TRABAJADORA EMBARAZADA Y DISCRIMINACIÓN SALARIAL. UN COMENTARIO DE PATRICIA ESPEJO.

La tutela de la mujer embarazada no sólo se refiere a la protección sobre el empleo. Abarca también todas las condiciones salariales y profesionales que definen su condición concreta en un trabajo específico. Y es una protección transversal que afecta por igual a empleadas públicas y trabajadoras por cuenta ajena, con independencia de que presten sus servicios a un empresario privado o a las Administraciones públicas.  Patricia Espejo comenta en esta entrada una reciente decisión judicial que versa sobre este tema.

Una interesante sentencia del Juzgado Contencioso – Administrativo número 2 de Toledo de 15 de octubre de 2019 aborda un supuesto emblemático. El supuesto de hecho se inicia cuando una agente medioambiental (funcionaria) embarazada tiene adaptado el puesto por el servicio de prevención de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, se le exime entre otras cosas de hacer guardias de extinción de incendios. Por la realización de tales guardias se perciben unas cuantías económicas que la trabajadora deja de percibir mientras dura tal situación de riesgo para la embarazada, alegando la Administración que tal "complemento de puesto", que dicha remuneración no se percibe en ningún caso cuando las guardias no se realizan por cualquier asunto, ya sea cambio de turno, situación de IT, o adaptación del puesto por cualquier motivo preventivo. La demanda fue llevada a cabo por los servicios jurídicos de CCOO de Castilla La Mancha.

Cualquier reflexión al respecto debe partir de una afirmación taxativa: La igualdad entre mujeres y hombres en asuntos de empleo y ocupación ha de ser el pilar donde se sustente nuestro Estado Social, democrático y de Derecho. De la sentencia del Juzgad toledano se deducen tres importantes reflexiones:

1ª.- La interpretación fundamental del art. 9.3 de la Constitución Española respecto del poder judicial no puede ser otra que la exigencia de juzgar con perspectiva de género.

2ª.- La existencia de la brecha salarial en la Administración Pública no es un mito. Existe toda vez que una funcionaria ve mermado su salario por decisiones empresariales ad nutum que traen causa de una situación biológica incontrovertible, como es el embarazo o la maternidad.

3ª.- Toda decisión empresarial que empobrezca a una trabajadora por el único hecho de estar embarazada, hecho biológico inherente al Ser mujer, es discriminatoria. Es una auténtica manifestación de la violencia de género laboral, más allá de los acosos del art. 7 de la ley española de igualdad.

Me parece profundamente importante que el punto de partida sea afirmar que juzgar con perspectiva de género es la única forma posible de no vulnerar lo proscrito por la Constitución Española en el artículo 9.3 en relación con el art. 14, entre otros. Este mandato constitucional obliga al poder judicial -también al ejecutivo y al legislativo- a promover las condiciones para que la igualdad de todas las personas y los grupos en que se integran sea una igualdad real y efectiva. El juez que dicta esta sentencia promueve indudablemente que el derecho de esta trabajadora a no recibir ningún trato desfavorable respecto de sus colegas varones sea una realidad.

La equidad entre mujeres y hombres se ve amenazada cada día en los ambientes laborales, no solo a la hora de acceder al mercado laboral sino, también, en relación con la durabilidad de las mujeres en el empleo remunerado y con el mantenimiento incólume de todas y cada una de las condiciones laborales pactadas, entre ellas, el salario.  

Esta sentencia permite, entre otras cosas, llenar de contenido algunos preceptos legales en torno al devengo de los complementos salariales en situaciones de embarazo o maternidad y poner de manifiesto algo muy importante: la discriminación retributiva no es una brecha que sufren únicamente las trabajadoras que prestan servicios en empresas privadas, sino que puede ocurrir y, de hecho, ocurre, también en la Administración Pública.

El relato de los hechos probados evidencia el perjuicio económico que sufre una agente medioambiental por el mero hecho de estar embarazada. El servicio de prevención de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha le adapta su puesto de trabajo por motivo de una situación de riesgo durante el embarazo, eximiéndole de la realización de guardias de extinción de incendios por la que se percibe unas cuantías económicas que esta trabajadora deja automáticamente de percibir.

La Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural alega que, en virtud de la Disposición adicional 8ª de la Ley 4/2011, de 10 de mazo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha (en lo sucesivo, Ley 4/2011 CLM), las percepciones que la funcionaria deja de percibir y que ahora reclama son extraordinarias y variables. Pero no solo. En base al contenido del art. 85.6 de dicha ley, la Administración sostiene que son complementos salariales de puesto de trabajo que se devengan una vez que el funcionariado realiza las guardias, siendo indiferente para la Administración las circunstancias que motiven su no realización. Lo que la Consejería está argumentando es que el deber de pago de la Administración de este complemento en nómina nacerá una vez se haya realizado la tarea en cuestión, sin excepciones.

Ante esta regulación legal que soslaya la concurrencia de toda condición o circunstancia que tenga con el sexo/género de la persona una relación de conexión directa, la presente sentencia, sustentada en una amplia y rica jurisprudencia constitucional que es rotunda a este respecto desde los años 80 del pasado siglo (STC 166/1988 y otras más recientes: STC de 5 de mayo de 2014, STC 182/2005, STC 214/2006, STC 17/2007, y muchas otras ahí referidas) señala con muy buen criterio, en primer lugar, que no existe norma prohibitiva que nos lleve a esta solución y, en segundo lugar, que la funcionaria solo está solicitando una indemnización por la discriminación sufrida como consecuencia de su embarazo, situación que la coloca en una posición de desigualdad in peius con respecto a sus compañeros varones. Es por ello que es de justicia que a la demandante se le reconozca el importe del complemento salarial dejado de percibir y al que habría tenido derecho de no haber existido una imposibilidad real y cierta para haberlas realizado durante un tiempo concreto.

La situación de embarazo es precisamente la circunstancia que tiene con el sexo femenino una relación de conexión directa e inequívoca. El embarazo es junto con el parto y la lactancia natural, el hecho biológico incontrovertible que incide de forma exclusiva sobre la vida laboral, personal y familiar de las mujeres. Así las cosas, si no se tutela adecuadamente las situaciones de embarazo para que, en ningún caso, supongan perjuicio alguno para el colectivo femenino se estaría incurriendo en una discriminación directa por razón de sexo/género, tal y como establece el art. 8 de la ley de igualdad.  Es más, la sentencia recuerda, también, el contenido del art. 58 LOIEMH que blinda la totalidad de los derechos económicos de las funcionarias durante toda la duración del embarazo y de la licencia maternal.  

Que las mujeres seamos las únicas dadoras de vida no puede colocarnos en una situación de inferioridad con respecto a los hombres. Para ello, la protección que el sistema debe otorgar a las mujeres trabajadoras no puede limitarse a la de su condición biológica durante el embarazo y después de este. Debe, asimismo, extenderse al ámbito del desarrollo y vicisitudes de la relación laboral remunerada, lo que, efectivamente, condiciona irremediablemente las potestades organizativas y disciplinarias del empresariado que, de un lado, debe evitar las consecuencias físicas y psíquicas que medidas discriminatorias podrían generar en la salud de las trabajadoras y, de otro, debe afianzar todos los derechos laborales que les corresponden en su condición de trabajadoras, vetándoseles  toda posibilidad de provocar cualquier perjuicio que derive de la circunstancia exclusiva de las mujeres de traer al mundo otra vida.

Se trata en consecuencia de una decisión judicial muy interesante cuya oportunidad hoy está reforzada ante el crecimiento electoral de una ultraderecha que niega la existencia de toda violencia estructural contra las mujeres, haciendo gala de una ignorancia dolosa y una actitud intolerable en la degradación del mandato constitucional del principio de igualdad y no discriminación, que constituye un principio fundamental del Estado de derecho que esta formación política ignora y conculca pese a su insistencia en considerarse un partido constitucionalista.