Ayer se celebró el debate
parlamentario sobre el estado de la nación. Como bien saben los lectores de
este blog, no es un acontecimiento al que normalmente se refiera esta bitácora.
No sólo por lo previsible del discurso del presidente de gobierno, sino por el
marcado cariz bipartidista con el que ha nacido este trámite y la rigidez con
la que se plantean las intervenciones y las respuestas en el aula
parlamentaria.
El debate de ayer no se apartaba
de estos parámetros, si bien tenía la peculiaridad de confrontar el discurso
delirante de un gobierno para el cual “todo va bien porque podía ir mucho peor
y además hay que confiar en que lo pésimo ya ha pasado”, frente a los espejos
de la realidad que le hacían ver la práctica totalidad de los grupos
parlamentarios desde sus propios enfoques. No obstante, dos datos sobresalen de
esta previsible descripción del supuesto debate. En un cierto momento, el
presidente del gobierno ha despreciado públicamente a un parlamentario de la
tercera formación política en votos de este país y este hecho grave se ha
resuelto por los comentaristas políticos como un acto de descortesía
parlamentaria. En otro aspecto de su discurso, el presidente ha sugerido una
nueva medida de reforma para la creación de empleo que tiene que ver con el
abaratamiento de los costes salariales de las empresas, a través de la creación
de una cantidad fija y reducida de cotización por cada contrato indefinido
concertado, lo que se llama “tarifa plana”. Los dos son temas que merecen un
comentario.
Las intervenciones de los
distintos participantes de la izquierda plural se caracterizaron por su
incisividad en la defensa de los derechos de los trabajadores y en los derechos
sociales, degradados, agredidos y puestos en peligro por las políticas
gubernamentales. Además la denuncia de la corrupción ocupó una buena parte de
sus discursos. La restricción de tiempos y la rigidez de un procedimiento que
no da espacio real al debate entre fuerzas políticas hace que las
intervenciones tiendan a ser lapidarias y asertivas. El diputado Joan Coscubiela estuvo especialmente
eficaz en un discurso en el que subrayó las mentiras del gobierno y su
complicidad con la corrupción. El presidente de la cámara le quitó la palabra y
le impidió acabar, con el pretexto de que había sobrepasado su tiempo. No hay
precedentes en ese sentido en ningún parlamento democrático europeo en donde se
quite la palabra a un parlamentario mientras interpela al gobierno. El
Reglamento del Congreso español, sin embargo, está expresamente concebido como
una herramienta de apoyo al gobierno y de marginación de las minorías. El
parlamentarismo en España no se concibe como un espacio de debate abierto de
proyectos de sociedad diferentes, sino como un lugar insonorizado donde el
impulso del gobierno está aislado del ruido de visiones políticas alternativas.
Por si esto fuera poco, el
presidente del gobierno, en el turno de réplica, mientras que a Cayo Lara le espetaba que debía saber
vivir en el siglo presente – no se entiende bien esa obsesión del PP por situar
en el pasado el proyecto de la izquierda plural cuando ésta demuestra tener cada
vez más arraigo en nuestros días - , consideró conveniente despreciar al
diputado de Iniciativa per Catalunya
y contestarle “que usted lo pase bien” como toda respuesta a su
intervención. No es sólo un acto de
descortesía parlamentaria la que tuvo Rajoy
con Coscubiela, sino la
manifestación del desprecio que le produce el debate y la confrontación sobre
los aspectos más negativos de su actuación. Para el presidente del gobierno,
por tanto, la intervención de un diputado elegido por miles de ciudadanos y
ciudadanas, que forma parte de la tercera fuerza política de este país, puede
ser despachada sin más respuesta que la de no tomarla en consideración. Al presidente de un gobierno democrático no se
le puede permitir que menosprecie la voluntad popular y la función del
parlamento. Porque el pluralismo político obliga a contestar y fijar posiciones
en un debate democrático. No es por tanto un problema de cortesía, es un
problema de democracia.
El segundo punto por subrayar es
la propuesta, muy comentada en los medios, de reformar la cotización a la
seguridad social como forma de reducir los costes salariales. Según ha explicado
el presidente del gobierno, cada nuevo contrato laboral por tiempo indefinido
se beneficiará de una contribución empresarial fija y reducida, sin relación
con el nivel salarial del trabajador o trabajadora asumido. La rebaja de
cotizaciones que se realiza a través de esta medida ha sido objeto de elogios
por parte de las asociaciones empresariales y de críticas por parte de los
sindicatos. En un momento en el que se habla de la sostenibilidad del sistema
de pensiones, este tipo de medidas atacan directamente la financiación del
mismo y provocarán amplios efectos de exclusión y de desprotección social. El
uso de las bonificaciones y subvenciones como medidas de fomento del empleo han
demostrado su ineficacia desde hace tiempo. Y para ello es indiferente que sean 100 o 205 euros, como se ha puesto de manifiesto.
La medida propuesta se defiende
por sus impulsores sobre la base de las argumentaciones ya conocidas. La rebaja
de los costes salariales – en este caso los costes de “entrada” – favorecen
directamente la empleabilidad, es decir, incentivan a que el empleador contrate
nuevos trabajadores. La reforma laboral ha garantizado que los costes de salida
sean muy reducidos, ahora es el momento de abaratar sustancialmente los costes
de ingreso. Pero, siguiendo con esa
misma línea argumental, es muy posible que los empresarios valoren de manera
muy favorable para sus intereses la sustitución de los trabajadores fijos que
tienen en activo con las cotizaciones sociales “ordinarias” por nuevos
trabajadores con cotización “plana” y reducida. Es decir, que la medida podría
generar, como sucedió en otros tiempos con el contrato temporal de fomento del
empleo y la bonificación de seguridad social que llevaba aparejada, un efecto
de sustitución de mano de obra fija por temporal. En este caso de trabajadores
con cotizaciones sociales “fuertes” reemplazados por fijos de “tarifa plana”.
Con ello el efecto de la norma sería el de acelerar la destrucción de empleo,
precisamente del empleo estable y e una cierta cualificación profesional,
puesto que la tendencia a la sustitución será más fuerte cuanto más cercana
esté la aportación empresarial a la seguridad social al tope máximo de
cotización. Otro hallazgo por tanto de nuestro gobierno en materia laboral.
Otra forma de decir a todos los ciudadanos “que ustedes lo pasen bien”. Y en
eso estamos.
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