Tras el
fracaso anunciado de la investidura de Feijoo, es el momento de que Pedro
Sánchez intente conseguirlo. Parece evidente que se quiere la reedición del
gobierno de coalición progresista con SUMAR. En este miércoles ambas
formaciones se han dado de plazo hasta finales de octubre para cerrar el pacto
de gobierno. Al contenido de este pacto va dirigida la presente entrada del
blog, que es a su vez la base del editorial del número 103 de la Revista de Derecho
Social, quien generosamente nos ha permitido anticiparlo en esta bitácora.
Las elecciones generales
anticipadas del 23 de julio de este año han conducido a una situación
políticamente complicada. Por una parte, han impedido la formación de una
mayoría parlamentaria en torno al Partido Popular apoyado en la ultraderecha de
Vox a imagen de la que se ha ido plasmando en las Comunidades Autónomas y
municipios tras la cita electoral del 28 de mayo. Esta propuesta política, que
tenía además implicaciones importantes en la configuración de las alianzas del
Partido Popular Europeo, en el designio de una parte del mismo de abrirse a los
grupos de extrema derecha que operan en varios países europeos,
significativamente en Italia en torno a Fratelli d’Italia, el partido de la
ultraderecha italiana que ha logrado hacer presidenta del consejo de ministros
a Giorgia Meloni, ha sido finalmente derrotada en las elecciones anticipadas
españolas. Pese a que el Partido Popular ha sido quien más escaños ha logrado,
no ha sido capaz de articular una mayoría parlamentaria que sostuviera la
investidura de su líder más allá del perímetro que le marcaba la extrema
derecha.
Este fracaso político es
relevante porque tanto el Partido Popular como Vox se han destacado por su
beligerancia contra los acuerdos sociales que han reformado en los últimos tres
años el marco institucional de las relaciones laborales y se han opuesto en el
Parlamento y en su discurso ideológico a otras medidas muy significativas, como
la subida del salario mínimo, a la vez que mantienen estratégicos recursos de
inconstitucionalidad contra las principales reformas producidas. Aunque en el
parlamento el líder de esta formación política que aspiraba a la investidura
afirmara que no iba a modificar ni a contradecir el sentido general de las
modificaciones legislativas en materia laboral de estos años, la práctica
llevada a cabo durante este período de tiempo y el mantenimiento de los
recursos de inconstitucionalidad presentados, hacía presagiar una relación
conflictiva con éstas que ponía sobre aviso a los sindicatos y al propio
gobierno en funciones, más aun en un contexto en el que se reivindicaba la
política de austeridad que dio origen al cambio legislativo en el ciclo
2012-2013.
Pero en el otro lado, la mayoría
requerida para lograr que el actual presidente de gobierno vuelva a tener el apoyo
suficiente para formar gobierno, es muy exigua, y depende esencialmente de los
votos de Junts per Catalunya, lo que ha traído a primer plano la conveniencia y
la validez de una medida de gracia como la amnistía que pudiera no solo cerrar
la brecha en la sociedad catalana abierta por los sucesos del 1 de octubre del
2017, sino también lograr la “normalización” política de los líderes del
proceso independentista de aquellos momentos. El tema de la amnistía ha
monopolizado a partir de ahí el debate público, sin que por consiguiente se
haya hecho alusión a las líneas de acción que, una vez lograda la investidura
de Pedro Sánchez, habría de seguir el nuevo gobierno, que en principio
parecería continuista respecto de la coalición progresista que comenzó en diciembre
de 2019.
Sin descuidar obviamente la
importancia que reviste el planteamiento de las medidas de gracia como forma de
pacificación del conflicto y de recomposición de una perspectiva plurinacional
en la que la solución del problema catalán es central a efectos de obtener una
mayoría parlamentaria, lo realmente decisivo es la conformación de un programa
de gobierno en el que se enuncien las líneas de acción del mismo y en el que,
obviamente, la vertiente social y laboral tiene que ocupar una posición privilegiada,
dado que justamente esta ha sido la característica esencial de las políticas
públicas durante estos tras años y medio, acentuada con la irrupción de la
pandemia y el resto de turbulencias económicas que han zarandeado al país.
