LA AUDIENCIA ELECTORAL DE LOS SINDICATOS FRANCESES

Ha sido una noticia que ha ocupado los editoriales de todos los periódicos franceses, incluso la primera página de algún diario especialmente comprometido con la derecha económica como Le Figaro. En el sector de la empresa privada, la CFDT ha desplazado a la CGT como primera fuerza sindical, lo que  se ha definido como un “seísmo” para el paisaje sindical francés que se encuentra dividido y en muchas ocasiones enfrentado a partir de la presidencia de Hollande y su gestión de la crisis en materia socio –laboral. Entre nosotros este tipo de noticias no producen interés ante todo por la cada vez más acentuada concentración de noticias sobre el gobierno y el sistema de partidos de España, y la escasa atención a lo que sucede en la organización de los espacios de representación del trabajo en Europa tras la crisis, salvo en lo que se refiere a noticias relacionadas con el descrédito o el cuestionamiento de los dirigentes sindicales y los esfuerzos por cooperar a la criminalización de las luchas obreras.

El sistema de representatividad francés cambió de manera muy importante en el 2008, al abandonar los criterios históricos que validaban la presencia de los sindicatos en la negociación colectiva y sustituirlos por voto electoral de los trabajadores. El sistema de la audiencia electoral, que es el que se utiliza entre nosotros como criterio para medir la mayor y simple representatividad, se fue poniendo en práctica de manera progresiva, de manera que el cambio de reglas no fuera excesivamente brusco. La audiencia electoral en Francia se calcula a partir de la agregación de los resultados de las “elecciones profesionales” de representantes del personal en las empresas de más de 11 trabajadores realizadas durante un período de cuatro años, en este caso entre el 1 de enero del 2013 y el 31 de diciembre de 2016, así como en las elecciones en las muy pequeñas empresas y en las cámaras de agricultura. El score requerido para ser representativos a nivel nacional es el 8% de los votos, que es el mismo porcentaje para fijar la representatividad en los sectores o ramas de actividad. En las empresas, sin embargo, se requiere el 10% de los votos expresados. Esta representatividad se emplea como legitimación en la negociación colectiva pero también para designar proporcionalmente a su capacidad representativa, los miembros del sindicato en los Conseils de Prud’hommes que tienen funciones jurisdiccionales en materia de relaciones laborales. La audiencia electoral es importante para medir la implantación real de los sindicatos en ese país, dado el pluralismo sindical existente y la baja tasa de afiliación que es característica del caso francés. La CGT declara tener casi 700.000 afiliados y la CFDT 850.000 en su conjunto, tanto en el sector público como en el sector privado.

Es importante señalar que la representatividad se basa sobre los votos emitidos y no sobre los miembros de los órganos de representación elegidos, como entre nosotros. El total de votos emitidos ha sido 5.245.000, una participación del 42,76%, sobre la cual la CFDT ha obtenido 1.342.000 votos y la CGT 1.302.000. La CGT ha obtenido muy buenos resultados en las muy pequeñas empresas (menos de 11 trabajadores), pero la abstención en estas ha sido abrumadora, un 92,65% y ello explica para los comentaristas la pérdida de ese primer puesto que clásicamente había ocupado la confederación de la que es Secretario General Philippe Martínez (en la foto).

La comparación de los resultados electorales respecto de las elecciones del 2013 – las primeras efectuadas conforme al nuevo sistema de la Ley del 2008 – y las actuales de 2017 se muestra en la siguiente tabla:

Centrales sindicales	2013 (porcentaje voto)	2017 (porcentaje voto)
CGT	26,77	24,85
CFDT	26,00	26,37
CGT-FO	15,94	15,59
CFE-CGC	9,43	10,67
CFTC	9.30	9,49
UNSA	4,26	5,35
Solidaires	3,47	3,46

En las empresas de más de 11 trabajadores, donde la participación ha sido del 62,63%, la CFDT ha ganado en cuatro años 103.000 votos, mientras que la CGT ha perdido en ese mismo lapso de tiempo 2.103.

