lunes, 25 de marzo de 2019

LA (I)REVERSIBILIDAD DE LA REFORMA LABORAL: ALGUNOS DATOS



No se ha hablado demasiado sobre este tema en los últimos tiempos. Ahora que comienza el período electoral se volverá a plantear como si fuera un tema abierto al debate y a la discusión. Se volverá a defender la derogación de la reforma laboral del 2012, o de las reformas laborales en plural efectuadas a partir del 2010, y se volverá a defender la eficacia de aquellas medidas para la recuperación económica y del empleo que se vendrá abajo si se modifica ésta. La cuestión sin embargo merece que se le dé una vuelta trayendo a colación algunos datos significativos. 

Se sabe que la derogación completa de la reforma laboral implica la sustitución de la norma legal vigente, fruto de las reformas post-crisis a partir del 2010 (crisis financiera, crisis de deuda soberana, crisis democrática), por una nueva regulación que contradiga la orientación neoliberal presente en éstas. Tanto las fuerzas políticas interesadas en esta sustitución – Podemos y las confluencias y el PSOE fundamentalmente, aunque con direcciones y alcance diferentes – como los sindicatos CCOO y UGT y una parte muy importante de la academia han planteado este propósito como un proyecto a medio plazo que además “renueve” las coordenadas básicas que enmarcan el Estatuto de los Trabajadores que provienen de 1980, y que se plasmaría en la redacción de “un nuevo Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI”. Este fue el compromiso al que llegó el llamado Acuerdo Parlamentario entre el Gobierno Socialista y el Grupo Parlamentario Unidos Podemos – En Comú Podem . En Marea en octubre del 2018, y que la disolución de las Cortes para la convocatoria de elecciones generales en abril de 2019 ha hecho imposible su materialización. Hay no obstante documentos significativos al respecto, preparados inmediatamente antes de las elecciones de diciembre del 2015 o posteriores a las de junio del 2016 –la propuesta de CCOO por un marco más democrático de relaciones laborales y el documento FIDE por una reforma del Estatuto de los Trabajadores—que servirán de base a ulteriores reflexiones y propuestas para una nueva regulación que sustituya la reforma laboral y la derogue en su totalidad.

No ha sido ésta la estrategia seguida durante la última legislatura, que se presentaba complicada en cuanto el gobierno del PP apoyado por Ciudadanos no contaba con la mayoría suficiente en el Congreso pero ejercitaba la prerrogativa de veto a las iniciativas que pretendieran una modificación parcial de la reforma laboral del 2012-2013. Así, durante el gobierno del PP de Mariano Rajoy, el grupo Unidos Podemos – En Comú Podem – En Marea, intentó llevar a cabo, en octubre de 2017, una iniciativa legislativa “para el fortalecimiento de la negociación colectiva” que suponía un cambio de aspectos importantes de la reforma laboral, en concreto el que constituía un caballo de batalla por parte de los sindicatos, la derogación de la primacía aplicativa del convenio de empresa sobre el convenio de sector y la prohibición absoluta de modificarla o condicionarla por parte de la negociación colectiva. El gobierno procedió a vetar esta proposición de ley sobre la base del art. 134.6 CE, y la mesa del Congreso, con mayoría del PP y Ciudadanos, resolvió que no procedía tomarla en consideración, por lo que rechazó esta propuesta. Se trató de un acto que vulneraba directamente el derecho al ejercicio del cargo público parlamentario conforme señalan las leyes en conexión con el más general derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos del art. 23 CE, tal como ha declarado la reciente Sentencia del Tribunal Constitucional 17/2019, de 11 de febrero, publicada en el BOE de 19 de marzo, estimando el recurso presentado por el Grupo parlamentario cuya actividad legislativa ha sido lesionada. Es una doctrina constitucional que reitera lo que ya había señalado en otras sentencias anteriores respecto del veto del gobierno a proposiciones de ley ( SSTC 34/2018, de 12 de abril; 44/2018, de 26 de abril; y 94/2018, de 17 de septiembre)  y que por tanto confirma la obstinada y permanente actuación del gobierno del PP para impedir que el Congreso pudiera ejercer su función normativa, un objetivo que se prolonga mediante las prácticas obstruccionistas que tanto el PP como Ciudadanos han seguido realizando sobre la fase de tramitación de los proyectos admitidos, algunos de ellos, como el relativo a la subcontratación, sólo después del fallo estimatorio del TC.

