DESIGUALDADES SALARIALES

El verano es tiempo de lecturas más que de periódicos. Acostumbrados además a los digitales, apenas se consultan los periódicos locales, más que nada para comprobar el tiempo que se avecina, las fiestas patronales próximas, los conciertos anunciados, la cartelera de algún cine. Pero de vez en cuando en la playa, algún amigo recién llegado trae a la arena algún ejemplar de los grandes medios y entre los gritos de los bañistas y el sonido del mar, se leen sus páginas. Y surgen entonces las noticias del verano. La primera que se propone a esta blogosfera estival es la relativa a la constatación de las desigualdades salariales. No es nada nuevo, pero es un fenómeno cada vez más intenso.

El consejo de Administración de DAMN recibió – según informa El Pais de 17 de agosto en las páginas salmón  - una “compensación conjunta” de 4.863 millones de euros para el primer semestre del 2014. Es un incremento del 20,7% respecto de la cantidad percibida el año pasado. La partida que más subió en las remuneraciones de los consejeros fue la de atenciones protocolarias. La alta dirección de la compañía incrementó su nómina un 12% más. El presidente de la compañía, Demetrio Carceller recibió la remuneración más alta, en el año 2013 percibió 2,35 millones de euros, de forma que su trabajo vale 260 veces mas que el de un trabajador no cualificado (como término de referencia, un catedrático de universidad con seis sexenios gana ocho veces el salario anual de un trabajador no cualificado. El señor Carceller gana casi 33 veces más que un profesor senior al que le han reducido el sueldo primero y luego congelado su retribución desde el 2012). No es más que un ejemplo de la tendencia generalizada. Los altos directivos de las empresas y de la banca, con independencia del éxito o fracaso de sus empresas, ganan mucho más que cualquier trabajador o cualquier alto funcionario. Son ostentosamente retribuidos e incrementan sus retribuciones pese a la crisis y a la austeridad que se preconiza para toda la sociedad y el trabajo.

Para un reciente informe del BBVA, solo los recortes salariales – que se llama, piadosamente, moderación salarial – reducen los desequilibrios económicos. Sin embargo, y co mo recuerda en su última entrada del blog Juan Laborda, “en el último informe del "High Pay Centre" en el Reino Unido,  se afirma que el sueldo de los directores ejecutivos de las empresas del FTSE 100 representaba alrededor de 20 veces el sueldo del trabajador medio del Reino Unido en la década de 1980, pasando a 60 veces en 1998, y a 160 veces en 2012, el año más reciente del que se dispone de completos”. Los estudios económicos de que se disponen –pero que no se hacen públicos ni se divulgan por los grandes medios de comunicación en propiedad de los grandes bancos y de las grandes firmas – señalan que hay una clara relación entre los ingresos de los directivos, incluido el pago de bonus, es decir el incremento exponencial de las retribuciones de los que más ganan y el hundimiento de los salarios reales de los trabajadores, en especial de la parte inferior de la tabla, de los que menos ganan.

En la valoración de CCOO en julio de 2014 sobre los resultados de la negociación, se establecía que ésta ha conseguido “resistir a los embates” de la reforma laboral y en líneas generales, pese a su “debilitación”, mantener con escasas reducciones su ámbito de cobertura (más de ocho millones de personas), más aun teniendo en cuenta la extensa destrucción de empleo y desaparición de empresas que se ha ido produciendo a partir de 2012. Pero en ese mismo informe se señalaba que la devaluación salarial era la regla y que los recortes salariales se habían generalizado en todas las ramas y empresas junto con el empeoramiento de las condiciones de trabajo.

Es tambien seguro que el salario pactado en convenio no es un elemento determinante en el salario real percibido por los trabajadores y trrabajadoras precarios, a tiempo parcial e irregulares ( falsos autónomos, falsos becarios, o sencillamente trabajadores clandestinos) que en la crisis van constituyendo una forma-tipo de la utilización de la fuerza de trabajo por las empresas y que por definición es un sector de trabajadoras y trabajadores no sindicalizados y ajenos a las pautas de la determinación colectiva de las condiciones de trabajo. Este hecho innegable no solo pone en crisis la representación sindical – e impone el planteamiento de este asunto como un punto central en el diseño de la estrategia sindical - , sino que además precariza salarialmente tanto el trabajo no cualificado, como  sectores importantes de profesiones con fuerte presencia de trabajo cognitivo. Las últimas estadísticas han señalado que una considerable cohorte de trabajadores asalariados se deben considerar inmersos en el sector de la pobreza, y la expresión “trabajadores pobres” no solo se refiere a un concepto científico, sino a una realidad en crecimiento.

La relación entre desempleo y pobreza es el extremo final de la desigualdad. Crece la pobreza y casi el 25% de los hogares españoles están por debajo del umbral de la pobreza. Las prestaciones sociales que podrían aminorar este panorama son insuficientes y se están agotando. Frente a ello,  ¿es demagógico recordar que el señor Carceller ha sido remunerado durante 2013 por su gestión al frente de su empresa, con dos millones trescientos cincuenta mil euros y que su caso no es sino uno más de una tendencia repetida por tantas grandes empresas mercantiles y financieras españolas?

Romper esta tendencia es imprescindible. No basta efectuar juicios morales sobre el crecimiento de la desigualdad o considerar la insolencia del dinero como un dato inamovible. Los sindicatos y los partidos políticos de izquierda tienen que comenzar a plantear iniciativas expropiatorias de las ganancias empresariales que no consideran la funcionalidad social de la libertad de empresa y acentúan conscientemente la desigualdad social y económica que la Constitución española en su artículo 9.2 se compromete a ir reduciendo paulatinamente. Tomarse en serio la declaración política del pueblo español que se cristaliza en el texto constitucional implica combatir seriamente el incremento de la desigualdad sobre la base de la violencia de la crisis, la desertización de los derechos laborales y el desempleo masivo, la desvalorización del trabajo como eje en torno al cual se construye la ciudadanía y la solidaridad, la degradación del salario a medio de subsistencia sin dignidad. Y es una lucha que se debe sostener en el plano económico y social, pero también en el directamente político y, finalmente, en el cultural e ideológico, rompiendo el silencio y la desinformación, combatiendo la manipulación de una opinión pública que se pretende corromper y desinformar.