La ley establece asimismo un “peso relativo” de la representatividad repartiendo el total con la exclusión de las centrales sindicales que no han alcanzado el 8% requerido para medir la representatividad a nivel interprofesional y por ramas. En esta determinación, que es la que recoge la orden que fija la representatividad por parte del Ministerio de Trabajo, el resultado permite acrecer la representatividad obtenida en los sufragios directos, y de esta manera, se establece en un 30,32% CFDT, 28,57% CGT, 17,93% FO, 12,27% CFE-CGC y 10,91% para la CTFC. Estos datos sin embargo deberían desagregarse en  las distintas ramas, en donde la CTFC puede que no alcance el 8% requerido aunque haya llegado al diez por ciento en su total, y la  presencia de los sindicatos minoritarios UNSA y Solidaires, será también muy irregular en las mismas, aunque no en grandes empresas en las que están implantados.Junto a ello, la CFE-CGC, que encuadra ingenieros, técnicos,  encargados, profesionales y cuadros, tiene, en este sector, más de un 19,% de los sufragios, y es la central que más ha subido proporcionalmente en estas elecciones.

Todos estos datos corresponden al sector  de la empresa privada, por lo que tienen que relacionarse asimismo con la función pública, en donde la CGT sigue siendo mayoritaria desde las elecciones efectuadas en el 2014 y por consiguiente eso le permite afirmar que, en su conjunto, mantiene el primer puesto en total, con casi un 25% de los sufragios de los trabajadores y empleados públicos franceses. Ello no le ha impedido afirmar, que “no puede estar satisfecha de ese resultado” y que el mismo se debe interpretar más como ausencia del sindicato en algunos lugares de trabajo que cómo pérdida de credibilidad en la preferencia de los electores, puesto que allí donde la CGT se presenta a las elecciones, obtiene buenos resultados. Es por tanto el “déficit de presencia” del sindicato el que debe ser corregido, sin perjuicio de anotar el retroceso de la central en algunas grandes empresas.

Pero para los comentaristas el cambio  de tendencia en la audiencia electoral del sector privado es importante, porque se interpreta como la aceptación de la línea reformista del sindicalismo francés, representada por la CFDT, frente a la línea llamada “contestataria” que simboliza CGT. En efecto, en un paisaje sindical caracterizado por la división y el pluralismo sindical, el bloque reformista  - en el que junto a la CFDT se coloca el sindicalismo cristiano de CFTC y la Union Nacional de Sindicatos Autónomos (UNSA), que agrupa a una serie de federaciones de sector, la más importante de las cuales de la Educación nacional, la FEN – ha avalado a partir del 2013, todas las reformas laborales llevadas a cabo bajo la presidencia de Hollande por los gobiernos socialistas, desde el Acuerdo Interprofesional sobre la flexiseguridad en el empleo del 2013 hasta la Ley El Khomri, que fue objeto de una movilización social opuesta muy importante. Por el contrario, el bloque "contestatario" que lideran la CGT y Fuerza Obrera (FO), han mantenido una fuerte presión crítica hacia esta rejuridificación de las relaciones de trabajo bajo el signo de las indicaciones de la gobernanza económica europea y han sido especialmente beligerantes frente a las reformas en materia laboral que ha llevado a cabo la Ley El Khomri, promulgada en agosto del 2016. La correlación de fuerzas entre ambos bloques es muy semejante  - 41% en el reformista , 40% en el “contestatario” – pero hay que tener presente que tanto la Unión Sindical Solidaires, manifiestamente alineada en posiciones anticapitalistas, como la CFE – CGC, la Confederación Francesa del Encuadramiento – Confederación General de Cuadros, que ha mantenido asimismo posiciones muy críticas con la reforma laboral del gobierno Valls, pueden hacer oscilar la balanza en un resultado de oposición a la línea liberal del reformismo socialista francés.

