I.- ¿Es
aceptable el diagnóstico de “The Economist”, que viene a resumir lo que el
propio Gobierno viene diciendo de su actuación, es decir que aunque nada
funcione en el terreno de las indicaciones centrales económicas, no hay otra
política posible para salir de la crisis que la realizada por el gobierno de
España?
Las medidas de política económica impuestas
por el PP para reducir las necesidades de financiación exterior de España se
basan en dos ejes 1) recortes de servicios públicos básicos supuestamente para
reducir el déficit fiscal, la necesidad de financiación del sector público y 2) recortes de derechos laborales
supuestamente para recuperar productividad de la economía española, para ganar
cuota exportadora y reducir la necesidad de financiación del sector privado. Asimismo el gobierno ha procedido a un tercer
eje 3) Reestructuración del sistema
financiero con el objetivo de que fluya el crédito al sistema productivo, ya
que la solvencia de varias entidades fue afectada gravemente por sus comportamientos
de riesgo en la financiación de la burbuja inmobiliaria. Pero los resultados
han sido muy diferentes a los esperados: se ha incrementado el paro, hasta
alcanzar la cifra de 6 millones de parados, y se ha desplomado la demanda
nacional como resultado de las políticas de ajuste, acentuando la recesión, se
prevé que en 2012 la caída del PIB sea del 1,5% y la reestructuración bancaria
no está teniendo los efectos deseados, lo que nos lleva a un escenario de lenta
salida de la crisis.
1) En relación con los
recortes de servicios públicos hay dos cuestiones previas.
En primer lugar los plazos
de reducción de déficit público. Dichos plazos para Portugal y España han sido
cuestionados por el propio Jean-Claude Juncker, presidente del Euro-grupo, al
considerar que se han subestimado los negativos efectos en términos de
desempleo. Análisis similar al que ha hecho el FMI sobre los fuertes efectos
negativos de las políticas de ajuste fiscal, corrigiendo sus propias
recomendaciones iniciales. Aunque este tema, al ser de ámbito europeo lo
desarrollare más en la segunda pregunta.
En segundo lugar hay que
tener en cuenta que el objetivo del reducción del déficit público puede
lograrse también incrementando los impuestos. La mayor parte de los países de
la OCDE (20 de 27) han incrementado su presión fiscal en los últimos años.
Según la OCDE los países que mejor están
afrontando la crisis son precisamente los que más presión fiscal tienen: Dinamarca
(48,1%), Francia (44,2%), Bélgica (44%), Finlandia (43,4%), Noruega (43,2%) y
Alemania donde llega al (37,1%).
En esté sentido hay que tener en cuenta que
el fuerte incremento del déficit público en nuestro país obedece razones
coyunturales y estructurales. La caída de casi 6 puntos en la recaudación, en porcentaje
del PIB, desde 2007 a
2011 es debido a la crisis inmobiliaria y a la posterior recesión del consumo.
Pero también hay razones estructurales. En los últimos quince años hemos
asistido a una fuerte desfiscalización de las rentas de capital que ha mermado
la capacidad recaudatoria del estado. Un sistema fiscal sostenible tiene que
tener una fuerte base recaudatoria estructural en base de las rentas altas y
del patrimonio, ya que eso evita una caída excesiva de recaudación en un ciclo
contractivo. Además, por parte de los sucesivos gobiernos ha habido una
tolerancia inaudita con el fraude fiscal. Ambos elementos, permisividad con el
fraude fiscal y desfiscalización de las rentas del capital, patrimonio y rentas
altas hacen que en la práctica el sistema fiscal español sea uno de los más
regresivos de Europa. Esta regresividad se ha acentuado con las últimas subidas
del IVA, las amnistías fiscales aprobadas por PSOE y PP y la desaparición del
impuesto de patrimonio.
Es la falta de voluntad política del actual
gobierno es lo que impide aprobar unos Presupuestos Generales del Estado que
acerquen el peso de los ingresos públicos sobre PIB, y los niveles de fraude
fiscal, a la media comunitaria. El tipo efectivo del Impuesto sobre Sociedades
(sobre el resultado contable) se situaba, según la Agencia Tributaria, en el
10,5% en el periodo 2008-2011 y, en el caso de los grandes grupos
empresariales, apenas alcanzó un raquítico 5% en 2010. El expolio fiscal que se
está haciendo a la ciudadanía, al facilitar que los grandes grupos
empresariales españoles reduzcan su mínima aportación al esfuerzo fiscal, es
una clara opción política.
