domingo, 10 de octubre de 2021

ATAQUE VIOLENTO AL SINDICATO ITALIANO: EL RETORNO DEL ESCUADRISMO FASCISTA

 


Ayer, con ocasión de una manifestación convocada por la ultraderecha y el movimiento anti vacunas (No Vax) en Roma, una buena parte de la misma se dirigió a la sede nacional de la CGIL, en Corso d’Italia 20 y la asaltaron mientras gritaban consignas contra el secretario general Maurizio Landini, y contra el sindicato al que acusaban de quitarles el trabajo a los manifestantes. Los asaltantes enarbolaban banderas nacionales – la tricolor – y acompañaban sus consignas de la palabra más repetida en la manifestación, “Libertad”. Libertad frente a la dictadura sanitaria del Estado y frente al estado de alarma inventado como medio para controlar a los ciudadanos. Todo un conjunto de argumentos negacionistas que culminan en una reivindicación del pueblo y de la ciudadanía frente a la mentira y la conspiración encarnada en el Estado como institución alienante y totalitaria.

La razón de esta manifestación – y la de tantas otras que se han ido celebrando en las principales ciudades italianas – no es sólo la resistencia a la vacunación, sino la revuelta ante la exigencia del certificado de estar vacunado para poder entrar en edificios públicos, espectáculos y lugares de ocio, pero fundamentalmente porque a partir del 15 de octubre, este certificado, conocido en Italia como Green Pass será obligatorio para acceder a los lugares de trabajo, público o privado, una obligación que ha impuesto el Decreto Ley de 21 de septiembre, justificado por el gobierno Draghi como la condición necesaria para “abrir el país”. El trabajador que no presente el pase verde se considerará ausente por causa injustificada y por tanto no  devengará el salario, si bien no tiene consecuencias disciplinarias y se mantiene el derecho a conservar el puesto de trabajo hasta el 31 de diciembre de 2021, que es por tanto el plazo que se da para que las y los trabajadores públicos y privados procedan a vacunarse.

La resistencia a la vacunación y el rechazo a que ésta se considere una condición sanitaria imprescindible para poder acudir a trabajar ha sido derivada hacia la resistencia al gobierno y la imputación de totalitarismo respecto de su política sanitaria. Es conveniente recordar que en el comienzo de la pandemia, Italia fue durante mucho tiempo un país en el que el Covid19 causó enormes estragos y donde la incidencia acumulada de casos y de muertes (131.000 personas hasta el momento) fue muy notable. Los partidos de ultraderecha y de derecha extrema – Fratelli d’Italia y Lega – han cuestionado esta política y amparan las manifestaciones que se han ido desarrollando, pero a su vez grupos más violentos y declaradamente fascistas, como Forza Nuova, han alimentado en este caldo de cultivo la pulsión antidemocrática y la violencia contra el Estado Social.

Este es el sentido del asalto a la sede del primer sindicato de Italia, la Confederación General Italiana del Trabajo, que es una potentísima organización de la clase trabajadora en aquel país y que mantiene una posición de apoyo crítico a las medidas del gobierno sobre la recuperación económica que se inicia en la nueva etapa post-covid. Atacar la sede de la CGIL tiene un significado claro, imputar políticamente al sindicato que organiza y defiende el interés de la generalidad de los trabajadores del país como una organización contraria al “pueblo”, oponiendo directamente la idea de pueblo a la de organización de los trabajadores, situándolas en una relación de hostilidad y de confrontación. Simbólicamente además enlaza directamente con la memoria histórica del fascismo italiano y sus ataques violentos contra los sindicatos y las Cámaras del trabajo entre 1920 y 1922, que causaron muertes, torturas y apaleamientos de sindicalistas.

El ataque se ha hecho en esta ocasión bajo el amparo de la palabra “libertad”. Libertad como concepto enemigo de la solidaridad que encarna el sindicato, contra la igualdad que quiere realizar en su acción colectiva y que los asaltantes fascistas consideran incompatible con un nuevo orden en el que desaparezcan estas nociones. En España también la ultraderecha y la derecha extrema han recurrido a la palabra libertad como sinónimo de individualización egoísta y de elogio de la desigualdad. A ello se une ahora el elogio desmedido de la propiedad junto con la libertad en un discurso apasionado y fuera de siglo que mantiene sin embargo con entusiasmo el llamado jefe de la oposición en nuestro país.

