LA TEMPORALIDAD ABERRANTE DEL PERSONAL SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE MADRID

El 2 de mayo es la fiesta de la Comunidad de Madrid, que el que fuera presidente de la Comunidad (CAM), Joaquin Leguina, instituyó en su día junto con la bandera roja y sus siete estrellas y el himno que nadie conoce con letra de García Calvo. Como antesala de esta festividad, y aprovechando el Primero de Mayo, las autoridades de la región y del municipio se dieron cita en IFEMA para celebrar el cierre del hospital de campaña que ha estado funcionando allí desde los primeros momentos de la crisis sanitaria derivada del Covid-19. La reunión fue multitudinaria y desembocó en un gran acto institucional que congregó a más de mil personas que naturalmente incumplieron las medidas de seguridad impuestas y se apiñaron entre sí sin respetar la distancia personal a la que todos estamos obligados.

Las consecuencias de este incumplimiento de la normativa del estado de alarma no conducirán a nada, puesto que quienes lo promovieron son las máximas autoridades de la región y del municipio, y cualquier intento de sancionarles – como sin embargo sucedería a cualquier ciudadano – se interpretará como una muestra de acoso político hacia un gobierno regional como represalia por su posición crítica ante el gobierno central. Por otra parte, tanto el alcalde Almeida – al que una buena parte de la izquierda municipal y regional están insólitamente empeñados en configurarle como un pequeño Churchill ante la pandemia – como la beligerante presidenta Diaz Ayuso han pedido perdón por el “incidente”, sobre la base de que “nos dejamos llevar por un momento único” y por consiguiente el tema se considerará cerrado pese a que tímidamente la Delegación de gobierno haya abierto un expediente al respecto. Somos los ciudadanos los que podremos comprobar el diferente trato que se da a los que infringen la ley si son “autoridades” – más si pertenecen al Partido Popular  - y no necesitaremos un tuit del Vicepresidente Segundo del gobierno para que lo recordemos.

Pero lo importante de este acto es que se cerraba el hospital, festejado en multitud, y que lo que las autoridades públicas madrileñas han denominado el “milagro Ifema”, llegaba a su fin. U fin que coincidía con el de los contratos temporales del personal sanitario expresamente asumidos por el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) para poder hacer frente al desbordamiento del sistema sanitario de esa Comunidad. Son más de 10.000 profesionales contratados para trabajar en hospitales, SUMMA 112 y Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud, por la falta de personal para poder hacer frente a la pandemia del COVID19. La prensa ha hablado de 8.620 contratos “de refuerzo”.

Pese a que todos los sindicatos han pedido que se prorroguen todos los contratos que se hicieron desde el inicio de la emergencia sanitaria, la Consejería de Sanidad se escuda en la prórroga de los Presupuestos de la Comunidad de Madrid 2019 y asegura que “no hay posibilidad presupuestaria para mantener esos contratos más allá de la fecha estipulada en cada uno de ellos”, teniendo en cuenta que algunos de esos contratos vencieron el pasado 9 de abril. La decisión de la Consejería de sanidad de la CAM está por consiguiente fundada en la negativa del consejero de Hacienda de la región, Fernández – Lasquetty, antaño consejero él mismo de sanidad que destacó por la privatización de la sanidad en Madrid y la reducción de plantilla de los hospitales públicos.

La rescisión en cadena de los contratos temporales de estas personas que han trabajado duramente durante estos dos meses en Madrid haciendo posible la asistencia sanitaria a las personas cuya salud se encontraba más deteriorada, contagiadas por el virus, es un caso anómalo respecto de otras Comunidades Autónomas, como las de Andalucía o la de Castilla La Mancha, que han decidido prorrogar hasta finales de junio. Un fecha bastante razonable puesto que tras el fin del desbordamiento hospitalario durante el periodo álgido de la epidemia, hay que atender los retrasos de consultas, cirugías o pruebas diagnósticas que todos los servicios autonómicos de salud deben afrontar, tras el parón de la actividad asistencial en pacientes con otras patologías distintas al COVID19. En Madrid, esta reanudación complicada del servicio de asistencia sanitaria recaerá sobre un plantilla reducida y extenuada tras el esfuerzo realizado en estos dos últimos meses.