Asimismo los recortes en las políticas de
gasto público se han centrado en políticas básicas para lograr la igualdad de
oportunidades (educación y sanidad) y en aquellas que son imprescindibles para
mejorar la capacidad competitiva futura de la economía española en producciones
de valor añadido medio-alto (I+D+i). En 2013 el presupuesto inicial de ingresos
no financieros del Estado experimentó un incremento nominal del 2,6% respecto
al avance de liquidación de 2012, mientras las Participaciones de las
Administraciones Territoriales en IRPF, IVA e Impuestos Especiales sufren un
retroceso del 24,1%. El que el ajuste de ingresos sea soportado principalmente
por las Comunidades Autónomas, donde se realizan las principales políticas de
gasto social (educación, sanidad, dependencia), en vez de afrontar recortes en servicios
más burocratizados de la Administración Central, o en le gasto militar, es
fruto de una decisión consciente de minimizar los servicios públicos y ofrecer
nuevos negocios a la iniciativa privada.
2) Los recortes de los derechos laborales
para generar una reducción salarial que impulse la productividad es una opción errónea.
Las mejoras estructurales de la productividad
del trabajo lo obtienen las empresas invirtiendo en capital productivo (bienes
de equipo, etc. ) e innovando tecnológicamente (Una empresa de mensajería no
aumenta sustancialmente su productividad haciendo que sus trabajadores corran
más para entregar los paquetes, sino dotándoles de una moto). En 2010 apenas un
4,5% del total de exportaciones españolas se destinaron a los países asiáticos
emergentes (China, incluido Hong-Kong, Rusia, Singapur, Corea del Sur,
Malaysia, Tailandia y Taiwán). Mientras que Alemania destinó a esos países el
12,8% de sus exportaciones, lo que está detrás de la mejora de su
competitividad. Indudablemente competir en el mercado asiático no se hace a
través de productos de escaso contenido tecnológico y salarios bajos, para eso
ya están China, Vietnam, etc., sino mediante la oferta de productos de alta
innovación, y consecuentemente alta cualificación y salarios de sus
trabajadores. Justo lo contrario hacía lo que apuesta la reforma laboral
impulsada por el gobierno.
3) La reestructuración del sistema
financiero puesta en marcha por el gobierno supondrá en la práctica una
reducción de la competencia, es decir intensificar la situación de oligopolio
de los grandes bancos en el mercado nacional, lo que conllevará un
encarecimiento del crédito para particulares y pymes, los sectores con mayores
dificultades de acceso a los mercados internacionales de capital.
Hay alternativas económicas
a las políticas del PP. Pasan por reconstruir la capacidad del Estado de
generar riqueza, en vez de dedicarse a distribuir miseria. A través de una
política industrial activa (como están haciendo Brasil, Corea del Sur, Taiwan,
China, Alemania y Francia), que se haga en estrecha colaboración con las
empresas con el objetivo de incrementar la capacidad exportadora en productos
de valor añadido medio-alto, en los sectores estratégicos (automoción,
aeroespacial, biotecnología, agroalimentación, TIC y contenidos digitales, energías
renovables y eficiencia energética, industria de protección medioambiental).
Las políticas alternativas también pasan por:
-
Avanzar en regulaciones para que propia generación de riqueza sea más
igualitaria, los esfuerzos de elaboración
de políticas económicas alternativas del Partido Laborista británico van en ese sentido.
-
Poner en marcha una política monetaria que sea mucho más
exigente con la banca privada en el
control de la creación de dinero, es decir de crédito, imponiendo mayores reservas bancarias.
- Dotar al Estado de instrumentos de generación de
ingresos no fiscales, incluidas empresas
públicas en sectores con altas barreras a la competencia que generan mercados con monopolios u oligopolios
naturales, como el sector bancario (el ejemplo del
estadounidense banco público de Dakota del Norte es paradigmático), energético, transporte colectivo, etc.
