FIGURAS SOCIALES DEL DEBATE ELECTORAL

Debo confesar que he visto todos los debates electorales que hasta el momento se han realizado en la televisión. Tengo un hijo de 18 años que está muy interesado en esas discusiones y le he acompañado en lo que me parece una buena costumbre democrática. Naturalmente que he sufrido ciertos daños colaterales producto de la irritación que me han producido algunas intervenciones y del disgusto profundo que a una persona de mi generación le produce la resurrección del franquismo más embrutecido y despiadado, en esta ocasión contra los pobres de la tierra, la inmigración irregular, mintiendo y engañando con falsos datos y falsas apreciaciones en un amplio ejercicio de manipulación demagógica.

De todos los encuentros entre dirigentes de los partidos políticos en liza, creo que muchos simpatizamos inmediatamente con el del PNV, un personaje agradable que es capaz de situar a Vox donde se debe, en el espacio del neofascismo, y cuyo discurso, pese a la posición tradicional de este partido, suena mucho más a centro izquierda que algunas otras intervenciones, en especial en materia de libertades cívicas y de servicios públicos. En el extremo opuesto, es realmente excepcional contemplar cómo el franquismo se crece en su reivindicación no solo reaccionaria sino claramente anticonstitucional sin que los partidos autodenominados constitucionalistas – es decir el Partido Popular y Ciudadanos, que son los que se autoproclaman tales – objeten nada a tales planteamientos. Al revés, muchas de sus propuestas se acercan a las que defiende Vox como eje de su ideario autoritario. La supresión del esquema de organización territorial del Estado que se desprende del art. 2 de nuestra Constitución es una previsión directamente contraria al diseño democrático que se plasmó en 1978, como también lo es la pretendida ilegalización de los partidos nacionalistas – o su eliminación electoral introduciendo un suelo mínimo del 3% a nivel nacional – al atentar directamente al pluralismo político del art. 1.1 CE. No digamos nada de las continuas referencias al golpe de estado permanente en Cataluña que hasta el Tribunal Supremo ha rebatido o la detención - ¿y aplicación de la ley de fugas? – del presidente de la Generalitat cuya autonomía quiere de nuevo verse suspendida vía art. 155 (Ciudadanos) o mediante la aplicación del Estado de excepción, reeditando la medida aplicada bajo el franquismo, por parte de Vox.

Además de ello, se ha podido ver en el último debate que la derecha franquista considera que los partidos democráticos – PSOE y PCE entre ellos – que lucharon contra el franquismo y contribuyeron de manera decisiva a la implantación de la democracia, son asesinos y golpìstas, y se permite insultar al secretario general de Podemos llamándole terrorista etarra amparado en la legitimidad que le da haber sido amenazado por ETA, haciendo coincidir el hecho de la amenaza terrorista con sus planteamientos reaccionarios e ignorando los muertos y las víctimas reales que ETA produjo y cuya apropiación por Vox es realmente repugnante, como le recordó Pablo Iglesias al indicarle que en la lista de En Comú Podem se encuentra la hija de Ernest Lluch, asesinado por ETA, y que la condición de víctima del terrorismo no es patrimonio político del fascismo.

Pero al margen de la depresión que produce escuchar la tabla reivindicativa de las tres derechas, cada vez más radicalmente escoradas hacia el autoritarismo político y el neoliberalismo económico, lo que más llamativo me ha resultado de estos debates es la utilización en las mismas de referencias continuas a unas figuras sociales sobre las que giran las propuestas políticas, de izquierdas o de derechas.

La primera de ellas, aludida hasta la saciedad, es la de los “autónomos”. Se trata de un personaje de perfiles no nítidos porque una vez aparece como pequeño empresario creador de riqueza, es decir, en su condición de emprendedor, en la estela de la legislación del PP de los años 2013 y 2014, y otras veces como trabajador por cuenta propia, formando parte otras del grupo de profesionales y técnicos. Solo en el discurso de la izquierda algunos autónomos tienen nombre propio, como los taxistas o los falsos autónomos que deben convertirse en trabajadores por cuenta ajena, pero la centralidad en el discurso político de la figura del autónomo, que por definición es ante todo un individuo que actúa en el mercado confiado solo en su actuación profesional o su actividad económica generadora de riqueza social y sobre el que planea la carga tributaria y contributiva como una amenaza a su libertad (que es ante todo de empresa, pero también de trabajo), demuestra hasta que punto la ideología del mercado ha atravesado la narrativa política sobre la construcción de la sociedad.