Hay que tener en cuenta que los
datos económicos son buenos, tanto a nivel de crecimiento como de mantenimiento
del empleo. La Seguridad Social suma casi medio millón de afiliados desde el
inicio del año y supera la creación de empleo del conjunto de 2022, es decir que
en el período enero-agosto se ha creado más empleo que en todo el año 2022. Se
mantiene el dinamismo del empleo en actividades innovadoras y en el empleo
femenino y juvenil, y veinte meses después de la entrada en vigor de la reforma
laboral, se constatan con claridad sus efectos positivos en la estabilización
del empleo y la mejora de su calidad. En agosto, el porcentaje de afiliados al
régimen general de la seguridad social con contrato temporal se sitúa en el
15%, casi la mitad del que se registraba antes de la reforma (un 29%). Por otra
parte, aunque el número de personas en
situación de desempleo registradas en las oficinas del Servicio Público de
Empleo Estatal (SEPE), al finalizar el mes de agosto ha ascendido en 24.826
personas en relación con el mes anterior (0,93%), esta subida es inferior a las
producidas desde el año 2016 y se encuentra muy por debajo de la media de la
serie histórica, porque desde hace 25 años, el paro aumenta en agosto debido a
los ciclos estacionales del modelo productivo que caracteriza a la economía
española. Además, en el plano macro, la OCDE ha elevado la previsión de
crecimiento para España al 2,1% en 2023 y al 1,9% en 2024, una muy buena
previsión en comparación con otras economías de la zona euro. Es decir que este
es un contexto que permite aventurar una relativa estabilidad en este aspecto,
sólo amenazado por la inflación y el incremento del precio del dinero.
Pero esta buena situación
económica no debe oscurecer la muy difícil situación social que está presente
en la realidad que las personas comunes frecuentan diariamente. No sólo se
trata de la cada vez más inquietante situación de la vivienda, que sufre
presiones especulativas irresistibles que hacen impracticable la realización
del derecho a la vivienda digna y adecuada del art. 47 de nuestra Constitución,
la permanencia de una amplia capa de personas que la exclusión social y la
pobreza, aun trabajando muchas de ellas, y la erosión de los salarios que
resultaron devaluados de forma directa con ocasión de las llamadas políticas de
austeridad, y ahora golpeados por la inflación y la difícil recuperación de su
poder adquisitivo en un contexto inflacionario. Las condiciones de trabajo son
muy insatisfactorias. Una reciente encuesta del Centro Demoscópico de la
Fundación 1º de Mayo arroja datos muy comprometidos al respecto. Uno de cada
tres trabajadores en España acepta condiciones laborales que no son legales, el
49% de las personas trabajadoras considera que no puede negociar sus
condiciones laborales porque sus condiciones de trabajo son las impuestas por
sus superiores y, coherentemente con esta apreciación, el 22% tiene temor a padecer algún tipo de
represalias si se afilia a un sindicato y un porcentaje semejante entiende que
en general no se respetan los derechos laborales (20,8%).
Respecto a las condiciones de su
puesto de trabajo, el 44% de los entrevistados afirma que su trabajo le provoca
“estados de irritabilidad, tristeza, tensión o nerviosismo” y más de la mitad
de la muestra, el 55%, apuntó que se había sentido “agotado mental y
emocionalmente” en su trabajo. También que un 28% de las personas apunta que su
salario no le permite cubrir sus necesidades básicas y que un tercio de los
entrevistados considera que su trabajo le obliga a tener jornadas de trabajo excesivamente
largas. En esa misma línea, una parte significativa de los trabajadores
considera que no disfruta de oportunidades de promoción (34,8%), sufre largas
jornadas (32,2%) o se les obliga a vivir lejos de sus familias y amistades por
mor de la flexibilidad y movilidad en el trabajo (16,9%). Por lo demás, las
mujeres asalariadas sufren peores condiciones en el puesto de trabajo y
disfrutan de menores derechos laborales que los hombres, especialmente en lo
que se refiere a tiempo de trabajo, ya que sufren en mayor medida jornadas
especialmente largas y tienen menor capacidad de negociación.
