domingo, 7 de enero de 2024

BRASIL, 8 DE ENERO: UN PACTO CONTRA EL OLVIDO. HABLA CAROL PRONER

 


El 8 de enero del año pasado, 2023, se produjo el terrible asalto a la plaza de los 3 poderes en Brasilia, un intento de golpe de estado orquestado por los partidarios del candidato derrotado, Jair Bolsonaro, que pretendían subvertir el mandato de las urnas que habían elegido como presidente a Lula da Silva, sobre el que se había desplegado una operación de acoso legal que le había conducido a la prisión antes de que el Tribunal Supremo fallara sobre la ilegalidad del proceso conducido por el juez Moro en lo que se conoce como un caso arquetípico de lawfare. Un año después, se va a celebrar en Brasilia un acto de recuperación de la memoria de aquel intento de golpe y de exaltación de la democracia de nuevo conquistada. El momento político en el cono sur es muy importante ante el retroceso en todos los órdenes que se vive en Argentina tras la elección de Milei, lo que revaloriza el papel que desempeña el Brasil democrático del Presidente Lula.

 

Carol Proner, Doctora en Derecho, Profesora de la Universidad Federal de Rio de Janeiro, Fundadora de la Asociación Brasileña de Juristas para la Democracia, que forma parte del Grupo de Puebla y  que fundamentalmente es una gran amiga de este blog, reflexiona sobre este momento histórico en un texto publicado en portugués en https://www.brasil247.com/blog/8-de-janeiro-um-pacto-contra-o-esquecimento?amp y que se ofrece aquí en su traducción al castellano en rigurosa primicia.

 

8 DE ENERO: UN PACTO CONTRA EL OLVIDO.

Carol Proner

 

Cualquier persona que defienda las reglas democráticas y el régimen constitucional entiende y valora el Acto por la Democracia convocado por el Presidente de la República el 8 de enero. Cualquier demócrata comprende la importancia de registrar la intentona golpista como un día de infamia, un día en el que se hicieron realidad las amenazas proferidas a lo largo de la campaña electoral por el propio candidato derrotado, Jair Bolsonaro.

No cabe duda de que recordar o incluso conmemorar el 8 de enero, dada la sensación de victoria institucional frente al golpe, es absolutamente necesario para dejar constancia del apogeo de la violencia fomentada por la extrema derecha en los últimos años.

Al mismo tiempo, es necesario celebrar una de las consecuencias inesperadas de los acontecimientos golpistas: una sorprendente unión de poderes e instituciones que, salvo raras excepciones, actuaron en las primeras horas de la crisis para contener lo peor y, por tanto, se unieron para defender la democracia y, en cierto modo, crear las condiciones para la gobernabilidad en los primeros días del recién elegido gobierno.

Un año después, el "llamamiento a la democracia" ha vuelto a ser respetado, demostrando la inequívoca capacidad de liderazgo del Presidente Lula y de su gobierno. A pesar de interrumpir recesos y días festivos, cerca de 500 invitados estarán presentes en el Salón Negro del Congreso Nacional para recordar el fatídico día en discursos pronunciados por los más destacados representantes del poder civil del Estado, jefes de los Poderes del Estado, de las dos Cámaras del Congreso Nacional, Gobernadores y representantes de la Sociedad Civil.

Inicialmente titulado "Democracia Restaurada" y rebautizado "Democracia Inquebrantable" en honor al eslogan utilizado por el Tribunal Supremo durante la campaña electoral de 2023, el acto irá precedido de una exposición en la sede del Tribunal Supremo bajo el título: "Después del 8 de enero: Reconstrucción, memoria y democracia", con el objetivo de preservar la memoria institucional del Tribunal y reconstruir y restaurar su patrimonio.

Se trata, pues, de un día evidentemente glorioso, porque efectivamente hubo un riesgo y ganó la democracia, pero sabemos que la memoria patrimonial dista mucho de ser suficiente. Y ni siquiera la justicia procesal de las investigaciones, las detenciones y la exigencia de responsabilidades a quienes planearon, financiaron y ejecutaron los actos del 8 de enero bastará para hacer frente a la complejidad de lo ocurrido. Como en otras fechas importantes de violencia contra la democracia, siempre estará en disputa la memoria, es decir, la capacidad de extender la memoria a los fundamentos de la violencia, sus causas y sus autores. Es imposible no establecer paralelismos con la justicia transicional y sus tiempos diluidos.