La reforma laboral francesa impone ahora determinadas mayorías para obtener acuerdos colectivos con fuerza vinculante. Los sindicatos que lo firmen deben haber obtenido al menos el 50% de los votos si se trata de un acuerdo sobre la duración o el tiempo de trabajo, y un 30% en cualquiera de las otras materias. Por tanto los resultados derivados de la audiencia electoral en este paisaje dividido son muy relevantes, más aun ante la próxima cita electoral en la que los franceses deben elegir la persona que desempeñará el cargo de presidente de la Nación durante siete años, y la más que previsible situación delicada que este hecho generará en los dominios de la democracia económica y la ciudadanía social. Desde este lado de los Pirineos, además, la atención a las evoluciones de la representatividad de los sujetos sindicales y su posicionamiento frente a la gobernanza económica resulta imprescindible para poder conocer el tejido conectivo sobre el que poder ir construyendo una red de solidaridad que pueda traducirse en acciones coordinadas y conjuntas, más allá de la relación bilateral entre las respectivas confederaciones.

UN DEBATE SOBRE LA PROPUESTA DE CÓDIGO DE TRABAJO EN FRANCIA

El derecho del trabajo francés ha sido atravesado por importantes sacudidas en los últimos tiempos. Al debate – claramente autóctono – sobre la necesidad de transformar la legislación laboral en un texto muy básico y comprensible por todos, en relación con la característica democrática de la publicidad de su accesibilidad por la ciudadanía, que se resuelve en una reducción del voluminoso Código de Trabajo a un texto minimalista en el que se fijen los principios fundamentales del sistema jurídico laboral, se ha añadido la contestación sindical y académica de la reforma El Kohmri, que incorpora al ordenamiento francés las tendencias reformistas debidas a la gobernanza económica europea y las conocidas políticas de austeridad. A caballo de estas dos tendencias, un grupo de investigadores universitarios, dirigidos por Emmanuel Dockès, han elaborado, a lo largo de dos años, un texto alternativo de Código de Trabajo que incorpora una serie de propuestas novedosas y que, sobre todo,  ofrece una reflexión acabada, con soluciones precisas, a problemas comunes en muchos de los ordenamientos europeos.

La propuesta de Código ha sido presentada en una Conferencia en la Universidad de Paris X, Nanterre, con la intervención sobre diferentes núcleos temáticos, tanto de los investigadores que han trabajado en torno a los mismos, como de una serie de personas elegidas para “reaccionar” frente a las propuestas que el texto contiene. Si la presencia de abogados, sindicalistas y sociólogos es mayoritaria entre el grueso de los discussants seleccionados, los organizadores han dejado asimismo espacio para una mirada comparatista que sirviera también como punto de contraste con el texto presentado. Esta aproximación al tema desde otros ordenamientos se ha realizado respecto de la propuesta de regulación de la representación de los trabajadores en la empresa (Antonio Baylos, desde el sistema español), representatividad sindical y negociación colectiva (Vincenzo Bavaro desde la perspectiva italiana y Keith Ewing desde el punto de vista del derecho británico) y sobre el debate a propósito de la “unificación del contrato de trabajo”, en donde se hablará naturalmente de la figura del contrato único, que constituye otro de los estereotipos lanzados por la gobernanza económica como forma de regular las relaciones laborales, Nicola Countouris proporcionará la visión británica.

Es imposible resumir todas las implicaciones que lleva esta propuesta. Lo que si es conveniente es señalar el punto de partida, que está en la línea con el desarrollo del derecho del trabajo francés, donde la figura de la ley es extremadamente importante en la configuración del marco normativo laboral. La ley como norma mínima e imperativa, que desempeña plenamente su función de creación de normas junto a otras fuentes de derecho internacional y de derecho europeo, que se opone tanto a los proyectos de sustitución del Código por un texto sobre los principios del derecho del trabajo, como a la sustitución de lo esencial de la ley por la negociación colectiva, muy especialmente la negociación colectiva de empresa. Tampoco evidentemente se coloca entre aquellos que querrían una suerte de refundición del código actual, una “recodificación” como la que se efectuó en el 2008, porque un derecho permanente no puede ser en efecto tan “pesado” ni tan complejo como el que está vigente. La idea es la de que se deben conservar ciertas “reglas esenciales” que provienen de su construcción histórica, pero que obviamente son ambivalentes y en larga medida no favorecen la emancipación de los trabajadores. Como señala otra de las integrantes del Grupo de Investigación, Sylvaine Laulom, “escribir otro código de trabajo, es también proponer ideas y reglas nuevas para tratar de responder a los desafíos actuales”.