Es especialmente interesante el argumento esgrimido por el gobierno entonces para rechazar la tramitación de una proposición de ley que se ceñía a la derogación del precepto estatutario aludido. El gobierno entendía que era tal la importancia de esta norma “que derogar la flexibilización de la negociación colectiva introducida por la reforma laboral de 2012” haría que el impacto presupuestario de la proposición fuera similar “al impacto de derogar la propia reforma”. La justificación de una afirmación tan tajante se encuentra en un argumento muy utilizado en su momento tanto por los ideólogos de la reforma como por la entusiasta mayoría del TC partidaria del gobierno (SSTC 114/2014 y 8/2015), esto es, que las restricciones a la negociación colectiva inciden positivamente en la situación de empleo, por lo que, a la inversa, la derogación de la descentralización negocial implicaría el incremento automático del desempleo. “La eliminación de las medidas de flexibilidad interna que propone la iniciativa provocaría que las empresas volverían a ajustar por vía de despido, lo cual supondría un incremento del número de perceptores de prestación por desempleo de al menos 100.000 nuevos beneficiarios, que implicaría un gasto adicional anual de al menos 1.500 millones de euros”. Una suerte de elucubración en el vacío que el Ministerio Fiscal denuncia pues “no ofrece ningún dato objetivo que permita conocer cómo obtiene la cifra de 100.000 nuevos perceptores de prestaciones por desempleo y los 1.500 millones de euros más de gasto en esas prestaciones”, lo que supone basarse en una “hipótesis de impacto económico indirecto” que no habilita al gobierno para ejercer el veto. Un argumento que es acogido plenamente por la STC 17/2019 para estimar el recurso de Unidos Podemos.

En la mesa del diálogo social, los sindicatos precisaron algunos elementos centrales que deberían ser modificados con carácter de urgencia. Conscientes de la intangibilidad al menos por el momento de la regulación del despido y de la flexibilidad unilateral interna por parte del empresario – aunque se hicieran esfuerzos por modificar este tema sobre la base de un esquema de flexibilidad interna contratada y reducción del espacio de la rescisión unilateral del contrato como forma de ajuste por parte de las empresas – se centraron en algunos aspectos fundamentales de la negociación colectiva – la supresión del sistema reductivo de la ultra actividad del convenio y la eliminación de la primacía aplicativa del convenio de empresa sobre el de sector – a lo que añadieron la necesidad de regular las condiciones salariales y de empleo de las trabajadoras y trabajadores terciarizados o subcontratados, que deberían parificarse con las aplicadas en la empresa principal o al menos en el convenio de sector de la actividad. Otras reivindicaciones importantes se referían a la implantación del registro horario en las empresas, disuelto por obra de una decisión del Tribunal Supremo, y a la desvinculación del contrato de obra o servicio determinado con la duración de la contrata como causa de terminación del mismo, también obra de una consolidada y criticada doctrina jurisprudencial. En diciembre del 2018 se llegó a un preacuerdo entre el gobierno y los sindicatos para llevar a cabo estas reformas, que, en líneas generales, también se habían acordado en el plano político de los presupuestos en octubre del 2018. La CEOE se opuso vivamente a este acuerdo, que objetó fundamentalmente “por razones ideológicas”, planteando lo que a su juicio constituía un axioma del diálogo social. Si no hay consenso de todas las partes, el gobierno no puede regular con el acuerdo de una sola de ellas.

