domingo, 6 de noviembre de 2022

EL MANIFIESTO DE LA COALICIÓN ITALIANA EUROPA POR LA PAZ Y LA MANIFESTACIÓN EN ROMA DEL 5 DE NOVIEMBRE.

 



Sigue la guerra en Ucrania con inusitada violencia. Las secuelas de muerte, desolación y sufrimiento que el conflicto armado está produciendo son estremecedoras. En Italia crece un movimiento llevado a cabo por ONGs, sindicatos y movimientos sociales que exigen concentrar los esfuerzos políticos de las Naciones Unidas, de los mandatarios europeos y de Estados Unidos en lograr un alto el fuego y organizar una conferencia de paz. El 5 de noviembre, en Roma, se ha convocado una manifestación que intenta llamar la atención de la sociedad civil sobre este propósito.

Llegaron de toda Italia convocados por asociaciones, redes, sindicatos y grupos de opinión, en una lista interminable que ha publicado el diario Sbilanciamosi y que se puede consultar en este enlace: https://sbilanciamoci.info/comitato-promotore-europe-for-peace/ . Se han agrupado en la plataforma EuropeForPeace, una plataforma de amplio recorrido que ha renunciado a todo elemento que impidiera la agregación de colectivos pacifistas de todo tipo para lograr de esta forma una mayor proyección a su acción y se pudieran adherir a la misma el mayor número de personas. Además, en múltiples lugares del país se han ido preparando una serie de actividades que acompañaban a esta convocatoria, en una iniciativa que ha comprometido a “cien ciudades” en ella, aunque las más sonadas han sido las realizadas en Milán y Nápoles a finales de octubre.  La adhesión a este movimiento y a la marcha de influyentes medios de opinión entre la intelectualidad laica del país, como Micromega, se acompaña del entusiasta saludo del Arzobispo de Bolonia y Presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, en línea con la clara posición antibelicista del Papa Francisco, una posición que por cierto está plenamente silenciada en los medios de comunicación españoles y en los creadores de opinión consiguientes.

La manifestación ha sido un éxito. Más de 100.000 personas han desfilado desde la Piazza della Repubblica a la Piazza San Giovanni de Roma. Han tenido que pasar dos horas desde el inicio de la manifestación para que el último manifestante iniciara el trayecto por Via Cavour. El “pueblo por la paz” enormemente variado en sus motivos y en sus identidades, que ha encontrado sin embargo la capacidad de comprensión y de síntesis para poder presentarse unido y activo en sus reivindicaciones centrales que constituyen el común denominador de tantos grupos sociales. Entre ellos destacan los sindicatos como sujetos comprometidos por la paz que han aportado un buen número de manifestantes al impresionante reguero de personas. De hecho, es Maurizio Landini quien cierra las intervenciones del mítin con palabras emocionantes: "La belleza de esta plaza es la unidad, el hecho de que hayamos reunido tantas diversidades, esta es la plaza de la fraternidad" (…) "No sé cómo llamaros: compañeros, amigos, hermanos. Pero tras la emoción, el sindicalista insiste en un dato real, de evidente relevancia social, económica y política. “El mundo del trabajo está pagando esta guerra en su piel: las desigualdades y los pobres aumentan. Por eso no somos utópicos, sino que, al pedir la paz, somos los más realistas". La cuestión se traslada al momento de la iniciativa política, a las decisiones que en Italia y en otros países se deben adoptar para detener la guerra y asumir la defensa de la paz como condición de una ciudadanía universal. Y este proyecto tiene que seguir siendo sostenido por la sociedad civil en toda Europa: "Debemos dirigirnos a las demás capitales para una manifestación internacional por la paz".

La manifestación de ayer en Roma constituye la prueba de que el pacifismo sigue siendo un nervio central del pensamiento emancipatorio de amplias mayorías sociales. La convocatoria de la manifestación venía precedida de la publicación de un manifiesto. Este texto es el que se traslada a continuación, oportunamente traducido.

