viernes, 10 de marzo de 2023

HA FALLECIDO FERNANDO VALDÉS DAL-RE

(Fernando Valdés en el curso de Posgrado en Derecho UCLM. Toledo, enero 2020)

Ayer, 9 de marzo, recibí el mensaje de su hijo en el que me comunicaba la triste noticia. Fernando Valdés había fallecido de madrugada, tranquilo, al lado de su mujer e hijos, como él quería. Tenía 77 años. Un anuncio luctuoso que era previsible, dada la larga enfermedad que le aquejaba desde hacía cuatro años, pero que impacta en tantas personas que hemos acompañado su existencia ante la conciencia de que con él se diluyen tantos recuerdos y vivencias comunes. Su desaparición ha sido lamentada por las instituciones en las que participó, desde la AEDTSS y la AESS, como entes que organizan el sentir de los profesores universitarios de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, hasta el Tribunal Constitucional. Han sido muchas las personas que han hecho públicas sus condolencias y los principales periódicos han resaltado su fallecimiento.

Mi primer recuerdo se remonta a 1976, cuando yo acababa de entrar en el Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la UCM y entró en el despacho que compartíamos Javier Matía, Fernando Pérez Espinosa y yo mismo como el recién llegado. Vio que tenía escrito un resumen de su trabajo sobre el Decreto Ley de 1975 sobre huelga (ese era mi tema de tesis) y me lo pidió para leerlo, un gesto que me halagó y que luego asocié a su capacidad para entablar una relación directa y hoy llamaríamos horizontal con las personas que estábamos aprendiendo el oficio de la docencia y la investigación. Para todos los de mi generación, resultaba imprescindible seguir sus escritos como forma de progresar en nuestro trabajo, y en aquellos tiempos en los que era difícil el acceso a la elaboración teórica que sobre nuestra materia se estaba haciendo en otros países de Europa, sus aportaciones resultaban imprescindibles. De hecho, su trabajo sobre ideologías pluralistas y relaciones de trabajo, que le pedí publicar en la Revista de la Facultad de Derecho en 1979, bajo una junta de Facultad guiada por una coalición progresista, suponía la introducción de una apuesta por la autonomía colectiva como forma de producción del derecho que no abandonó jamás y que resultaba una contra tendencia en aquel momento histórico.

Jesus Lahera ha resumido en tres grandes etapas – el prefiere denominarlas “narrativas” – la semblanza histórica de Valdés. En la primera resalta su posición institucional como constructor – “arquitecto” del derecho le ha llamado el diario vallisoletano El Norte de Castilla – del nuevo sistema jurídico resultante de la transición a la democracia y la Constitución de 1978, a partir de su importante contribución como letrado del Tribunal constitucional (1984-1985) y director del Servicio Jurídico del Estado (1986-1990). En la segunda destaca la madurez académica y profesional universitaria, como maestro y excelente jurista del trabajo una vez llegado a la UCM (1991-2012), para culminar en su etapa de juez constitucional a partir de 2012. Es un buen resumen de su trayectoria vital, pero para muchos de nosotros, la posición más relevante de Fernando ha sido siempre la profesoral. Era un gran profesor, en toda su amplia acepción. Es decir, tanto en su capacidad de investigar y de producir teoría, como en su excelente forma de exponer sus ideas en clases, charlas y conferencias, y en su capacidad de dirigir equipos de investigación y de trabajo. Elías González Posada, Lola Román de la Torre, Henar Merino, Mari Luz Rodriguez, son testigos sin duda de cuánto les aportó a sus propias biografías ese momento primero de crecimiento intelectual y profesional de su maestro en Valladolid en las décadas de los 80 y 90 del pasado siglo, incluso después de la llegada a la UCM en 1991. Otras muchas personas han visto también entrelazadas sus experiencias académicas con él. Algunas con especial intensidad, como Jesús Cruz, Maria Luisa Molero, Jesús Lahera o Ana Murcia, que, con Elías Gonzalez-Posada, prepararon el libro homenaje de estudios en su honor dedicado a la negociación colectiva como institución central del sistema de relaciones laborales, pero otros muchos que no es posible mencionar aquí, han convergido en algún momento en su estela, tanto en Valladolid como en la Complutense de Madrid, además de sus discípulos y doctores tanto en España como en Chile, Brasil o Argentina.