El gobierno entonces trasladó la concreción de ese acuerdo al texto que se estaba tramitando sobre la reforma del art. 42 ET sobre la descentralización productiva, en donde incorporaba las reformas mencionadas sobre negociación colectiva y el registro de jornada fundamentalmente. Las enmiendas transaccionales que se plantearon en ese texto se alejaban de manera clara de lo acordado con los sindicatos, y por tanto el grupo de Unidos Podemos – En Comú Podem – En Marea, mantuvo una seria discrepancia con ese tipo de modificación claramente insuficiente. En cualquier caso, la sucesiva ampliación de prórrogas para enmiendas y la consiguiente ralentización del proceso hizo que la disolución de las cámaras abortara esta iniciativa incluso antes de pasar al Senado donde con toda seguridad habría sido enmendada y plenamente transformada cuando no rechazada de plano ante la mayoría absoluta del PP en dicho órgano colegislador. Con ese cambio de plano, el gobierno pretendía situar la cuestión en el terreno de los acuerdos políticos en donde el nacionalismo vasco y fundamentalmente el PdeCat tendrían un peso específico a la hora de llegar a un texto que contara con su aval. De esta forma, el incumplimiento del preacuerdo con los sindicatos no aparecía como el fruto de las presiones de la CEOE, sino como el resultado de la búsqueda de consensos políticos y parlamentarios que le obligaban a no mantener los compromisos a los que había llegado con UGT y CCOO.

El fracaso de esta vía volvió a situar el problema en el ámbito de decisión del gobierno a través de la utilización de la norma de urgente necesidad, el Decreto-Ley, lo que había efectuado de manera muy intensa durante el mes de diciembre y continuó a comienzos del nuevo año. Los sindicatos insistieron en la importancia de abordar esta reforma en los puntos señalados de manera inmediata, como forma de reducir los elementos más negativos que obstaculizaban el desarrollo del Acuerdo sobre Empleo y Negociación Colectiva pactado con CEOE-CEPYME en junio del 2018 pero que se encuentra con fuertes resistencias en su concreción, y para paliar las consecuencias más negativas de la externalización de servicios y fragmentación y degradación de las condiciones de trabajo de las personas externalizadas. En el seno del propio gobierno existían posturas muy fuertes que coincidían con la CEOE en la conveniencia de mantener – no sólo ideológicamente – un veto a la reforma de la negociación colectiva y de la subcontratación. Estas presiones internas son las que finalmente se han impuesto en el gobierno Sánchez, que solo ha rescatado del conjunto de temas pactados a los que se había comprometido, el del registro de jornada, en una regulación extraordinariamente débil y de escasa virtualidad, a la que se ha accedido previendo la inminente condena del Tribunal de Justicia a España por el incumplimiento de la Directiva sobre tiempo de trabajo al no obligar a las empresas a llevar un registro de las horas de trabajo realizadas por el personal a su servicio.

El gobierno por tanto se ha negado a cumplir sus compromisos incorporándolos a un decreto-ley que recogiera el acuerdo sindical y político efectuado. De nuevo aquí la excusa ha sido que carecía de seguridades en orden a la convalidación de la norma por la Diputación Permanente del Congreso, pero no se han explicitado los disensos en concreto frente a los cuales se enfrentaba, ni se ha trabajado por lograrlos. Es muy posible además que este incumplimiento se quiera aprovechar electoralmente en el sentido de asociar la posibilidad de modificar la reforma laboral al aumento de la influencia política del PSOE medida en resultados electorales en el próximo abril.

El resultado, medido en los datos objetivos que se han expuesto, es que el gobierno Rajoy ni propició acuerdos en el marco del diálogo social ni aceptó iniciativas de reforma legislativa, interponiendo su veto ante aquellas que pretendían una modificación de aspectos parciales, un veto que suponía vulneración de derechos fundamentales, como ha sucedido con la que sostenía el grupo socialista sobre la subcontratación (que fue objeto de la STC 44/2018) o con la de Unidos Podemos sobre la negociación colectiva (que fue objeto de la STC 17/2019). El Gobierno Sánchez, que tras la moción de censura llegó a un acuerdo parlamentario con Unidos Podemos y las confluencias en donde se comprometía a impulsar reformas parciales de la normativa laboral y que posteriormente cerró un acuerdo específico con CCOO y UGT en la mesa del diálogo social, incumplió posteriormente estos compromisos y por tanto ha mantenido en sus mismos términos los preceptos de la reforma del 2012 más contestados por los sindicatos a los que se había obligado a modificar.

