cierto asimismo que en el 2011, el PP obtuvo 10.830.693 votos, y que por tanto a lo largo de la crisis ha perdido tres millones de votantes, que pueden fácilmente situarse en la cifra - 3.123.769- con los que cuenta Ciudadanos (C’s), al menos en el nicho de sufragios en el que se sitúa actualmente, también él con importantes pérdidas de consensos – en torno a 400.000 votos – pero aun conservando un bien significativo 13 % del total de votos emitidos.

En el otro lado, el partido más afectado por su indeterminación frente a las políticas de crisis ha sido el PSOE. Que ha pasado de los 11.300.000 votos del 2008 tras el primer gobierno de Zapatero, a casi siete millones en el 2011 y, tras la irrupción de Podemos, a 5.530.779 el 20 de diciembre del 2015 y, finalmente, de nuevo estabilizado en junio en 5.424.709, con tan solo 90.000 votos menos que en las primeras elecciones, y con el orgullo de haber resistido y ser la primera preferencia en votos del bloque de centro izquierda e izquierda, con cuatrocientos mil votos de diferencia sobre Unidos Podemos (UP) y pese a su fallido pacto con Ciudadanos para intentar gobernar en minoría en la anterior y brevísima legislatura.

Ambos partidos, que se repartían en turno el gobierno del Estado español con el apoyo puntual de los partidos nacionalistas vascos o catalanes, han reducido sustancialmente el ámbito de consensos electorales, lo que por el momento parece ser un dato incontestable y permanente del panorama político español, que ha modificado por tanto el bipartidismo imperfecto en el que se desenvolvía.

La izquierda, agrupada electoralmente en Unidos Podemos, ha obtenido 5.049.734 votos, el 21,10 % del total, pero ese resultado no se corresponde con la suma que habría debido obtener entre los votantes de Podemos y los de Izquierda Unida que se registraron en diciembre del 2015 y que propició la unión entre ambas fuerzas. Novecientos mil votos largos que debería haber recibido esta opción electoral y que al no anotarse en estas elecciones se percibe como una refutación no esperada de las grandes expectativas de crecimiento de una alternativa de cambio real que pusiera en acto los objetivos impulsados por las grandes movilizaciones de estos últimos años. Sucede sin embargo que no todos los votos no allegados provienen de los territorios donde se presentaron en el 2015 por separado IU y Podemos, sino que en los espacios electorales de las confluencias unitarias – Catalunya (-75.000), Valencia (-20.000) y Galicia (-60.000) – también se han producido pérdidas significativas de votos, especialmente en Galicia, donde la coalición ha perdido uno de los seis escaños obtenidos en la anterior legislatura.

Como es natural, han sido muchos los motivos que se alegan para este fiasco. Posiblemente la repetición de las elecciones alejó en el tiempo y en el contenido una parte del voto emocional, de rechazo al PP y a sus políticas de ajuste y de represión popular, pero también otra parte de aquellos que habían votado a Podemos como forma segura de poder expulsar del gobierno al PP y se han sentido decepcionados por la incapacidad política de esta fuerza para lograr su objetivo y permitir que Rajoy siguiera en funciones. Otros, en parte coincidentes con los anteriores, no han aprobado la alianza electoral y previsiblemente funcional de IU con Podemos, como también otros tantos entienden que la democracia directa de los círculos de Podemos ha sido ignorada en la elaboración de las listas electorales. Finalmente, una no desdeñable porción de electores considera, a la vista de la experiencia de la legislatura pasada, que la política es incapaz de ofrecer solución a sus problemas de existencia y por tanto no merece la pena participar en ese espacio simbólico de la representación. En algunos casos estas disonancias han propiciado la abstención, y en otras el retorno al voto socialista, como previsiblemente puede comprobarse en la comunidad de Madrid, donde además la resistencia a la IU de Garzón es especialmente fuerte tras los combates fratricidas tan dilatados en el tiempo desde hace dos años.

Es cierto asimismo que la continuada agresión mediática y del resto de los principales actores políticos contra UP ha podido ser muy eficaz, especialmente para propiciar la reordenación del voto de la derecha frente a un posible gobierno construido en torno al reconocimiento de UP como primera fuerza electoral de la izquierda. El miedo a un gobierno de progreso – que el PSOE por su parte negaba con continuos ataques a la coalición rojo-verde-morada – dirigido por la izquierda transformadora ha movilizado a muchos votantes para vigorizar al partido que aparece como un antagonista eficiente de este polo político. Por otra parte, la confrontación entre el PSOE y UP no ha favorecido precisamente a esta última, pese a su política de “mano tendida” que por otra parte se contradecía en algunas declaraciones de candidatos de UP especialmente desafortunadas. La pregunta final al respecto es si la confluencia con IU le ha perjudicado a Podemos, y la respuesta a la misma es el objeto del debate en el interior de la coalición UP, que probablemente tenga en cuenta que en la confluencia de ese cúmulo de factores, la unidad electoral ha sido beneficiosa para mantener al menos la misma fuerza parlamentaria que en diciembre del 2015.