Fernando Valdés mantuvo una fuerte presencia internacional, y forma parte de la reducida élite de juristas españoles que participaron en la construcción de un derecho social europeo, y formó parte de numerosos proyectos europeos en este sentido. Su perfecto conocimiento del francés favoreció una relación intensa con Antoine Lyon-Caen y Antoine Jeammaud en Francia, además de su presencia regular en los cursos de doctorado de Paris X Nanterre. En Italia, además de su ligazón con Silvana Sciarra o con Guido Balandi, mantuvo una gran afinidad con Marco Biagi y participó en el círculo de comparatistas que éste alentaba. Posteriormente, con Adalberto Perulli habría de participar permanentemente en los seminarios que se organizaban en Venecia todos los septiembres.

Posiblemente una de sus actividades más influyentes en lo que se refiere a la orientación doctrinal de nuestra materia en España fue su decisiva contribución a la creación, en 1984 de la revista Relaciones Laborales. Teoría y Práctica (Editorial La Ley), bajo la dirección de Miguel Rodriguez-Piñero, con él como subdirector de la misma. A través de las páginas de esta publicación, se fue orientando una nueva doctrina laboral y una forma de construcción de la cultura jurídica de los iuslaboralistas. Los editoriales de la Revista, a la que pronto se habría de sumar Maria Emilia Casas, eran verdaderas piezas de análisis y de política del derecho. Su hegemonía cultural era indudable. El rol desempeñado tras las reformas de 1994 y 1997 de racionalización y redireccionamiento de la flexibilización operada en este importante cambio normativo fue, en el sentido indicado, extremadamente decisivo.

Como jurista pleno en todas sus dimensiones, Fernando Valdés mantenía una dimensión ideológica de su pensamiento conectada directamente con el reformismo social progresista. Crítico siempre de los elementos más regresivos de nuestra legislación – su cuestionamiento del “culto a la temporalidad” de nuestro sistema es todavía hoy ineludible – la irrupción de las políticas de austeridad que retorcieron el esquema normativo en nuestro país le hizo adoptar unas posiciones que censuraban fuertemente la deriva legislativa en marcha. Primero con la reforma del 2010 – lo que le costó que fuera pospuesto en el nombramiento de magistrado del Tribunal constitucional en ese año, mientras que entró por consenso como magistrado Pérez de los Cobos – y de manera más penetrante, frente a la del 2012. En aquella época ambos organizamos un manifiesto que firmaron 55 catedráticos y catedráticas de Derecho del Trabajo y cuyo texto publicamos en El País  con cierta dificultad por parte de la dirección del periódico y puede encontrarse en este enlace https://elpais.com/politica/2012/03/23/actualidad/1332530182_382930   – que tuvo una amplísima difusión no solo en nuestro país, sino en Latinoamérica y Europa. Su actitud pro labour era siempre cristalina.

En el 2012 entró en un Tribunal Constitucional en el que la mayoría estaba claramente escorada hacia posiciones conservadoras y, en materia laboral, decididamente entusiastas de la reforma laboral de la que parece que quien luego sería Presidente de esta institución se sentía particularmente orgulloso de su autoría. En esta etapa, sus votos particulares a las cuestiones de inconstitucionalidad y recursos de amparo fueron decisivos y denotaban una potencia teórica y un cuestionamiento radical de las opciones que vencían por mayoría en la sala o en el Pleno. Los estudiosos de la asignatura comenzábamos a leer las sentencias a partir de los votos disidentes que escribía Fernando Valdés. Una posición crítica que costó la vida a la revista Relaciones Laborales tras treinta años de existencia. La editorial  Wolters Kluwer decidió acabar con la línea crítica mantenida frente al ciclo reformista en los editoriales que firmaban colectivamente dos ex presidentes del Tribunal constitucional y un magistrado en activo del mismo. Este asunto está resumido en la siguiente entrada: https://baylos.blogspot.com/2014/12/obituario-de-una-revista-relaciones.html

Fernando enfermó antes de la irrupción de la pandemia, pero siempre estuvo atento a nuestras llamadas, con esporádicos pero siempre divertidos encuentros y almuerzos – su predilección por las casas de comidas de mi barrio, Ananías, Casa Ricardo, La Playa – en los que debatíamos sobre todo y todas las cosas. En los cursos de postgrado en derecho que organizábamos en enero en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo, era siempre nuestro conferenciante principal. Su última conferencia fue en el curso  de enero de 2020, inmediatamente antes de la declaración del estado de alarma, del que se conserva la foto que sirve de pórtico a este recuerdo.

