miércoles, 31 de enero de 2018

¿HEMOS SUPERADO LA CRISIS?

Nota: La entrada anterior, por error, llevaba un título muy académico, "¿Hemos superado la tesis?" que naturalmente ha producido escalofríos a mas de alguna doctoranda reciente. El título real es el actual, por lo que se reproduce la entrada en las condiciones en las que debería haberse hecho pública.

La crisis económica y financiera que comienza en el crack del 2008 y afecta prioritariamente al mundo desarrollado, tiene una especial repercusión en la Unión Europea, presente a partir de la crisis del Euro en el 2010 con Grecia y que generó la emanación de mecanismos intergubernamentales de estabilidad monetaria y financiera con intervenciones de soporte a las economías de los países sobre endeudados sometidas para su concesión a criterios “de estricta condicionalidad política” que generaron las llamadas políticas de austeridad que asolaron el sur y el este de Europa a partir de aquella fecha generando un incremento formidable de la desigualdad, empujando a la exclusión social a amplias capas de la población y a una devaluación salarial extremadamente fuerte en todos esos países.

A partir de 2015, y en España especialmente a partir de los procesos electorales de ese año, se entiende que “lo peor ha pasado” y se abre una fase denominada de “recuperación” en la que se hace público – con la entusiasta colaboración de los medios de comunicación -  que la crisis ya ha sido superada y que en consecuencia volvemos paulatinamente a la senda del crecimiento. Los acontecimientos políticos generaron ciertas turbulencias durante todo el año 2016, que fue un tiempo perdido para imponer un cambio político que era factible a partir de los resultados electorales de diciembre del 2015, pero finalmente el Partido Popular, aunque en minoría, pudo constituirse en gobierno gracias al apoyo irrestricto de Ciudadanos y la abstención activa del PSOE. La apertura en el 2017 de una nueva estación sindical, con el cambio en las direcciones de UGT primero y de CCOO después, junto con algunos hechos laboralmente relevantes en el plano de la regulación jurídica – la absolución de los sindicalistas procesados por su participación en piquetes, la continuidad y extensión de huelgas y movilizaciones de empresa y de sector en torno a los convenios colectivos, el cuestionamiento por obra del Tribunal de Justicia de la Unión europea del marco regulador de la contratación temporal – permitió iniciar un debate sobre las consecuencias de la crisis y la necesidad de recuperar una buena parte de los derechos degradados y sometidos durante la misma, pero este discurso apenas encontró eco en la opinión pública, literalmente engullida a partir de septiembre por los sucesos catalanes, que concentraron toda la atención mediática y emocional, borrando incluso iniciativas muy importantes como la marcha de las pensiones efectuada entre el final de septiembre y la primera semana de octubre.

Estos son los sucesos que han permitido que en la opinión pública se dé por supuesto que ya no hay crisis. El discurso dominante señala que la crisis ha ya desaparecido y que en su lugar encontramos un momento indeciso de crecimiento y desarrollo que permite mirar hacia adelante con optimismo. Los costes de la crisis, si se mencionan, se entienden efectos naturales de la recuperación. De esta manera se consiguen a la vez dos objetivos importantes. De un lado, se asegura implícitamente la irreversibilidad de las “reformas estructurales” que en el período más álgido (2010 – 2014) se han venido materializando en nuestro país como efecto de las llamadas políticas de austeridad que se aplicaron de manera autoritaria a los países sobre endeudados del sur y este de Europa. De otro lado, se instala en la opinión pública el convencimiento de que la única forma de obtener empleo se produce desde la aceptación de la desigualdad salarial y de la precariedad como regla, originando subjetividades cómplices con el proceso de acumulación, refractarias a cualquier planteamiento colectivo tanto del problema como de su solución.

La narrativa sindical, por tanto, junto con otras narrativas críticas de la realidad que diseñan proyectos alternativos, se opone decididamente a este discurso dominante que legitima el dominio y la servidumbre voluntaria ante el mismo. El relato sindical es un discurso potente al subrayar no sólo los elementos lesivos para los derechos de los trabajadores, denunciar la precariedad y la fragmentación del trabajo y las cada vez mayores situaciones de desprotección social, sino porque posee instrumentos de regulación y de recomposición del trabajo concreto a través del conflicto y de la negociación colectiva y es capaz de actuar simultáneamente en los diferentes planos o escalas donde crea reglas colectivas y vinculantes que permiten reconocer en mayor o menor medida que el trabajo no es solo un objeto de comercio, que forma parte de la personalidad individual y crea la cohesión social decisiva para fundamentar una condición de ciudadanía que no acepta ser considerada desigual y subalterna.

No es desde luego el único relato que permite armar una conciencia crítica sobre la realidad social y la necesidad de su cambio. Hay otros relatos que buscan desde perspectivas diferentes esa misma finalidad, y que en muchos momentos son más amplios y profundos que el sostenido por el sindicalismo sobre la base de la centralidad del trabajo. Los feminismos han construido un proyecto vigoroso y radical que exige un nuevo pacto sexual y un nuevo pacto colectivo sobre premisas radicalmente opuestas al modelo de acumulación en el que nos movemos. Es importante crear las condiciones para que estos relatos que cuestionan el sistema económico, social y político sobre bases emancipatorias y de desbordamiento democrático, puedan confluir y retroalimentarse de manera productiva.

Este es uno de los motivos por los que la convocatoria por CCOO y UGT de dos horas de paro en cada turno para el 8 de marzo significa un paso adelante muy importante en la confluencia de este tipo de planteamientos alternativos, generando así una práctica que va mucho más allá de la acción de declarar una huelga en correspondencia con la convocatoria que ha efectuado el movimiento feminista. Se trata de considerar un espacio común de trabajo político e ideológico, de hacer converger los análisis provenientes de la centralidad del trabajo con los planteamientos fundamentalmente basados en la condición de género y en una economía feminista que en muchos momentos tiene que ser conocida y reconocida por el discurso sindical.

De esta manera, mediante la confluencia de narrativas alternativas y críticas, se puede combatir con más eficacia la visión apaciguadora y mistificadora de que la crisis ha sido superada. La crisis por el contrario permanece, es una situación de desigualdad y de injusticia que es connatural a un modelo de relaciones sociales y de relaciones de trabajo que se confronta decididamente con planteamientos igualitarios y democráticos. Tras la utilización de las medidas de austeridad como una situación de excepción para suspender y degradar derechos sociales fundamentales, se quiere ahora acomodar la “superación” de la crisis con la implantación de un modelo neoautoritario de relaciones de trabajo en el que el sometimiento individual de las personas que logra mediante la violencia del mercado y la erosión del poder colectivo sindical. No es por el contrario una situación irreversible. Ya se tendrá ocasión de verificarlo a lo largo del presente año. Comenzando con el 8 de marzo próximo.

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