La reacción de la CGIL ha sido inmediata. Ha convocado una Asamblea general que se está realizando en la mañana del domingo en Roma, en la sede asaltada del sindicato, hoy rodeada de una multitud que canta el Bella Ciao, la canción de la guerrilla antifascista, y ha decidido abrir todas las sedes locales del sindicato para que afiliados y ciudadanos puedan manifestar su solidaridad y su presencia. La CGIL recuerda que han sido objeto de un ataque de escuadrismo fascista, y que igual que resistieron entonces, resistirán ahora. La Confederación ha exigido que se disuelvan las organizaciones “que se reclaman de fascismo”, y Maurizio Landini afirma que se trata de un ataque a la democracia y al mundo del trabajo que hay que responder. La Asamblea de este domingo adoptará las medidas necesarias, y ya se prevé una manifestación sindical unitaria anti fascismo para el 16 de octubre.

El atentado ha sido condenado unánimemente, aunque en la derecha extrema se ha querido distinguir a quienes se manifestaban por una causa justa y a los “violentos” que han oscurecido el objetivo de la convocatoria. Pero el ataque de la ultraderecha a la sede nacional de la CGIL debe hacer reflexionar fuera de las fronteras italianas, ante el auge de la extrema derecha en varios países de Europa, en especial en Francia y en España. La complicidad con estos grupos por parte de la que en un momento se denominó derecha democrática, la progresiva captura del discurso político conservador por parte de estos grupos que defiende de forma radical un neoliberalismo despótico y victimizador, está alentando fenómenos de violencia cada vez más agudos que canalizan ante todo sentimientos de rabia, impotencia e ignorancia, de una parte de la población susceptible a estas propuestas. Una cultura de desestabilización democrática que es a su vez reiterada y sostenida firmemente por medios de comunicación muy influyentes y por grandes comunicadores sociales que responden a esa misma orientación política.

Señales de involución y de cuestionamiento de la democracia como la vía preferida por una corriente política con importantes manifestaciones en Europa  y en España desde su puesta en práctica en la presidencia Trump en EEUU, para aumentar la explotación laboral y el despotismo en los lugares de trabajo junto con el incremento exponencial de la desigualdad económica y social. El Estado social y democrático y las fuerzas políticas que lo sostienen deben mostrar su fortaleza e imponer frente a la ultraderecha la fuerza de la ley y la capacidad de respuesta que el orden democrático está obligado a mostrar y llevar a cabo. Las señales son inequívocas, y el asalto a la sede nacional de la CGIL en Italia es una de ellas.



sábado, 9 de octubre de 2021

EL FORUM GLOBAL “DEMOCRATIZING WORK 2021” Y LOS TRABAJADORES DE PLATAFORMAS

 


Durante los días 5, 6 y 7 de octubre, se ha venido celebrando un Foro Mundial sobre la Democratización del Trabajo que ha concitado, según los organizadores, a 3043 asistentes de 85 países, con 387 ponentes repartidos en 129 paneles en 9 idiomas y con 16 “capítulos nacionales” o grupos de trabajo constituidos en este número de países. El Foro se articulaba sobre tres principios fundamentales, Democratizar, desmercantilizar, descontaminar, y se había originado en un manifiesto por la Democratización del Trabajo impulsado por un nutrido grupo de investigadoras (cuyo listado se incluye al final de esta entrada [1]) entre las que destacan Isabelle Ferreras y Sara Lafuente. En este Forum, que pretendía abrir un amplio debate sobre las visiones alternativas posibles sobre el trabajo y la transición justa a la sostenibilidad ambiental y social, la problemática de la digitalización y la transformación que está produciendo en las relaciones laborales ha ocupado un papel importante.