Fernando Valdés ha sido un gran amigo y un maestro imponente. Un hombre comprometido con los valores de la libertad, la igualdad y la justicia (¿se puede decir aún que del socialismo democrático?). Una bella persona. Con el desaparece también una parte de nuestra propia historia, de nuestros afectos, de nuestra memoria. Que la tierra le sea leve.

 

 

 

 

 

miércoles, 8 de marzo de 2023

VUELVE EL CURSO DE TOLEDO PARA EXPERTAS Y EXPERTOS LATINOAMERICANOS EN RELACIONES LABORALES

 


Nuestros dos grandes amigos y maestros del Curso de Toledo, desaparecidos en estos años de pandemia e inestabilidad: Umberto Romagnoli y Luigi Mariucci. 

Han pasado muchas cosas entre el año 2020 y el actual. La recuperación de la normalidad (siempre relativa) tras la pandemia y sus secuelas han creado las condiciones para volver a efectuar el Curso de Toledo para expertas y expertos latinoamericanos en relaciones laborales, en cuya reconstrucción han insistido el grupo de ex becarios del mismo y en especial su coordinador general, Pedro Guglielmetti y la sección argentina con Enrique Deibe a la cabeza. El curso, pese a las dificultades de su organización, se presenta en un formato académico semejante, pero con algunas peculiaridades de gestión relevantes. Se da cuenta hoy de su nuevo emprendimiento y del programa provisional. Las candidaturas deberán presentarse en el plazo prudencial que se adopte oportunamente, en todo caso, antes de que finalice el mes de marzo de este año. Este es la presentación y el programa provisional previsto:

Curso de Especialización para

Expertas/os Latinoamericanas/os en Relaciones Laborales

 

“TRABAJO Y CIUDADANÍA: HOMENAJE A UMBERTO ROMAGNOLI”

 

       Toledo, del 18 al 29 de septiembre de 2020

 

Después de la interrupción debida a la pandemia de la COVID-19 el Curso de Especialización para Expertas/os  Latinoamericanas/os en Relaciones Laborales continúa este año de 2023. Esta magnífica iniciativa cuenta ya con más de treinta años de historia y ha generado una amplia y activa red de ex participantes diseminados por toda América Latina. Este Curso viene a dar cuenta de ella y expresa de modo especial este año, en el que hay que superar no pocas dificultades, la voluntad de no interrumpir los contactos con una amplia audiencia de interesadas/os potenciales. La pandemia en 2020 segó la vida de nuestro amigo el Prof. Luigi Mariucci, asiduo profesor del Curso, y en diciembre de 2022 falleció el maestro Umberto Romagnoli, fundador del Curso. Han sido pérdidas terribles.

Lo que de manera clara asemeja la edición 2023 con sus precedentes son sus características de fondo, pero este año es obligado que se haga en homenaje al Prof. Romagnoli, por eso versa sobre el trabajo y la ciudadanía que fueron los temas a los que tantas reflexiones dedicó.

En las ediciones de los últimos años se ha prestado especial atención a los efectos de la crisis civilizatoria sobre las relaciones laborales y, más en general, sobre el Estado Social y Democrático de Derecho encarnado en los países europeos después de la segunda postguerra mundial, que tenía como elementos basilares al Derecho del Trabajo y al Sistema de la Seguridad Social. Hay poca discusión de que ya antes de la crisis financiera de 2008 se ha producido una reestructuración del Estado Social y Democrático de Derecho merced a la preponderancia alcanzada por el capital financiero. Uno de los efectos más llamativos es el considerable aumento de la desigualdad en la distribución mundial de la riqueza que es también evidente en el interior de los Estados, aún en aquellos considerados del “primer mundo”. La gran pregunta entonces es cuánta desigualdad puede aguantar un Estado para poder ser considerado democrático, o lo que es lo mismo, hasta que punto es compatible el constitucionalismo democrático alumbrado en el siglo XX con el fuerte aumento de las desigualdades sociales y económicas, lo que implica preguntarse por la suerte del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y el sentido de la ciudadanía en el siglo XXI tan incierto. 

