El inminente número 43 de la Revista de Derecho Social incluye un editorial sobre la jornada de acción mundial sobre el trabajo decente, que pone en relación con la crisis actual del sistema financiero global. El texto aprovecha la intervención en la Jornada de Estudio sobre el trabajo Decente celebrada en Albacete el 8 de octubre, del secretario general de CC.OO. en la región castellano manchega, José Luis Gil, junto con aportaciones adicionales de la redacción de la Revista. En este fascículo, como es costumbre, se relaciona el tema del editorial con el del debate, siempre en torno al trabajo decente, y en donde se publican dos interesantes textos al respecto, uno de José Luis López Bulla en el seminario de doctorado para magistrados de trabajo brasileños en Ciudad Real del mismo día 7 de octubre y otro de Ramón Saéz Valcárcel, magistrado de la Audiencia Nacional que ha sido recogido en estas mismas páginas del blog, sobre la necesidad de incorporar a la jurisdicción penal universal determinadas conductas incompatibles con la noción de trabajo decente. En la foto, cuatro especialistas en intervención social del círculo cultural United we Stand, federado con el ateneo cultural The wobblies, de la ciudad de Parapanda, comentan estas intervenciones en el plenario de la asociación referida.
El 7 de octubre de 2008 tuvo lugar la primera gran jornada reivindicativa mundial del sindicalismo de la globalización. En el Congreso fundacional de la CSI de Viena, en noviembre del 2006, se aprobó, a propuesta de varias organizaciones, entre ellas CC.OO., la convocatoria de una Jornada de Acción Mundial “pidiendo una acción internacional inmediata para formular y aplicar una agenda con miras a una nueva globalización que incluya el programa de trabajo decente de la OIT y, como mínimo, la plena realización de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU”. En el consejo General de la CSI de diciembre de 2007 la Jornada se convocó con el objetivo, más conciso y comprensivo de una Jornada de Acción Mundial por el Trabajo Decente.
Es el primer acto convocado por el sindicalismo mundial en respuesta a una globalización que se demuestra ajena a cualquier parámetro democrático. Los grandes centros de poder económico y las empresas multinacionales concentran todo el poder de decisión y organización de lo que tiene que ver con la vida y las necesidades de las personas, y a éstas les ofrecen un presente y un porvenir sin garantías sociales y sin derechos, inmunes a cualquier control público o democrático. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio, son tres instituciones que procuran la gobernanza económica mundial actuando programas que van en contra de los trabajadores y de los excluidos de la sociedad por la pobreza. Han promovido la privatización, la liberalización del comercio – con barreras proteccionistas de las economías de los países ricos – y la desregulación del mercado laboral. Su acción ha exacerbado la explotación de los trabajadores, las desigualdades respecto del desarrollo, la destrucción del medio ambiente y la profundización en la disparidad de géneros. Las empresas multinacionales, que son una pieza clave para impulsar la globalización, no pueden mantenerse libres de una regulación internacional, ejercitando su inmenso poder de manera unilateral y poniendo en crisis los estándares de tutela de los trabajadores y el ejercicio efectivo de los derechos de sindicación y de negociación colectiva. Existen además evidencias de conductas criminales promovidas y proyectadas por algunas empresas transnacionales. El desarrollo de la negociación colectiva de acuerdos marco en estas empresas y la extensión de los esquemas de responsabilidad de estas compañías – responsabilidad social, pero a partir de una responsabilidad legal – por el impacto medioambiental y social y en materia de respeto de un nivel mínimo y homogéneo de derechos humanos y sociales, es por tanto imprescindible.
