HISTORIAS DE LA REFORMA LABORAL (II)

La reforma laboral del 2012 no sólo produce los efectos directos sobre la destrucción de empleo que ya conocemos, sino que induce un incremento del autoritarismo despótico en los lugares de trabajo y la introducción de la arbitrariedad y la ilegalidad en la toma de decisiones, incluido en organismos públicos. A continuación se sigue la serie de las “historias” a propósito de la reforma laboral.

1.- Julian V. tiene un contrato indefinido en una florería de Madrid propiedad de un empresario individual que sirve al tanatorio de la M-30. Vive con su madre, que tiene una pensión de viudedad, y su mujer, con una pensión de incapacidad total, de 600 €. Normalmente hace horas extraordinarias sin que se las remuneren, y libra un día a la semana, nunca el domingo o festivos. En su empresa, de seis trabajadores, nunca ha habido delegado de personal.  A partir de diciembre de 2011, el empresario comienza a no pagar a sus trabajadores a fin mes el salario base y complemento, dándoles de partida la mitad del mismo y el resto en “plazos” a lo largo de los meses sucesivos. En diciembre no les da la paga extra. En la semana santa del 2012, le comunica el empresario  a este trabajador que no puede mantener el sueldo que le daba – 1.500 euros – y que  está pensando en despedirle y contratar a un joven – mejor nacional que inmigrante- por reducir costes. A partir de mayo del 2012, Julián V. trabaja diez horas diarias por 1.200 euros, sin pagas extras, con el jueves como día libre. No quiere acudir a un abogado, ni hablar de ello, porque necesita el empleo, tiene cuarenta y siete años, y sabe que una vez sin trabajo, no encontrará ya otro nunca. 

En las pequeñas empresas, con trabajos de poca cualificación, el proceso de devaluación salarial y de ampliación de la explotación laboral, es imparable. La reforma laboral ha funcionado como una señal de permisividad. Sí, se puede, han entendido los empresarios - ¿emprendedores? – consolidar “sin complejos” un dominio despótico y la violencia sin freno de la explotación de los trabajadores a su servicio.

2.- La reforma laboral actúa también en el sector público, como bien se sabe, que ha sido alcanzado por el impulso flexibilizador que permite despidos y no renovación de contratos. La política de empleo en su vertiente de ingreso se centra en la congelación de plantillas. Sin embargo, hay algunos entes públicos que aplican una peculiar variante para el ingreso en el empleo público. El Ayuntamiento de Torrijos (Toledo) ha sorteado  40 contratos de empleo público, entre un 10% de los 1.728 parados censados en el municipio, seleccionados directamente por el Alcalde. Son contratos para las categorías profesionales de albañiles, jardineros, peones, auxiliares administrativos, agentes medioambientales, electricistas y ‘patrulleras’. Todos ellos de seis meses de duración,  cobran estrictamente el salario mínimo interprofesional, con una jornada laboral de lunes a domingo (siete días a la semana), salvo las ‘patrulleras’, con un contrato de seis meses (excluidos julio y agosto) pero con jornada de 10 horas semanales y un salario bruto de 200 euros al mes.

¿Constituye una nueva forma de ingreso en el empleo público el sorteo de contratos entre un grupo de desempleados de ambos sexos previamente seleccionados por el equipo de gobierno municipal  sin baremo de méritos o de circunstancias definitorias? El significado simbólico del acto del ayuntamiento de Torrijos es claro, el empleo es una lotería para quien lleva algún número del décimo, es decir, aquellos a los que el Partido Popular decide que puedan jugar. Pero vulnera la legalidad vigente. No hay mérito ni capacidad, sino puro azar (orientado políticamente por la fidelidad al partido que gobierna el municipio). La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO ha denunciado el hecho a la Delegación de Gobierno, sin respuesta de momento. La ruptura de todas las reglas que establece la legalidad es posiblemente un “mal menor” para el poder público si con eso se crean 40 puestos de trabajo, con la ventaja de estar “fidelizados” políticamente. Ese es un discurso en sintonía con el de nuestros gobernantes en su continuo proceso de destrucción del espacio de lo público y de los servicios de interés general.

3.- Dicen las agencias ( y el titular del blog no cambia nada de la narración) que “la entrada en vigor de la reforma laboral el pasado febrero ha permitido a las empresas reducir con fuerza el dinero que se gastan en despidos. Según los datos que ha publicado el 15 de marzo de 2013 el INE, el coste medio por trabajador de los despidos ha bajado un 23% en el cuarto trimestre de 2012 con respecto al mismo periodo de 2011. El descenso es el más acusado registrado desde el inicio de la crisis y confirma que cada vez es más barato despedir.

La reforma laboral, que empezó a funcionar en el segundo trimestre, generalizó el contrato con una indemnización de 33 días por año trabajado, facilitó los expedientes de regulación de empleo con 20 días por año y abrió la puerta a los despidos colectivos en la Administración. En los tres primeros meses de aplicación, el descenso en los costes por ajustar plantilla fueron del 12%. En el tercer trimestre, la caída se agudizó hasta el 17% y, en el tramo final de 2012, alcanzó el 23%.

La evolución a la baja en los costes del despido ha tenido lugar al mismo tiempo que se seguía destruyendo empleo en España, que va ya por su sexto año consecutivo de aumento del paro. Sin embargo, mientras los ajustes de plantilla realizados al inicio de los problemas se cebaron en los temporales, más baratos para las empresas en caso de despido, la persistencia de la crisis ha acabado por llevarse por delante también a un buen número de indefinidos. A este respecto es destacable que el mayor descenso de los costes por despido haya tenido lugar mientras los que salían de las empresas eran los que tenían contrato fijo, lo que confirma que el primer efecto de la reforma laboral ha sido el de abaratar el despido pese a que fue concebida para atajar el paro y animar la creación de empleo”.

4.- Sin embargo, sabemos que siempre hay excepciones a ese abaratamiento brutal del coste de despido (23% en un año es un porcentaje verdaderamente impactante). Recordemos que – lo dice también la prensa del 21 de marzo – “el PP indemnizará a Jesús Sepúlveda —ex alcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid) imputado en el caso Gürtel  y ex marido de la ministra Ana Mato— con 229.000 euros por despido improcedente, según adelantó el vicesecretario general de Organización del partido, Carlos Floriano,  en una entrevista en Antena 3, confirmando el acuerdo alcanzado con el ex de la ministra de Sanidad. Floriano, como secretario de organización del Partido, remitió el 11 de febrero al interfecto una carta de despido al conocerse nuevos datos de su implicación en la trama de corrupción del caso Gurtel. El Partido Popular prefiere acudir al acuerdo individual con un trabajador a su servicio que a la sentencia del órgano judicial, dando por hecho que el despido por imputación en un delito gravísimo no tiene causa suficiente. Así que en su esfera interna el Partido Popular no aplica la reforma laboral, al menos con sus dirigentes y altos mandos. Restringir y eliminar derechos y garantías es bueno para el resto de los ciudadanos y ciudadanas, no para estos personajes excelentes/excrecentes  que aplauden la norma y defienden la bondad extrema de la reforma laboral para el país entero.