Prohibamos todas las armas nucleares. Solidaridad con el pueblo ucraniano y las víctimas de todas las guerras. Con estas consignas la Coalición Europa por la Paz anuncia la manifestación nacional en Roma por la paz promovida por la sociedad civil para el sábado 5 de noviembre en Roma.

La sombra de la guerra atómica se cierne sobre el mundo

La amenaza nuclear se cierne sobre el mundo. Es responsabilidad y deber de los Estados y los pueblos detener esta locura. La humanidad y el planeta no pueden aceptar que las disputas se resuelvan mediante conflictos armados. La guerra tiene consecuencias globales: es la principal causa de las crisis alimentarias mundiales, aún más desastrosas en África y Oriente, afecta al coste de la vida, a las capas sociales más pobres y débiles, determina opciones nefastas para el clima y la vida del planeta. La guerra lo engulle todo y bloquea la esperanza de un futuro más justo y sostenible para las generaciones futuras.

Esta guerra debe ser detenida ahora

Condenamos al agresor, respetamos la resistencia ucraniana, nos comprometemos a ayudar, apoyar y rescatar al pueblo ucraniano, estamos al lado de las víctimas. Estamos con los que rechazan la lógica de la guerra y eligen la no violencia.

La inaceptable invasión de Ucrania por parte de Rusia ha devuelto al corazón de Europa la guerra que está a punto de convertirse en un conflicto global entre bloques militares con consecuencias dramáticas para la vida y el futuro de los pueblos ucraniano y ruso y de toda Europa. Estamos cerca y nos solidarizamos con la población afectada, con los refugiados que se ven obligados a huir, a abandonar sus casas, sus trabajos, víctimas de bombardeos, violencia, discriminación, violaciones, torturas.

Esta guerra debe ser detenida ahora. No más sufrimiento. Italia, los Estados miembros de la UE y las Naciones Unidas deben asumir la responsabilidad de negociar para detener la escalada y alcanzar un alto el fuego inmediato. Es urgente trabajar por una solución política del conflicto, desplegando todos los recursos y medios de la diplomacia para hacer prevalecer el respeto al derecho internacional, llevando a la mesa de negociaciones a los representantes de los gobiernos de Kiev y Moscú, junto con todos los actores necesarios para encontrar una paz justa. Junto con el Papa Francisco decimos:

"Que callen las armas y que se busquen las condiciones para una negociación capaz de conducir a soluciones no impuestas por la fuerza, sino acordadas, justas y estables".

La humanidad y el planeta deben librarse de la guerra.

Pedimos al Secretario General de las Naciones Unidas que convoque urgentemente una Conferencia Internacional por la Paz, para restablecer el respeto al derecho internacional, garantizar la seguridad mutua y comprometer a todos los Estados a eliminar las armas nucleares, reducir los gastos militares en favor de las inversiones para combatir la pobreza y la financiación de la economía no armada, de la transición ecológica, del trabajo decente.

Hay que garantizar la seguridad compartida.

Las guerras y las armas tienen como objetivo la victoria sobre el enemigo, pero no conducen a la paz: tienden a convertirse en permanentes y sólo causan nuevos sufrimientos a las poblaciones. En cambio, hay que ganar la paz, restablecer la ley violada y garantizar la seguridad compartida. No hay guerra justa, sólo la paz es justa. Los ejércitos hacen la guerra, los pueblos hacen la paz.

Italia, la Constitución y la sociedad civil repudian la guerra. Juntos exigimos que nuestras instituciones asuman esta agenda de paz y trabajen en todos los foros europeos e internacionales para su plena afirmación.