Frente a esta percepción
globalmente negativa del trabajo que se desenvuelve en el sistema-empresa
focalizado en la productividad y en el rendimiento medido en razón de ésta con
independencia de las circunstancias personales y de la participación colectiva
en su determinación (o si de quiere de un “modo de entender la empresa” en este
país) lo que evidencia la dificultad de que el cambio legislativo produzca
cambios reales en las relaciones laborales, la mayoría de los encuestados
mantienen una actitud positiva respecto de la negociación colectiva como
instrumento de regulación de las condiciones de trabajo. Así, un 54,7% de las
personas encuestadas considera que los convenios colectivos mejoran la igualdad
entre hombres y mujeres en la empresa. En segundo lugar, un 53,3% de las
personas trabajadoras cree que la negociación colectiva afecta de forma
positiva a la seguridad y salud laboral, y un 52,3% asegura que mejora sus
condiciones laborales. Sin embargo, en el caso de los salarios, no se alcanza
la mitad de la muestra en la obtención de una respuesta positiva: un 47% afirma
que la negociación colectiva permite obtener mejores salarios, lo que da cuenta
de la dificultad de que la negociación colectiva se adelante a la erosión
monetaria derivada de la inflación y de una situación de larga depauperación
salarial que ha impedido a las personas que trabajan poder obtener rentas
suficientes ante el incremento del coste de la vida y de los gastos privados
para cubrir las necesidades sociales.
Ante este cuadro muy ajustado de
la realidad que viven las personas trabajadoras en nuestro país, no cabe por
tanto una respuesta que tan solo se concentre en el mantenimiento y perfeccionamiento
del cuadro de reformas legislativas que se han ido efectuando en el período
2020-2023, por mucho que sean muchas y de gran radio de acción. Es evidente que
hay que fortalecer y consolidar los derechos que estas normas han ido
desgranando y para ello son imprescindibles el control colectivo a partir del
desarrollo de la negociación colectiva y el reforzamiento de la vigilancia por
parte de la Administración del cumplimiento de estas, a través de la Inspección
de Trabajo y la imposición de sanciones.
Ello exige desde luego un reforzamiento de las plantillas y de los
medios con los que estos cuerpos púbicos deben afrontar su labor de control del
cumplimiento del sistema normativo, lo que también se debe proyectar sobre la
garantía judicial de los derechos, muy obstaculizada ante el estrés que ha
sufrido el aparato judicial a partir de la irrupción del Covid y los conflictos
de su personal que han sido frecuentes en el último año.
Pero eso no es suficiente. El
programa de gobierno no puede centrarse en la conducción de un proceso de
debate y reconstrucción de la dimensión plurinacional del estado español en la
línea prometida por el art. 3 de la Constitución, por mucho que esto sea muy
relevante, sino que debe necesariamente que desarrollar una amplia propuesta de
creación de nuevos derechos en la relación de trabajo, enlazando así con lo que
ha constituido las señas de identidad de la coalición progresista desde su
inicio. Es imprescindible un acuerdo de gobierno que profundice y amplie las
reformas sociales. Algunas propuestas ya están sobre la mesa, especialmente en
materia de tiempo de trabajo y de reforma del despido, a la que se une otras
iniciativas especialmente interesantes en materia de desarrollo de los derechos
de participación en la empresa, pero el tema de la salud en los ambientes de
trabajo y la consideración de nuevos riesgos y enfermedades profesionales es
sin duda ineludible, como señala en el apartado de Debate de este número un
texto muy incisivo sobre esta cuestión.
Desarrollar esta vertiente y
compartirla con la ciudadanía es la garantía de una sólida posición tanto del
gobierno de coalición que pretende llevar a cabo Pedro Sánchez en el proceso de
lograr su investidura – que está comenzando al escribir estas líneas – como de
las mayorías sociales que lo respaldan y que han logrado, en las elecciones de
julio, desbaratar una coalición de fuerzas políticas que comprometían
seriamente el proceso de reconocimiento y garantía de derechos de las personas
trabajadoras que la reforma laboral del 2021 y en general el resto de normas
alcanzadas en el marco del diálogo social habían llevado a cabo en estos
últimos años.
