En el 7 de febrero del año 2012 se cumplen doscientos años del nacimiento de Charles Dickens. Una de las novelas inolvidables del prolífico autor, que describió tan bien la sociedad inglesa de la industrialización es” Hard Times”, traducida al español como “Tiempos difíciles”. En homenaje a este bicentenario se inicia en el blog una mini-serie en la que se abordan de manera polémica algunos de los asuntos que hacen que nuestro tiempo se pueda verdaderamente definir como difícil. El primer post hablará de los tiempos difíciles para la democracia, el segundo para el derecho del trabajo, el tercero para el Estado y los servicios públicos. Ahí va el primero.
La salida de la crisis que ha elegido Europa se resume en el relanzamiento del beneficio empresarial y en la desestructuración de los sujetos colectivos que representan al trabajo asalariado. Para ello se actúa directamente en el terreno de la producción, mediante las llamadas “reformas estructurales” que conducen a la modificación permanente de la regulación laboral, y simultáneamente en el terreno social, debilitando y en algunos casos destruyendo literalmente las estructuras de asistencia, de protección y de defensa económica de los ciudadanos colocados en una situación de subalternidad social, proscribiendo las nociones de servicio público y de gratuidad en las prestaciones básicas. Es un diseño ya experimentado en la década de los noventa del pasado siglo en países en vías de desarrollo, como Latinoamérica, y que ha generado un evidente efecto destructivo sobre el ambiente social, ecológico y cultural de este mundo global. Este es el significado profundo de la contrarrevolución que se inició en los años 80 en la Inglaterra de Thatcher y en los Estados Unidos de Reagan. La relación de estas políticas de destrucción y privatización de las estructuras sociales que garantizaban niveles mínimos de cuidado y de servicio con la escasez y la generación de nuevos chantajes sobre el trabajo en un mercado laboral cada vez más informal y flexible, es un fenómeno político puesto de manifiesto por muchos analistas, como sintéticamente expone el tema, F. Berardi, “Bifo”, en el libro que ya comentamos en el último post, El sabio, el mercader y el guerrero. Del rechazo del trabajo al surgimiento del cognitariado, Acuarela & Machado Libros, Madrid, 2007, pp. 127 – 130.
En el caso español esta doble vía de acción contra lo público y lo colectivo se acompaña de una crisis de las garantías democráticas básicas, virtualmente suprimidas en el curso de un proceso de reformas y de toma de decisiones justificadas en la necesidad o en la irresistible imposición externa de los poderes económicos y financieros. La crisis de la democracia – “por arriba” y “por abajo” en la explicación de Ferrajoli en su libro Poderes salvajes. La crisis de la democracia constitucional, Trotta, Madrid, 2011 - se acentúa y los rituales democráticos fundamentales, las elecciones políticas, el proyecto diferenciado de sociedad que presentan los partidos, el respeto de la voluntad popular expresada en los resultados electorales, resultan pulverizados como consecuencia de las prácticas políticas justificadas como reacción ante la crisis. La indiferencia del proyecto político defendido por los dos grandes partidos institucionalizados y la anulación de cualquier atisbo de soberanía popular en la adopción de medidas de alcance general es una realidad alentada además por unos medios de comunicación dominados por un poder económico concentrado que vacía de contenido el derecho a una información veraz, anulando sus garantías.
Las reformas laborales se han realizado desde mayo del 2010 por el procedimiento de excepcional urgencia y necesidad, evitando la discusión previa y pública en el parlamento de los textos de reforma. La reforma de la Constitución, que ha restringido de forma importante el alcance y la extensión de la cláusula social de la misma, se ha efectuado – “con sentido de Estado” – mediante un pacto entre las oligarquías burocráticas de los partidos mayoritarios excluyendo expresamente someter el texto al refrendo de la voluntad popular. Los mecanismos democráticos se presentan como “formalismos” que enervan la toma de decisiones “necesarias”, de manera que se dejan de lado en la práctica de la “gobernanza” cotidiana y se sustituyen por impulsos y automatismos predeterminados y codificados en otro lugar, en el “nivel adecuado” donde se adoptan las decisiones determinantes, y cuya traducción en los diferentes espacios nacionales se realiza con cada vez mayor opacidad y autoritarismo. Triunfo del principio oligárquico, es la afirmación de “un largo Termidor” en las sociedades europeas del siglo XXI, en referencia al conocido libro de Gerardo Pisarello, Un largo Termidor. La ofensiva del constitucionalismo antidemocrático. Trotta, Madrid, 2011.
La experiencia española última, en donde las reformas postuladas no son conocidas por los ciudadanos hasta su aprobación por el Consejo de Ministros, ha generado un estilo de gobierno casi profético en el que se da por hecho que estos tiempos son malos pero vendrán tiempos peores, o, lo que es lo mismo, que las reformas “más dolorosas” para la ciudadanía están por llegar y aunque no se sabe en qué van a consistir, es lo cierto que llegarán y “exigirán más sacrificios”. Es posible que practicando tal hermetismo amenazante se pretenda excitar en la sufrida ciudadanía social imágenes variadas de distopías atravesadas por angustiosas pesadillas y de una sensación de miedo invencible al futuro con efectos paralizantes. Sin excluir esta intención de influir en el imaginario social, la opacidad gubernamental se explica públicamente sobre la base de que el conocimiento de las medidas concretas a adoptar tendría consecuencias negativas en los comicios andaluces por celebrar el 25 de marzo para el partido vencedor el 20 de noviembre a nivel estatal. De esta manera es explícita la concepción negativa que el gobierno tiene de las elecciones, que no considera un momento decisivo de formación libre de la opinión pública. “Ahora no toca” conocer lo que el gobierno pretende hacer no sea que su programa de gobierno pueda ser valorado – positiva o negativamente - por los ciudadanos a través del procedimiento de elección democrática. No se trata por tanto de comportamientos ya conocidos de incumplimiento del programa presentado a los electores como un “contrato” frente al que cabe una responsabilidad política o moral, sino de la consideración del juicio ciudadano sobre el proyecto político como algo intranscendente. La liturgia electoral simboliza el premio o el castigo a los gobernantes por lo que han hecho (o por lo que no han hecho), pero no permite decidir cómo se debe gobernar.
Tiempos difíciles para la democracia.
No hay comentarios:
Publicar un comentario