En el debate de la Nación que
acaba de terminar, hemos asistido a la exposición por el Presidente del
Gobierno del discurso mantenido fieramente desde su llegada al poder. El
Partido Popular heredó una situación económica del país prácticamente en
quiebra – la “herencia recibida” –, fueron necesarias medidas impopulares para
imponer sacrificios, y, al final, la recompensa es que todo mejora y se
encamina hacia la buena vía. Sin embargo, como confirman los economistas, todos
los indicadores económicos, sociales y políticos de España han empeorado desde que se instaló el gobierno del Partido Popular
tras obtener la mayoría absoluta en noviembre del 2011.
Juan Laborda en su blog, resume así los datos:” El PIB Nominal a
finales de 2011 se situaba en los 1,08 billones de euros, ahora apenas supera
los 1,05 billones. El número de afiliados a la seguridad social alcanzaba a
finales de 2011 los 17,3 millones de personas frente a los 16,5 a cierre de
2014. El número de trabajadores a tiempo completo rozaban a cierre de 2011 los
19,1 millones de personas frente a los 18,3 actuales. La tasa de paro U6, que
sí tiene en cuenta precariedad y temporalidad, exacerbada por la peor reforma
laboral de nuestra historia, ha pasado del 27% al 34%. Si sumamos a los
parados, por un lado, los desanimados y los que desean trabajar, y por otro,
todos los trabajadores temporales involuntarios y subempleados, el total de
trabajadores en precario se aproxima a los 11 millones. La deuda de las
administraciones públicas, si atendemos a las Cuentas Financieras de Banco de
España, supera los 1,4 billones de euros, lo que supondría un incremento de
casi 600.000 millones de euros bajo Rajoy “el austero”. La deuda externa neta
alcanza un nuevo récord histórico, por encima del billón de euros. Mientras
nuestras exportaciones crecían en 2011 a tasas superiores al 15% ahora apenas
repuntan un 2%. El indicador de miseria AROPE (At‐Risk‐Of Poverty and
Exclusion), en el marco de EUROSTAT, alcanzó a finales de 2013 el 28% de la
población española, y el 30% de la población infantil... Y así un largo
etcétera” (http://vozpopuli.com/blogs/5545-juan-laborda-el-mitin-economico-de-rajoy)
En resumen, una “inestimable
ejecutoria” que naturalmente será negada por todos los medios de comunicación
empotrados en el poder económico, que acentuarán su función de ocultación y de
manipulación en este año electoral, y que tiene corto recorrido ante la previsible
derrota del PP, que intentará ser conjugada mediante acuerdos post-electorales
que obstaculicen en mayor medida las iniciativas de cambio o de reforma real.
Lo que importa destacar es que la
reincidencia en ese discurso triunfalista del gobierno lleva aparejada la
insistencia en las medidas de reforma laboral y de política de empleo que ha
conducido al país a la terrible situación en la que nos encontramos. Las
desventuras a las que ha conducido la “reforma de estructura” en materia de
trabajo y empleo son una vez más confirmadas por otra de las medidas anunciadas
por el presidente de gobierno en el debate parlamentario referido.
Esta vez se trata de una tarifa
reducida para los nuevos contratos indefinidos por la que los primeros 500
euros del sueldo estarán exentos de cotizar a la Seguridad Social. Se aplicaría
a partir del próximo 1 de abril, ya que la tarifa plana vigente se acaba el 31
de marzo, y beneficiará sobre todo a los trabajadores "más
vulnerables", que es "donde se concentra más el paro y la
temporalidad, ya que carecen de experiencia o de formación".
Dice Ana Requena Aguilar, Nueva medida económica de Rajoy que “la nueva reducción de
cotizaciones sustituirá a la ahora vigente tarifa plana de cien euros y
abaratará de nuevo la contratación: los primeros 500 euros de salario estarán
exentos de cotizar. Aunque falta por conocer los detalles, podrán acogerse a
esta medida las empresas que formalicen contratos indefinidos –a tiempo
completo o parcial– que impliquen un aumento de su plantilla. Esta reducción se
aplicará sobre la parte de la cotización que paga la empresa por contingencias
comunes. No afectará, por tanto, a la cotización que se abona para costear las
prestaciones por desempleo o el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), ni a la
parte que pagan los trabajadores”. La periodista pone un ejemplo para que se
entienda mejor: Por un trabajador a jornada completa con un salario de 20.000
euros, una empresa tendría que pagar ahora 4.720 euros anuales a la Seguridad
Social. Con esta medida, sin embargo, cotizará por este trabajador como si su
sueldo fuera de 14.000 euros: abonaría 3.304 euros a la Seguridad Social, con
lo que se ahorraría cerca de 1.400 euros al año. Por un asalariado con un
contrato a tiempo parcial de cuatro horas diarias que perciba 500 euros
mensuales, la empresa no cotizaría por los primeros 250, ya que la medida es
progresiva en función de la jornada.
