CRISIS SANITARIA Y CONFLICTO SOCIAL EN MADRID

 

La crisis sanitaria es ya evidente en Madrid y se va a profundizar en los próximos quince días según todos los pronósticos. Fruto de la negligente y caótica actuación del gobierno regional, una realidad que no se puede ocultar ni invisibilizar pese al control de los medios de comunicación empotrados en el mismo, el avance de los contagios y de las hospitalizaciones causadas por la pandemia han sido explicados primero sobre la base del “modo de vida de los inmigrantes” y luego por las condiciones de vida de los barrios del sur, dos consideraciones que expresan claramente tanto la desresponsabilización por las carencias de las decisiones y omisiones del poder público regional como la proyección discriminatoria sobre el espacio donde habita la población trabajadora e inmigrante como el causante de la propagación del virus.

En este propósito coinciden sin ninguna fisura los dos partidos políticos que gobiernan la región, Partido Popular y Ciudadanos, tanto la presidenta como el vicepresidente – cortejado hasta ahora por la izquierda madrileña como futuro presidente a través de una moción de censura que descomponga la coalición – y el nutrido grupo ultraderechista que les sostiene, y las medidas extraordinarias adoptadas el viernes 18 de septiembre lo ha venido a corroborar ostensiblemente. El confinamiento de barrios y zonas del sur madrileño con la sola excepción de poder ir y volver al trabajo o llevar a los niños al colegio, ha generado una respuesta social muy amplia e inmediata. Ha sido fundamentalmente el movimiento vecinal, pero también los  sindicatos y las fuerzas políticas de izquierda los que han reaccionado de forma contundente mediante movilizaciones de respuesta contra la estigmatización y el contenido racista y clasista de este tipo de discursos y la culpabilización que se deduce de la población trabajadora, cuando por el contrario se trata de zonas en donde la desigualdad y la precariedad vital son más intensas y en las que los servicios públicos no son capaces de satisfacer las necesidades sociales  de la población que habita en ellos, en especial en lo que se refiere a la asistencia sanitaria y servicios sociales.  Hoy mismo, domingo, en prácticamente todos los barrios del sur se han convocado concentraciones ante los centros de salud para expresar esta protesta y la movilización ciudadana es notoria.

Es evidente que cualquier medida de restricción en la Comunidad de Madrid debe ir acompañada de refuerzos en ayudas sociales y apoyo sanitario, lo que justamente el Gobierno regional quiere evitar a toda costa, consciente de que la división entre público y privado no sólo se plasma en los distintos territorios de la ciudad y de la región, sino que se prolonga a través de la pertenencia a la clase social, puesto que en Madrid la sanidad privada es extraordinariamente potente y se nutre cada vez más de unos estratos de población que huyen de la asistencia sanitaria pública, desbordada y saturada, hacia la atención de las clínicas privadas. A través de esta crisis sanitaria, se pone d manifiesto de manera muy evidente que en el ideario neoliberal que impulsa al gobierno de la CAM, la red de asistencia primaria y hospitalaria pública no puede competir con la oferta sanitaria privada y por tanto debe ser infrafinanciada y progresivamente configurada como sanidad de segunda clase, accesible solo para quienes carecen de renta suficiente como para suscribir una póliza de seguro privado para ser atendidos por el complejo sanitario gestionado por las clínicas privadas.

A mediados de agosto de este año, la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid , MEDSAP – Marea Blanca, planteó a la Subdirección General de Cohesión y Alta Inspección del Servicio Nacional de Salud del gobierno de España  la realización de una auditoría e inspección urgente a la Comunidad de Madrid sobre la situación del personal sanitario, es decir, sobre la falta del mismo tanto para atender la pandemia como para la atención de la ciudadanía, con los cierres de centros de atención primaria y de urgencia de AP, las listas de espera, sobre la carencia de rastreadores y la externalización al sector privado de los mismos, así como sobre la desviación de fondos públicos hacia entidades privadas, como emblemáticamente sucede con la construcción del Hospital de Valdebebas por cincuenta millos de euros, o el contrato con Telefónica e Indra de 421.000 €.  Los parámetros que se debían adoptar pasaban por el aumento de personal, la estabilidad de los recursos, la claridad operativa para todos los niveles asistenciales y la máxima dotación en Atención Primaria, así como una red de control de rastreadores "en relación al baremo de la Organización Mundial de la Salud". Una llamada a la intervención del Gobierno nacional que no fue recogida y que ahora de nuevo la Marea Blanca reitera en el contexto de las movilizaciones presentes, insistiendo en la imprescindible reacción ante el colapso sanitario y el derrumbe de la atención primaria, que es el “cimiento indispensable del sistema sanitario público”.

Es decir, la crisis sanitaria se ha convertido en la Comunidad de Madrid en una propuesta de segregación social y de descomposición del sistema público de salud. Por tanto, en una crisis de Estado Social, que constituye el elemento fundante de la cohesión política que da sentido a los derechos de ciudadanía. En esta región, la condición social y económica de las personas es el elemento diferenciador y discriminante en el ejercicio de derechos fundamentales de los ciudadanos. El acceso a la sanidad pública no está garantizado de manera universal, y todos los estímulos lanzados por el poder público conducen a la consolidación de un mercado de satisfacción de los cuidados sanitarios regidos por un principio de capacidad adquisitiva, un elemento este que choca directamente con la estructura de derechos y libertades reconocidos en la Constitución y que el gobierno de Madrid está obligado a respetar.

La segregación social de los barrios del sur no se configura realmente con criterios epidemiológicos, sino que busca consolidar en esas zonas la segregación espacial de una población que solo tiene valor en cuanto produce para otros, pero a la que se le priva de derechos sociales básicos. El confinamiento de la población en barrios periféricos de Madrid solo tendría algún sentido si se acompañara de medidas compensatorias y racionalizadoras establecidas con carácter general para toda la población, en especial respecto del transporte público – aumento de los trenes y autobuses para evitar las aglomeraciones que se producen – y la reformulación de los horarios de trabajo, mediante una escala horaria de entrada y de salida al trabajo que permita el reparto de personas a lo largo de las horas punta. Y en todo caso, reiterando que sería absolutamente imprescindible recuperar la atención sanitaria en esas zonas, reducir las listas de espera y revertir la crisis de desatención y de cuidados que afecta de manera muy intensa a estos barrios del sur, espacios de desigualdad inconcebible en términos políticos y democráticos.

Por eso la crisis sanitaria ha desembocado en un conflicto social que no ha hecho más que empezar. Pero los conflictos sociales tienen que ser explicados y canalizados hacia soluciones políticas que repongan a la ciudadanía en el goce de sus derechos y que actúen removiendo las situaciones insostenibles de desigualdad que se están plasmando de manera cada vez más abierta en la Comunidad de Madrid. Si la mediación política falla o no es capaz de ser comprendida socialmente como un proyecto emancipador y democrático real, las consecuencias pueden ser extraordinariamente negativas y conducir a una reacción de despego y de decepción frente al modelo de Estado social y democrático que se desmiente de manera patente cada vez más intensamente sin que quepa ninguna posibilidad de invertir esa tendencia opresiva y violenta de consolidación de un dominio de clase sobre otra.