Como dijo Landini en el mitin final de la manifestación, "ahora es el momento de la política". Una política que debe comprometer a la Unión Europea y a los más importantes de sus Estados miembros, entre los cuales sin duda se encuentra España.


jueves, 3 de noviembre de 2022

SALARIO O CONFLICTO: LA MOVILIZACIÓN SINDICAL

 


Convocados a una gran concentración en Madrid, distribuidos en tres columnas que han confluido en la Plaza Mayor, una vez atravesadas las calles de la capital, 50.000 manifestantes de CC.OO. y UGT se han movilizado para exigir que la crisis no la paguen las personas que trabajan y que la CEOE se siente a negociar un Acuerdo general que garantice una cláusula de revisión salarial que palie la inflación que está generando una importante pérdida de poder adquisitivo en los salarios.

La situación económica frente a la cual se movilizan los sindicatos más representativos a nivel estatal queda muy bien resumida en una serie de tuis que ha efectuado Carlos Martín Urriza, responsable del Gabinete Económico confederal de CC.OO. En efecto, como afirma sintéticamente:

“Los márgenes empresariales se disparan tras la pandemia hasta el 10,1% sobre ventas según la estadística de Ventas, Empleo y Salarios en las Grandes Empresa y PYMEs de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT). El origen de la inflación no es solo exterior hay una fuerte componente interna en los beneficios de las empresas.

Por el contrario, los salarios sufrirán una pérdida histórica en su poder de compra en 2022. Los salarios reales que se cobrarán este año serán un 12,8% inferiores a los de 2008 por realizar el mismo trabajo. Esta pérdida aboca a la economía española a la recesión y la destrucción de empleo si no se pone coto al crecimiento disparado de los márgenes de beneficio: elevando los salarios en la negociación colectiva, estableciendo precios máximos en bienes básicos y elevando la fiscalidad de los sobre beneficios de las empresas”.






La movilización es clave en este proceso, porque pretende forzar la adopción de un acuerdo general, a nivel estatal, que posibilite su recepción en cascada en los sucesivos convenios colectivos. Por el momento, la situación es desigual, con importantes conquistas a partir de conflictos muy sostenidos por la mayoría de los trabajadores tanto a nivel de sector – los convenios de industria de Ourense, de Vizcaya, de Asistencia a domicilio de Asturias y tantos otros -  como a nivel de empresa – Repsol, Airbus – pero  con muchos convenios por firmar que requerirán una fuerte participación de las personas afectadas por el convenio para lograr un incremento salarial razonable, junto con algunos otros supuestos en los que los sindicatos han preferido cerrar el contencioso en términos muy deficientes y sin cláusula de revisión ante la incapacidad de la organización de impulsar la participación activa de los y las trabajadoras en una movilización que incida en el tema salarial como eje de la negociación.  

Felizmente, este empuje sindical coincide con un panorama económico relativamente estable en estos tiempos de incertidumbre. Los últimos datos sobre el empleo son muy positivos, aún con el dato de casi tres millones de parados. La Seguridad social sigue sumando nuevos afiliados  hasta la cifra de 20.240.450 afiliados, una dinámica que se mantiene al alza por 18º mes consecutivo, y el paro baja en octubre en 27.027 personas, el mayor descenso de este mes en la serie histórica, y disminuye en todos los sectores. La reforma laboral sigue mostrando su vigencia, de manera que el 45,75% de los contratos registrados en este mes fueron indefinidos. Éstos se dividen, en cuanto a la duración de su jornada, en 263.759 a tiempo completo, 173.742 a tiempo parcial y 259.834 fijos discontinuos. En términos acumulados, los contratos indefinidos a tiempo completo alcanzan de enero a octubre de este ejercicio un total de 2.534.409, un aumento de 1.527.262 (151,64%) que en igual periodo del año 2021. Los contratos indefinidos a tiempo parcial suponen un total de 1.484.660, registrando un aumento de 1.047.402 (239,54%) en relación al mismo periodo del año anterior. Frente a ello, los contratos de carácter temporal registrados en el mes de octubre de 2022 han sido 826.804, representando el 54,25% del total. Son 867.284 (-51,19%) menos que el mismo mes del año 2021. Según los datos facilitados por el Ministerio de Seguridad Social, en lo que va de año, se han reducido en más de 2,8 millones los afiliados con contratos de menos de 30 días y se ha incrementado en 48 días la duración media del total de contratos que han causado baja en estos 10 meses en comparación con el mismo periodo de 2019. Y el número de trabajadores en ERTE se estabiliza en torno a las 17.000 personas, con tendencia al descenso.