Los comentarios a esta medida
insisten en su repercusión negativa en las finanzas de la Seguridad Social. Ya
con la llamada “tarifa “plana”, Joaquín
Aparicio en su blog primero y en Nueva Tribuna después, insistía en el
“robo” a la Seguridad Social que implicaban estas medidas (http://www.nuevatribuna.es/articulo/culturas-hispanicas/robar-seguridad-social-ahora-tarifa-plana/20140418151121102750.html)
. Los sindicatos han reaccionado negativamente sobre la base de la ineficiencia
de estas medidas en orden al empleo. El secretario de Acción Sindical de UGT,
Toni Ferrer, insiste en que este tipo de medidas "han demostrado que no
generan empleo". El secretario de Comunicación y Organización de CCOO,
Fernando Lezcano, advierte de que los salarios "ya están deprimidos como
para que se detraigan recursos públicos para que a los empresarios les salgan
aún más baratos". Coinciden así con la opinión de otros economistas
expertos del ala socioliberal, como Ignacio Conde-Ruiz, de FEDEA, que entiende
que son “herramientas inútiles salvo que vayan destinadas a colectivos con
problemas”, no acordes con “los problemas del mercado laboral español”.
Es evidente que la medida no
creará empleo y que es lesiva para la financiación del sistema de Seguridad
Social, drenando las aportaciones al sistema. Pero interesa además resaltar el significado de esta medida
respecto del salario. La cotización al sistema de Seguridad Social se
interpreta como “coste salarial”, en una línea de mercantilización de la fuerza
del trabajo que ya se ha expresado clásicamente respecto de las indemnizaciones
de despido y la causalidad del mismo, por ejemplo en el famoso periodo de
prueba del CAE. De tal manera que al reducir elementos jurídicos de finalidad
muy clara a su coste económico, y a su vez establecer como un axioma que la
reducción de los costes empresariales
facilitan el empleo, se borra la función que las cotizaciones empresariales
tienen en relación con la solidaridad ciudadana y la construcción de un sistema
de seguridad para los riesgos derivados del trabajo y los estados de necesidad
que se acentúan con las personas que hacen del trabajo asalariado su fuente de
vida y de renta.
El empresario es desligado del
deber de contribuir solidariamente a esa obligación ciudadana que está en la
base del reconocimiento de derechos sociales básicos y de la organización
pública de esas necesidades. Los primeros 500 euros del salario de un
trabajador a jornada completa se exceptúan de este deber que nace “desde el
momento de iniciación de la actividad” como señala la LGSS. El derecho a la protección frente a la vejez,
la incapacidad, las cargas familiares, y la configuración de un sistema público
de Seguridad Social se desvinculan de
las obligaciones empresariales de sostener económicamente las cargas del
sistema.
¿Son esos los empresarios que
necesitamos? La CEOE-CEPYME, como representación institucional de los
empresarios, reivindica y aplaude este tipo de medidas. Su vehemente adhesión a
las reformas impulsadas por el gobierno debería ser valorada en un futuro
próximo como una rémora importante a su capacidad de representación, aunque
confía siempre en que su posición institucional necesaria como eje de relación
con los sindicatos siga consolidando su posición hegemónica en la disposición
del poder en las relaciones de trabajo. Pero quizá su confianza plena en su
dominio gobierne quien gobierne puede sufrir algún menoscabo.
El caso es que la demolición del
derecho del trabajo que ha llevado a cabo en estos cuatro años el gobierno del
PP no se limita sólo al desmoronamiento de los derechos individuales y
colectivos derivados del trabajo, sino que también se proyecta de manera muy
decisiva sobre la figura del empresario
como sujeto económico, al que empuja hacia posiciones no democráticas, insolidarias,
fuera del equilibrio constitucional en el que se sitúa la libertad de empresa, justificando
retóricamente esta figura antisocial con la creación de un empleo precario y
mal remunerado. Cada vez es más urgente poner fin a este estado de cosas.
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