Hay que subvertir el sentido de
las palabras buscando los contenidos que encierran. Desde hace demasiado
tiempo, la opinión pública y los discursos políticos aceptan como un hecho
notorio y consumado - ¿de manera irrevocable? – la incompatibilidad entre un
marco económico estable basado en el libre mercado y un nivel digno de derechos
laborales, individuales y colectivos. Es decir, se da como un fenómeno que no
necesita ser probado, fuera de toda duda, que los derechos derivados del
trabajo tienen que ser reducidos y en ocasiones eliminados como condición de
existencia del desarrollo económico y productivo del país. Este discurso admite
muchas variantes, pero es implícitamente reiterado en los discursos políticos
hegemónicos, desde la Unión Europea y la coalición financiera que dicta sus
políticas y las garantiza en los países de economías dependientes, hasta los
que elaboran los gabinetes económicos del gobierno español, o los que sostiene
una buena parte de la inteligentsia académica
nucleada en torno a grupos de presión con fuerte incidencia en los programas
socialdemócratas. Desde ese punto de vista, la “devaluación salarial”, el
“contrato único”, la “liberalización del
despido”, el “recorte del gasto social” y la “redefinición de las prestaciones
sociales”, son elementos funcionales a la recuperación económica que permitirá
no solo salir de la crisis, sino una fuerte creación de empleo. Lo que
significa que la política debe hacer posible el crecimiento económico sobre la
base de la degradación del trabajo con derechos, clave para la recuperación del
empleo flexible. El razonamiento no mira hacia atrás ni ajusta las cuentas con
los daños producidos ni la devastación social que ha ido instalándose en el
país a partir del 2010.
Por el contrario, ya desde finales
del 2013, el discurso ha ido escalando grados de autoconvicción hasta llegar a
niveles de euforia, sobre la base de previsiones económicas favorables y del
favor que en el ambiente financiero encuentran las políticas del gobierno
español. Una mirada a la hemeroteca de los primeros meses del año 2014 lo deja
de manifiesto, aunque la entonación es más enfática conforme se avecina la
fecha de las elecciones europeas.
Veamos algunos ejemplos extraídos de una
prensa escrita que hace suyo el optimismo del poder público, en ocasiones, como
la que se trae a colación, con un entusiasmo contagioso. “El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, renunció a ir a Davos
en enero pasado. Tenía un hueco marginal en el programa que en La Moncloa no
consideraron apropiado. Este se desquitó. En una sola jornada, el Gobierno
español ha logrado reunir a lo más granado de la economía nacional e
internacional en el museo Guggenheim, en Bilbao, un edificio imponente en una
de las capitales de la España próspera, en una jornada a la que se ha dado en
llamar miniDavos. Allí, Rajoy lanzó al mundo el mensaje de que la recuperación ya está
aquí y España ha vuelto a la senda del crecimiento. El FMI, la OCDE, el
Eurogrupo, la Comisión Europea y algunos de los más destacados empresarios
españoles lanzaron a España más flores que las que adornan a Puppy, la
escultura del Guggenheim” (El Pais, 3.03.14, titular: “Rajoy vende al mundo la
recuperación”). El Gobierno español no está solo en esta apreciación positiva,
“el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha elevado la previsión de crecimiento
de España para este año del 0,6% al 0,9%. Son tres décimas de diferencia respecto
a lo que se calculaba en enero que acercan el pronóstico del organismo al que
han hecho recientemente la Comisión Europea y el Gobierno español (1%). Se
trata de la tercera mejora consecutiva en las estimaciones que la institución
afincada en Washington realiza sobre el país” (El Pais, 8.04.14, titular: “El
FMI da tres décimas más de aire a la economía española”). El ministro de
Hacienda Montoro lo afirmaba de
manera categórica en la SER, “la recuperación económica está en marcha en
España” (31.03.2014), y el Ministro de Economía De Guindos defendía que la recuperación económica “esta vez no es
en falso” (La Razón, 03.03.2014). Es un coro al que se unen también las grandes
figuras de las finanzas. El presidente del Banco Santander, Emilio Botín, cree que la recuperación
de la economía española "es un hecho" y que 2014 va a "ser mucho
mejor" porque "vuelve el crédito, vuelve el crecimiento" y,
aunque más lentamente, también se recuperará el empleo. (Diario Crítico,
29.03.14).
¿Cómo es posible que la economía
se reactive tras los negros momentos recorridos? La respuesta es simple y se
reitera por doquier. La recuperación funciona porque se han aplicado las
políticas justas. Las reformas estructurales necesarias. Los recortes del gasto
social convenientes. Así el ejemplo español puede ser considerado la vía de
promisión para otros países europeos, la prueba de que las políticas de austeridad
son eficaces y consiguen sus objetivos de volver al crecimiento y el
desarrollo, a la creación de riqueza. Así lo mantiene la CEOE-CEPYME. Los únicos
que suponen una voz discordante en este coro de alabanzas son los sindicatos,
que con un cierto matiz defensivo
afirman que la recuperación económica no puede llevarse adelante con
desigualdad e injusticia social.
Lo cierto es que de ese ejercicio
generalizado de afirmaciones taxativas que parecen pensadas para elevar la
propia estima en una suerte de ejercicio ritual de autoayuda, se desgajan
muchas opiniones mucho más dubitativas o escépticas respecto de las virtudes
terapeúticas de la recuperación en marcha.
Hay que hacer notar que estos
pronósticos optimistas se matizan también por las altas autoridades europeas
cuando no hablan con la voz de la Troika.
