POLITICAS DE AUSTERIDAD Y REFORMA LABORAL EN PUERTO RICO

El endeudamiento de los Estados y la utilización de la deuda financiera no como fórmula de determinar una reformulación del sistema bancario o del modelo productivo, sino como instrumento para modificar a la baja los derechos laborales, no es una prerrogativa exclusiva de la gobernanza europea, dramáticamente recordada cada seis meses en el caso de Grecia, sino también de otras zonas del mundo desarrollado. Este es el supuesto de Puerto Rico, estado libre asociado de USA, que ha sufrido los embates de una política de austeridad que reduce el gasto público de manera furibunda, con especial incidencia en los servicios públicos y en concreto en la Universidad, y que a la vez recorta los derechos colectivos y en especial la negociación colectiva de los empleados públicos del archipiélago.

La situación es algo ya conocido para los españoles que hemos sufrido a partir de mayo del 2010 un crescendo en recortes y degradación de derechos individuales y colectivos que se ha detenido solamente en diciembre del 2015 con la convocatoria de nuevas elecciones, pero que no se ha resuelto ante la incapacidad de las fuerzas de la izquierda política de poder ofrecer una alternativa aunque fuera provisional que desalojara al Partido Popular del gobierno. En el caso de Puerto Rico, las políticas de austeridad y de ajuste comenzaron antes de la elección del presidente Trump, pero es evidente que el triunfo republicano no ayuda a sosegar las mismas. El mecanismo al que se ha sometido al Estado libre asociado de Puerto Rico ha sido el de imponer un estado de excepción económico y enajenar la soberanía limitada del archipiélago en materia económica y social, trasladándola a una comisión de notables designados por el Congreso que gestionan, como la Troika en el caso europeo, las decisiones en estas materias centrales. Fruto de este estado de excepción económico, se han urgido toda una serie de medidas que se convierten en leyes con prontitud por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, señaladamente la Ley Núm. 3 del 23 de enero del 2017, conocida como la Ley para Atender la Crisis Económica, Fiscal y Presupuestaria para Garantizar el Funcionamiento del Gobierno de Puerto Rico;  la Ley Núm. 4 del 2017, mejor conocida como la Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral y  la Ley Núm. 8 del  4 de febrero del 2017, identificada como la Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico, y, finalmente, La Ley para dar Cumplimiento al Plan Fiscal, mejor conocida como Ley Núm. 26 del 29 de abril del 2017, que restringe los derechos de los empleados de la Administración del Estado – no los que dependen de la Administración federal – y congela los convenios colectivos en este sector hasta el 2021.

El secreto de estas medidas, que para mayor sarcasmo se inscriben en un acróstico denominado PROMESA, es ante todo el de rebajar y reducir derechos laborales, con especial hincapié en la regulación de los trabajadores de la administración y de los servicios públicos, que en Puerto Rico cuentan con una alta tasa de sindicalización y un buen nivel de cobertura de la negociación colectiva. La idea neoliberal que anima estas reformas es la de desmontar la presencia de lo público en la vida económica, social y cultural de Puerto Rico, degradar las condiciones de trabajo de los empleados de la administración y de los servicios públicos para de ese modo, acentuar el ahorro privado y e incentivar el empleo en el sector privado. La hostilidad antelo público que no impide la compenetración de las políticas económicas del gobierno con los intereses de las grandes corporaciones y de la banca, sino que la presupone; el objetivo es desarbolar las conquistas sociales y reducir la capacidad de incidencia de los derechos colectivos y sindicales.

Este proceso ha sido recogido en un libro, editado por el Catedrático de la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico, Carlos Alá Santiago Rivera, que escuetamente se denomina “La reforma laboral 2017 en Puerto Rico” y que se ha llevado a cabo por un Grupo de Pensamiento y Análisis Laboral Interdisciplinario en el que han participado juristas, economistas y sociólogos además de expertos en relaciones laborales, provenientes tanto de la Universidad de Puerto Rico con contribuciones de la Directora del Instituto de Relaciones Laborales, Tania García Ramos, o de la directora de la Escuela Graduada de Administración Pública, Yolanda Cordero, así como del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, con su presidente, Alejandro Torres  y la Asociación de Juristas Laboralistas de Puerto Rico, dirigida por el abogado Carlos Mondriguez.

Los temas abordados en la descripción y el análisis crítico de este proceso legislativo son muy impactantes. Sin duda las aportaciones más interesantes se corresponden con los “artículos”, aunque el libro también recoge las intervenciones de muchos de sus autores ante el Colegio de Abogados de Puerto Rico y la Cámara de Representantes de este Estado. Entre los artículos, no todas las contribuciones descansan sobre el examen jurídico crítico de los diferentes estatutos, sino que también se analizan las implicaciones psicosociales de esta normativa (Tania García Ramos y Liz Cruz Miranda), lo que supone como atentado a la calidad de vida y al bienestar de los Trabajadores (Edwin H. Morales Cortés), o el impacto económico de la norma en general (Iyari Ríos González), o sobre las trabajadoras en particular, resaltando el impacto de género (Virgen M. Cáceres Cruz), o en fin, la especial afectación que los recortes tienen sobre la UPR y sus implicaciones sobre la docencia, la investigación y los servicios universitarios (Cecilio Ortiz García y Marla Pérez Lugo). El resto de las contribuciones se ciñen al análisis jurídico y a la crítica política de las normas que constituyen la reforma laboral de 2017 (Carlos Alá Santiago Rivera), con un examen particular de la Ley de 26 de abril de 2017 y el fin de la fuerza vinculante de los convenios colectivos de los empleados estatales de Puerto Rico ( Carlos Alá Santiago Rivera y Karin J. Robles Ramos), las relaciones obrero patronales ante la plenitud del modelo neoliberal patronal y la Junta de Control Fiscal ( Alejandro Torres Rivera) o estudios sobre la buena fe en las relaciones contractuales (Roberto O. Maldonado Nieves) , sobre el problema de vigencia y derogación legal (Christian Arvelo Forteza) o, finalmente, sobre los aspectos inconstitucionales de la Reforma Laboral (Carlos Mondriguez Torres).

El editor del libro y los autores numerosos del mismo, que analizan críticamente desde una multitud de aspectos los contenidos y las consecuencias de estas reformas laborales, tienen que estar forzosamente satisfechos con un trabajo que se ha realizado rápidamente pero sin perder un ápice de profundidad y de rigor en sus contribuciones.  El libro se inserta además en una reivindicación del trabajo universitario, de la capacidad crítica de los docentes e investigadores de los recintos de la Universidad de Puerto Rico, y del alineamiento de estos universitarios con las posturas que se oponen a la conversión de la UPR en una universidad de élite que aleje de sus aulas a amplias capas populares que ahora pueden acceder casi de forma gratuita. Por ello el libro está dedicado a los estudiantes y a la lucha que han llevado a cabo durante este año contra los efectos que el plan fiscal PROMESA generaba en la demolición de las estructuras básicas de la UPR.

El libro quiere ser distribuido de la forma más amplia posible, por lo que se ha optado por darle carácter gratuito y ponerlo a disposición del público para que pueda ser descargado desde una página web, la de la página de la Escuela de Administración Pública. https://bibliotecaap.wordpress.com/2017/06/05/comentario-a-la-reforma-laboral-2017-libro/ Es obvio señalar que los autores pretenden su diseminación por América Latina y por España y Portugal como marcos “naturales” de comprensión del problema y de solidaridad con el mismo. Realmente merece la pena y su lectura es plenamente recomendable.