En este contexto, es evidente que un acuerdo central a nivel estatal que incluyera una cláusula de revisión salarial en varios tiempos, facilitaría la estabilidad económica y aseguraría la recuperación económica incluso en un momento como el actual muy complicado e inseguro. La CEOE se opone a ello y cada vez es más evidente que son razones externas las que guían su negativa. Se trata de la presión política que está sufriendo el presidente de la CEOE, que tiene que revalidar su posición en las elecciones del 23 de noviembre próximo, por parte de las federaciones y asociaciones empresariales más comprometidas con el Partido Popular que quieren impedir a toda costa un pacto que facilite la gobernanza de la negociación colectiva y por consiguiente que sea funcional al mantenimiento de una cierta recuperación económica, unido a la codicia corporativa extrema de grandes firmas que se están enriqueciendo de manera exponencial – bancas y empresas de energía – con la crisis derivada de la guerra de Ucrania. Por ello, el conflicto es inevitable y los sindicatos se verán obligados a ir poniendo en práctica una estrategia articulada de huelgas y movilizaciones por sectores y empresas que no permitan a las empresas instalarse en este espacio de preservación de ganancias desaforadas en la crisis y de apoyo activo a las posiciones de hostilidad plena frente al gobierno del Partido Popular, una estrategia que si no se modifica después de las elecciones en el seno de la CEOE, puede llevar a esta organización a intentar administrar un plan de conflicto social no deseable y a una marginación en su capacidad de mediación frente a decisiones del poder público muy incisivas.

 



 




miércoles, 2 de noviembre de 2022

ENCUENTRO HISPANO – ITALIANO DE JURISTAS DE TRABAJO. TRANSICIONES LABORALES JUSTAS Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE. HABLA FRANCISCO TRILLO.

 



Desde mediados de la década de los ochenta del pasado siglo hasta los inicios de este, se realizaron una serie de encuentros entre iuslaboralistas españoles e italianos, que fueron creando un reguero de seminarios y de debates bajo la dirección de Maria Emilia Casas por el lado hispano y Umberto Romagnoli por el italiano. El espacio de discusión y de intercambio doctrinal fue extraordinariamente amplio y permitió el conocimiento mutuo de generaciones de juristas del trabajo que confrontaban su producción teórica entre las respectivas culturas jurídicas, la española construyendo sus líneas maestras a partir de la tardía implantación de un sistema democrático de relaciones laborales, la italiana con el bagaje impresionante de una producción exuberante de diseño original y profundamente democrático. Esta experiencia se ha vuelto a poner en marcha mediante un seminario celebrado los días 27 y 28 de octubre en la isla de La Palma, al que acudieron una treintena de profesoras y profesoras de ambos países. Francisco Trillo, que fue relator general de las jornadas, efectúa para este blog una narración sobre los contenidos de los diálogos allí emprendidos y su importancia.