El 8 de enero ya está inspirando estudios en todo el país que podrían formar un mosaico de memorias y verdades sobre la infamia que se ha abatido sobre el país y que no se limita a un solo día. Se debaten las razones que llevaron al 8 de enero, las motivaciones más o menos explícitas, a menudo minimizadas por la prensa hegemónica y no pocas veces olvidadas para que la democracia pueda seguir un cierto camino de conciliación. Pero en democracia nadie puede tener la última palabra.

Por ejemplo. Otras fechas coinciden y preceden al 8 de enero para explicar los ataques al sistema electoral: Recordemos el violento 19 de diciembre de 2023, las depredaciones e incendios en la fecha de la confirmación presidencial en Brasilia; o el 30 de octubre de 2023, la segunda vuelta de las elecciones y el intento de interferencia electoral protagonizado por el entonces director de la Policía Federal de Carreteras; el borrador del golpe con fundamentación jurídica y las celebraciones violentas del 7 de septiembre de cada año, fecha de la independencia de Brasil, las amenazas nominales a los Magistrados de la Corte Suprema y sus familias, la reunión de Jair Bolsonaro con embajadores de otros países para desacreditar las llamadas urnas electrónicas; y cómo no recordar los ataques con fuegos artificiales simulando explosiones a la sede de la Corte Suprema por partidarios acampados en la explanada, advirtiendo a los Magistrados que se prepararan para lo peor, en junio de 2020. Todos estos hechos concatenados forman parte de la investigación llevada a cabo por el magistrado Alexandre de Moraes en la voluminosa investigación que aborda elementos oscuros, como las amenazas de ahorcamiento recientemente reveladas o el seguimiento, con interferencias externas, de aproximadamente 30.000 ciudadanos brasileños.

Aún más, ¿basta con limitar el recuerdo del 8 de enero a las amenazas al sistema electoral? ¿O el sistema electoral y la justicia no contribuyeron a la desestabilización de la que fueron víctimas? ¿Cómo no recordar el 30 de agosto de 2018, cuando, por 6 votos contra 1, los magistrados del TSE inhabilitaron al entonces candidato Lula, dejando al Partido de los Trabajadores 10 días para sustituir al candidato que se enfrentaría a Jair Bolsonaro?¿Cómo olvidar el lawfare del Lava Jato? ¿Cómo olvidar la omisión y el papel disfuncional de la Fiscalía General al bloquear acusaciones e investigaciones que podrían haber evitado el extremismo político en el país?

¿Es suficiente para una memoria histórica eficiente que los documentales periodísticos cubran los acontecimientos de un solo día? En una sociedad que, a pasos agigantados, sabe ejercer la justicia transicional hasta el punto de crear, por ley, una Comisión de Amnistía e implementar una Comisión Nacional de la Verdad, una cosa no excluye la otra: valorar la importancia de los memoriales que ejemplifican la violencia no impide ejercer la memoria, la verdad y la justicia contra quienes producen las condiciones de esa misma violencia. Sólo así se puede evitar la repetición de estos hechos.

La gestación del bolsonarismo y su amenazante continuidad, el papel de la justicia en el encarcelamiento de un líder político que hoy es el único capaz de llamar a la unidad, el golpe de 2016 con la supresión anticipada e ilegal de un mandato presidencial y la sustitución del proyecto soberano de país no se olvidarán jamás. Todo ello sin olvidar la cúpula militar en cada etapa, que vamos descubriendo poco a poco, desde las omisiones malintencionadas del 8 de enero hasta el tuit del general Villas Boas amenazando al Tribunal Supremo, pasando por las caravanas de la pandemia.


jueves, 4 de enero de 2024

DIALOGO SOCIAL Y DIALOGO PARTIDISTA COMO FÓRMULAS DE CREACIÓN DE DERECHOS LABORALES EN LA NUEVA ETAPA DEL GOBIERNO DE COALICIÓN ESPAÑOL

 


