LOS PERROS RABIOSOS Y LA DEGRADACIÓN DEMOCRÁTICA

 

(La foto, en el Congreso de CC.OO, el titular del blog entre Carolina Vidal López y Aina Vidal Sáez, buenas amigas y mejores personas. Nota bene, son sindicalistas de raza y defienden a las y los trabajadores)

Los enemigos de la democracia inclusiva diseñan estrategias basadas en la ofensa porque saben que los odios se retroalimentan (Luis García Montero, Diversidad, fragmentación o convivencia. Infolibre, 26-12-2021)

Ya los clásicos nos advertían de la capacidad que tenía el pensamiento que domina de invertir el sentido y la razón de las cosas y de las relaciones entre éstas. Cambiar la posición, el sentido, la dirección o el orden de una cosa o, más en general, sustituir un orden o disposición por el opuesto. Un discurso engañoso que se acompaña del mecanismo de proyección o de defensa en el que impulsos, sentimientos y deseos propios se atribuyen en el debate político a los adversarios. Este es el discurso al que nos hemos habituado y que no sólo, como enseña Steven Forti en su libro Extrema Derecha 2.0. Qué es y cómo combatirla (siglo XXI, 2021), “ha entrado en las instituciones y comienza a tener un mayor peso, sino que pulula por internet y gangrena las redes sociales –normalizando así su discurso e ideología– para corroer la democracia desde dentro”.

No se trata solo de la apropiación de la Constitución como referencia política unívoca, que no acepta la pluralidad de opciones en su seno – como la conversión de los símbolos nacionales como la bandera en señas de identidad de su ideología y de sus partidos – y a la postre niega su contenido y la función de sus instituciones. El ejemplo más claro de la consideración de las instituciones comunes como propias lo ha dado la negativa del Partido Popular durante más de tres años a renovar los miembros del CGPJ, una actitud claramente contraria al mandato del art. 122.3 CE que sin embargo se presenta como la única forma de lograr el objetivo constitucional de la imparcialidad e independencia judicial que, en la justificación que esgrime, estaría puesta en peligro por el cumplimiento del mandato de la renovación al que justamente le obliga la Constitución. Es decir, que para hacer cumplir lo preceptuado en el art. 117 CE hay que ignorar lo previsto en el art. 122 CE en su definición del órgano de gobierno del poder judicial. Esta contradicción que funciona invirtiendo la lógica y la función del Título VI sobre el poder judicial obedece, desde luego, a objetivos de control ideológico y político de los nombramientos de los puestos superiores de la magistratura y la inmunización de este órgano frente a las nuevas mayorías políticas del gobierno, pero se presenta como una opción política de defensa de la constitución, que proyecta sobre el bloque mayoritario que sostiene el gobierno la acusación de que éste conjunto de fuerzas políticas conspira contra el orden democrático.

La inversión y la proyección como formas habituales de la política de degradación democrática se continúan por otros medios. Sucede con la exaltación del Parlamento como único espacio posible de ejercicio de la soberanía popular, como forma de deslegitimar cualquier otra forma de participación democrática, en especial a través del diálogo social. La ecuación soberanía popular / soberanía parlamentaria desemboca en la desautorización no sólo de los acuerdos sociales tripartitos entre el gobierno y los llamados agentes sociales, sino a no reconocer a los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales como sujetos legitimados para la regulación de los intereses económicos y sociales que le son propios en una dimensión socio-política en la que por cierto tanto el sindicalismo confederal como el asociacionismo empresarial tiene una larga tradición en nuestro país. Este proceso por el que se niega legitimidad a la representación institucional de los trabajadores y de los empresarios para poder determinar los elementos centrales del marco institucional del sistema de relaciones laborales o de la dimensión compleja de la ciudadanía social se ha ido afirmando conforme avanzaba la legislación de la crisis frente al Covid19 durante el período del estado de alarma, y se ha plasmado de manera nítida en las últimas declaraciones respecto del importante acuerdo firmado el 23 de diciembre en el contexto del Plan de Reactivación, Transformación y Resiliencia al que se comprometió el gobierno con la Comisión europea como paso previo a recibir los recursos financieros derivados del programa Next Generation. “Acordar por acordar no significa nada”, de forma que el único espacio en el que se puede debatir este amplio programa de reformas es en el Parlamento. La elusión expresa del reconocimiento institucional de sindicatos y asociaciones empresariales en el Título Preliminar de la Constitución, al lado del pluralismo político de los partidos como sujetos constitucionalmente relevantes, se justifica en el argumentario del PP en una defensa cerrada y excluyente del Parlamento como único lugar en el que se puede operar la síntesis de los intereses sociales.