Seminario de juristas del trabajo de Italia y España en La Palma. Transiciones laborales justas y crecimiento económico sostenible

Francisco Trillo (UCLM)

 

 

Durante los días 27 y 28 de octubre ha tenido lugar en La Palma un Seminario hispano-italiano de Derecho del Trabajo que ha tratado de proyectar contenidos a un título tan interesante como el de Transiciones laborales justas y crecimiento económico. Esta actividad académica, quizá irrelevante para los criterios ANECA en relación con la promoción profesional del personal docente e investigador, ha consentido a un grupo de juristas del trabajo españoles e italianos, más de treinta en total, debatir, como expresa el cartel de la actividad, sobre el presente continuo y futuro del Derecho del Trabajo con la mirada puesta en las estrellas y los pies en la tierra. Cuatro grandes ejes han servido de hilo conductor al debate. En primer lugar, el análisis del polinomio entre desarrollo económico, sostenibilidad social y relaciones de trabajo, a cargo de Antonio Baylos, quien no puedo asistir finalmente al encuentro por hallarse enfermo, y Andrea Lassandari, siendo moderadora Margarita Ramos. El segundo se localizó en la reflexión de las transiciones justas y equitativas en el contexto de la digitalización y la inteligencia artificial, desarrollado por AnnaMaria Donini y Dulce Cairós, moderando la sesión Lorenzo Zoppoli. El tercer bloque aterrizó sobre las nuevas formas de trabajo: combatir la precariedad y la pobreza para dignificar el trabajo, por cuenta de Jaime Cabeza y Federico Martelloni, y moderado por Laura Calafà. En último lugar, Silvia Borelli y Amparo Merino delinearon los principios y derechos fundamentales para un trabajo digno, que contó con Gloria Rojas como moderadora.

La estructura y dinámica del Seminario se ha apoyado además en la labor de dos relatores por mesa de trabajo, así como en la de un relator que realizara una síntesis final. En orden de aparición según el programa: Juan Miguel Díaz/ Giovanni Orlandini; Valeria Nuzzo/ Juan Escribano; Ester Villa/Lucía Dans; Sarai Rodríguez/Simone Varva; Francisco Trillo. La idea de las organizadoras ha sido, entonces, la de que cada mesa contara con relatores que recogiesen las principales conclusiones de cada mesa para hacerlas llegar al relator de las conclusiones finales. 

Las líneas que siguen han de situarse en el ámbito de las conclusiones generales, puesto que resultaría imposible trasladar el conjunto de ponencias y debate en un espacio como el que generosamente nos ofrece Según Antonio Baylos. Habrá que esperar -y desear- a ver si las contribuciones del Seminario se reflejan en la elaboración de algún material académico que sirva para la potenciación de los debates desarrollados en los días que duró el Seminario. Con carácter previo, se anticipa la primera de las conclusiones generales, una de las más interesantes: el sincero agradecimiento mostrado por cada interviniente a las personas que han permitido relanzar este tipo de encuentro entre juristas del trabajo italianos y españoles. Esto es, Antonio Baylos y Andrea Lassandari, como ideólogos del encuentro, y Margarita Ramos, en calidad de anfitriona del acto académico.

Las mesas que han llenado de contenido el Seminario abren un diálogo entre sí, especialmente estrecho entre la primera y tercera mesa, por un lado; por otro, entre la segunda y la cuarta. Esto es, por un lado, entre las reflexiones sobre desarrollo económico, sostenibilidad social y relaciones de trabajo y las nuevas formas de trabajo: combatir la precariedad y la pobreza para dignificar el trabajo. Por otro, hubo reenvíos recíprocos entre las intervenciones dirigidas a analizar las transiciones justas y equitativas en el contexto de la digitalización y la inteligencia artificial y los principios y derechos fundamentales para un trabajo digno.