En el editorial del número 103 de la Revista de Derecho Social cuando aún no se había producido la votación de investidura del nuevo Gobierno, ya se advertía que “se debe necesariamente desarrollar una amplia propuesta de creación de nuevos derechos en la relación de trabajo, enlazando con lo que ha constituido las señas de identidad de la coalición progresista desde su inicio”. Una apreciación que ha resultado corroborada  por la confirmación de Yolanda Diaz como Vicepresidenta Segunda y Ministra de Trabajo y Economía Social, confirmando de esta manera la continuidad de una política de reformas sociales exitosa como la que se había desarrollado desde 2020, junto a un equipo de trabajo que resultaba revalidado y ampliado en esta nueva etapa, con Joaquin Pérez Rey y Amparo Merino Segovia como secretarios de estado.

La nueva etapa emprendida a partir de las elecciones del 23 de julio se reitera en un compromiso de regulación del espacio social y laboral en una línea claramente ampliatoria de derechos, como se desprende del programa de la nueva coalición de gobierno progresista cuyos principales hitos en materia laboral fueron comentados en este blog (https://baylos.blogspot.com/2023/10/un-programa-solo-es-un-programa-es.html)

Como puede fácilmente comprobarse, todos estos compromisos requieren cambios legislativos, lo que plantea el problema básico ya experimentado en el pasado, respecto del método elegido para la producción de normas en materia laboral. Las reformas efectuadas durante el período del estado de alarma y su prolongación posterior durante 2022, se desarrollaron en torno al diálogo social tripartito, en cuyo marco de concertación se regularon no solo las normas específicamente concebidas para dar solución a la terrible crisis económica y social producida, sino también una reforma de amplio alcance del marco institucional – la llamada reforma laboral de diciembre de 2021- y otras normas de gran importancia en lo que se denomina transición digital, como la ley de trabajo a distancia y la ley rider. El acuerdo social así conseguido se traducía, literalmente, en una norma de urgencia, el Decreto Ley, que luego debía ser convalidado por el Congreso para, en su caso, seguir su tramitación como proyecto de ley.

Este método de producción normativa anticipaba la legitimación social lograda mediante la interlocución política con sindicatos y asociaciones empresariales a la legitimación parlamentaria que implicaba la negociación política con los partidos que integraban la mayoría de apoyo al gobierno. De esta manera se venía a afirmar en la práctica una suerte de principio de preferencia social en la regulación de la materia laboral que se encarnaba en la concertación con los interlocutores sociales representativos y que se entendía prioritaria respecto de la negociación con las fuerzas políticas en sede parlamentaria. El consenso que se obtenía mediante el acuerdo con sindicatos y asociaciones empresariales ofrecía una legitimación fuerte a la norma laboral que presuponía el acuerdo posterior en el parlamento. De hecho, la intervención de los sujetos reconocidos en el art. 7 de la Constitución como portadores de los intereses económicos y sociales que dan sentido al pluralismo social, implicaba un momento de participación democrática que no solo resultaba recomendable para garantizar la estabilidad y la aceptación social de las reformas pactadas, sino que era también preferible en términos de práctica democrática de gobierno. Y ello aunque, como sucedió emblemáticamente con la convalidación del RDL 32/2021, se produjera algún desacoplamiento entre ambas formas de legitimación democrática de la producción normativa laboral.

El panorama parlamentario actual es mucho más complicado por fragmentario y, al menos sobre el papel, contradictorio en términos de intereses contrapuestos. En esta materia, el sesgo político de los partidos nacionalistas o independentistas no es significativo, sino que sus decisiones aparecen más bien referidas a un planteamiento más horizontal, de defensa de los intereses económicos del empresariado o de los derechos laborales de las personas que trabajan. Por tanto lograr el acuerdo es más complejo, a lo que se une la división en el seno de la izquierda protagonizada por la escisión de SUMAR de los cinco diputados de Podemos una vez constituido el Congreso y su pase al grupo mixto, que paradójicamente dificulta aún más la adopción de consensos precisamente en el ámbito laboral. El recurso por tanto al diálogo social como forma de solventar esta dificultad en el espacio parlamentario puede que resultara eficaz, pero eso da más valor a la capacidad de CEOE-CEPYME de llegar a un acuerdo y por tanto permite que la asociación patronal intente equilibrar a su favor el resultado de los acuerdos, y ni en esas condiciones es seguro que la diferente valoración de los mismos desde los polos enfrentados en los partidos nacionalistas e independentistas de País Vasco y Cataluña, unido a la incógnita Podemos, permita la convalidación de estos acuerdos pactados.