En este contexto, uno de los paneles, coordinado y dirigido por Amparo Serrano, catedrática de Psicología Social de la UCM, se dedicó al mito del emprendimiento y al futuro del trabajo, teniendo como eje de discusión el caso de los riders. La digitalización y la economía de  plataformas imponen un “dispositivo emprendedor” que ha irrumpido con fuerza en el mundo del trabajo acompañado de una retórica que exalta una cierta agencia empresarial que desemboca en la autoexplotación de estos trabajadores. El panel quería ofrecer, desde una perspectiva compleja, una visión crítica del discurso y del propio marco de definición de esta organización del trabajo, y para ello reunió a Antonio Santos de la Universidad de Valencia y a Sofía Pérez de Guzmán, de la Universidad de Cádiz, que desarrollaron dos perspectivas  convergentes de problematización de este supuesto desde el análisis sociológico, a Antonio Baylos, de la Universidad de Castilla La Mancha, para que reflejara la respuesta institucional que se había dado en el caso español, y a Felipe Corredor, de Riders x Derechos y a Felipe Díaz y Rubén Ranz, de UGT, como protagonistas de la lucha y las aspiraciones de este colectivo.

En el caso español, el desarrollo de la regulación del trabajo de plataformas digitales, en especial respecto de las que se dedican a la entrega de comida, ha tenido unos resultados muy relevantes, no sólo a nivel interno, sino también respecto de su impacto comparado e internacional. Es una experiencia muy rica, porque no sólo se ha intentado la ruptura de la polarización entre las categorías de trabajo autónomo y trabajo por cuenta ajena intentando introducir la figura del TRADE – trabajador autónomo económicamente dependiente – digital, que ha producido un importante debate en la doctrina académica, sino que la judicialización de esta materia ha partido tanto de los interesados, como de la participación muy señalada de la Inspección de Trabajo y de Seguridad Social a través del impulso de procesos de oficio que dieron lugar, tras algunas vacilaciones iniciales, a la formación de una opinión jurídica unánime sobre el reconocimiento de la laboralidad de estos trabajadores a partir de una serie de sentencias de diferentes Tribunales Superiores de Justicia, una opinión finalmente asumida por el Tribunal Supremo en unificación de doctrina por la STS de 25 de septiembre de 2020. Lo que además caracteriza a la vertiente institucional de este fenómeno en nuestro país es que, sobre la solución jurisprudencial, se inició un proceso de regulación normativa sobre la base de la negociación tripartita entre sindicatos más representativos, el asociacionismo empresarial y el gobierno representado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, que llegó a un acuerdo social el 11 de marzo de este año, un resultado por tanto cooperativo de los agentes sociales y el poder público muy llamativo, que contó con la oposición de varias de las empresas multinacionales del sector que presionaron fuertemente para intentar modificarlo antes de su plasmación en el RDL 9/2011 de 11 de mayo que concedió además un plazo de tres meses, hasta agosto, para entrar en vigor.

La entrada en vigor de la norma propició no sólo una fuerte campaña mediática en su contra, sino actos muy concluyentes como la retirada de la empresa Glovo de la CEOE y el anuncio – todavía no realizado – de Deliveroo de irse de España, además de la presentación por VOX de un recurso de inconstitucionalidad contra dicha norma de urgencia. Sin embargo, la rápida convalidación del RDL 9/2021 y su tramitación parlamentaria por el procedimiento de urgencia, ha hecho que la Ley 12/2021, de 28 de septiembre constituya la primera norma legal europea en la que se afirma sin ambages la laboralidad de este personal. Ello supone que como señala la Exposición de Motivos de dicha norma, “las facultades empresariales, a las que se refiere el artículo 20 del Estatuto de los Trabajadores, pueden ser ejercidas de numerosas maneras y, entre ellas, por medio de la gestión algorítmica del servicio o de las condiciones de trabajo a través de una plataforma digital, que son, por lo tanto, los activos clave y esenciales de la actividad. En consecuencia, la forma indirecta o implícita de ejercicio de las facultades empresariales abarca los supuestos en los que una cierta flexibilidad o libertad por parte de la persona trabajadora en la ejecución del trabajo sea solo aparente, por llevar en realidad aparejada consecuencias o repercusiones en el mantenimiento de su empleo, en su volumen o en el resto de sus condiciones de trabajo”. Con ello se establece una presunción de laboralidad para quienes presten sus servicios en el sector del reparto o distribución de cualquier producto de consumo o mercancía a través de una plataforma digital que solo puede destruirse mediante la prueba en contrario que pueda aducir el empleador desvirtuando ésta mediante elementos que demuestren que no existía la dirección “directa, indirecta o implícita” de la actividad de las personas a su servicio.

