EL PARLAMENTO DEBE LEGISLAR Y CONTROLAR AL GOBIERNO

Así de simple es el esquema de la democracia representativa. El Parlamento está compuesto por los representantes de la voluntad popular, de la ciudadanía, y por consiguiente a él se le encomienda la capacidad de producir las normas y reglas vinculantes para toda la comunidad estatal. El Parlamento debe legislar, además de que en su seno se formen las mayorías suficientes para que pueda constituirse un gobierno que responde ante él. Y por eso otra de las funciones del mismo es controlar al gobierno, aprobar su actuación, debatir sus medidas.

Viene esto a cuento de que esas reglas básicas de la democracia no se cumplen en España. El Parlamento no legisla ni al parecer, puede controlar al gobierno. Hoy un medio de comunicación de la prensa oficial abre su portada con una afirmación tajante: El presidente Rajoy no comparecerá ante el Congreso para explicar la cumbre europea en la que se aprobó el acuerdo con Turquía sobre refugiados que ha sido unánimemente rechazado. Tampoco acudió a explicar el Consejo Europeo en la que se efectuó el acuerdo con Gran Bretaña (al que ya nos hemos referido en este blog : http://baylos.blogspot.com.es/2016/02/el-pacto-europeo-con-gran-bretana.html ), si bien en este caso, como informa El Pais, “la situación se salvó con una comparecencia del ministro de Exteriores en funciones, José Manuel García-Margallo, en el Congreso, donde obtuvo el beneplácito implícito del PSOE y Ciudadanos a las concesiones al premier británico, David Cameron”. (sin comentarios). En el presente caso de Turquía, el Grupo Socialista ha presentado una Proposición No de Ley sobre política de refugiados y ha pedido al Gobierno que “no [lo] admita e inste [a sus socios] a que se reconsideren profundamente” unos acuerdos que prevén la devolución a dicho país de todas las personas que entren ilegalmente en Grecia, incluidos los sirios que huyen de la guerra”.

Después de las elecciones de diciembre, se pudo verificar que la tendencia a la progresiva erosión del bipartidismo que se había iniciado ya en las elecciones europeas del 2014, se aceleraba y se afianzaba, pese a una ley electoral que lo fomenta y fortifica. El parlamento que surge de las elecciones de diciembre es mucho más plural, ha dado paso a nuevos sujetos políticos emergentes, y requiere una cultura de pactos que, como se está comprobando en el curso de la por el momento fallida investidura de gobierno, resulta complicada por múltiples factores que no es el caso ahora valorar. Sólo el Senado, lastrado por una composición arcaica y un injusto sistema mayoritario, permanece como expresión clara de la reluctancia democrática del sistema electoral español.

Lo que sucede es que, sin gobierno todavía, nos encontramos con un gobierno en funciones que no se reconoce como tal, sino que actúa en plano uso de sus prerrogativas – como precisamente se muestra en el caso de la cumbre europea sobre Gran Bretaña – y un Parlamento al que un reglamento del Congreso le impide proponer leyes, puesto que supedita la iniciativa legislativa del Parlamento a la autorización del gobierno. Y parece que este insólito precepto se aplica de manera estricta incluso cuando ese gobierno está privado de la legitimación popular.

Es decir, que el Parlamento no puede legislar y por es todas las iniciativas que se registran son proposiciones no de ley, que deberán en su momento ser avaladas por el gobierno que obtenga la mayoría parlamentaria. Esta disposición enlaza con el concepto político constitucional de la Ley Orgánica del Estado franquista, que contemplaba una unidad de funciones en torno al gobierno, asignando a las Cortes el rol consultivo y deliberante bajo la iniciativa del gobierno y la dirección del Jefe del Estado, pero no es la apropiada para una democracia como la que instaura la Constitución de 1978. Ha sido el bipartidismo el que ha sometido el Parlamento a la función de ser una mera máquina de registrar las decisiones que adoptaba el gobierno, y esta anulación de la función de discusión y de regulación de este órgano ha sido llevado al paroxismo en la crisis, al legislar directamente el gobierno por la vía de la “urgente necesidad” la práctica totalidad de las materias relacionadas con las políticas de recortes y de reformas estructurales, opción por cierto avalada por el Tribunal constitucional estableciendo un estado de excepción no declarado formalmente pero si mantenido y preservado por la función legislativa del gobierno. Es una situación la española que contrasta fuertemente con lo que sucede en Portugal. Allí, la conformación de nuevo gobierno también se demoró, pero desde la constitución de la cámara, ésta comenzó a ejercer su labor legislativa, y tramitó – y aprobó – algunas normas muy significativas – sobre la adopción por las parejas homosexuales o sobre el aborto – aunque el gobierno todavía no se había constituido. Algo por cierto plenamente acorde con el rol del poder legislativo en una democracia representativa.

Pero el Parlamento español no puede legislar. Y ahora tampoco  encuentra los medios no sólo para cumplir su rol institucional máximo, sino para poder obligar a un gobierno “en funciones” a responder ante él de sus acciones, de manera que el ejecutivo puede blindarse ante la petición de un debate democrático que han solicitado los representantes del pueblo. Como el rey en el Antiguo Régimen. Aunque sea con excusas formales inconsistentes como alegar que no se trataba formalmente de un Consejo Europeo el que ha acordado con Turquía.

Esta es una situación incompatible con la democracia, en cuya remoción están con toda seguridad de acuerdo la mayoría de las fuerzas políticas que han surgido de las elecciones de diciembre. Aunque no es la misión de este blog inmiscuirse en las prácticas políticas que se desenvuelven en la actualidad, ¿no sería factible impulsar un gran pacto político transversal que incluyera a Ciudadanos, PSOE, Podemos y las confluencias, Compromís e IU, que pudiera luego ampliarse a ERC y a PNV, en donde estas fuerzas políticas, con independencia de los avatares que sucedan en la formación de gobierno o ante la convocatoria de nuevas elecciones, se comprometieran a efectuar modificaciones fundamentales tanto en la Ley Electoral como en el Reglamento de las Cortes, como ejes centrales de una regeneración democrática tanto respecto del valor de los votos emitidos como respecto de las funciones del órgano legislativo? Proponer ese pacto y organizarlo no es un obstáculo, a mi juicio, para el otro proceso de negociaciones en curso – más o menos – en torno a la formación de un gobierno; al contrario, tiene autonomía propia y seguramente puede facilitar la aclaración de los programas y del espacio posible del encuentro y del desencuentro.

Se requieren cambios legislativos de fondo, pero para ello revalorizar el Parlamento es indispensable. El sujeto político que lo reivindique y proponga este tema como un espacio de encuentro y de certeza democrática, exhibirá una iniciativa política que la opinión pública valorará de forma muy positiva.