En cualquier caso, en el programa de la coalición de gobierno se establece el compromiso conforme al cual “las medidas laborales contenidas en este acuerdo” se llevarán a cabo en el marco del diálogo social, que revalida la apuesta por la concertación social tripartita en línea con la resolución del parlamento europeo sobre la forma apropiada en la que se debe llevar a cabo la recepción en cada país miembro de las medidas e iniciativas en política social de la Unión Europea. Además de este compromiso general, se insiste de manera específica en este punto en paralelo al apoyo explícito a los compromisos del V AENC tanto sobre el Observatorio de los Márgenes de Beneficios de las Empresas, al que ya se ha aludido, sobre el tratamiento del tema salarial. Se anuncia así un gran “pacto de rentas” que de estabilidad a los precios para mantener el poder adquisitivo de los salarios, un objetivo importante ante la realidad de un pasado próximo en el que se produjo una impresionante devaluación salarial y el pasado inmediato en el que la inflación devoró el margen de recuperación salarial que se había ido construyendo a lo largo del 2021.

Pero mientras que se negocia el SMI, las primeras normas laborales que se han emanado no han seguido el camino del diálogo social. Ha sucedido con el RDL 7/2023, de 19 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes, para completar la transposición de la Directiva (UE) 2019/1158, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores, y por la que se deroga la Directiva 2010/18/UE del Consejo, y para la simplificación y mejora del nivel asistencial de la protección por desempleo, que ha reformado el Estatuto de los trabajadores y ha generado un cambio en el alcance del nivel asistencial del desempleo y la suficiencia de las prestaciones que por cierto dio lugar a tensiones en el seno de la coalición gubernamental sobre el sentido de la misma, a las que Joaquin Aparicio se ha referido también en este blog (https://baylos.blogspot.com/2023/12/el-debate-sobre-la-reforma-del-nivel.html) . Pero ha sido la reforma del art. 84 ET sin abrir una mesa de negociación sobre su contenido lo que ha causado las mayores críticas de los sindicatos y de la CEOE-CEPYME, esta de forma especialmente intensa.

Más allá de esta modificación concreta, pactada en el espacio parlamentario, parecería como si en esta nueva fase de la producción normativa laboral el Gobierno hubiera invertido el orden de preferencias respecto de la búsqueda de consensos fundamentales para su acción legislativa, desplazando el centro de gravedad de la reforma desde la legitimidad social que le da los acuerdos tripartitos con sindicatos y asociaciones empresariales a la negociación directa con las formaciones políticas en sede parlamentaria como forma de conseguir su apoyo a la convalidación de normas de urgente necesidad, como la que supone el RDL 7/2023 citado. En sucesivos momentos se podrá comprobar si existe lo que los sindicatos llaman la “tentación” de orillar el diálogo social y de prescindir por tanto de esos procesos si no se tiene la seguridad de que su resultado final sea satisfactorio, lo que actualmente, en un clima político de profundo enfrentamiento de la derecha y la extrema derecha contra el gobierno, posiblemente coopere a dificultarlo. Es decir, cabe pensar que el diálogo social interese al gobierno en esta etapa en la medida en que éste culmine en un acuerdo que pueda por tanto presentarse como una propuesta de regulación que cuenta con el consenso de los interlocutores sociales, sin que la mera fase de consultas o de negociación sin suscribir un texto normativo al respecto le proporcione una legitimidad suficiente ante el control parlamentario. Pero a su vez, acudir directamente al entramado de negociaciones con los distintos grupos parlamentarios no garantiza, dada la confrontación de intereses que se puede detectar entre ellos, que las propuestas de reforma legislativa vayan a salir adelante, al menos en los términos en los que éstas se plantean desde la coalición de gobierno. Una situación por tanto de difícil gestión política.