Por tanto, el sentido de la materia a tratar en esta edición mantiene una continuidad con el “espíritu” del Curso, que no es otro que la consideración de que, si bien el Derecho del Trabajo (utilizado en su sentido más amplio) fue el más eurocéntrico de los Derechos, no deja de ser cierto que en Latinoamérica ha echado raíces y, por ello, las transformaciones que sufra tienen un potencial efecto global.

El Curso, como en años anteriores, está dirigido a  juristas, economistas, sociólogas/os y psicólogas/os  expertas/os en relaciones laborales que desarrollen sus actividades en las Universidades, en la Administración del Estado, en la Judicatura, como profesionales por cuenta propia o como asesores de Organizaciones sindicales o  empresariales.

El coste del curso para los participantes es de 1.500 euros. Esa cantidad cubre las actividades docentes, la documentación científica que se les suministrará, el almuerzo de bienvenida, el de todos los días del curso y la cena de clausura, así como seguro médico.

Al ser un curso de alta especialización, las necesidades docentes exigen un “numerus clausus” que se establece en 30 personas, reservándose 5 a ex-participantes que deseen cursar la presente edición.

El Curso tendrá lugar en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Castilla-La Mancha, sita en la ciudad de Toledo, en el antiguo Convento de San Pedro Mártir, que hace más de una década se amplió con la anexión del también antiguo Convento de la Madre de Dios, en el que durante su restauración aparecieron ruinas romanas y de otras civilizaciones que han quedado integradas en el edificio. Esta Facultad es una joya arquitectónica que, desde el siglo XIV al XVII, ha ido sumando construcciones que forman un soberbio conjunto adaptado con singular maestría a las necesidades universitarias actuales.

Habrá traducción simultánea para las ponencias que se impartan en italiano.

La ciudad de Toledo, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, está conectada con Madrid por tren de alta velocidad (30 minutos desde la estación de ferrocarril Puerta de Atocha). También hay transporte público por carretera. La estación Puerta de Atocha  está conectada con el Aeropuerto de Barajas por tren (25 minutos), por metro y por autobús.

El plazo de presentación de candidaturas comienza en breve, en la fecha que se determine próximamente, en todo caso antes de finales de marzo del presente año. 

Para solicitar información y presentar candidaturas, que deberán ir acompañadas de un curriculum vitae abreviado, las/os interesadas/os deben dirigirse a:

Ana Belén Herrera

c/ Altagracia 50 13071 Ciudad Real (España)

Telef. 00 34 926 295402, extensión 6370. Correo electrónico anabelen.herrera@uclm.es

PROGRAMA (PROVISIONAL) DEL CURSO 2023

DIRECCIÓN: JOAQUÍN APARICIO TOVAR, ANTONIO BAYLOS GRAU Y LAURA MORA CABELLO DE ALBA

COODINADOR GENERAL: PEDRO GUGLIELMETTI

 

18 DE SEPTIEMBRE, LUNES:

10,00: Inauguración.

Laura Mora, director del curso

Pedro Guglielmetti, coordinador del Curso

Rosario Gallardo, directora del departamento

Decano  de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

Vicerrectora de Toledo.

10,45: conferencia inaugural: Marco institucional de regulación del trabajo y derechos de ciudadanía. La experiencia española 2020-2023

Joaquín Pérez Rey , Secretario de Estado de Empleo del Ministerio de Trabajo y Economía Social y Profesor Titular de Derecho del Trabajo de la UCLM.

11,30- 12,00: Debate y preguntas,

12,00-12,30: Café

12,30: Estado Social y ciudadanía.