Este resultado normativo ha tenido a su vez una buena acogida a nivel europeo en la muy importante Resolución del Parlamento Europeo de 16 de septiembre de 2021 sobre Condiciones de trabajo justas, derechos y protección social para los trabajadores de plataformas: nuevas formas de empleo vinculadas al desarrollo digital (P9_TA(2021)0385), cuya importancia ha sido subrayada en este artículo por las eurodiputadas Leila Chaïbi y Mª Eugenia Rodriguez Palop  que tienen una importante presencia en este tema https://www.eldiario.es/euroblog/parlamento-europeo-empieza-poner-coto-economia-plataformas_132_8332333.html. En ella se alude a la “clasificación errónea” de los trabajadores de plataformas, especialmente en el sector de reparto, como trabajadores por cuenta propia, lo que les ha supuesto la privación de acceso a derechos básicos. Por ello el Parlamento insta a la Comisión a introducir una presunción de la relación laboral (refutable) junto con la inversión de la carga de la prueba en estos supuestos, de manera que sea la parte reputada como empleadora quien deba demostrar la inexistencia de relación laboral. Además de ello, el Parlamento toma partido en el tema de la demandada creación de una tercera especie entre el trabajo autónomo y el trabajo subordinado. Para él, en ningún caso de puede contemplar la creación de un tercer estatuto laboral, entra ambas figuras, porque no contribuiría a resolver los problemas existentes y difuminaría conceptos que pueden confundirse.

La cuestión más acuciante ahora en la Unión europea es la del proyecto de directiva sobre trabajadores de plataformas digitales. La CES lo considera a su vez un tema prioritario, como otros grupos de juristas europeos. El 28 y 29 de octubre se celebrará en Bruselas una conferencia sobre los derechos laborales y la transición digital, organizada por el Instituto Sindical europeo (ETUI) y European Lawyers Network for Lawyers (EWL-Network) en una modalidad híbrida cuyo objetivo principal es el de marcar las líneas centrales que debe llevar a término la propuesta de directiva sobre trabajadores en plataformas digitales, sobre la que se está trabajando y cuyo texto (en francés) puede consultarse aquí: https://leilachaibi.fr/wp-content/uploads/2020/11/Directive-travailleurs-des-plateformes-WEB.pdf

Se va consolidando a nivel europeo una perspectiva regulatoria en la que las personas que trabajan al servicio de plataformas digitales tienen que acceder a los derechos laborales básicos, individuales y colectivos, neutralizando los procesos de individualización y atomización subjetiva que proponían las empresas como forma de incorporación a su proyecto económico. Con ello se va cerrando el amplísimo y enconado debate que sobre este tema se ha ido desarrollando en los últimos años entre la doctrina, las decisiones judiciales y ahora las medidas legislativas en los diferentes países europeos.

 

[1]  COMITÉ CIENTÍFICO DEL MANIFIESTO “DEMOCRATIZAR EL TRABAJO”: Julie Battilana (Harvard University), Alyssa Battistoni (Harvard University), Adelle Blackett (McGill University), Julia Cagé (Sciences Po-Paris), Neera Chandhoke (University of Delhi), Isabelle Ferreras (University of Louvain/FNRS-Harvard LWP), Lisa Herzog (University of Groningen), Imge Kaya Sabanci (IE Business School, Madrid), Sara Lafuente Hernandez (University of Brussels-ETUI), Hélène Landemore (Yale University), Flavia Maximo (Universidade Federal de Ouro Preto, Brazil), Dominique Méda (University of Paris Dauphine PLS), Pavlina Tcherneva (Bard College-Levy Institute), Ruth Yeoman (Oxford & Northumbria University).