Por lo demás, se detecta una cierta bifurcación en la percepción por la opinión pública del estado de la situación en la que se halla el país. Los datos sobre el empleo que acaban de hacerse públicos del año 2023 son espectaculares, con registros positivos que marcan una mejoría en todos los puntos débiles de nuestro mercado de trabajo – incremento del empleo femenino y juvenil, descenso del paro, aumento de la afiliación, severa limitación de la precariedad – y es evidente que la reforma laboral y las medidas sucesivas en torno a la crisis han propiciado este buen panorama. Sin embargo el espacio de la política entendida como lugar de confrontación y enfrentamiento radical en torno al cuestionamiento de la legitimidad del gobierno de coalición, está produciendo un claro deterioro del funcionamiento de las instituciones y desplaza hacia el campo de las grandes opciones morales y nacionales la atención de la ciudadanía. En este sentido, el foco está centrado en los acuerdos entre las distintas fuerzas políticas y en la disputa entre los nacionalismos español y periféricos, especialmente catalán y residualmente vasco, descuidando la importancia de la vertiente de los derechos de las personas que trabajan y el escudo social frente a la vulnerabilidad y la pobreza. Frente a las grandes teomaquias que se desarrollan en los cielos, el dios de las pequeñas cosas es el que guía la acción de reforma de la existencia de los comunes mortales que solo tienen su trabajo como fuente de renta y como medio de relacionarse con la política a través de la igualdad que deriva de su condición ciudadana. Cuidar ese aspecto resulta fundamental y debería constituir el objeto de la atención prioritaria de todas y todos quienes estamos interesados en ello.

 


domingo, 31 de diciembre de 2023

FIN DE AÑO: 2023

 


Hoy se acaba el año en los calendarios. Y en los principales medios de comunicación se hace una especie de recuento de acontecimientos que lo han atravesado. Para cualquiera de nuestras existencias, un año más está siempre repleto de hechos y de encuentros, de amistades y de preocupaciones, de afectos y de lecturas. Aunque para los docentes el año comienza en otoño, con el período escolar, brevemente querríamos cerrar este año en el blog con un recuento de algunos de los puntos más sobresalientes en el recuerdo del año que se va.

No ha sido un año fácil. Quizá porque la memoria es selectiva y escoge los datos que más le sugieren. Un verano extremadamente caluroso y seco en España pero también en el mundo. Enormes incendios en Australia y en California. Y en el recuerdo, hechos políticos que son los que más se recuerdan, curiosamente. Como la deseada victoria de Lula en Brasil y su toma de posesión seguida del intento de golpe de los seguidores de Bolsonaro, en un remedo siniestro del asalto al Capitolio de los partidarios de Trump. La continuación de la guerra en Ucrania y el peregrinaje continuo de su presidente para allegar material militar que permitiera una ofensiva decisiva que rechazara al ejército invasor soviético. Un esfuerzo colosal, sostenido por Europa y Estados Unidos que hace brotar el pensamiento reprimido sobre los miles de jóvenes rusos y ucranianos sepultados y lisiados como consecuencia de esta guerra absurda. Y, casi al final del año, la terrible masacre del Estado de Israel sobre el pueblo palestino que ningún organismo internacional puede detener. Desplazamiento forzoso de miles de personas, destrucción sistemática de escuelas, universidades y hospitales, negativa a que entre ayuda humanitaria y situaciones de desastre personal y colectivo, ante la complicidad activa de Estados Unidos y la omisión culpable de la Unión Europea, paralizada ante el apoyo sin restricciones de Alemania al estado de Israel y sus crímenes de guerra. Una Navidad entre la muerte y el terror en Palestina. Felizmente, la denuncia de la República Surafricana ante el Tribunal Penal Internacional por genocidio, una acción que deberían secundar otros estados democráticos, entre ellos el español, como ha solicitado SUMAR.

La perspectiva más optimista que se abría con la fase inmediatamente posterior a la pandemia, se está complicando. Ante todo por la permanencia de la guerra, pero en Europa se detecta un sinuoso proceso de intento de retorno a los postulados neoliberales y a las políticas de austeridad junto con el ascenso de posiciones ultraderechistas que cuestionan los derechos humanos en función de la raza o el origen de las personas y exigen un endurecimiento de la represión. Una tendencia que expresa de forma exasperante Argentina con el triunfo electoral de Milei, y que puede tener su continuidad mucho más peligrosa por la potencia de esa nación, en Estados Unidos ante las elecciones presidenciales de noviembre.