El día de acción mundial por el trabajo decente ha coincidido además con el desarrollo de una crisis sin precedentes del sistema financiero mundial. Ello no deja de dar pruebas del fracaso del sistema económico capitalista tal y cómo se ha venido desarrollando. La repetición constante de máximas como la de que el mercado asigna eficazmente los recursos y que la riqueza desigualmente repartida es la consecuencia inevitable del desarrollo económico, que la mercantilización de las necesidades sociales es un presupuesto de la libertad y del progreso de los individuos, y que la demolición del Estado de Bienestar es la precondición del crecimiento económico y del incremento de la riqueza, han creado una suerte de evangelización universal en la ideología neoliberal. Una ideología que ha habitado el poder económico y, lo que es más preocupante, que se ha instalado también en el poder político que se organiza mediante formas democráticas. De esta manera, la reducción de impuestos, el denominado “alivio fiscal”, la financiarización de la economía productiva, la privatización de las prestaciones públicas o al menos de aspectos fundamentales de su gestión y la propia contención de los gastos sociales, son medidas que acepta una parte de la izquierda en el gobierno de los países democráticos, que no valora la importancia de una política fiscal y un gasto social en expansión como parte integrante de una función niveladora de progreso social. Se confunde así el beneficio empresarial con la inversión especulativa y la desertización consiguiente del tejido industrial, arruinando así un proyecto de economía productiva en términos sociales además de puramente monetarios. La gente común ha sufrido mucho por causa del predominio hegemónico del evangelio neoliberal. Ha visto, como señalaba gráficamente José Saramago en un artículo reciente, “el avance aplastante de los grandes potentados económicos y financieros, locos por conquistar más y más dinero, con todos los medios, legales o ilegales a su alcance”.
De esta manera, la crisis ha puesto al descubierto la existencia de esos gigantescos depósitos bancarios cuyo origen es más que dudoso, ingenierías financieras que resultan claramente fraudulentas, inversiones opacas acogedoras de dinero negro. Y además ha mostrado la incompetencia de los administradores de bancos y sociedades de inversión que, por otra parte, perciben escandalosas compensaciones económicas y salariales por su trabajo deficiente y a los que la quiebra de sus instituciones financieras – y la pérdida consiguiente de los ahorros invertidos de miles de ciudadanos – jamás les va a afectar, protegidos por cláusulas y blindajes millonarios que las autoridades fiscales, pagados con los impuestos de los ciudadanos, fingen ignorar. Los efectos devastadores de la crisis sobre el pequeño ahorro y sobre el crédito tienen consecuencias muy negativas para los trabajadores, ante todo en términos de destrucción de empleo y aumento del paro. Pero no cambia nunca la idea capitalista sobre las fórmulas de salida de la crisis, consistente en el recorte de derechos laborales, eliminación de trabajadores activos, recomposición a la baja de las condiciones de reproducción social. Aun con esta situación de crisis, el objetivo del polo neoliberal se mantiene intacto: mayor liberalización de los mercados y la ecuación menos sindicatos y más libertad de empresa. Sin reparar en que insistir en esa perspectiva significa dar permanencia y profundidad insostenible a la crisis actual.
Algunos datos ponen de manifiesto el rastro que la globalización financiera y económica, interpretada en clave ideológica neoliberal, ha dejado en el “mundo libre”, además de un trabajo degradado, precario, indecente. 500 millones de personas obtienen recursos inferiores a 1 dólar diario para asegurar su asistencia y la de sus familias. Cien millones de trabajadores son inmigrantes, es decir, se ven obligados a dejar su lugar de origen para vivir del trabajo en otros países. Cada año se producen doscientos cincuenta millones de accidentes de trabajo y dos millones doscientas mil personas mueren en ese mismo lapso de tiempo por accidentes en el trabajo. Doscientos millones de niños van a trabajar, en lugar de ir a la Escuela. En dos de cada cinco países del planeta la libertad de asociación y el derecho de libre sindicación no existen o es imposible ejercitarlos.
Hay la impresión real que estos datos que causan tanto horror nos quedan lejanos. El infierno siempre se imagina en otro lugar, no entre nosotros. Y es cierto que la diferencia entre las condiciones de vida y trabajo en lo que se denomina el mundo desarrollado y las que están presentes en los países del tercer mundo, es en muchas ocasiones abismal. En ese sentido, en cada lugar del planeta la lucha por el trabajo decente cuenta con condicionantes y problemas específicos. En Europa, la Confederación Europea de Sindicatos ha concretado en una reivindicación muy centrada la significación para los trabajadores europeos de lo que supone este concepto de trabajo decente. Se trata de la regulación de la ordenación de tiempo de trabajo que se ha plasmado en el proyecto de directiva que el Parlamento Europeo debe comenzar a discutir en diciembre de este año, una vez aprobada por los Ministros de Economía y Empleo de la Unión Europea. Como es sabido la directiva permite que por acuerdo individual entre trabajador y empresario, la jornada de trabajo alcance hasta 65 horas semanales, e introduce de esta manera una carga de profundidad contra la negociación colectiva, y a un análisis crítico de la misma se dedicó nuestro Editorial del numero 42. La confrontación sobre este punto promete ser larga y originar una cierta conflictividad social. Por lo pronto, el Congreso de los diputados español, por unanimidad de todos los grupos políticos que lo componen, ha expresado su rechazo al proyecto de directiva y a la ampliación de jornada en ella prevista.