Tampoco ha ayudado a la izquierda la vicisitud británica, el referéndum y la decisión de abandonar la Unión Europea. Durante el período electoral ha sido patente el abandono o la omisión por parte de todas las fuerzas políticas de cualquier debate serio sobre Europa y las reformas necesarias de las instituciones y de las políticas europeas, pero también y de forma llamativa por UP. Pero la victoria del leave ha hecho explícito que cualquier alternativa de cambio en un país como España tiene que desarrollar un programa de acción en la Unión tanto frente al diseño hasta el momento hegemónico neoliberal como respecto de la necesidad de encontrar las vías para poner en práctica medidas de democratización de las instituciones de gobierno de la UE. La inteligente relación que el conglomerado mediático ha efectuado entre el referéndum y la victoria de los populistas se trasladaba mecánicamente a cuestionar el derecho a decidir como fórmula de resolver el problema de la estructuración territorial del Estado español y sus negativas consecuencias – el abandono de Gran Bretaña de Europa que sugería el triunfo del soberanismo en una consulta en Catalunya. Además el Brexit cogió con el pie cambiado a los líderes de la coalición de izquierdas que no lo pudieron integrar en un discurso ya elaborado o presentado sobre la Unión Europea a lo largo de la campaña.

Por su parte, en el frente nacionalista, hay una cierta continuidad respecto de las elecciones de diciembre. En Catalunya, donde se han hecho públicas las conversaciones rufianescas del Ministro del Interior que utiliza los aparatos de estado para desprestigiar falsamente y eliminar a sus adversarios políticos, ERC se mantiene fuerte y Convergencia, pese a su crisis, tiene un peso electoral atendible. Pero es En Comú Podem el partido más votado en Catalunya y eso tiene que ver con la percepción de una buena parte del electorado catalán sobre la capacidad de esta fuerza política de organizar consensos en torno al nuevo diseño del Estado y el ineludible derecho a decidir, lo que por cierto plantea importantes problemas de futuro para esta legislatura. En Euskadi, el PNV pierde un escaño, Bildu se mantiene con una discreta presencia, y de nuevo el partido que es preferido en el Pais Vasco es Podemos.

Ahora bien, ¿Cuál es el cuadro actual al que nos enfrentamos, más allá de la desilusión ante las expectativas no cumplidas y dejando de lado los análisis de toda la prensa escrita extasiada ante el triunfo de Rajoy y el bloque de la derecha? Todos dan por supuesto que el PP debe formar gobierno, aunque ninguno parece reparar en que este partido adolece de una fuerte rigidez programática y de dirigencia que le dificulta una negociación abierta. El PP ha aumentado 14 escaños, ciertamente, pero necesita todavía 39 para obtener la mayoría y ser investido. Está prácticamente descartado cualquier acuerdo con los partidos catalanes, y tampoco es previsible que el PNV preste su apoyo. No le será fácil en cualquier caso salvo que acuerde algún tipo de programa de reformas de una parte de sus realizaciones efectuadas en estos cuatro años. Además ese gobierno – para el que sería preciso la abstención del PSOE o/y de los partidos nacionalistas – estaría siempre en una posición de fragilidad ante el Parlamento, donde sólo cuenta con una mayoría sólida en el Senado que puede obstaculizar y retrasar iniciativas del Congreso, pero no impedirlas. A partir de este momento, no resulta posible utilizar el mecanismo de la legislación de urgencia que ha regido los cuatro años de gobierno del PP en la crisis, porque el control parlamentario puede (y debe) ser muy incisivo. Unidos Podemos y el PSOE, tienen 156 diputados, que pueden impulsar proyectos de ley de reforma con buenas posibilidades de éxito confrontándose así a la labor de gobierno del PP en minoría.