Y en nuestro jardín, mejores recuerdos: la amenaza de un gobierno PP-Vox quedó conjurada felizmente a partir de las elecciones del 23 de julio pese a un consenso demoscópico unánimemente en contra. Se ha reeditado un gobierno de coalición progresista entre el PSOE y SUMAR y ha sido necesaria una gran habilidad para lograr el acuerdo de investidura, cuyo cemento sin duda es el rechazo a la posibilidad de que lleguen al poder la derecha y la extrema derecha en unidad de acción y programa. La misma amenaza que acecha a Europa en las elecciones de junio de 2024, donde el presidente del Partido Popular Europeo, Weber, protagoniza ese pacto transversal entre liberales, conservadores y extrema derecha de todos los tipos como proyecto para la Unión.

La nave va, no se hunde, a pesar de todo en España y lo ha demostrado en este año 2023. Especialmente en el plano social donde se ha conseguido un importante Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva que ordena los procesos de negociación hasta 2025 estableciendo un marco de crecimiento salarial muy razonable. Y el panorama de reformas sigue adelante, aunque más orientadas en esta etapa hacia la reconfiguración de la estructura territorial del país que hacia el desarrollo de un programa social y laboral, cuestión esta que debe irse fortaleciendo en los próximos meses. Esta situación positiva, que ha coincidido con el semestre de presidencia española de la UE, ha permitido superar tanto la derrota de las candidaturas de la izquierda en las elecciones municipales y autonómicas de mayo, como posteriores desavenencias en el seno de la izquierda aireadas con la acostumbrada saña por sus protagonistas.

Divisiones en el seno de la izquierda que no son privativas, ¡ay! tan solo de España, sino que se extiende a otros países europeos en donde se habían conseguido una amplia implantación. No es el caso de Italia, en donde la constelación de pequeñas formaciones que se reclaman a la izquierda del Partido Democrático es verdaderamente asombrosa – y en donde el problema por resolver es la dialéctica existente entre el movimiento cinco estrellas y el PD – sino que  se repite en Grecia, donde tras la retirada de Tsipras se ha producido una escisión en Syriza; en Francia, en donde han sucedido unas fuertes divergencias en el interior de NUPES, y en Alemania, en donde se ha escindido de Die Linke un nuevo partido liderado por Sahra Wagenknecht, perdiendo 10 diputados de los 38 que tenía en el Bundestag. Una tendencia que puede leerse como la dificultad de encontrar una forma de cohabitar pluralmente sobre la base de un programa común de reformas o en la dificultad de arraigo en una base electoral inestable y muy influida por elementos culturales ajenos a la profunda ideologización de las formaciones de izquierda. En todo caso, un fenómeno para reflexionar ante el nuevo año a lo que ayudará decisivamente la lectura del artículo publicado en Jacobin (por el momento solo en inglés) por Marga Ferré y que se puede consultar aquí https://jacobin.com/2023/12/european-left-party-splits-sumar-nupes-die-linke-syriza-pasolini

Es decir, que hay, como de costumbre, muchas nubes oscuras en el horizonte. Pero lo importante es fijarse en los elementos de cambio posibles y en la dinámica positiva que se va afirmando en las reformas sociales que se vienen llevando a cabo desde el 2020 y que habrían sido impensables tan solo dos años antes. Ese es el objetivo principal, conocer los problemas pero tener una perspectiva general que de sentido a una trayectoria que, en términos de la existencia común de las personas, se ha visto mejorada y garantizada en términos de mayores derechos individuales y colectivos.