Los sindicatos españoles se han comprometido por un trabajo decente, entendido éste en el contexto español como un trabajo dignamente retribuido, con derechos laborales asegurados y protección social. Eso implica la eliminación del trabajo sometido a la sobre - explotación de la precariedad laboral, la reducción de la temporalidad, que afecta a uno de cada tres trabajadores, y a poner en práctica todas las medidas precisas para la erradicación de la siniestralidad laboral. Porque también en los países más avanzados hay franjas o espacios de trabajo sin derechos, de precariedad y desprotección. Regiones de elevadísimas tasas de siniestralidad laboral, con una alta precariedad en el empleo presidida por altísima temporalidad y bajos salarios, con importantes índices de desempleo y en donde las mujeres, los jóvenes y los inmigrantes están discriminados en sus derechos laborales y salariales. La realidad española en concreto, por consiguiente, no es ajena a la reivindicación del trabajo decente.
Trabajo decente significa ser libre realmente en una sociedad democrática y que la libertad y la democracia no se queden a las puertas del centro de trabajo. Quiere decir igualdad, seguridad, dignidad humana en el empleo y en la relación laboral. Significa un proyecto del sindicalismo que confluye con las exigencias sociales aplastadas por una forma de desigual de reparto de la riqueza y del progreso económico y por una forma infame de entender el ejercicio del poder político. El sentido que preside a esta reivindicación es la exigencia que el trabajo y sus derechos imperen en el mundo y eso implica necesariamente la solidaridad con todos los trabajadores del mundo y la lucha por la implantación y el respeto de los derechos laborales en cada territorio nacional.
Hace ya muchos años, la Asociación Internacional de Trabajadores – la AIT – hizo entender al mundo que “la emancipación del trabajo no es un problema nacional o local, sino un problema social que comprende a todos los países en los que existe la sociedad moderna y necesita para su solución el concurso teórico y práctico de los países más avanzados”. En ese sentido, la reivindicación sindical de luchar por el trabajo decente como elemento irrenunciable de un mundo que se percibe global e intercomunicado, la defensa y promoción de los derechos sindicales, caminar en una dirección igualitaria social y laboralmente, rechazando las discriminaciones en el trabajo y en la sociedad, erradicar el trabajo infantil y construir salud laboral en unos lugares de trabajo que tienen que ser seguros, es un programa lo suficientemente básico y general como para perseguir su implantación universal, como un elemento de la civilización del siglo XXI.
Es ocioso resaltar que este programa plantea una nueva globalización, o, como señala el programa de la CSI, “cambiar la globalización” en una dirección, la emancipación de los trabajadores y trabajadoras del mundo. Esta apuesta colectiva, en la que el sindicalismo global se proyecta con fuerza como un sujeto activo en el horizonte económico, social y político del planeta, involucra necesariamente también a los juristas del trabajo. Sus formas de producir teoría y práctica en la regulación de las relaciones de trabajo y de seguridad social tienen que alimentarse de esta concepción alternativa, contrahegemónica, que protagoniza el sindicato junto con otros movimientos sociales en una nueva globalización. Por eso el horizonte en el que se puede mover el discurso explicativo y legitimador de los procesos sociales que llevan a cabo teóricos y prácticos del derecho del trabajo es el que marca este proyecto de acción, en donde éstos deben desarrollar críticamente los elementos centrales de las políticas del derecho sugeridas. En ese movimiento se alinea esta Revista, en la búsqueda de interrogantes y de problemas a una situación cambiante en el que predomina el desorden de las normas y la apertura de nuevos espacios de regulación y de conflicto.
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