En la Conferencia de Nanterre, por tanto, ha partido de reafirmar la importancia de la ley como norma mínima e imperativa a la vez que negaba la relación que desde hace tanto tiempo se ha efectuado entre la protección que proporciona la norma laboral y el desempleo – la “culpabilización” del Derecho del Trabajo – o, al contrario, la ecuación que se afirma, sin base real, entre reducción de las tutelas y posibilidades de creación de empleo. Al contrario, lo qu se constata es que la desregulación laboral provoca desestructuración social, trabajadores pobres y aumento de la desigualdad, junto a un cambio fundamental en la calidad del empleo, cada vez más precario y mal pagado.

La Conferencia presenta un conjunto de 13 medidas novedosas que resumen el trabajo realizado en la propuesta de Código, pero ha ido desgranando sus contenidos a través de una exposición ordenada de los mismos. Así, han ido desfilando las propuestas sobre la protección y el desarrollo del tiempo libre, la representación de los trabajadores en las empresas y los derechos de los desempleados, todas ellas con interesantes debates, cuestionamientos e interrogantes desarrollados por los intervinientes tanto desde la mesa como desde el público. Por la tarde, se ha abordado el tema de la representatividad sindical y la negociación colectiva, la problemática de unificar el contrato de trabajo y, finalmente, el encuadramiento de las rupturas del contrato de trabajo. Un espacio final se reserva a las reacciones sindicales a esta propuesta tanto de la CGT y Solidarios como la CGC.

El valor de esta propuesta va más allá de la realidad francesa, aunque fundamentalmente está pensada para modificar elementos fundamentales del sistema jurídico laboral en ese país. Pero, pese a la consideración claramente nacional de este texto – que fue especialmente resaltada por los comentaristas convocados al debate – es evidente que se plantean problemas comunes más aún ante la homogeneización que las políticas de austeridad y las reformas estructurales han inducido en una buena parte de los ordenamientos nacionales, y especialmente en el sur del país. Esto sucede fundamentalmente en materia de negociación colectiva, con la imposición en todas partes de la llamada “descentralización negocial” que busca no sólo acabar o debilitar el sistema de negociación centralizada en torno al convenio colectivo sectorial sino fundamentalmente reducir la tasa de cobertura de la misma. Pero también respecto de las tendencias en torno al abaratamiento del despido y especialmente la reducción de las garantías y controles sobre el mismo. Y, más allá de estos dos elementos desequilibradores del sistema de contrapesos del Derecho del Trabajo que se imponen como exigencia de las medidas de gobierno de la crisis por parte de la que se ha llamado “soberanía financiera” que determina los cambios en los sistemas jurídicos nacionales, hay también un punto importante que es el de construir un espacio de organización colectiva en las relaciones de trabajo que supere la pluralidad de empleadores configurando una colectividad de trabajo única y, en paralelo, redefinir la figura de la empresa como organización económica dotada de una dirección propia que puede estar formada por varias personas jurídicas. Este último punto se ha abordado en la propuesta redefiniendo el “perímetro” de la representación de los trabajadores en la empresa, como señaló Gilles Auzéro en la presentación de esta parte.

Una reflexión que profundice y debata sobre las líneas fundamentales que subyacen a esta propuesta y que la pongan en contraste con otras iniciativas que han visto la luz recientemente en otras realidades nacionales, como el Manifiesto para el Derecho del Trabajo que ha publicado el Institute of Employment Rights en Gran Bretaña, o la Carta de Derechos Universales del Trabajo que ha lanzado la CGIL italiana y que está siendo discutida por todas las organizaciones de la confederación y en los lugares de trabajo, o, en fin, el documento de CCOO y UGT en España “Por un modelo más democrático de relaciones laborales y un cambio en la política económica y social”, de noviembre de 2015, que vino precedida de una serie de propuestas discutidas en un grupo de profesores universitarios en el seno de la Fundación 1 de Mayo, y que ha sido dejada de lado tras el fracaso de la posibilidad del cambio político de diciembre 2015 a junio 2016, siendo sustituida en el debate académico por el documento FIDE, que propone asimismo un cambio – consensuado entre operadores jurídicos de intereses encontrados – de las bases de la regulación que sin embargo no se resume en un cambio alternativo como en los otros documentos mencionados. Hay por tanto materiales suficientes para poder intentar un encuentro en el que se pongan en común las ideas innovadoras y alternativas que estos textos canalizan, en mayor o en menor medida, y de allí extraer algún tipo de orientación general en forma de principios que pudieran ser extendidos a una larga escala de sujetos interesados.