Las condiciones de empleo de este personal al que ahora se les expulsa han sido verdaderamente impactantes. Muchos de ellos han venido de otras comunidades autónomas y se les había ofrecido un contrato hasta el 30 de junio, lo que evidentemente no ha sido así. En una buena parte de las contrataciones, los contratos se han efectuado por una duración de 15 días renovables, con la intención de que en el caso que fueran infectados, se extinguiera el contrato y no tuvieran que pasar a una situación de Incapacidad temporal por enfermedad. Este personal sanitario renovaba quincenalmente su relación laboral, pese a que el objeto de la misma era el refuerzo de las estructuras sanitarias durante toda la duración de la crisis del Covid-19. Como se ha denunciado por todos los colectivos, han carecido además de las medidas de seguridad que deberían haberles protegido en su desempeño profesional, los PCR y test rápidos de anticuerpos. La propia situación de urgencia sanitaria imposibilitaba a su vez que este colectivo de personas pueda ejercitar una acción colectiva de defensa de sus intereses, forzando a la Administración a l prórroga de sus contratos.

No es necesario insistir mucho en la ignominia de este sistema. Un trabajo que es esencial, fundamental en la consecución del mantenimiento de la salud de los y las ciudadanas, ejecutado con enorme esfuerzo y desgaste físico y emocional, que se considera inmediatamente prescindible, aun a sabiendas que va a ser necesario inmediatamente para recuperar la normalidad tras la disminución de los contagios del Covid-19 y la reanudación de todas aquellas tareas que se habían suspendido ante la gravísima crisis sanitaria sufrida. Un trabajador, una trabajadora, de usar y tirar como un pañuelo de papel sucio. Una situación que no es coherente con el aplauso sincero que cada tarde se da desde los balcones a este personal – junto con el resto de las personas que llevan a cabo los trabajos esenciales durante el Estado de alarma – y que ha constituido un signo de identificación y de pertenencia a una comunidad ciudadana que defiende la función decisiva del Estado social.

Solo cabe una lectura crítica de esta decisión, porque en efecto, demuestra la aberración del pensamiento político que guía la actuación de la CAM, en una clara línea neoliberal que reduce el trabajo a una pura mercancía con independencia de la calidad del mismo, solo atendible en la cantidad con la que se le retribuye. El equipo de gobierno de la CAM no cree en el servicio público ni en la gestión de los bienes comunes, confía en la asignación de servicios a los capitales y empresas privados par sustituir la gestión directa de servicios sociales y sanitarios. Respecto de las residencias de mayores, que han atraído dramáticamente la atención del público durante estos meses, los datos sobre la titularidad privada de las mismas, y su mayor oferta respecto de las que exhibe la CAM, hablan claramente de la preferencia por el mercado y de la importancia de la prestación de servicios por empresas privadas.

Pero la crítica política a la privatización y a la visión puramente interesada y mercantilizada que conlleva el uso que ha hecho la CAM de estas contrataciones, no debe hacer olvidar que la consejería de Sanidad tiene esta conducta porque el marco legal se lo permite, con independencia de que se trate de una administración pública que debería estar guiada por los imperativos del interés general. La privatización de servicios, especialmente socio sanitarios, ha posibilitado la conclusión de contratos de obra o servicio por el tiempo de la duración de la contrata de servicios; en el interior de los servicios de salud, el personal interino y de duración determinada es extremadamente alto, y ello supone una regla que admite pocas excepciones, puesto que está directamente relacionada con la del equilibrio presupuestario y la regla de gasto que ha reducido cada año miles de empleos públicos con tasa de reposición cero o estrictamente contenida.  El término de los contratos temporales goza de enorme libertad en su determinación, que a la postre es unilateral, sin que los tribunales hayan actuado eficientemente atajando con un interpretación estricta el fraude de ley en la contratación temporal; por el contrario, la flexibilización judicial de las figuras de la temporalidad ha alentado la cultura del gestor de empresas y de recursos humanos que prefigura la política de personal y las nuevas contrataciones sobre la base de la conclusión de contratos por tiempo determinado, bajos salarios y coste muy limitado en la extinción, al calcularse la indemnización sobre el tiempo de antigüedad en la empresa en todo caso. Con ello se fomenta la rotación y sustitución de contratos temporales que se asienta sobre mujeres y jóvenes prioritariamente.