El primero de los diálogos se sustenta sobre la complejidad de desentrañar las relaciones entre desarrollo económico, sostenibilidad social y relaciones de trabajo, donde obligatoriamente se revisitan cuestiones clásicas, en un contexto modificado, sobre la función y la efectividad de un Derecho del Trabajo multilevel. Todo ello, en un contexto europeo de renacionalización política impuesto por las opciones que basculan entre la derecha extrema y la extrema derecha. Se desprende una cierta insatisfacción del análisis más prolijo sobre la intervención y efectividad de cada uno de los ámbitos territoriales que conforman el Derecho del Trabajo, a la que contribuye la nueva caracterización de la globalización económica del siglo XXI. Es por ello, que nos debemos interrogar sobre la suficiencia de la intervención normativa de la OIT en relación con el trabajo decente y la regulación de las cadenas de valores; de la ONU, a través de los principios guía sobre diligencia debida de las empresas transnacionales; de la Unión Europea en relación con la posibilidad de que se obtenga un texto normativo adecuado de la Propuesta de Directiva sobre debida diligencia; o, en último lugar, sobre la posibilidad de que los Estados tengan una posición más intensa y favorable a la sostenibilidad social, interpretada en un sentido más amplio que el de la debida diligencia, partiendo de la premisa de que los principales obstáculos no se localizan en el ámbito de lo técnico-jurídico, sino en el terreno político. Esta situación, descrita sucintamente, llama la atención sobre la especial relevancia de la acción sindical y la negociación colectiva, si cabe hoy más trascendental que ayer, de cara a intervenir sobre la unilateralidad de los poderes de los sujetos empresariales, cuya entronización sociopolítica, si bien en declive como el propio modelo político neoliberal, todavía genera espacios de excepcionalidad jurídica inéditos en otras ramas de los distintos ordenamientos. Por ello se entiende muy oportuno llamar la atención sobre dos instrumentos de acción sindical como son el boicot a empresas transnacionales que no respeten la sostenibilidad social -siempre que se consiga construir un verdadero interés colectivo supranacional- y la potenciación del derecho de resistencia de las personas trabajadoras ante órdenes e instrucciones empresariales que puedan tener efectos sociolaborales y/o medioambientales perjudiciales.

Sobre estas premisas intervienen dos realidades muy concretas como son el trabajo forzoso o esclavo y la precariedad laboral en relación con la identidad de las personas trabajadoras. Ambas materias presentadas como propuestas de análisis y desarrollo de las nuevas formas de trabajo nos lleva a un espacio de reflexión sobre la necesidad de que los juristas del trabajo, el propio Derecho del Trabajo acepte su identidad mestiza, que bascula entre el reenvío al tratamiento jurídico del trabajo como un derecho humano y el uso de técnicas jurídicas clásicas de combate de la precariedad laboral en sentido amplio, donde la irrupción de la última pandemia evidenció de forma muy nítida las virtudes de este mestizaje. Por un lado, la aplicación del Convenio OIT nº 29, ratificado por España -no así por Italia -  sobre trabajo forzoso nos coloca sobre la situación de esclavitud moderna que se vive en los países más ricos del mundo, cuya principal manifestación es la pobreza como un fenómeno causado por el propio funcionamiento de la empresa privada. Una pobreza que se declina violentamente en femenino y que afecta con mayor énfasis a las personas migrantes, y donde los juristas del trabajo estamos un par de pasos atrás respecto de otras ramas del ordenamiento jurídico, como el Derecho Penal. Por su parte, el análisis de la precariedad laboral, entendida como pérdida de dignidad y, por ello, de igualdad y de libertad, obliga a aceptar este fenómeno como uno de los principales compañeros de viaje del Derecho del Trabajo a partir de la década de los años 80 del siglo pasado, cuya seña de identidad más actual reside en su transversalidad, desbordando así la relación más clásica entre temporalidad y precariedad. Una precariedad laboral multicausal con diferentes formas de manifestación que abarca desde la pobreza laboral, donde el conflicto sobre los criterios de la revisión salarial en negociación colectiva motivan la inminente salida a la calle de las personas trabajadoras y sus organizaciones sindicales el 3 de noviembre, la desigualdad laboral motivada principalmente por el seguimiento todavía hoy de la teoría sobre cómo evitar los costes transaccionales en las relaciones laborales o, en última instancia, la desprotección de aspectos como el tiempo de no trabajo y la profesionalidad de las personas trabajadoras. En estos dos temas entrelazados, que persiguen dignificar el trabajo, existe una convergencia fundamental nucleada en torno a la necesidad de la presencia del sujeto sindical y de su acción como condición sine qua non para combatir la precariedad y la pobreza. En el primero de los ámbitos, se trataría más bien de asegurar de forma novedosa la presencia sindical y de la negociación colectiva en aspectos relacionados con el trabajo forzoso o esclavo. En la segunda, revigorizar la acción del sujeto sindical abriendo nuevos espacios de intervención a la negociación colectiva en materias como las comentadas previamente.

