LA REFORMA LABORAL CREARÁ EMPLEO Y NO HAY MÁS QUE HABLAR.

Los cuatro caballeros de la foto son conscientes de que es imprescindible reaccionar contra la situación actual en la que se encuentran los países periféricos de Europa como resultado de unas políticas neoliberales que hunden la reactivación económica, degradan los derechos laborales y reducen dramáticamente la acción del estado social. Todos ellos acudirán mañana a la manifestación que han convocado los sindicatos en la gran mayoría de las capitales españolas. A continuación, se dedicaron a comentar esta obsesión mediática por sostener contra toda evidencia que la desregulación laboral es la condición necesaria para crear empleo.

La reforma laboral creará empleo. Es un clamor incesante. En todos los miembros del gobierno, comenzando por su propio presidente. Lo reitera al menos tres veces por minuto la ministra que, justamente, ha cambiado el nombre de su departamento ministerial del trabajo al empleo. Lo afirma el catódico candidato a presidente de la comunidad andaluza que tiene una de las tasas de paro más altas del país, señalando que con él llegará el cambio y el empleo. Las dos famosas presidentas electas de Comunidad Autónoma, de Madrid y de Castilla La Mancha, insisten en que el nuevo marco legal generará empleo y confianza, y acompañan este pronóstico seguro con algunas andanadas contra los sindicatos, que tienen la desfachatez de convocar movilizaciones contra los recortes sociales y contra la ley reformadora, demostrando así que son “anticuados, reaccionarios y antisociales”. Lo reiteran, entre francas sonrisas que a veces se convierten en sonoras carcajadas, los dirigentes de la CEOE en rueda de prensa de elogios decididos a la norma y de reivindicaciones adicionales para la limitación extrema del derecho de huelga de los trabajadores. El marco legal resultante del RDL 3/2012 se justifica porque creará empleo o al menos eso es lo que todos dicen. Es cierto que no a corto plazo, pero, subraya el presidente Rajoy, pondrá las bases para un marco estable y seguro de generación permanente de empleo en un futuro inmediato. La reforma creará empleo.

Así que no hay más que hablar. Es éste un trend topic repetido por todos los medios de comunicación y los creadores de opinión que elogian unánime y compactamente el decisionismo político del gobierno, que cumple además con las condiciones fijadas por las grandes naciones europeas revalidadas por los mercados financieros en las subastas bursátiles. Claro que llevamos un largo tiempo escuchando lo mismo. La Ley 35/2010 y los interminables ajustes contradictorios del año 2011 se justificaban porque estas normas crearían empleo o al menos impedirían la destrucción del mismo. Parecía lo mismo pero no lo era. Ahora se dice que estas reformas eran “tímidas” y que por eso no se han creado empleo. Nada será lo mismo a partir de ahora, porque la regulación es más incisiva, se ha actuado “sin miedo”. La explicación es sencilla. La reforma supone menos poder contractual colectivo, más facilidad para el despido, más capacidad de determinación unilateral por el empresario de todas las condiciones de trabajo, incluso las salariales. Más desregulación, menos sindicato, menos derechos. Así se trabaja mejor, se genera confianza en los empresarios y estos podrán contratar a más personas porque pueden despedirlas fácilmente y a bajo coste, y ese mismo hecho funciona como compulsión a trabajar bien, sin objetar las órdenes del empresario, sumisamente. Es la memoria económica del RDL 3/2012 quien lo sostiene como explicación de fondo de la reforma.