Además de este contexto, el año 2023 ha sido en lo personal un año muy estimulante. No solo por una muy productiva estancia de investigación en Bolonia de más de tres meses, sino porque me ha permitido conocer - de manera no querida ciertamente -  la estima y la solidaridad de cientos de personas que han demostrado su solidaridad y su compañerismo ante la decisión de la Junta de Facultad que se oponía a la propuesta del Departamento de nombrarme profesor emérito. La reacción contra este hecho además de desarrollarse en el plano interno de la Universidad, con el apoyo decidido del Departamento dirigido por Charo Gallardo y del resto de los compañeros y compañeras del área, se proyectó sobre una larga serie de profesores de otras asignaturas, abogados y magistrados del área laboralista tanto en España como en otros países europeos que firmaron una carta de apoyo, y en especial más de 400 profesores de América Latina que suscribieron un texto de solidaridad. Es cierto que esta respuesta impresionante se debe al impulso de los tres amigos que coordinaron esta acción, Ramón Sáez, Paco Trillo y Guillermo Gianibelli, pero no podré olvidar esta impresionante muestra de afecto y de solidaridad que sin duda ha favorecido la resolución positiva del caso, una vez estimado el recurso presentado frente a la decisión de la Junta y producida la nueva votación favorable en la misma de la propuesta del Departamento, lo que condujo a mi nombramiento como profesor emérito por la Junta de Gobierno el 14 de noviembre de 2023 y a la firma del contrato el 4 de diciembre de este mismo año, con efectos retroactivos desde el 1 de septiembre. Gracias a todas y todos por ese inestimable apoyo.

Pero el hecho más sobresaliente sin duda de este año fue el nombramiento de doctor honoris causa por la Universidad de Valparaiso el 8 de septiembre, como culminación de una semana de encuentros e intervenciones en Santiago. Fue realmente un regalo inmerecido que me hizo extraordinariamente feliz. La “laudatio” que escribió y leyó Daniela Marzi, en la que insertó también un texto de Joaquin Pérez Rey, me emocionó profundamente y me afirmó en la amistad y en el compañerismo que proviene de las relaciones personales construidas a través de un trabajo compartido que piensa el mundo y el derecho en clave emancipatoria. El texto leído no solo es excepcional sino realmente bello, y sólo el pudor me ha impedido publicarlo, pese a que algunas amigas, como mi querida Maria Jose Alonso, me han recomendado hacerlo por su estructura como texto literario. En cualquier caso, 2023 será para mi el año en el que mis amigos chilenos, a los que tanto quiero y a los que tanto tiempo he acompañado, me obsequiaron con esa estancia inolvidable por la que les estoy eternamente agradecido.

Quedan también en la memoria del año que pasa más los trabajos que los días. Es decir, lo que da sentido a esta profesión docente, la investigación y el debate sobre la regulación del trabajo, los problemas técnicos que se plantean y las orientaciones de política del derecho en un terreno cada vez más complejo, en donde la perspectiva multiescalar (nacional, supranacional, global) es imprescindible, como el contacto y la circulación de opiniones entre colegas de diferentes partes del mundo. Y sin olvidar uno de las piezas clave de este trabajo colectivo, la Revista de Derecho Social, que justamente llegó a su número 100 – 25 años – en el último trimestre del 2022 – aunque lo publicamos ya en el 2023 – y que sigue adelante como espacio de plasmación de una obra colectiva de análisis y crítica de la regulación de las relaciones de trabajo y de la ciudadanía social.

Un trabajo que también se extiende a instrumentos más manejables de intervención directa, como la página NET21, que busca aportar opiniones decididas sobre asuntos laborales y sociales de actividad, y, como no, este propio blog en el que se desgrana, irregularmente, reflexiones, apuntes y anotaciones sobre “propuestas de relaciones laborales y de ciudadanía social”, y que sostiene un buen número de seguidores que lo visitan diariamente posibilitando así su continuidad en el entendimiento de que puede resultar todavía útil para las personas que acceden a él y que progresivamente ha ido acogiendo invitados ya permanentes y estables que enriquecen las aportaciones cotidianas.

Desde este reducto, finalmente, a toda la audiencia que nos sigue, expresemos el deseo de hacer bueno el año que viene tanto para nuestras propias existencias como para las del común de las personas, en un proyecto de futuro en el que la emancipación, la libertad y la igualdad dejen de ser palabras sin contenido real en las relaciones mediadas por el dinero y la explotación.

Como cantaba Lucio Dalla, L'anno che sta arrivando tra un anno passerà / Io mi sto preparando, è questa la novità.

Buena entrada y salida de año a todas y todos!!