El segundo gran diálogo, reto para el Derecho del Trabajo, se conecta con la reconversión del sistema productivo, que se aposenta en el territorio de la economía digital y de la inteligencia artificial, donde cabe llamar la atención sobre la responsabilidad de los juristas del trabajo para no caer en una suerte de banalización pesimista/ determinista del impacto de la capacidad de organización productiva de los sujetos empresariales a través de la digitalización y de la inteligencia artificial. La ordenación de las transiciones justas en el momento actual ha de incorporar todos los instrumentos posibles de salvaguarda de los derechos sociales, haciendo especial hincapié en aquellos que derivan de la protección del medioambiente con la intención de promocionar un proceso de ecologización de la economía que consienta no dejar atrás a nadie en esta nueva reconversión productiva. Y ello, bajo la mirada atenta de aceptar la inescindibilidad de los derechos laborales del espacio empresa, interviniendo con técnicas jurídicas clásicas, pero también bajo la consideración del trabajo como derecho humano, así como a través de actuar las técnicas reservadas a preservar el medioambiente. Los retos que enfrenta la regulación del trabajo subordinado en relación con fenómenos como los modelos de negocio basados en plataformas digitales o la puesta en marcha y desarrollo del trabajo a distancia han de entenderse, con todas sus dificultades, como una oportunidad reconstituyente del Derecho del Trabajo en todos sus ámbitos de intervención que, entre otros, comprende las relaciones entre empleo y condiciones de trabajo, la mayor transparencia de las decisiones empresariales que impactan en éstas, la revigorización de los derechos de información, la búsqueda de la mayor participación de las representaciones de las personas trabajadoras en los lugares de trabajo en relación con la organización de la producción o, por mencionar alguna más, las técnicas procesales que acompañan la prueba en el proceso laboral. Pero también, se hace necesario acudir a técnicas jurídicas pertenecientes a espacios considerados hasta hoy enemigos del Derecho del Trabajo, como destacadamente sucede con aquellos que derivan del derecho de la competencia (leal).                

De este modo, la fijación de los principios y derechos fundamentales del Derecho del Trabajo se han de orientar de forma más intensa que nunca hacia la dignidad de los nadie, pues es con ellos con los existe una mayor capacidad de actuación jurídica y política de cara a crear las bases de un desarrollo sostenible donde se garantice el trabajo digno. Sin embargo, estas aspiraciones contrastan fuertemente con realidades normativas muy actuales como la tutela de los derechos fundamentales de las personas trabajadoras en los distintos ámbitos de intervención del Derecho del Trabajo, especialmente en el ámbito supranacional europeo, donde se asiste a una caracterización de aquéllos que los presenta como incompatibles con los grandes pilares económicos europeos. De nuevo, existe un punto neurálgico de convergencia en los temas planteados que conducen hacia la necesidad de permitir el pleno desarrollo de los derechos fundamentales, asegurando, contra la más reciente propuesta de directiva europea sobre debida diligencia y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la libertad sindical, así como la eficacia jurídica del convenio colectivo. De ello, depende en última instancia la salvaguarda de la democracia industrial, entendida como democratización del espacio empresa, pero también como uno de los factores más relevantes en el entendimiento y situación de las democracias en el seno de la Unión Europea.       

Expandir las bases y técnicas jurídicas del Derecho del Trabajo podría resumir el debate más reciente de los retos a los que se enfrente nuestro Derecho.