El problema por tanto no es de creencia en un futuro mejor en el que los empleos sumisos y precarios sean abundantes, y que el trabajo sea inseguro y mal remunerado. El problema es que la dimensión política del trabajo no es ni siquiera mencionada, y que el objetivo de creación de empleo se desvincula de cualquier consideración democrática. Es la Constitución la gran olvidada en el discurso del poder económico y político que se expresa hoy de manera abrumadora en todos los medios de comunicación. Es posible que al pensamiento neoliberal hoy triunfante de manera plena – la mayoría absoluta del PP es la prueba de la aceptación mayoritaria por el pueblo español de estas coordenadas ideológicas y culturales- no le guste que la Constitución de 1978 se inserte en la tradición de las constituciones sociales europeas que surgen tras la derrota de los fascismos, y que descuide que este texto fundamental regula tres grandes grupos de derechos en relación con el trabajo como elemento central de cohesión social y política de la sociedad. Los derechos sindicales y colectivos, negociación colectiva – de la que se establece su fuerza vinculante – y huelga, los derechos individuales del trabajador, a un salario digno y a una jornada de trabajo, a la salud y seguridad en el trabajo, a la formación profesional, pero ante todo el derecho al trabajo, que es central en la configuración constitucional de los derechos cualificados por la posición social de sus titulares. El derecho al trabajo exige que no puede despojarse del trabajo a quien lo tiene si no es mediante un acto de despido motivado, basado en una causa suficiente, que reviste una forma determinada y cuya legitimidad y corrección tiene que ser estar controlada judicialmente. Junto a estos derechos se colocan otros derivados de la presencia del Estado social, que obliga a desmercantilizar una buena parte de las necesidades sociales y a ofrecer un conjunto de prestaciones sociales suficientes y de mantenimiento de servicios públicos esenciales. Educación y sanidad, seguridad social y servicios sociales, permiten garantizar la dignidad del ciudadano en los elementos centrales de la reproducción social, y orientan la acción del Estado hacia una progresiva nivelación de las desigualdades económicas, culturales y sociales existentes en la realidad material de las cosas que condiciona la existencia concreta de las personas.

Este marco institucional es el que configura la democracia. La democracia no puede identificarse con la consulta electoral a los ciudadanos sobre opciones políticas cada cuatro años, entendiendo que las condiciones materiales de creación y distribución de la riqueza y la organización del trabajo en un sistema complejo de producción de bienes y servicios en un mercado globalizado debe confiarse exclusivamente a la voluntad de los sujetos económicos. Esa vieja consideración que escinde política y dinero, representación electoral y apropiación de trabajo ajeno, orden público y mercado, es algo incompatible con el sistema democrático español. Para éste sindicatos y asociaciones empresariales son sujetos que configuran el sistema político definido como democrático, de forma que no se puede reconocer esta forma política sin la presencia - y participación real - de estas formas de organización de intereses económicos y sociales con relevancia y poder normativo. Las relaciones de trabajo se expresan como derechos subjetivos creados por la norma estatal o colectiva. El marco institucional de las relaciones laborales y los presupuestos mínimos - jornada máxima, salario mínimo, salud y seguridad en el trabajo – lo fija la norma estatal, las condiciones de trabajo y empleo son confiadas en nuestro sistema a la negociación colectiva, cuya “fuerza vinculante” es garantizada por la constitución en estrecha relación con la vigencia del principio de autonomía colectiva y de acción sindical colectiva. La empresa no es, en democracia, un territorio inmune a las relaciones de poder y de desigualdad material de origen económico y social. Es por el contrario un espacio en el que el poder privado sobre personas que ejerce el empresario debe estar controlado y puede ser negociado en sus decisiones generales o específicas por los trabajadores como expresión de un interés colectivo subalterno. La negociación colectiva es el método de regulación y de gobierno del espacio-empresa, y no la voluntad unilateral del empresario que altere unilateralmente las condiciones salariales y de trabajo. La empresa no puede ser inmune a los derechos fundamentales, ni se puede amparar la arbitrariedad y la violencia que se derive de ese círculo de autoridad y de imposición sobre las personas que trabajan.

Y todo ello no es contrario al empleo. La democracia no es una declamación retórica y no cabe oponer la dimensión colectiva y las garantías individuales de empleo a un mercado de trabajo que sólo funciona bien si está desregulado y expresa un poder autoritario del empleador sin controles colectivos. No cabe un empleo bajo la violencia sin límites del poder privado sobre las personas. Combatir este proyecto es por tanto decisivo. La movilización social es determinante para ello. Mañana hay una primera manifestación de este rechazo a un diseño antidemocrático de las relaciones laborales que, por eso mismo, es contraria a un empleo estable y de calidad. Allí estaremos muchos que compartimos ese rechazo. Hay mucho que hablar todavía, y nuestras palabras no dejarán de estar cargadas de sentido.

Mañana manifestaciones en 57 ciudades españolas convocadas por los sindicatos CC.OO y UGT contra la reforma laboral. Y, para seguir sabiendo más sobre la reforma, desde el análisis de aspectos más concretos, es francamente instructiva la intervención que Jaime Cabeza, catedrático de Derecho del trabajo en la Universidad de Vigo, hace en su blog en gallego, denunciando el autoritarismo en las relaciones laborales en la empresa a partir de la prohibición de negociar convenios colectivos que nieguen o condicionen la regla principal de la preferencia empresarial. Este es el link:

http://conjaimecabeza.blogspot.com/2012/02/autoritarismo-democracia-e-relacions.html. Es muy recomendable su lectura.