Joaquín Aparicio, Profesor honorario UCLM.

13:45. Comida y vino de acogida

19 SEPTIEMBRE, MARTES.

10,00: Qué ciudadanía para una sociedad sostenible.

Joaquín Nieto. Exdirector de la Oficina de la OIT en España

12,00: Discapacidad, igualdad y ciudadanía. El libro blanco de la discapacidad

María José Romero. Catedrática de Derecho del Trabajo UCLM.

20 DE SEPTIEMBRE, MIÉRCOLES

10,00: Nuevas formas de trabajo. ¿Fragilidad de la ciudadanía basada en el trabajo?

Francisco Trillo. Profesor Titular de Derecho del Trabajo UCLM.

12,00: Ciudadanía y constitución

Ramón Sáez. Magistrado del Tribunal Constitucional

21 DE SEPTIEMBRE, JUEVES

10,00: Pensar la ciudadanía en femenino

Laura Mora. Profesora Titular de Derecho del Trabajo UCLM.

12,00: por determinar

22 DE SEPTIEMBRE, VIERNES

10,00 : Mesa redonda: el pensamiento de Umberto Romagnoli y su incidencia en el ámbito cultural hispano parlante.

-             Modera y preside la sesión: Joaquín Aparicio

-             Antonio Baylos: sobre el libro homenaje de Umberto Romagnoli

-             Juan López Gandía.

-             Miguel Rodriguez-Piñero y Bravo Ferrer, expresidente del Tribunal Constitucional

-             Maria Emilia Casas Baamonde, expresidenta del Tribunal Constitucional

-             Pedro Guglielmetti

-             Guillermo Gianibelli, catedrático de Derecho del Trabajo, Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires.

SEGUNDA SEMANA

25 DE SEPTIEMBRE, LUNES.

10,00: Trabajo y empleo: colectivos vulnerables

Jaime Cabeza. Catedrático de Derecho del Trabajo. Universidad de Vigo.

12,00: Trabajo y derechos digitales

Belén Cardona. Catedrática de Derecho del Trabajo. Universidad de Valencia

26 SEPTIEMBRE, MARTES

10,00: Reforma laboral, trabajo y ciudadanía

Antonio Baylos, catedrático de Derecho del Trabajo, UCLM.

12,00: Rentas de subsistencia e ingreso mínimo vital como condición ciudadana

Rafael Gómez Gordillo, Profesor Titular Derecho del Trabajo, Unniversidad Pablo de Olavide de Sevilla.

27 SEPTIEMBRE, MIÉRCOLES

10,00: Empresas Transnacionales y derechos humanos

Adoración Guamán, Profesora Titular de Derecho del Trabajo, Universidad de Valencia

12,00: Laura Calafá (por determinar)

28 SEPTIEMBRE, JUEVES

10,00: Federico Martelloni (tema por determinar)

12,00: Andrea Lassandari (tema por determinar)

Cena final del Curso

29 SEPTIEMBRE, VIERNES

10,00 : Mesa Redonda: Trabajo y ciudadanía: los actores sociales.

Modera y preside : Guido Balandi

Participan: Director de la oficina de la OIT de España, Felix Peinado.

SG de CCOO, Paco de la Rosa.

SG CEOE de CLM.

12,00 : Conclusiones de los grupos y final del Curso. Entrega de títulos.

 

 

 


martes, 7 de marzo de 2023

LA IMPARCIALIDAD DE LOS JUECES Y EL PARTIDO POPULAR, UNA OPINIÓN DE ENRIQUE LILLO Y ANTONIO BAYLOS

 


Las noticias sobre el caso Kitchen, es decir la operación del Ministerio del Interior para sustraer información sensible al extesorero del Partido Popular y que pudiera perjudicar a altos cargos de este partido político, se ha ido extendiendo y ramificando , de manera que ya se conoce que se utilizaron medios y efectivos de la seguridad del Estado para difundir noticias falsas con la intención de perjudicar directamente a los que se consideraban enemigos políticos del Partido Popular, entre ellos a dirigentes de Podemos y a ciertos líderes independentistas catalanes. El caso ofrece además otros ribetes oscuros en lo que se refiere a la relación con miembros del aparato judicial. Este es el aspecto que hemos abordado conjuntamente Enrique Lillo y el titular de este blog y que en una versión más reducida se ha publicado hoy mismo en el digital Público.es. (https://blogs.publico.es/otrasmiradas/69512/la-imparcialidad-de-los-jueces-y-el-caso-kitchen/) La que se publica ahora es la versión extendida del artículo.