Además de una legislatura en la que el parlamento sea un espacio de debate público y de control del gobierno y de su actividad normativa, lo cierto es que la consolidación del PP por otros cuatro años, aunque sea en coalición y sin mayoría parlamentaria es una pésima noticia. Ante todo porque los aparatos de estado, en especial la policía y la magistratura, seguirán bajo el dominio que genera la apropiación partidista de los mismos, junto con el sostenimiento de fortísimos  grupos de presión  corporativos que imponen la impunidad de toda la cúpula del PP inmersa en graves delitos de corrupción – cohecho, prevaricación, enriquecimiento ilícito y toda la gama de conductas criminales que son conocidas por el gran público y que “están descontadas” electoralmente respecto de los votantes del PP –, justifican con entusiasmo la restricción de derechos de libertad y los derechos laborales a la vez que aseguran  la utilización del aparato policial para desacreditar y eliminar a los contendientes políticos, sean ´estos nacionalistas o progresistas. En este ámbito es imprescindible un impulso de regeneración al que el PP no puede sin embargo acceder por puro instinto de supervivencia: el ingreso en prisión de órganos enteros de dirección del partido no es algo que pueda entrar en el acuerdo político de gobierno. El nivel de disfrute de los derechos democráticos básicos volverá a descender peligrosamente.

El segundo tema es el de la irreversibilidad de las reformas “de estructura” que ha llevado a efecto el PP, especialmente en materia laboral, y que ha conducido a una situación de crispación y de desprotección muy evidente. No es previsible que cualquier acuerdo de gobierno con C’s por ejemplo implique un cambio en estas políticas, que son fundamentales para la Unión Europea y sus objetivos de devaluación salarial y anulación del poder contractual colectivo de los sindicatos. Junto a ello, en un segundo nivel, la fuerte tendencia a la privatización y fragmentación desigual en los servicios públicos esenciales como la sanidad y la enseñanza, las reformas de Wert, será confirmada por un nuevo gobierno Rajoy. En ambos casos, pero especialmente en el primero, los sindicatos y las organizaciones sociales se verán obligados a reprogramar la movilización y la protesta, porque la situación de exasperación social en la que nos encontramos y la destrucción del tejido conectivo que se está efectuando y profundizando conduce inexorablemente a la progresiva eliminación de una cultura de solidaridad y la debilitación del proyecto emancipador que está en la base del imperativo democrático y constitucional.

Donde es seguro el recrudecimiento del conflicto es en el terreno de la reconformación de los poderes derivados de la autonomía política de las nacionalidades catalana y vasca. La apropiación obscena por parte del PP de la idea del españolismo – que se pudo apreciar especialmente en el discurso de Rajoy la noche electoral del 26 de junio – hace prever un reverdecimiento de la confrontación a niveles posiblemente irreparables. Es un terreno de lucha incómodo para las izquierdas de otros territorios, pero donde será necesario un esfuerzo importante de debate y de encuentro ideológico en el marco de una futura España federal.

El otro polo de conflicto será Europa, en donde se están produciendo movimientos telúricos y enormes turbulencias. El plan neoliberal que ha caracterizado desde hace seis años las políticas europeas ha generado desigualdad y privilegios de una parte, un impresionante sentimiento de desafección que ha deslegitimado de manera posiblemente permanente la idea de la Unión Europea y de la que sin duda se ha hecho eco la decisión mayoritaria de los británicos, y un florecer de desconfianzas y de tratos degradantes a las personas más vulnerables, los refugiados en primer término, pero también otro tipo de personas para las que la noción de ciudadanía europea está plenamente vaciada de contenido. La democratización de Europa impone esfuerzos especiales de coordinación internacional y de acciones conjuntas que no pueden esperar. La lucha contra  el TTIP  puede ser un buen indicador de los caminos que deben seguirse a ese respecto.

Se abre un tiempo difícil, por tanto. Pero los luchadores sociales, los sindicalistas, los juristas progresistas, los economistas y sociólogos alternativos, los dirigentes políticos del cambio, mujeres y hombres de las clases subalternas con conciencia y cultura democrática y en general las personas que pretenden cambiar las cosas para que la vida de la mayoría se mejore y para eliminar el sufrimiento y la miseria de tantas otras gentes, saben que la conectividad social y la acción política se hacen y de deshacen ante acontecimientos nuevos que alimentan estos procesos de transformación. La representación simbólica que presenta hoy el cuadro político electoral español no es el deseado ni esperado, pero implica la consolidación de un amplio espacio de crítica y de propuesta alternativa que permite alimentar un conflicto permanente y una larga trayectoria de erosión del poder económico privado que comanda la administración y el gobierno del Estado. Desde el punto de vista europeo, Unidos Podemos es una referencia política ineludible y esperanzadora, y la reafirmación de los vínculos de esta formación con los sindicatos y los movimientos sociales en el interior del Estado español, pero también en el espacio europeo, nutrirá un proyecto de amplio respiro encaminado a la emancipación de mujeres y hombres acorde con las exigencias sociales y culturales del siglo XXI. Tejiendo de nuevo lo que se ha desligado, en un proyecto colectivo que está convencido de su realización progresiva.