La segunda categoría es la del “pensionista”. Aquí el debate se sitúa en el plano de la ciudadanía social, sin referencias explícitas al nivel salarial y profesional del trabajo que sostiene la extensión y cuantía de las pensiones. La derecha hace planear sobre esta figura la quiebra del Estado de Bienestar que según su narrativa se produce en cuanto llega el centro izquierda al poder por su despilfarro en el gasto público con finalidades parasitarias y demagógicas. La izquierda hace hincapié sin embargo en la necesidad de garantizar pensiones suficientes y revalorizables según IPC, con la reivindicación de fondo de derogar la reforma del PP que llevó a cabo en el 2013. Es un planteamiento común, con matices desde luego, entre la izquierda de ámbito estatal y la nacionalista, pero también del PNV. Que es el único de entre ellos que se refirió de manera clara al Pacto de Toledo como el espacio necesario en el que se debería encontrar un acuerdo sobre este tema, personificado en esta figura del pensionista.

La tercera categoría es la de “precario”. De mayor utilización por la izquierda, se dibuja un sujeto que carece de derechos a partir del trabajo y que normalmente se introyecta en la pobreza, los bajos salarios y la inestabilidad también vital. Suele acompañarse de una referencia a las condiciones de existencia del mismo más que sobre las condiciones de trabajo, relacionándolo con la inexistencia de garantías de un derecho a la vivienda, aunque en muchas ocasiones aparece con nombre propio: las kellys, los riders. Tanto Irene Montero como Pablo Iglesias les han dado su voz en los últimos minutos de sus intervenciones en un gesto de trascendencia simbólica evidente, haciéndoles protagonistas desde su sufrimiento y desasosiego del discurso político que les quiere no sólo proteger sino arrancar de este estado de privación de libertades.

No ha comparecido sin embargo de manera directa la figura del “trabajador”, o al menos la construcción política de la ciudadanía a partir del trabajo como elemento central del proyecto de cambio social e institucional perseguido por la izquierda. Las referencias a esta categoría han sido sesgadas desde la perspectiva de género, en torno a la brecha salarial, o a la necesidad de servicios públicos que faciliten la plena corresponsabilidad entre mujeres y hombres, o bien en su consideración como empleados inmersos en un mercado de trabajo, como cifras de quien encuentra o pierde empleo. Para el franquismo de Vox, el trabajador aparece citado expresamente como sujeto tributario, es decir como una persona que está agobiada por la presión confiscatoria del Estado al que hay que rescatar.

Esa ausencia es más notoria si se atiende a la omisión total de cualquier referencia a las organizaciones que representan al trabajo en todas sus facetas, los sindicatos. Diluidos entre las alusiones a los “movimientos sociales”, se mencionan expresamente entre ellos a la PAH y a los pensionistas, pero no al sindicalismo como actor social. Si lo que no se nombra no existe, parecería que la subjetividad colectiva que expresan los sindicatos de clase, las centrales sindicales más representativas, no es incorporada como un activo del pensamiento político. Y eso que muy recientemente tanto CCOO como UGT han reivindicado la necesidad de un gobierno de progreso que permita un acuerdo a las formaciones de la izquierda,  y que ambas centrales han logrado el compromiso de derogar la reforma de pensiones del 2013 e insisten en la derogación de los aspectos más lesivos de la reforma laboral del 2012, que ha sido también un elemento sobre el que se ha discutido en estos debates electorales.

No se si puede con ello concluirse que el discurso político ha abandonado uno de los elementos básicos del andamiaje constitucional, que se manifiesta en la lectura conjunta de los arts. 7, 28, 37 y 35 de la Constitución, que visibiliza el trabajo como el eje de atribución de derechos en el seno de la relación laboral y en el plano de la ciudadanía social, en concordancia con el Estado social y el compromiso de lograr la igualdad sustancial. En la reescritura que se viene haciendo de la constitución sobre la base de la desposesión de derechos sociales sobre la que recientemente alertaba Coscubiela, sería importante que la izquierda política recuperara la centralidad del trabajo como eje político – democrático del cambio social y que restituyera la figura social de las personas que trabajan y la representación organizada de los mismos en la propuesta de reforma que ofrecen a los ciudadanos.