- En los temas energéticos impulsar
una transición hacía una economía baja en carbono
significa también reducir la altísima, cerca
de un 90%, dependencia energética de
nuestro país (derivada en gran medida por las necesidades de un sistema de transporte basado casi en exclusividad en el
consumo de productos petrolíferos y derivados),
permitiría reducir el déficit comercial. Si el volumen de importaciones energéticas de nuestro país fuera
similar a la media europea, un 13,2% del total, supondría una minoración de las importaciones de casi dos puntos
del PIB, lo que reduciría el déficit por
cuenta corriente al 2% del PIB, el porcentaje estimado por el FMI para que no se incremente nuestra deuda
exterior.
Es absurdo que los empresarios
españoles se quejen de competencia desleal de Alemania, al destinar 500 millones € a medidas que compensen la
perdida de competitividad de las empresas alemanas
por las restricciones impuestas a las emisiones de CO2 (España sólo ha destinado un millón), mientras no
cuestionan que el Estado español haya dedicado 400 millones para financiar a las empresas concesionarias de las
autopistas de peaje, que están
en quiebra. Son dos opciones muy diferentes de incentivo a la actividad económica.
-
Un sistema de relaciones laborales que haga compatible la mejora de la competitividad empresarial con la
mejora de condiciones de trabajo y de la participación
de los trabajadores en la gestión empresarial, tal como están haciendo Alemania y Francia.
II.- Si, como
se dice y alega continuamente, la política de “austeridad” se impone en España
porque es la que impone el eje Berlin – Bruselas – Frankfurt, ¿por qué no se
pone en discusión la política europea? ¿Es que quizá no hay alternativa a la
política de austeridad?
La austeridad fiscal como mecanismo para
que una economía se recupere ha resultado falso. Los ejemplos dispares de EEUU
y el Reino Unido lo ponen en evidencia. La política fiscal y monetaria expansiva
de Obama ha generado un crecimiento del PIB del 3% en 2010, del 1,8% en 2011 y en
el tercer trimestre de 2012 del 2,7%, mientras que las políticas de recorte del
gasto público establecidas por Cameron tras su victoria en mayo de 2010
supusieron el parón de la recuperación iniciada en 2010, su PIB apenas creció
un 1,8% ese año y un 0,8% en 2011 y tan solo un 1% en el tercer trimestre de 2012, a pesar del efecto
positivo en el consumo de los Juegos Olimpicos de Londres.
En el marco de la UE la política de
austeridad está basada en un supuesto falso: que los países con altos déficits
comerciales son países derrochadores, “que viven por encima de sus
posibilidades”. Ya Keynes advirtió hace casi 60 años en Bretón Woods que tan
desequilibrado estructuralmente está un país con déficits exteriores
permanentes (España) como uno con superavits exteriores permanentes (Alemania).
Y, por tanto, que la solución a esos desequilibrios debía ser compartida. Keynes
llegó a diseñar una institución financiera internacional, la Internacional
Clearing Union (ICU) que permitiría crear un sistema monetario no depredador de
las economías exportadoras sobre las importadoras.
La creación de la Unión Monetaria del euro
con países con niveles de capitalización (de desarrollo) muy diferentes estaba,
en la práctica, incentivando un transvase de capitales de los países centrales
hacía los periféricos. En los países periféricos de la zona euro, debido a su
menor nivel de capitalización, hacer negocios suponía más riesgos, lo que les
obligaba a ofrecer tipos “naturales” de interés mucho más elevados a los capitales
de los países centrales. Esos altos tipos de interés terminaron atrayendo una
gran cantidad de capital impaciente. Esto fue aprovechado por los gobiernos de
Aznar, y continuado por los de Zapatero, para incentivar una economía
“acordeón”, basada en la creación de una burbuja financiero-inmobiliaria que permitiera
atraer gran parte de esos flujos de capitales europeos que demandaban altas
rentabilidades. Pero la consecuencia inevitable de esa llegada masiva de
capitales ansiosos de altas rentabilidades es un déficit permanente en la
balanza por cuenta corriente (la balanza de capital y la de cuenta corriente se
equilibran por definición). En el momento que la burbuja estalló, como siempre
hacen las burbujas financieras, los capitales huyeron buscando lugares más
seguros para la inversión, aunque con rentabilidades menores, y la economía
española se encontró de pronto ante una fuerte necesidad de financiación exterior
(una economía con “mono” de abstinencia cuando se le retira el flujo de
capitales que la estaba dopando), pero el crédito en los mercados financieros
internacionales se encareció tanto, ante los riesgos que suponía invertir en
España, que puso nuestra economía al borde del abismo.