 


viernes, 1 de octubre de 2021

EL DERECHO DEL TRABAJO ENTRE APLICACIÓN Y TRANSFORMACIÓN

 


Comienzan de nuevo las actividades académicas presenciales en las Universidades, en coherencia con el incremento de la vacunación y la recuperación paulatina de la normalidad docente. El área de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Vigo ha organizado en la Facultad de Derecho del campus de Ourense unas jornadas los días 30 de septiembre y 1 de octubre dirigidas por la profesora Marta Fernández Prieto, Decana de la Facultad y coordinadas por las profesoras titulares del área Belén Fernández Docampo y Emma Rodriguez Rodríguez, con la colaboración de Alex Pazos Pérez a cargo de la secretaría técnica de los mismos.

El objetivo de estos dos días de trabajo era muy sugerente: debatir sobre el hecho reformista en Derecho del Trabajo, una situación que se proyecta desde el primer ciclo de la crisis económica del 2010-2013 hasta la crisis sanitaria y productiva que se produjo a partir de la pandemia a partir de la declaración del estado de alarma en marzo de 2020. Partiendo de la constatación de que la norma en si no puede ser comprendida sino es en su contexto, la aplicación de la misma y en especial la interpretación por los tribunales de sus preceptos, provoca a su vez un punto de partida de nuevos proyectos de cambio o de modificación legislativa, que arranca con fuerza en la fase post-pandemia con los proyectos de recuperación económica favorecidos por la Unión Europea. De esta manera, las Jornadas de Ourense se proponían como un espacio de reflexión que conectaba dinámicamente la norma vigente con su interpretación judicial y este conjunto a su vez con los proyectos de política del derecho que quieren conformar un nuevo marco institucional sobre ciertos aspectos esenciales de las relaciones laborales. En la primera parte de esa contraposición, se ha aprovechado el trabajo efectuado por cinco profesoras y profesores de las universidades de Cádiz, Valencia, Castilla La Mancha y Vigo que llevan publicando en la Revista de Derecho Social desde hace dos años, sobre una selección de las sentencias de la sala de lo social del Tribunal Supremo. Este trabajo colectivo se confrontaba con la experiencia de algunas y algunos miembros de la jurisdicción social, y la elaboración crítica sobre las reformas de futuro se confiaban a otros exponentes académicos que se habían destacado en el debate sobre las políticas del derecho que deben sostener el nuevo impulso reformista en la fase de salida de la crisis derivada del Covid19.

El esquema de las exposiciones ha sido siempre el mismo. Una parte del panel iba destinada a la presentación y discusión de las líneas más relevantes de la aplicación judicial de las normas laborales, para, en un segundo lugar, dedicar un espacio al proyecto específico de reformas o mutaciones normativas en discusión o propuestas. Las jornadas se han estructurado sobre la base de cuatro paneles. El primero versaba sobre la reforma de la contratación temporal (Carolina Martínez Moreno) y el análisis de jurisprudencia sobre contratación y condiciones de trabajo, una mesa redonda con la presencia de Fernández Prol, Agis Dasilva y el magistrado Ron Latas. El segundo abordaba el tema de seguridad social, con un debate sobre la jurisprudencia de la materia a cargo de Lousada Arochena y Cabeza Pereiro, mientras que la exposición de las reformas en Seguridad Social la efectuó Margarita Ramos en remoto desde La Laguna, y el tercer panel enfocaba la materia del derecho colectivo de trabajo en la jurisprudencia a cargo de Carmen Ferradans y del magistrado Pedro Rabanal, y la reforma de la negociación colectiva correspondió a Jesus Cruz Villalón, actualmente presidente de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos. Por último, el cuarto panel estaba dedicado a la extinción del contrato de trabajo y sus trazas en la jurisprudencia, que siguieron Amparo Merino y la magistrada Isabel Olmos, mientras que el punto de las reformas lo enfocó desde las propuestas de modificación de la legislación sobre el despido Antonio Baylos.