En el período electoral que va a comenzar, volveremos por tanto a escuchar la necesidad de estas modificaciones de la legislación laboral que han sido objeto de atención específica a lo largo de los últimos meses. Es preciso que exista un fuerte grupo de izquierda que se haga eco de las reivindicaciones sindicales y que se comprometa decididamente a llevarlas a cabo. Aunque la CEOE imponga su veto. A pesar de que un sector del PSOE entienda que la descentralización negocial forma parte de una flexibilidad laboral imprescindible para mantener una devaluación salarial segmentada que favorezca la creación de empleo aunque éste sea precario y desigual, sin derechos. Aunque la derecha política tripartita de este país se empeñe en entender que la reforma laboral del 2012 ha impuesto un modelo de gestión autoritaria en las empresas que debe ser preservado a toda costa. Entender que con el voto se puede construir el futuro, y, más prosaicamente, proceder realmente a modificar las reformas laborales de la post-crisis que constituye un objetivo reivindicativo del movimiento sindical y del conjunto de las personas que trabajan en este país.

sábado, 23 de marzo de 2019

DESPLAZAMIENTO DE TRANSPORTES POR CARRETERA Y DUMPING SOCIAL



La Federación Europea del Transporte (ETF) está llevando a cabo una campaña por un transporte justo que culminará en una gran manifestación el 27 de marzo en Bruselas. Se denuncia competencia desleal, explotación y un creciente deterioro de salarios especialmente en el sector del transporte por carretera, donde las empresas “pantalla” o “buzón” permiten pactar condiciones salariales desde países de origen con diferenciales salariales muy bajos. Las condiciones en las que trabajan los transportistas se caracterizan además por largas y penosas jornadas laborales, violencia y condiciones peligrosas en muchas ocasiones, contratos de trabajo atípicos y extraordinariamente flexibles. El grupo de Izquierda Unida Europea / Izquierda Nórdica ha mostrado su solidaridad con estas reivindicaciones a través de la eurodiputada Paloma López, como se puede ver en Por un transporte digno  . Recientemente, la editorial Bomarzo ha publicado un libro en el que se describe de forma exhaustiva los problemas que plantea el sector del transporte por carretera en materia de desplazamiento de trabajadores. El contenido de esta obra es el que se reseña a continuación, como un acto más de solidaridad con esta importante campaña de sensibilización sindical de un problema de degradación de derechos en el nivel europeo.

Se conoce suficientemente que el mercado único favorece el dumping salarial por parte de empresas que explotan el hecho de que haya grandísimos desequilibrios en el coste del trabajo entre los diferentes ordenamientos nacionales. La tutela de las libertades económicas fundamentales, en especial la libertad de establecimiento (art. 49 TFUE) y la libertad de prestación de servicios (art. 56 TFUE) permite que una empresa establecida en un Estado Miembro pueda transferir trabajadores a otro Estado Miembro, o lo que es lo mismo, puede enviarles a desempeñar temporalmente prestaciones de trabajo. Este es el contexto en el que se produce la regulación del desplazamiento de trabajadores, objeto de una serie de reformas recientes urgidas fundamentalmente por los sindicatos para intentar restringir este mecanismo de elusión de derechos y de desagregación social en la Unión Europea, en especial las reformas del 2014 y la actual del 2018. El tema ha sido abundantemente tratado por la literatura jurídica, pero la obra que ahora se reseña tiene sin embargo otras características que la hacen especialmente interesante.

En efecto, se trata de un estudio de índole sociológico obra de los profesores Riesco Sanz, García López y Maira Vidal, de las Universidades Complutense y de Castilla La Mancha, que analizan el sector del transporte por carretera en la Unión Europea como un espacio de análisis especialmente cualificado por tratarse de uno de los canales preferentes de la transferencia de mano de obra transfronteriza en el mercado europeo interior. Se trata de una parte específica de un proyecto de investigación dirigido por la profesora de la EHU/UPV Olga Fotinopoulou Basurko, cuyos resultados en el plano jurídico fueron publicados en un volumen por la Editorial Atelier en el 2017. El libro comentado ahora se abre con una descripción de las principales características del fenómeno del desplazamiento de trabajadores con una descripción muy vívida de las principales interferencias organizativas que procuran el deterioro de los estándares laborales, con una especial atención al fenómeno de las “empresas buzón” y a la intermediación empresarial en clave de reducción de los costes laborales y de degradación de derechos, para en el siguiente capítulo abordar un detallado informe sobre las características del sector del transporte en España y en la Unión Europea. Se trata de un examen bien interesante en el que se describe la estructura del transporte de mercancías como un espacio atravesado por tendencias contrapuestas a la atomización – con el importante peso de los trabajadores independientes o autopatronos – y la concentración en grandes flotas, para exponer a continuación la problemática de los costes operativos compuestos por los precios del carburante, que suele ser una partida más rígida, y los costes laborales, donde las variaciones entre los diferentes países de la UE son muy importantes, y que por consiguiente inciden más en los márgenes de beneficio posible para las empresas del sector.