Una iniciativa que a buen seguro tendrá lugar, más pronto o más tarde. Pongamos por caso que a finales de septiembre o comienzos de octubre de 2017. Les tendremos informados.

EL FUTURO DEL TRABAJO QUE QUEREMOS

(En la foto de arriba. intervención de acogida de la Ministra de Empleo, en la posterior, asistentes cualificados a la Conferencia. En la foto de final, una instantánea de los ponentes en la intervención de la mañana)

La OIT prepara su centenario impulsando un gran debate entre las partes sociales que la componen y la sociedad en su conjunto sobre el futuro del trabajo que queremos. Ante los cambios producidos en el trabajo y en los medios de trabajo, la inminencia de la robotización y la incidencia de la digitalización, junto con la transformación del espacio de la comunicación y de los medios de información y con ello de los modos de relación social y la construcción de culturas, se plantean numerosos interrogantes sobre las consecuencias laborales y sociales que este horizonte de cambios puede producir. Esta discusión se ha querido trasladar a los estados miembros y en España la oficina de la OIT, dirigida por Joaquin Nieto, ha organizado una Conferencia Tripartita para el 28 de marzo con el objetivo de analizar este tema, el futuro del trabajo que los sujetos económicos y sociales y las Administraciones públicas contemplan como posible.

Como acto institucional, la Conferencia contaba con la presencia valiosísima de Guy Ryder, el Director General de la OIT, y simbólicamente el gobierno español quiso darle un tono elevado al invitar al monarca a su inauguración, que naturalmente concitó la presencia de los dirigentes de las organizaciones empresariales y de los dos sindicatos más representativos a nivel estatal junto con la de la Ministra de Empleo (ya no de Trabajo desde el gobierno del PP de noviembre de 2011). Los trabajos de la conferencia se estructuraban en torno a cuatro “conversaciones”, cada una de ellas con un contenido temático. La primera ponía en relación el trabajo y la valoración que este ocupa en la sociedad, su relevancia política, económica y democrática. La segunda rescataba el concepto de trabajo decente como un mínimo común denominador para todo tipo de trabajo en cuanto a la regulación de las tutelas de estas actividades. Estas dos conversaciones preliminares desembocaban en otras dos que implicaban un esfuerzo de concreción mayor, la primera relativa a los cambios en la organización del trabajo y la producción que la robotización y la digitalización van a inducir en las empresas y centros de trabajo, y por tanto a las condiciones en las cuales se presta la actividad de los trabajadores, su adecuación a los esquemas clásicos de encuadramiento en el ordenamiento laboral, y la segunda dedicada a la “gobernanza” del trabajo, es decir al dominio de las reglas que han de ordenar esta nueva situación, complicada con el carácter multiescalar – global, supranacional, internacional, estatal – de los distintos planos de emanación de normas y decisiones políticas sobre la dirección que ésta va a adoptar.

Naturalmente los sujetos especialmente convocados para este debate eran los interlocutores sociales, los sindicatos y los empleadores. En el supuesto madrileño, CCOO y UGT han presentado una contribución conjunta que aborda de manera transversal las cuatro conversaciones y que ha sido publicada en la página web de la Oficina de la OIT en Madrid (se encuentra aquí : http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-madrid/documents/genericdocument/wcms_548990.pdf ). CEOE y CEPYME por el contrario han optado por referirse a un documento de la Organización internacional de Empresarios – The Voice of Business – en inglés que coloca su posición en un plano más general, sin referencias concretas al caso español.