Ese cuadro normativo tiene como resultado la degradación de los derechos de los que deben gozar todas las personas que trabajan. No es posible seguir manteniendo esta cultura de la temporalidad ni en el empleo público ni en el privado, mucho menos ante la intensidad de la crisis que se presenta en los próximos meses. La idea de incorporar a los acuerdos de reconstrucción nacional en su dimensión socio-económica un gran pacto contra la temporalidad y por el empleo estable, que incluya también la restricción de la contratación temporal en todas sus manifestaciones en las Administraciones Públicas,  es un compromiso al que sindicatos, patronal y gobierno deberían llegar de manera inevitable.

Mientras tanto, la crítica política ante el uso aberrante de la temporalidad por parte de la CAM es también ineludible. No nos merecemos unos gobernantes que tratan a las personas que han dado todo su esfuerzo para proteger la salud de tantos y tantos ciudadanos, el trato de un artículo de comercio del que se puede uno desprender y dejarlo en la basura en cuanto no le de satisfacción inmediata.

UN 1º DE MAYO SIN HABITAR LAS CALLES Y LAS PLAZAS. ANTE LOS ENORMES RETOS DE LA CRISIS DEL COVID-19

El estado de alarma y la prevención del contagio y transmisión del virus ha impedido la celebración de la manifestación del Primero de Mayo y que las plazas y las calles de las principales ciudades españolas se llenaran de personas reivindicando los derechos derivados de su trabajo. Este año tendría que haber sido una fiesta en la que se exigiera la reversibilidad de la reforma laboral en sus aspectos más directamente lesivos de la negociación colectiva y de las situaciones de desigualdad salarial generadas en los procesos de descentralización productiva, pero la irrupción del Covid-19 se ha llevado por delante este proyecto reformista, colocando a todo el país y desde luego al sindicalismo confederal ante la necesidad de afrontar una crisis económica sin precedentes.

Este Primero de Mayo resalta un hecho no por bien conocido, menos determinante: los cuidados médicos y asistenciales que han combatido los efectos nocivos sobre la salud de miles de ciudadanos y ciudadanas, la limpieza y seguridad de las personas y de las cosas, la producción de los bienes y servicios que permitían vivir y mantenerse en el confinamiento a millones de personas, toda la vida en suma de la nación depende del trabajo que la sostiene. Un trabajo que ha sido infravalorado, devaluado y precarizado, en el marco de la degradación continua de la sanidad pública y de la privatización de los servicios sociales, de la limpieza y de la seguridad. Estos son datos de realidad incontestables, que quieren sin embargo ser silenciados en el discurso de los agentes económicos que pone el acento en la recuperación de la actividad empresarial y la importancia de movilizar el mercado interno y las exportaciones aún a riesgo de debilitar el efecto sanitario de las medidas de confinamiento, y que de manera muy extrema es combatido directamente por la línea argumental de una derecha política obsesionada con impedir la gobernabilidad democrática de este país y que insiste en la enumeración de los muertos y en la culpabilidad del gobierno central en este resultado.

Sin embargo, la crisis del Covid-19 ha permitido comprobar la necesidad de fortalecer y defender las estructuras fundamentales del Estado social, revirtiendo la visión considerada hasta el momento incuestionable del neoliberalismo, de las instituciones financieras globales y la gobernanza económica europea, que consideraban decisivo el progresivo desmoronamiento de los servicios públicos y el ingreso en el mercado de la totalidad de los bienes comunes como mercancías. Entre nosotros, la investigación periodística que ha llevado a cabo Infolibre sobre la propiedad de las residencias de ancianos, indica claramente la visión mercantilista y cruel sobre la que reposa esta ideología que domina el pensamiento económico y político global. En este Primero de Mayo, los sindicatos confederales parten de esta constatación y exigen un cambio en el modelo económico y social del país que tendrá que realizarse a través de procesos de transición dirigidos por las instancias públicas acompañadas necesariamente de la participación de los agentes sociales. Una reivindicación que quiere señalar la dirección que tiene que adoptar el “Pacto de Reconstrucción” que defiende el gobierno progresista que previsiblemente tendrá un mayor recorrido socio-económico que político, ante la estrategia desestabilizadora del gobierno que pretenden las fuerzas de la gran derecha de este país.