Tras este panorama general sobre el desplazamiento de trabajadores y en concreto sobre el sector del transporte, los autores proceden a un análisis sobre la percepción que los agentes sociales nacionales  involucrados, la inspección de trabajo y los actores internacionales tienen sobre los problemas que atraviesa el transporte de carreteras en relación con el desplazamiento de trabajadores, que se manifiestan en torno a la situación del sector en el ámbito nacional y en el europeo y en qué respuestas y estrategias pueden darse ante esta situación. Este largo e interesante capítulo es el que permite a sus autores rescatar los elementos más significativos y relevantes presentes en los discursos de los actores, señalando confluencias y tensiones en los mismos. Así, en el ámbito nacional el diagnóstico sobre el sector puede ser compartido de partida por los diferentes actores, empresarios y sindicatos pero las conclusiones o propuestas de solución son, naturalmente, bien diferentes en lo que respecta a la estrategia competitiva que pone el peso del ajuste y la bajada de tarifas en el factor trabajo. La externalización y la deslocalización de empresas suponen la respuesta efectuada a la presión a la baja de las tarifas y configuran paulatinamente un horizonte de empresas sin trabajadores. Por el contrario, la aplicación de la normativa europea sobre desplazamiento de trabajadores al sector del transporte por carretera, la lex loci laboris garantizaría la equiparación salarial y evitaría las situaciones de dumping, pero este es un tema especialmente controvertido para las asociaciones empresariales del mismo.

Finalmente, el volumen se cierra con unas conclusiones extremadamente sugerentes entre las que cabe destacar la definición del desplazamiento de trabajadores como un mecanismo de movilización y de aprovisionamiento de fuerza de trabajo barata para las empresas europeas en un contexto de progresiva pérdida de peso político y económico de Europa en el espacio de la globalización y de protagonismo creciente de potencias con costes laborales y operativos mucha más reducidos que los europeos. Por eso la estrategia empresarial tras la crisis – y a partir de ella – de reducir costes laborales como forma de mejorar la competitividad y los resultados económicos se configura como un elemento central para el gobierno de las relaciones laborales. Para ello no basta con el recurso a fuerza de trabajo inmigrante, por otra parte sujeta a numerosas trabas en numerosos países de Europa, sino que es precisa una fuerza de trabajo ”endógena” al espacio político europeo pero no plenamente equiparada en términos laborales a la situación de las poblaciones locales, de forma que el desplazamiento de trabajadores sin respetar el principio de equiparación salarial y de otras condiciones de trabajo forma parte de una estrategia de reemplazo parcial de los movimientos migratorios extracomunitarios, una suerte de vaciamiento institucional que crea una situación de excepción dentro de un mismo territorio que puede suponer un riesgo de desequilibrio para el conjunto de la población y para una parte relevante del tejido empresarial nacional.

La conclusión del estudio es que se debe exigir profundizar en la mejora de los mecanismos de protección nacionales existentes, pero paralelamente en la construcción de un nuevo entramado institucional de carácter transnacional para la protección de los trabajadores y de los derechos sociales, que evite la precariedad social. El libro se cierra con una extensa bibliografía citada y con el anexo de los perfiles de las entrevistas en profundidad efectuadas, los guiones de las mismas y el formulario del desplazamiento de trabajadores utilizado.