Pero en la organización concreta de esta conferencia ha tenido también mucha importancia la llamada de la Oficina de la OIT de Madrid al mundo académico en forma de contribuciones que luego habrían de ser publicadas en la página web. La respuesta a esa invitación a colaborar ha sido muy importante, más de 38 textos han acudido desde muy diferentes universidades. La Universidad de Castilla La Mancha ha presentado seis contribuciones correspondientes a los profesores Aparicio Tovar, Baylos Grau, Mora Cabello de Alba, Olmo Gascón, Rodriguez Fernández y Trillo Párraga que, junto con la de la profesora de la Universidad de La Laguna Ramos Quintana, integrarán un volumen conjunto titulado precisamente así, “El futuro del Trabajo” al que prologará el director de la oficina de la OIT de Madrid, Joaquín Nieto. Como sucede en estos casos, hay una gran disparidad entre las contribuciones presentadas, tanto por el objeto que estudian como por la orientación de las mismas, aunque ciertamente entre ellas hay algunas muy valiosas, además de las citadas. En cualquier caso, pueden consultarse todas ellas en la página de la OIT de Madrid : http://www.ilo.org/madrid/fow/lang--es/index.htm

El discurso sobre el futuro del trabajo tiende a desarrollarse en términos economicistas o tecnicistas, acentuando las consecuencias venideras de la introducción de nuevos paradigmas técnicos y culturales que reforzarán el poder económico en manos de unos pocos y que acrecentará la dependencia de grandes corporaciones y de los circuitos de financiación, de lo que se induce enormes pérdidas de puestos de trabajo, polarización de los empleos en alta y nula cualificación, que a su vez produce una cierta depauperación salarial – incremento de los trabajadores pobres – transformación del grueso de los asalariados en autónomos económicamente dependientes y quiebra de la Seguridad social que genera una protección social asistencialista mínima y con amplios sectores excluidos. El futuro es una línea no muy bien definida pero siempre en el inmediato porvenir, que por tanto se reviste de tremendos tintes amenazadores, generando oscuros temores de que todo se derrumbe salvo la economía y la técnica, que se impone como un destino a la acción de las personas.

Esta deriva del discurso no es la que quiere la OIT. De hecho en los documentos preparatorios e incluso en los preparados mediáticos para informar de ello a la población el relato es muy diferente. Quiere problematizar en efecto una realidad ya de por si suficientemente compleja y en cambio, que debería ser (re)conocida en una buena parte de sus aspectos, a menudo contradictorios, para a partir de allí, poder desplegar las diferentes opciones políticas sobre la regulación y el gobierno de ese “futuro que queremos”. Y que por consiguiente no acoge un solo diagnóstico ni expresa una sola patología, sino que presenta una realidad muy compleja y ambivalente, en la que los ciudadanos y las organizaciones que representan el trabajo tienen necesariamente que intervenir y mediar en la resolución de los conflictos de intereses que surgen de ella. Una situación que además es líquida en el sentido que ya ha comenzado y hay importantes rasgos de lo que se piensa para el futuro que ya están aquí presentes y frente a los cuales se están arbitrando determinadas medidas, no necesariamente incorrectas. La unilateralidad en el gobierno de la crisis, la imposición de una política sobre otras posibles y negociadas, son sin embargo, errores seguros y no abren vías practicables para un cierto acuerdo social de futuro sobre aspectos importantes de ese mismo futuro que queremos.

El proceso de discusión y de debate está comenzando. Ha sido un inicio interesante, pero ahora es oportuno que esta temática se recoja en otros campos, como el de la discusión y del análisis de los iuslaboralistas, o encuentros tripartitos organizados académicamente. Es además una línea de discusión que corre paralela a otra ya señalada también en estas páginas, la referida al debate sobre el Pilar Social Europeo que converge de manera clara con ésta en cuanto a la necesidad de fijar como marca infranqueable del trabajo decente a nivel global como paradigma de los que puede significar el trabajo en este siglo XXI, junto al esfuerzo por definir nuevos instrumentos que puedan ir apareciendo y redefinir antiguas técnicas de tutela y de protección social. A ello nos dedicaremos en próximas intervenciones.