Pero ante todo este Primero de Mayo supone reconocer el valor del trabajo y su centralidad política. Del trabajo en general, pero en particular de los servicios esenciales que han sostenido la vida de todo el país y han garantizado la asistencia sanitaria y social a toda la población. Se trata en su gran mayoría de trabajadores y trabajadoras invisibles y prescindibles, para los que este Primero de Mayo quiere recuperar su centralidad y su protagonismo democrático. Invisibles porque nadie hablará de su importancia en el mantenimiento del bienestar de la sociedad, y prescindibles porque en estos sectores se ceba la temporalidad y la precariedad. Lo hemos visto con el cese en la Comunidad de Madrid – que acumula casi la mitad de los casos de contagio por Covid-19, de los contratos de personal sanitario que efectuó para atender hospitales, SUMMA 112 y Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud.

Pero no sólo son estos supuestos muy llamativos. Se han conocido hace pocos días los datos de la EPA sobre el primer trimestre del año, y aunque no refleja bien los datos reales de destrucción de empleo, como señala el propio Ministerio de Trabajo en la nota informativa en la que presenta y comenta tales resultados. Según la EPA, de los 286.000 empleos asalariados perdidos en el trimestre, 30.800 (-0,25%) corresponden a personas asalariadas con contratos indefinidos y 255.300 (-5,8%) a personas asalariadas con contratos temporales (el 89% del empleo perdido). Es decir, la pérdida de empleo se concentra de manera abrumadora sobre los contratados temporales. Y, en los datos que hizo públicos la Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en el Congreso el 21 de abril pasado, utilizando los datos de afiliación a la Seguridad Social, de las 731.075 personas trabajadoras asalariadas, que causaron baja en la afiliación a la Seguridad Social, un total de 592.254 tenían un contrato temporal, es decir, el 81% de todo el empleo destruido en marzo era temporal. Lo que, contemplado desde otro punto de vista, arroja la siguiente conclusión, que en el mes de marzo, de cada 100 personas que tienen un contrato temporal 14 han perdido su empleo. Mientras que, de cada 100 personas que tienen un contrato indefinido, poco más de 1 ha perdido su empleo. La precariedad laboral está, por tanto, en la base de la destrucción del empleo. La destrucción de empleo se concentra fundamentalmente en las personas más jóvenes. Son también las que tienen las relaciones laborales más precarias. El 34% de todo el empleo perdido se concentra entre las personas menores de 30 años.

La precariedad es el rasgo distintivo de lo que se viene a llamar el mercado de trabajo en España, que sin duda está ligado a la debilidad de la estructura productiva, una cuestión que se pone de manifiesto de modo dramático ante la desindustrialización agravada con la anterior crisis y la irrupción del cambio tecnológico de la digitalización. Siempre con los datos de marzo manejados por la Ministra de Trabajo en su comparecencia parlamentaria, el 65% de todo el empleo perdido en marzo 2020 se concentra en cuatro ramas de actividad: la hostelería, la construcción, el comercio y las actividades auxiliares, fundamentalmente en las ETTs. Ya ha devenido un hábito cultural, favorecido por las agencias mediadoras y de consulta empresarial, como las gestorías y otros asesores, la rescisión de los contratos temporales de manera automática ante cualquier posible amenaza o inseguridad provocada por las fluctuaciones del mercado o por cualquier otra amenaza a la reducción de beneficios. El modelo de actuación se completa con la preferencia por el tiempo parcial como oferta de trabajo impuesto (no voluntario), junto con el de la temporalidad de ésta. Una contratación que favorece además de la rotación – es impresionante constatar la cantidad de contratos temporales que se conciertan, y la duración ínfima de más de un cuarto de los mismos – la devaluación salarial, la escasa formación y la volatilidad de su inserción laboral.

Todo ello coloca en primer plano la urgencia de un cambio del marco institucional que ampara estas desviaciones del mercado que inciden directamente en la calidad del empleo y en la propia conformación del derecho al trabajo reconocido constitucionalmente. Hay que vincular la salida de la actual crisis a la eliminación de esta “anomalía laboral” de nuestro país, un efecto aberrante del paradigma neoliberal de la flexibilización del trabajo y la consideración de los derechos laborales exclusivamente en términos de coste económico. Un “pacto contra la temporalidad” que forme parte de la “reconstrucción” que se tiene que llevar a cabo en el terreno social y económico.