Las Jornadas culminaron con la intervención en una mesa redonda de los representantes de CCOO, UGT, CIG y la Confederación de Empresarios de Galicia sobre la negociación en curso de la reforma laboral que han emprendido los agentes sociales confederales con el Ministerio de Trabajo y Economía Social, en donde se han presentado los diferentes puntos de vista de los mismos tanto sobre el contenido como sobre las expectativas planteadas en este proceso. Como colofón final, el llamado panel de clausura corrió a cargo de Joaquín Pérez Rey, en su rol de secretario de estado de Empleo y Economía Social, presentado por Jaime Cabeza. En esta sesión, como era previsible, el tema central de reflexión fue la “reforma laboral” en curso.

En ella, Pérez Rey efectuó una intervención muy rica y sugerente. Entendía que cuando se habla de reforma laboral, parece que se mencionara a un animal mitológico, porque es ciertamente un elemento de discusión que ha acompañado desde hace demasiado tiempo a la producción científica de los juristas del trabajo. España está muy alejada de los parámetros del mercado de trabajo que gobiernan Europa, porque la tasa de temporalidad o de desempleo juvenil separan a España del escenario civilizatorio europeo. Incluso atendiendo a la estacionalidad del mercado y por tanto de empleo no permanente, la diferencia es abismal. El cambio del modelo productivo es también importante, pero las soluciones no pueden esperar a que éste se produzca, de manera que sin esperar a que estos cambios se realicen, es ineludible conformar modelos que aseguren estabilidad en el empleo y productividad. La hoja de ruta está marcada por la llamada Componente 23 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia presentado ante la Unión Europea, denominado “nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo”. Entre estas medidas destaca el abordaje del desequilibrio en la negociación colectiva, que afecta también a la subcontratación y, de manera fundamental, la relación entre contratación temporal, flexibilidad interna y despido con la vista puesta superar la tasa de temporalidad en nuestro país.

En este punto, es imprescindible un cambio radical que supere esa pulsión suicida hacia la temporalidad que ha tenido nuestro ordenamiento al menos desde 1977 desde el contrato para el fomento del empleo, con la excepción de 1997 a partir del Acuerdo Interprofesional para la Estabilidad en el Empleo o la pequeña reforma del 2006. Pero no han sido cambios disruptivos y no han sido eficaces. Las resistencias inerciales y culturales han conspirado en la misma dirección. El diagnóstico negativo sobre la temporalidad obliga a revisar la clásica intervención sobre estos contratos, en especial respecto del contrato de obra o servicio, muy cuestionado por la jurisprudencia europea y nacional, que debe por tanto desaparecer, como también hay que atajar la inmensa bolsa de fraude en la temporalidad. Otro elemento es lo que hemos aprendido de la crisis que hemos dejado atrás es que operar con el ajuste temporal y la flexibilidad interna funciona, da réditos e innova, junto con el tema de la formación. Son precisos por consiguiente mecanismos de estabilidad en el empleo ante la reestructuración productiva. Y un elemento final, la modernización y perfeccionamiento de nuestro sistema de políticas activas de empleo, reconociendo que lo que ha hecho el SEPE en los momentos álgidos de la crisis, pese a estar diezmado con plantilla inferior y pocos recursos, pasará a la historia de este país. Un SEPE que ha reconocido tres millones y medio de prestaciones, tiene que ser el soporte de las nuevas políticas de empleo en el marco de una nueva Ley de Empleo.

En resumen, la reforma que se prepara implica cambar los parámetros del mercado de trabajo español, siendo conscientes de la existencia de una fuerte injusticia social que se ceba sobre los sujetos más vulnerables, mujeres y jóvenes principalmente. Una reforma que construya sobre el espacio político y democrático del trabajo un sistema de derechos y garantías que revalorice ese elemento como pieza clave de la sociedad y de las políticas públicas. El cambio normativo debe aspirar a iniciar un proceso de transformación social en una dirección progresista, en línea con el papel que debe desempeñar el trabajo con derechos en el diseño constitucional. Ahora que se habla de transiciones, la transición a la recuperación de la centralidad política y democrática del trabajo es un objetivo irrenunciable.  

Con esta intervención de Pérez Rey y un pequeño debate posterior,  quedaron clausuradas las jornadas de Ourense, un acontecimiento académico bien interesante y productivo que demuestra el buen trabajo colectivo que el área de Derecho del Trabajo y de la seguridad social de la Universidad de Vigo está llevando a cabo.