DESPLAZAMIENTO DE TRABAJADORES EN LA UNIÓN EUROPEA. EL CASO DEL TRANSPORTE POR CARRETERA
Alberto Riesco-Sanz, Jorge García López, Maira del Mar Maira Vidal. Editorial Bomarzo, Albacete, 2018. ISBN 978-84-17310-37-0. 213 páginas.




jueves, 21 de marzo de 2019

CONDUCTAS ANTISINDICALES EN RENFE. INFORMA ANGEL MARTÍN AGUADO



La práctica de las relaciones laborales contiene numerosos momentos de conflicto intersindical en un sistema de pluralidad sindical. El ordenamiento español proporciona reglas relativamente asentadas a lo largo del tiempo para solventar estos conflictos, especialmente a partir de la fijación de reglas en materia de negociación colectiva de eficacia general que eliminan la posibilidad de selección del interlocutor (sindical) por parte del empresario. Angel Martín Aguado, abogado del Gabinete Interfederal de CCOO envía para su publicación en el blog, este escrito que da cuenta de un caso importante de actividad antisindical en RENFE.

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras (FSC-CC.OO.), ha venido denunciando una práctica antisindical que se ha mantenido de forma inveterada y contumaz en Renfe y cuyos protagonistas han sido, la propia dirección de Renfe de una parte y de otra, la dirección de una organización sindical corporativa, el Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (SEMAF).

Esta práctica antisindical, que para otros supuestos y con carácter general, ha sido condenada reiteradamente por el Comité de libertad sindical de la OIT y por los tribunales europeos y españoles consiste, en que una empresa – en este caso RENFE – decide favorecer a un sindicato y negociar exclusivamente con él, excluyendo y marginando a otro u otros sindicatos con legitimación suficiente, impidiéndoles así participar en determinados procesos de negociación.

La práctica empresarial, objeto de reproche jurídico, supone también una injerencia de Renfe, en la acción sindical regular en la empresa, al promocionar a un determinado sindicato – en este caso al SEMAF- en detrimento y perjuicio del resto de las organizaciones sindicales, las cuales se ven excluidas de la negociación de aspectos relacionados con los planes de empleo y el I Convenio colectivo del Grupo RENFE, que fueron negociados y suscritos por el Comité General del Grupo RENFE (C.G.E) en cuya composición participan cinco organizaciones sindicales y en el que de un total de trece miembros, SEMAF cuenta con cuatro.

En resumidas cuentas, RENFE y el sindicato corporativo SEMAF cuando se trata de negociar desarrollos de los planes de empleo, integrados en la norma convencional, sobre determinadas materias y condiciones generales que afectan a los maquinistas y ayudantes han decidido, establecer una suerte de “coto cerrado”, donde solo actúan ellos y, en su caso, el resultado de esa negociación, lo llevan posteriormente al Comité General del Grupo a efectos meramente informativos,, contraviniendo así, de forma grave y flagrante la normativa internacional – Convenios 87 y 98 OIT- la normativa europea – art. 28 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE y 152 del TFUE- sobre la materia, los arts. 7, 28.,1 y 37.1 de la Constitución Española, así como los arts. 2.2. y 6.3 b) de la Ley Orgánica de Libertad Sindical y la doctrina constitucional y jurisprudencial sobre libertad sindical y negociación colectiva.

En este marco, configurado por el hecho de que Renfe concede paladinamente, el monopolio de la acción sindical en el colectivo de maquinistas y ayudantes, al sindicato SEMAF, la Audiencia Nacional ha dictado varias sentencias, en estos dos últimos años, dos de ellas ya firmes por haber sido confirmadas por el Tribunal Supremo, por las que se estiman las demandas deducidas por la FSC-CC.OO., frente al Grupo Renfe y SEMAF y se declara:

-      .Que se ha vulnerado el derecho de libertad sindical de CC.OO., en su vertiente a la negociación colectiva.

-      El cese inmediato de la conducta antisindical de RENFE y SEMAF.

-      La obligación de los codemandados de convocar a CC.OO y al resto de los sindicatos firmantes del plan de Empleo y del I Convenio del Grupo, a todas las reuniones, que en relación con el desarrollo de los mismos se realicen.

-      Por último, se ha condenado a las empresas del Grupo RENFE, al abono a CC.OO de diferentes cantidades indemnizatorias, por los daños y perjuicios morales generados, así como a la publicación de las sentencias en los tablones e intranet del Grupo RENFE.