La salida errónea que se ha propuesto a
esta situación son políticas contractivas en los países periféricos para
reducir sus necesidades de financiación exterior. Pero la magnitud de economías
afectadas (Italia, España, Portugal, Grecia) ha hecho que la recesión de estos
termine afectando a los países centrales (para 2012 el FMI prevé un crecimiento
del PIB para Alemania y Francia de un 0,9 y 0,1 % respectivamente) , ya que son
parte importante del destino de sus exportaciones. Lo que hay que desarrollar
son políticas expansivas en el área euro, como propone la DGB, o al menos, si
no hay voluntad por parte de los países centrales de poner en marcha mecanismos
solidarios a escala europea, políticas expansivas en los países centrales que
incrementen las exportaciones de los países periféricos. Como decía Keynes la
resolución de los desequilibrios comerciales es cosa de dos.
La Confederación de Sindicatos Alemanes
(DGB) ha propuesto un Plan Marshall de estimulo, un vasto programa de inversiones para Europa,
que parte de estas consideraciones. Su financiación vendría a través de cuatro
vías fundamentales: la emisión de bonos europeos, los recursos generados por el
Impuesto a las Transacciones Financieras (versión europea de la Tasa Tobin) y
por la armonización europea de los tipos del impuesto sobre el patrimonio hasta
un 3%, así como los recursos financieros que aporten el Banco Europeo de
Inversiones (BEI) y el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BIRD).
Además para que se acelere la recuperación
económica es condición necesaria una quita parcial de la deuda pública de los países periféricos que está en
manos del Banco Central Europeo (los casos de Ecuador, Argentina e
Islandia son prueba de ello), o al menos (lo
que supondría una menor aceleración de la recuperación) el aumento de los plazos de reducción del déficit público.
Por último, es
imprescindible la modificación de los estatutos del BCE, de tal forma que el
crecimiento económico sea uno de los objetivos básicos de la política monetaria
en la zona euro, y el pueda BCE jugar un papel anticrisis mucho más
relevante, como lo ha jugado la Reserva Federal de EEUU. El secuestro del BCE
por los talibanes de la estabilidad de precios (que defienden los intereses de
los propietarios de capital rentista) es la culpable del actual dolor social que
se vive en Grecia, Portugal, España e Irlanda.
Para responder a la otra pregunta hay
hacerse una previa: ¿quien, con capacidad real de incidencia, debería poner en
cuestión el férreo control que ejerce Alemania sobre las políticas europeas,
que en este momento esta sujeto a los intereses electorales cortoplacistas de
la CDU? En primer lugar el principal representante de la socialdemocracia
europea, el Presidente de Francia, pero creo que existe un acuerdo entre Merkel
y Hollande por el cual las políticas expansivas, más o menos tímidas, se
pondrán en marcha una vez pasen las elecciones alemanas de otoño (incluso antes,
esta primavera, puede producirse una revisión de los plazos de ajuste fiscal para
España y Portugal). En segundo lugar los gobernantes de los países periféricos
con necesidades de financiación exterior, pero Grecia, España y Portugal están
gobernados por partidos de derecha mucho menos relevantes que la CDU, por lo
que no tienen capacidad real de influir en el gobierno alemán. Italia está
fuera de juego hasta las elecciones de marzo de este año. Todo puede empezar a
cambiar a partir de esta primavera, si el Partido Demócrata gana en Italia con
suficiente mayoría.