Se avecinan nuevos cambios normativos que sigan adaptando nuestro sistema de normas a las exigencias derivadas de esta crisis sanitaria y económica. Entre ellos, el reto fundamental de mantenimiento del empleo pese al brutal descenso del PIB y la paralización económica exigirá decisiones importantes de continuidad y de modificación de los instrumentos que hasta el momento se han ido poniendo en marcha. En ese nuevo paradigma que se denomina “nueva normalidad” la modificación de la regulación normativa de los contratos temporales es esencial, en el marco de un cambio del modelo productivo y del fortalecimiento de los instrumentos de garantía que ofrece el Estado Social.

Ese es el contexto en el que se produce este anómalo Primero de Mayo. Recuperar la centralidad del trabajo, hacer visibles a quienes están en la sombra y sin embargo son imprescindibles para garantizar la existencia social de la mayoría de la población, impulsar reformas profundas que busquen eliminar la cultura de la temporalidad y arrojar fuera de la normalidad social la precariedad como condición de vida de tantas personas, mujeres y jóvenes principalmente. La fuerza organizada del trabajo encuentra en esta jornada un momento idóneo para identificar sus objetivos y hacerlos públicos a un ciudadanía que encuentra en los sindicatos una enorme capacidad para explicar la desigualdad radical que se da en la realidad social, resistir su carácter opresivo e ir construyendo, articulada y autónomamente, los mecanismos para su contención y eliminación.

¡Viva el primero de Mayo!

EL LOBBY EUROPEO DE MUJERES Y EL COVID-19

El Lobby Europeo de Mujeres, en inglés European Women´s Lobby (EWL), ha publicado a comienzos de abril de 2020, un informe político en relación con la igualdad y el COVID 19. EWL es la organización europea que agrupa a las plataformas nacionales de los 27 países de la Union más las del Reino Unido, Islandia, Turquía, Macedonia del Norte, Serbia y Albania (que no pertenecen a la UE). Es la organización de asociaciones de mujeres fundamental en Europa. A su consejo de dirección pertenece Teresa Nevado, que ha tenido la amabilidad de ponerlo en común con los integrantes de un club  - la Tertulia Macario Barjas - dirigido por Juan Moreno y Laureano Cuerdo  que se reúne mensualmente a debatir cuestiones de actualidad en el Centro Abogados de Atocha de Madrid. Ese texto ha llamado la atención de la profesora de Derecho del Trabajo de la UCLM en Cuenca, Patricia Espejo, que ha efectuado en exclusiva para este blog el siguiente comentario-resumen que publicamos a continuación.

LA PANDEMIA COMO HITO RECOMPONEDOR Y COMO OPORTUNIDAD PARA VALORIZAR EL TRABAJO DONADO DE LAS MUJERES

Patricia Espejo (UCLM)

La crisis contemporánea parece amenazar la continuidad de todo un sistema. Un virus puede ser quien ponga en jaque el hasta ahora modelo hegemónico de ordenación de la vida y la crisis que este trae consigo podría erigirse como una oportunidad de cambio a muchos niveles que permita, en definitiva, resignificar las relaciones humanas y caminar hacia un nuevo modelo de convivencia que no castigue a la mitad de su población. Esta situación nos invita a convertir la dificultad en una valiosa pertinencia para repensar los procesos productivos y poner el foco en las personas, (re)estableciendo las reglas del juego para hacer del planeta un lugar salubre, seguro y sostenible donde la igualdad de trato y de oportunidades se materialice, al fin, en un igual disfrute de los recursos, de la salud y de la independencia y libertad económicas, tan necesario todo ello para transitar una vida con dignidad. Este es el contexto del que parte del informe político del EWL que lleva por título Las mujeres no deben pagar el precio por el Covid-19, y organiza las acciones que entiende prioritarias en cuatro bloques temáticos que conviene ordenar separadamente para comprender mejor su irremediable conexión.