El modus operandi de RENFE y SEMAF, ha variado según los casos, aunque el objetivo ha sido siempre el mismo: excluir a CC.OO. y al resto de sindicatos de la negociación del desarrollo de los planes de empleo y de la ordenación y fijación de las condiciones que en ese desarrollo se van a establecer para los maquinistas y ayudantes ferroviarios.

En los supuestos que analizaron las dos primeras sentencias de la Audiencia Nacional que gozan de firmeza, al haber sido confirmadas por sendas sentencias del Tribunal Supremo de 23 de enero de 2018 y 13 de diciembre de 2018, “la operación” consistió en utilizar de forma instrumental el derecho de huelga por parte de SEMAF aduciendo este que se estaba incumpliendo el plan de Empleo y “tras el intento fallido de alcanzar una solución en el seno de la comisión de conflictos laborales, establecida en el convenio  el 10 de abril de 2017 el citado sindicato y la empresa alcanzaron una serie de acuerdos sobre el desarrollo del plan de Empleo (hecho probado sexto), sin haber llegado a producirse la anunciada huelga.  Convocatoria de huelga meramente instrumental, en mi opinión, para poder así formalizar acuerdos con RENFE en el seno de la Comisión de Conflictos.

Sostuvo el Tribunal Supremo en su sentencia de 23 de enero de 2018 que aunque los pactos alcanzados, tendentes a poner fin a la huelga, fueran lícitos, no cabe dar eficacia general a aquellos que afectan al desarrollo de aspectos y materias de carácter general y estatutario, como son las contempladas en el plan de Empleo y en el I Convenio del Grupo RENFE.

En este sentido, la Audiencia Nacional en su sentencia de 6 de octubre de 2017, mantiene que el hecho de que RENFE y SEMAF, tras alcanzar los acuerdos, lo llevaran a una posterior reunión del comité general, no subsana la vulneración “pues lo cierto es que la posición de las mismas, se encontraba ya fijada anteriormente en virtud del acuerdo alcanzado entre las mismas, lo que por otro lado, supone un quebranto del principio de buena fe que ha de presidir todo proceso de negociación colectiva y que además del mandato genérico del art. 6.1 Código Civil, se deduce expresamente en materia de negociación colectiva de lo dispuesto en los arts. 40, 41, 47, 51 y 89.1 del Estatuto de los Trabajadores y dicha conclusión no puede quedar enervada, por otro lado, por la decisión del resto de organizaciones sindicales de aceptar lo acordado, pues ello no supone aceptar su falta de llamada a la negociación mantenida previamente”.

En el caso que nos ocupa, la sentencia de la Sala IV del Tribunal Supremo de 13 de diciembre de 2018, manteniendo el criterio recogido en la sentencia de 23 de enero de 2018, sostiene que los acuerdos alcanzados entre ambas, afectaban a medidas incluidas en el Plan de Empleo, integrado en el convenio colectivo, “lo que pone de relieve la necesidad de que la negociación en torno a las mismas se desarrolla por los cauces de las comisiones o entres paritarios designados al efecto, con intervención de los sujetos colectivos legitimados, de suerte que la exclusión de alguno de los sindicatos que ostentan tal legitimación incide de modo negativo en su derecho a la negociación colectiva, como expresión del derecho a la libertad sindical ex art. 2.1 d) de la Ley Orgánica de Libertad Sindical, - SSTC 39/1986 y 213/19991, entre otras”.

De otra parte y en lo relativo a la indemnización se rechazan también los argumentos de RENFE y con cita de las sentencias del Tribunal Supremo de 9 de junio de 2013, 8 de mayo de 1995, 11 de junio de 2012 y 18 de julio de 2012, sostiene que el art. 183.2 de la LRJS “viene a atribuir a la indemnización no solo una función resarcitoria (la utópica restituo in integrum), sino también la de prevención general” (STS de 13 de julio de 2015 y 24 de enero  y 19 de diciembre de 2017).

Y concluye que la Sala de instancia acoge acertadamente la pretensión indemnizatoria de CC.OO. y efectúa una cuantificación apoyada en el criterio orientador de las sanciones pecuniarias de la LISOS, el cual ha sido admitido por la doctrina constitucional (STC 247/2006).



Ángel Martín Aguado
Abogado Gabinete Jurídico Interfederal CC.OO.
Madrid 20 de marzo de 2019.