3. Muchos reconocen que la austeridad no basta, pero el crecimiento y
el empleo empezarán a responder cuando las reformas estructurales – en especial
facilidades y abaratamiento del despido, reducciones salariales, privatización
servicios públicos y reforma de las pensiones – comiencen a dar resultado,
impulsando la productividad. Es un punto de vista correcto o, como temen
muchos, las llamadas reformas estructurales se ponen en marcha ante todo como
instrumento de destrucción de las garantías legales y colectivas del trabajo y
para la disgregación del Estado social?
Un incremento permanente de la productividad
no se obtiene de una mayor explotación de los trabajadores, sino mediante
incrementos en la inversión empresarial. En la época de fuerte crecimiento de
la productividad de la economía española
(años 60 y 70) el stock de capital productivo (excluidas las viviendas) creció
a una tasa anual del 10%, mientras que en los últimos 15 años lo ha hecho a una
tasa solo del 1%. El stock de capital de la economía española, su capitalización,
es un 161% del PIB, un porcentaje aún muy inferior de otras economías
desarrolladas como Alemania, un 184%, y EE.UU., un 209%. El stock de capital
productivo privado por empleado en España en 2009 fue apenas un 75,6% de la
media del área euro, y era el mismo porcentaje que en 1995.
El bajo esfuerzo inversor de las empresas en
los últimos tres lustros es la verdadera razón de la baja productividad de la
economía española. Este bajo esfuerzo inversor no ha sido debido a una
reducción de los beneficios empresariales en la época de crecimiento, que han
crecido mucho más que las rentas salariales, sino a que se ha incrementado la
parte del capital que sale de la empresa, que no se reinvierte en ella. La
evolución del porcentaje que representan los intereses y los dividendos sobre
el beneficio empresarial, lo que se denomina punción financiera, que en 1995
era del 39%, y alcanzó el 60% en 2008, ponen en evidencia que ha habido una
escasa reinversión de los beneficios empresariales en los últimos años. Este menor
compromiso de los accionistas con sus empresas fue favorecido incluso por la
acción del gobierno, la mejora del tratamiento fiscal de los gastos financieros
en el Impuesto de Sociedades, que hace más rentable fiscalmente pedir créditos
que aumentar capital, se aprobó durante los gobiernos de Aznar,
La inversión empresarial se recuperará
cuando haya un crecimiento sostenido de la demanda, pero para acelerar esa
recuperación de la demanda ( y consecuentemente del empleo) es imprescindible
un esfuerzo público de reactivación, como el Plan Marshall propuesto por la
DGB.
Gran parte de las reformas
que estamos sufriendo están originadas en una opinión muy extendida entre los
talibanes del mercado que “las reformas estructurales se adoptan, frecuentemente,
en épocas de crisis económica o de episodios prolongados de crecimiento lento o
negativo”. Estas fueron las palabras que pronunció el 11 de mayo de 2010 ante
el “Seminario de alto nivel sobre experiencias en el mercado laboral: hacia
mercados de trabajo eficientes” el anterior gobernador del Banco España (MAFO),
responsable, al menos, de haber sido incapaz de atisbar la crisis financiera
que se nos venía encima, y posiblemente cómplice, al menos pasivo, del fuerte
endeudamiento inmobiliario de gran parte de nuestro sistema financiero, como
está investigando actualmente el Fiscal General del Estado. La fecha de esas
palabras es importante, el 11 de mayo de 2011 fue el día anterior a la
intervención de J.L. Zapatero en el Congreso que supuso un cambio radical de su
política económica.
Los ejemplos de ese uso de la crisis para desmantelar
el estado del bienestar en España son contundentes: los hospitales de la
sanidad valenciana que han privatizado su gestión son más caros que los que
siguen bajo gestión pública, y eso que no disponemos de datos sobre el posible
deterioro en la calidad del servicio. El fuerte recorte del gasto público en la
enseñanza pública en la Comunidad de Madrid ha venido acompañado del blindaje
de las subvenciones públicas a los centros privados concertados. Ya lo dijo
Milton Friedman tras el desastre del Katrina en Nueva Orleans: “ahora que las
escuelas y las guarderías están inundadas es el momento de privatizar la
enseñanza”.
Bruno Estrada López.
Economista. Director de Estudios de la Fundación 1º de
mayo.
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