En primer lugar, se considera imprescindible para proteger los principios democráticos europeos resituar la igualdad real entre mujeres y hombres en el corazón de la respuesta al coronavirus COVID-19 desde la Unión Europea. Y es que no parece una opción válida lanzar la pelota al tejado de los Estados miembros en estos momentos difíciles -como viene ocurriendo- sino de mostrar, como Comunidad plural y sólida, fortaleza y solidaridad con sus mujeres, perjudicadas siempre y especialmente damnificadas en estos momentos. Para ello, la Unión Europea deberá preservar firmemente el igual acceso a los recursos de las personas más vulnerables en aras a minimizar las secuelas que desproporcionadamente van a padecer como consecuencia de esta gravísima crisis sanitaria. Por ejemplo, es prioritario garantizar la “correcta aplicación” de las diferentes acciones que para los cinco próximos años se recogen en la Estrategia de la Comisión Europea para la Igualdad de Género 2020-2025, recientemente publicada, por la que la UE se compromete a incluir el principio de igual trato entre mujeres y hombres en todas sus políticas, cumpliendo, así, el ODS n. 5 de las Naciones Unidas. Una correcta aplicación de todas sus acciones que evite, en definitiva, que la actual crisis disminuya los efectos transformadores que supondría la efectiva puesta en marcha de la precitada Estrategia.

Se destaca la trascendencia que las políticas transformadoras de corte social tienen en el fortalecimiento de procesos equitativos de toma de decisión de la vida en Europa, para lo que es imprescindible que se garantice que las mujeres tienen un espacio para ser escuchadas y adecuadamente representadas. Dar audiencia y voz a las mujeres, en lugar de pensar y decidir por ellas, es la única manera posible de soslayar la aprobación de políticas gender blind, como ocurrió en la anterior crisis.

En segundo lugar, la mirada se dirige hacia la urgencia de combatir la violencia machista; una lacra que devasta la salud de la mitad de la humanidad y cuya erradicación es decisiva. Se muestran cifras estremecedoras del aumento de esta violencia desde el inicio de la pandemia del COVID-19 a partir de los datos proporcionados por distintos países europeos y se denuncia cualquier inacción pública en relación con esta violencia en estos momentos en los que, más que nunca, está en juego las vidas de millones de mujeres y niñas maltratadas física y/o psicológicamente, explotadas, abusadas, violadas, esclavizadas... La petición del EWL es clara: financiación urgente a los proveedores de servicios de apoyo y protección de las mujeres que sufren la violencia machista en cualquiera de sus formas, incluida las mujeres explotadas por la industria prostitucional. Y es que es muy preocupante la situación de las mujeres víctimas de la esclavitud sexual, donde, además, la habitual condición de migrantes las (re)victimiza y dificulta su acceso a todos los recursos existentes en el país de destino. Por esta razón, el Informe insta a los gobiernos a asegurar el correcto funcionamiento de todos los servicios que protegen a las mujeres y niñas víctimas de la violencia y la explotación masculinas, sin olvidar en ningún momento a las mujeres migrantes que se hallan, por lo común, prestando sus servicios en trabajos altamente precarizados. Indudablemente, estas mujeres corren un alto riesgo en estos momentos de perder su empleo y acabar explotadas/tratadas sexualmente. Por eso insisten en la necesidad de que la Unión europea se adhiera al Convenio de Estambul y adopte una Directiva sobre la prevención y la lucha contra todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas .

En tercer lugar, se aborda la necesidad de “realizar la economía feminista”, que no es otra cosa que manejar la crisis actual como una ‘oportunidad’ para sentar definitivamente las bases de una economía integradora de todas las fuerzas de trabajo que sostienen la vida. Es decir, aprovechar la dificultad como impulso hacia la construcción de relaciones que pongan la vida en el centro de la economía. El EWL hace hincapié en el liderazgo femenino en la prestación de servicios de “primera línea”, esenciales para la “existencia humana”. En la medida en que “las mujeres son la columna vertebral de la sociedad”, sus trabajos imprescindibles para el sostenimiento de la vida deben ser de una vez por todas valorados en consecuencia. 