Es frecuente escuchar que los aparatos judiciales no son neutrales. Pero se confunden imparcialidad y neutralidad de los jueces. Los juristas sabemos que el juez debe ser imparcial, pero no neutral[1], porque su actividad tiene que estar necesariamente orientada a la defensa de los valores recogidos en la constitución que conforman el estado social de derecho y en donde cobra una importancia decisiva la igualdad – formal y material o efectiva – junto con la libertad, el primado de la ley y la seguridad con los que los jueces deben estar directamente involucrados. La imparcialidad es una característica esencial de la función judicial, conforme a la cual el órgano judicial no puede comprometerse con alguna de las partes del proceso, ni contaminarse con su defensa, y va más allá de la serie de incompatibilidades y prohibiciones que marca la ley. La imparcialidad de quienes ejercen la función judicial debe cohonestarse con la independencia de los jueces frente a los poderes públicos y privados, así como con otros cánones de conducta como la integridad, la corrección, la competencia y la diligencia, según los principios de Bangalore establecidos por las Naciones Unidas.

Estos lugares comunes sobre la conducta y la posición institucional de las personas que imparten justicia, formando parte en consecuencia del servicio público esencial que realiza el derecho de la ciudadanía a la tutela judicial efectiva, están siendo ampliamente cuestionados en la práctica mediante la apropiación por parte del Partido Popular del espacio de la justicia no solo como elemento clave de su estrategia de deslegitimación política de sus adversarios, en especial del gobierno de coalición, sino como verdadero proyecto de acción para conseguir la parcialidad de los órganos judiciales en defensa de operaciones ilícitas planteadas como forma de financiación del partido o como medida de desprestigio y desautorización de quienes considera sus enemigos políticos.

Esta operación de captura de la parcialidad de los tribunales se acompaña de una campaña de defensa de la independencia judicial oportunamente jaleada por todos los medios de comunicación afines – que son muchos y poderosos, en especial en la prensa de Madrid y en las televisiones privadas – que ha llevado a plantear en Europa supuestas injerencias del gobierno en el ámbito de la justicia, invirtiendo así el hecho evidente del obstruccionismo inconstitucional que ha ido realizando el PP negándose a renovar el CGPJ durante ya más de cuatro años desde la fecha en la que debiera haberlo hecho, o activando todos los mecanismos posibles para evitar la renovación de los magistrados del Tribunal Constitucional, aunque esta maniobra haya sido frustrada recientemente. Sin embargo, e incomprensiblemente, todavía se mantiene el caducado CGPJ sin que se estén arbitrando medidas urgentes para combatir la resistencia inconstitucional del Partido Popular a llegar a un acuerdo de renovación del mismo negándose a aceptar su conformación de acuerdo a las mayorías parlamentarias que vencieron en las elecciones de noviembre de 2019.

En los últimos días hemos conocido una muestra muy clara que cómo la parcialidad de algunos jueces está integrada en el modo de actuar de los dirigentes del Partido Popular. Nos referimos al intercambio de mensajes entre el presidente de la Audiencia Nacional, Jose Ramón Navarro, y el entonces secretario de estado de seguridad, Francisco Martínez, que se han incorporado al sumario de la operación Kitchen, que desvela una gigantesca operación de acoso y desprestigio basado en informes falsos de los adversarios políticos del partido mediante la utilización de la estructura gubernamental del ministerio del Interior. En estos mensajes, el presidente de la Audiencia Nacional aconsejaba al número 2 de Interior del PP en plena investigación de la operación Kitchen, en clara vulneración del principio de imparcialidad del juez. Para los medios de comunicación empotrados en el área de poder económico y político que domina el Partido Popular, estos mensajes son inocuos, o, como ha señalado uno de sus autores, demuestran simplemente un trato de piedad ante una persona “desvalida”.