La defensa del Parlamento así realizada se acompaña de la reivindicación de la necesidad de atender a las minorías en la consecución final de las medidas en este ámbito decididas. Una reivindicación de los derechos de las minorías parlamentarias acogida por una jurisprudencia del Tribunal Constitucional en el seno del conflicto derivado de la cuestión catalana  que desde luego no se tiene en absoluto en cuenta en aquellos territorios en donde gobierna en mayoría el PP con el apoyo de Vox, una vez que Ciudadanos camine a pasos agigantados hacia su irrelevancia, cumplida ya la función para la que fue concebido. Las últimas imágenes de la discusión de los presupuestos de la Comunidad de Madrid sin que asista al debate ni un solo miembro del gobierno de la Comunidad, o la propuesta más reciente de una ley ómnibus de final de año para la que se da un plazo de una semana para presentar enmiendas en lectura rápida de urgencia, son ejemplos clamorosos del desprecio absoluto de esos proclamados afectos al debate parlamentario y al respeto a los derechos de las minorías. De esta manera, la proclamación de la soberanía parlamentaria a duras penas esconde un objetivo claramente obstructivo de la acción política entendida no sólo como acción de gobierno sostenido por una mayoría parlamentaria suficiente, sino también el rechazo a cualquier otra forma de participación democrática que no se base en la aritmética de los votos obtenidos a través del sufragio electoral en las convocatorias electorales.

El último de los elementos que acompañan esa tendencia a la erosión de la salud democrática del país es el más conocido, la refutación de la legitimidad democrática de algunas fuerzas políticas representadas en el Parlamento. Tanto fuerzas nacionalistas como independentistas son inmediatamente excluidas de su consideración democrática, pero también los exponentes de la izquierda del PSOE que forman parte del propio gobierno de la nación. Por esa vía, por consiguiente, se rechaza la legitimidad democrática del gobierno – que aunque no pueda reputarse ilegítimo en si que lo encabece el PSOE, deviene tal al estar sostenido por quienes no deberían ser considerados parte de la soberanía popular – y de la propia lógica derivada del principio de mayorías, puesto que no puede aceptarse éste si se logra con sujetos políticos no merecedores de una consideración democrática. De nuevo funciona aquí la apropiación ideológica del espacio político de la democracia, que incluso en el léxico se identifica como “constitucionalistas” a los que se atribuyen esta cualidad como una propiedad taumatúrgica y tautológica frente a quienes están fuera de ella, outlaws y por consiguiente en una situación material de ilegalidad. La oposición ya no es democrática, es enemiga, y eso justifica poner fin a compromisos y hábitos de mutuo respeto ante la mayoría democrática expresada en los bloques de apoyo al gobierno.

El paso siguiente lo cubre el insulto y la utilización permanente del exabrupto como forma de comunicación entre una parte de los reputados representantes de la soberanía popular, justamente quienes se asignan la cualidad de verdaderos españoles. Una forma de comunicarse entre ellos y de expresar sus opiniones que convierten al adversario en enemigo a abatir, o a ilegalizar en el futuro inmediato, con independencia de lo que al respecto establezca el marco constitucional. Una escenificación de un marco de violencia que se encarna en un lenguaje profundamente agresivo que expresa una voluntad de dominio brutal y una fuerte pulsión despótica. En este ejercicio de violentamiento verbal destaca el partido de extrema derecha Vox, y su ruda y agresiva capacidad de amenaza y de ofensa. No sólo contra los miembros del gobierno – con especial zafiedad respecto de la Ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del gobierno – sino contra una larga serie de sujetos sociales y políticos frente a los cuales el discurso ideológico es vehiculado por el escarnio y el ultraje a través del lenguaje. Feminismo e inmigración son los temas centrales, pero últimamente ha destacado también la acometida contra el sindicalismo. En una muy publicitada intervención, una representante de Vox ha calificado a los sindicatos como «perros rabiosos», relacionando este epíteto con la idea de que están “sobornados” por la Ministra de Trabajo para traicionar a los trabajadores. La imputación es ya clásica tanto del argumentario neoliberal como de la denuncia franquista de los “activistas” pagados y que traicionan a los “verdaderos”(y sumisos) productores. El lenguaje es el que se retrotrae a los años treinta y al fascismo militante que asaltaba las casas del pueblo y las sedes sindicales.

El lenguaje es importante. La violencia del pensamiento de la ultraderecha anticipa el dominio despótico y delirante que defiende y que va colonizando progresivamente el debate en los medios de comunicación y en la propia práctica política. La reivindicación de romper con lo “políticamente correcto” como una dictadura del pensamiento progresista está desembocando en un espacio de comunicación que niega valores democráticos fundamentales como el respeto al otro, la solidaridad, la consideración de lo público como un territorio abierto al debate sobre opciones y proyectos sociales sostenidos por una idea de ciudadanía en torno a la cohesión social. Considerar a los sindicatos de trabajadores como” perros rabiosos” denota un desprecio profundo por una institución democrática que tiene el máximo reconocimiento institucional en nuestro texto de 1978. A un perro con rabia se le extermina, y esa metáfora terrible expresa muy claramente la idea autoritaria y violenta que mueve el pensamiento de la extrema derecha. Un pensamiento que cada vez gana más adeptos y agrega más consensos sin que los grandes medios de comunicación de masas afronten este tema como un gran problema social y político frente al cual sería necesario reaccionar. Al contrario, en una gran parte, alimentan el ambiente en el que se mueve el argumentario que manejan, normalmente acentuado por la circulación de noticias falsas que sintetizan las grandes líneas de la erosión democrática pretendida. Combatir esta degradación es tarea de todos. Estemos atentos.