“Arreglar una crisis como la española acabará costando una década”, dijo el
comisario europeo de Economía, Olli Rehn
a comienzos del 2014. Se basa en algunos datos. En 2013 hubo 3,6 millones de personas
ocupadas menos que en 2007 y la tasa de paro escaló al 26,4%. En unas recientes
jornadas, el economista jefe para España de BBVA Research, Rafael Doménech, dio por bueno el pronóstico de superar en diez
años la crisis, pero siempre que el PIB avance a una velocidad de crucero del
2,5%, “todo un reto con el endeudamiento de empresas, familias, bancos y
Administraciones en niveles muy altos”. (El Pais, 01.02.14). El endeudamiento,
vaya, siempre en el comienzo de la crisis y de su resolución.
La deuda pública en España ha
alcanzado en el primer trimestre del 2014 el 95 % del PIB. “Pese a la mejora de
los indicadores de PIB y los primeros datos de creación de empleo, el aumento
de la deuda española no dará tregua este año. La fundación de las cajas de ahorros
(Funcas) calcula que esta alcanzará el 99,7% del PIB al acabar 2014 y llegará
al 104,3% en 2015, según sus últimas previsiones, hechas públicas la semana
pasada. Son tasas similares a las estimadas por la Comisión Europa, del 98,9% y
103,3%, respectivamente, o a las del Fondo Monetario Internacional (FMI), del
99% y 102,5%.El dato más negativo en el caso del FMI es que sus expertos prevén
que el lastre siga en el entorno del 105% en 2018” (El Pais, 17.03.14). Entre
diciembre del 2011 y septiembre de 2013 la deuda pública ha aumentado 23
puntos. El Consejo Económico y Social ha publicado que la deuda total acumulada
por la economía española en el 2013 llegó a suponer el 275,8 % del PIB. Para
evitar las consecuencias extremadamente negativas que trae este ritmo de
incremento y su repercusión sobre los mercados financieros, se requiere una
recuperación de la actividad económica y de los niveles de empleo. (“Cauces” nº
26, abril 2014). Por no hablar de la sobrexposición a las fluctuaciones de la
valoración de las agencias de rating,
que ahora no encuentran motivos para alterar los intereses de la deuda, pero
que sin duda estarán atentos a cualquier variación derivada de la inestabilidad política
inminente.
Pero los reiterados anuncios de
recuperación económica son un arcano para quienes viven y trabajan en España.
Se fundamenta principalmente en la reacción de salarios y empleo ante las
reformas de estructura puestas en marcha con especial energía desde la llegada
al poder con mayoría electoral absoluta, del Partido Popular, y por la
capacidad que ha demostrado el aparato público de reducir el gasto social.
La percepción de esta realidad esplendorosa
que festejan nuestros gobernantes y los medios de comunicación du régime y ensalzan como ejemplar los
grupos financieros y políticos europeos es diferente para otros agentes económicos de
relieve. Así, aunque los directivos financieros asociados a la asociación ASSET
situaron el final de la crisis entre 2013 y 2014 (un 56% así lo afirmó en
octubre de 2013), la visión que estos profesionales tienen de la realidad
económica y empresarial española ha empeorado. Esta es la conclusión que se
extrae de los datos registrados en la encuesta de coyuntura semestral de ASSET
que se han hecho públicos en la III Jornada Anual de ASSET celebrada en Madrid.
Ahora, son un 53% los que afirman que la economía se recuperará a partir del
bienio 2014-2015. Sin embargo, ya son un 30% que ven la recuperación económica
más allá de 2015 y que, por tanto aún proyectan cuatro años más de serias
dificultades económicas para la economía española. (Asociación Española de
directivos de Empresa, 27.04.2014).
Por el momento el discurso no
cala en la opinión pública, ya que según las encuestas del CIS, tan sólo el 9,1
por ciento de los españoles considera que la situación económica es ahora mejor
que hace un año. A pesar de los esfuerzos que está desplegando el Gobierno para
"vender" que España ha mejorado y que ha dejado atrás la
recesión, lo cierto es que para el 89 por ciento de los encuestados por el
Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el panorama económico es igual o
peor que hace 12 meses (Diario Crítico, 07.04.2014).
¿Cuál es por tanto la clave de
esa “recuperación económica” que se comenta a los cuatro vientos como el
resultado correcto de una política correcta, que sirve incluso para presentar
la experiencia española como un ejemplo a seguir por los países en crisis de
Europa? Atendiendo a los datos con los que se cuenta, la recuperación económica
crece raquíticamente sobre el progresivo
desmantelamiento de derechos y la degradación de las condiciones de existencia
de las trabajadoras y los trabajadores de este país, sobre la generalización
del desempleo de masa y la ampliación de los fenómenos de exclusión del trabajo
de las reglas legales, como trabajo sumergido o clandestino. El trabajo,
considerado crucial desde un planteamiento político democrático, sigue en el
punto de mira de la acción de gobierno pero para vaciarle de contenido social,
impedir su función cohesiva y devaluar su valor económico en el proceso de
producción de bienes y de servicios.
Se trata de una situación que se
debe revertir con extrema urgencia. Aunque está generando espacios amplísimos
de resistencia que conducen a una deslegitimación completa de la acción de
gobierno y del método bipartidista de la gobernanza económica y social del
país, lo cierto es que ésta movilización no está logrando por el momento
alterar una realidad desoladora, en la
que los datos estadísticos no son capaces de nombrar correctamente la magnitud
del desastre que está sucediendo. No se puede continuar ese camino hacia la
cancelación de los derechos laborales y sociales que dan dignidad al trabajo y
conforman una ciudadanía libre. No podemos instalarnos en ese paisaje desolado,
injusto y desigual. Ni podemos conceder ningún crédito a una palabra vacía, la
de recuperación económica que en su origen y en su significado actual es sinónima de la terrible devastación social
que estamos soportando.
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