Pero realmente lo que aparece de la literalidad de este intercambio de whatsapp es una relación de confianza entre el presidente de la Audiencia Nacional y el entonces secretario de estado que se proyecta sobre la necesidad de obtener información sobre el proceso de investigación en marcha y obtener la inmunidad en el mismo, una relación por cierto que se cierra con la promesa de una cena conjunta bien regada con un vino de lujo por el que ambos compiten en invitar, una cena que según informaciones periodísticas, se celebró en efecto un poco más tarde de lo previsyo, de manera que el tema de la contaminación del juez por la defensa de la posición del investigado aparece de forma clara de estos hechos.

Dejando de lado el eje central de Kitchen, el empleo de los medios personales y materiales del Estado en la vulneración de la legalidad, divulgando noticias falsas y cometiendo una larga serie de ilícitos penales en beneficio del partido político, lo que se desprende de esta operación es que no se limita al espacio gubernamental comprometido, sino que ha alcanzado también a sectores clave del aparato judicial en una clara conducta que no puede definirse sino como parcialidad en el ejercicio de sus funciones. La obstinada negativa a la imputación de Maria Dolores de Cospedal, que los audios de Villarejo colocan en el centro impulsor de estas tramas, es una muestra evidente de lo que mantenemos.

Y por tanto no es de extrañar que la percepción de una buena parte de la ciudadanía discurra por normalizar la parcialidad de la actuación de los órganos judiciales, un hecho muy preocupante. No es necesario hablar de lawfare como se hace últimamente para recordar casos evidentes que denotan una parcialidad clara de los jueces que en la opinión pública se percibe como “natural”: entre ellos, la reciente vicisitud del caso de Isa Serra, no solo en lo referido a su condena por agredir a policías en un desahucio con el único testimonio de los policías implicados, sino en lo que respecta a la negativa del TSJ de fijar el término a partir del cual finaliza su inhabilitación política, la conformación del grupo de cinco vocales del CGPJ que vehiculan una estrategia de choque institucional desde este órgano de gobierno caducado contra las iniciativas de reforma del gobierno, o el caso emblemático del procesamiento y posterior absolución de los concejales de IU en el Ayuntamiento de Sevilla Antonio Torrijos y Jose Manuel García, en donde Torrijos durante 13 años fue sometido a cuatro procedimientos judiciales que acabaron todos ellos mediante sobreseimiento o absolución, a instancias de la jueza Alaya, que le persiguió sistemáticamente. Y se puede ir más allá en las querellas contra Ada Colau, la imputación de Mónica Oltra, el proceso que incrimina a Griñán y a Chaves, o en general la persecución contra Podemos y sus dirigentes, que cuenta con más de veinte querellas e investigaciones todas ellas archivadas o sobreseídas y que en la operación Kitchen son el objetivo principal, junto con algunos líderes independentistas, de la persecución policial y la difusión de noticias falsas. Sin olvidar que en todos ellos el uso mediático de la imputación judicial resulta fundamental en la estrategia de deslegitimación de las figuras políticas consideradas enemigas del Partido Popular, y que estos medios continúan en su estrategia de acoso y derribo de cualquier iniciativa de reforma progresista, conspirando y manipulando a la opinión pública con toda la fuerza de sus importantes recursos materiales que les suministra una audiencia extraordinariamente amplia.

Es necesario un esfuerzo colectivo por devolver a la judicatura una imagen de imparcialidad y de compromiso con los valores constitucionales como mecanismo de garantía de la tutela efectiva de los derechos ciudadanos (entre ellos el de la inviolabilidad de la persona, el derecho a la defensa y a un tribunal independiente e imparcial). No puede aceptarse que estas conductas se consideren normales por la opinión pública. La apropiación partidista por el Partido Popular de estos órganos judiciales debe denunciarse y perseguirse por pura higiene democrática. Nos va mucho en ello.

 



[1] Lo explicaron perfectamente Joaquin Aparicio y Jesus Rentero respecto del juez laboral: “El juez laboral, imparcial , pero no neutral”, Revista de derecho Social 4 (1999).