El informe propone medidas concretas en el marco de la asunción por la Unión de las consecuencias de la grave crisis generada por el Covid-19. No solo “flexibilizar” los criterios del Pacto de Estabilidad y reorientar los Fondos de Cohesión, sino que se incorpore la perspectiva de género a las prioridades de gasto y se declaren como servicios esenciales todos los servicios de apoyo a la mujer. El desarrollo de una “economía asistencial” debe estar en la base de las iniciativas financieras de apoyo a los estados miembros ante las consecuencias del Covid-19, sin que el lobby se pronuncie sobre la preferencia entre los “corona bonos” o la reorientación de los Fondos de Cohesión. Además de ello, se debería asegurar que el próximo Marco Financiero Plurianual (2021-2027) previera la aplicación de la integración de la perspectiva de género, una garantía financiera para las organizaciones de mujeres y la realización de un Care Deal para Europa. Es por tanto fundamental invertir en una economía de la atención, lo que incluiría esfuerzos particulares para mejorar los sistemas de atención a los ancianos, principalmente mujeres, con un sistema de financiación que reduzca el enorme peso de los gastos y esfuerzos en sus familias, en su mayoría mujeres. Coherentemente, se solicita al Banco Europeo de Inversiones que garantice que su presupuesto anual se destine al desarrollo de la economía asistencial en el marco de su compromiso con la igualdad y el empoderamiento económico de la mujer. Sería por tanto imprescindible que Europa liderase el cambio de modelo productivo incorporando la contribución real de las mujeres a la economía.

El informe alude a los países que considera que están gestionando la crisis de Covid-19 aplicando políticas que piensan en las mujeres (España, Letonia, Alemania, Hungría, Irlanda, República Checa, Bélgica o Italia), destacando la instauración por parte del gobierno español de un subsidio extraordinario para las personas empleadas del hogar, sector donde el 96% son mujeres, o la ampliación italiana de la licencia paternal y de las primas para las personas que cuidan de las niñas y niños en el hogar. Y en este punto hace una importante reflexión en torno a la trascendencia de ubicar la equidad y la solidaridad no solo como ejes de la política de un país sino entre países que forman parte de una entidad geopolítica que no debe olvidar sus raíces en estos momentos difíciles donde, como antaño, resulta vital el diseño de redes de ayuda mutua que garanticen la prosperidad, la estabilidad y la paz de los territorios que la integran.

Deviene necesario no atrasar por más tiempo la reformulación y reorganización del actual modelo macroeconómico y su manera de medir el crecimiento y la productividad, o, en palabras del EWL, “colocar el cuidado en el centro de nuestra economía” (en la línea de otro informe del EWL llamado “Pacto Púrpura”). Solo así Europa respetaría adecuadamente los mandatos recogidos en el art. 2 del Tratado de Lisboa, en el art. 8 del TFUE y en el art. 23 de la Carta de Derechos Fundamentales que exigen el respeto del principio de la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en todos los ámbitos, también el económico.

En cuarto y último lugar, aparece la preservación de la salud como prioridad central en la respuesta europea ante los retos venideros de orden social, político y económico. Construir un sistema de salud equitativo es para el EWL el cuarto pilar esencial donde debe reposar la nueva economía; la salud en condiciones de igualdad como centro de la vida. El EWL se muestra profundamente preocupado por todas las mujeres que en pleno siglo XXI todavía se ven obligadas a ocuparse de la práctica totalidad de los trabajos de sostenimiento de la vida y los hogares, cargando sobre su espalda el peso de los cuidados de otras, de otros, y de la casa, y abandonando, a menudo, su propio cuidado; las que corren un riesgo inminente de sufrir violencia por parte de su pareja en el hogar; las que sobreviven a la violencia sexual de los territorios en guerra; las que viven en refugios y son, así mismo, violentadas; las explotadas sexualmente, las tratadas y las prostituidas supuestamente bajo su consentimiento; las romaníes; las de otras etnias; las que tienen capacidades diferentes; las migradas; las indocumentadas; las mujeres en las cárceles víctimas de mafias de diversa índole o las mujeres que desempeñan cada día empleos minusvalorados, infra retribuidos y absolutamente precarizados. Son mujeres, y niñas, que por privárseles de su libertad y de su independencia económica necesitan protección; ahora más que nunca. Porque su desatención sería, en definitiva, otra forma de violencia y un grave menoscabo de su salud. 

En conclusión, el reconocimiento del desigual escenario vital existente desde una perspectiva de género explica el impacto dispar de la crisis en mujeres y en hombres, lo que explica que el informe comentado se subtitule “Poner la igualdad entre mujeres y hombres en el corazón de la respuesta a COVID-19 a través de Europa”. Una reflexión muy sugerente y sin embargo poco comentada, que persigue crear acciones especificas y eficaces que sean capaces de minimizar el fuerte impacto nocivo de la crisis sanitaria en una parte de la población cuya salud física, psicológica y emocional se encuentra especialmente deteriorada.