Parece ya
inevitable que el debate pre-electoral no se centre en las consecuencias de
estos cuatro años y medio de austeridad y de ataque a los derechos ciudadanos,
sino que discurra sobre la invocación al miedo, como se desprende de esa nueva
versión de “¡que vienen los rojos!” bajo la constante imprecación de “los
comunistas”, o bien, en los últimos días, la doble presión sobre Podemos respecto de su supuesta
financiación por el chavismo y, correlativamente, la consideración de Venezuela como una dictadura grotesca repleta
de presos políticos que sirve sin embargo de modelo de referencia a los
dirigentes de Podemos.
No son propósitos novedosos, se
relacionan directamente con un país como es el nuestro en donde el espacio de
la comunicación está sustraído al pluralismo político y social por lo que es
abiertamente hostil a las posibilidades de alteración del mapa político actual
y donde la alusión a la manipulación exterior de las fuerzas de izquierda tiene
una larga tradición heredada del franquismo.
Dejando de lado la primera línea
de ataque – por el momento puesta en sordina, aunque es de suponer que se
revitalizará en medio de la campaña – la de motejar de “comunistas” a la
confluencia entre las fuerzas del cambio político y social, la ventaja comparativa
que tiene esta definición es que cada vez hay menos referencias políticas
exteriores a las que unir este término, y las que hay no parecen ni creíbles ni
utilizables. Sólo a un personaje cada vez más estrambótico y rencoroso como Esperanza Aguirre se le puede ocurrir
relacionar a Izquierda Unida con el régimen de Corea del Norte, y no sería de
recibo que los partidos políticos del centro derecha y del centro izquierda
recordaran que China sigue siendo una república popular dirigida por el Partido
(único) Comunista Chino, teniendo en cuenta que en su honor se ha modificado
hasta abolirlo el último resquicio de nuestra legislación abierto a la
jurisdicción universal por delitos imprescriptibles contra la humanidad.
Actualmente la campaña mediática
y electoral se centra en dos aspectos. El primero, el de la financiación ilegal
del partido “Podemos” por la República Bolivariana de Venezuela. Es una
acusación vieja, que se llevó por delante a Juan Carlos Monedero, acusado de incumplir sus obligaciones
fiscales tras recibir una serie de generosos emolumentos por su actividad
profesional en Venezuela, y que ha sido reiterada todas las veces posibles, con
continuadas desautorizaciones judiciales respecto de su veracidad. No importa,
los recursos del Estado español se emplean con prodigalidad para buscar pruebas
o sugerir insidias sobre este particular, y asistimos atónitos a la dedicación
de las fuerzas de seguridad al espionaje y asedio de un líder político que es
diputado en el parlamento español y secretario general del tercer partido
político en importancia del país. Una conducta que es asumida con orgullo por
el propio Director General de la Policía. No hay muchos ejemplos en la Europa
democrática de esta verdadera persecución política contra un líder de la
oposición, pero naturalmente este hecho no es resaltado por ningún medio de
comunicación importante ni por la televisión pública, apropiada por el gobierno
y su propaganda; al contrario, el periódico digital utilizado por el poder
público para afirmar lo que no puede hacer, ha invertido tiempo y espacio en
acometer esa misma insidia sin dudar en utilizar todos los medios a su alcance,
mintiendo conscientemente y con plena seguridad sobre el particular. Una
situación que será luego enjuiciada por los tribunales, pero que logra sus
objetivos en el presente inmediato.
El segundo frente es Venezuela y
los presos políticos. Se trata de un asunto en el que coinciden personalidades
muy relevantes del PSOE como Felipe
González, muy ligado afectiva y personalmente a la Venezuela pre-chavista,
y al empresario venezolano Gustavo
Cisneros, que le ha llevado a asumir la defensa del personaje de la
oposición Leopoldo López, el propio
Partido Popular, especialmente a través del ex presidente Aznar, cuya felicitación a los golpistas en abril del 2002 situó a
su partido en una situación difícil con el gobierno de Chávez , pero plenamente
asumido por todas las estructuras del Partido, incluso a nivel oficial, como
las pancartas que adornaron la sede de la Comunidad de Madrid en las que se
pedía la libertad para Leopoldo López, puestas allí por la presidenta Cristina Cifuentes a la vez que el
Ayuntamiento colocaba la de “Refugees Welcome”, y, last but non least, el dirigente de Ciudadanos, Albert Rivera. La idea que se quiere
propagar es muy sencilla, dada la constantemente reiterada relación entre el
cuadro dirigente de Podemos, y en
especial Pablo Iglesias, con la
revolución bolivariana, se concluye la admiración de este partido por un
sistema político dictatorial dirigido por un autócrata que mete en prisión a
sus opositores. En vano Iglesias
insiste en su rechazo a cualquier país en el que se mantengan presos políticos,
incluida Venezuela, añadiendo el respeto en general a los asuntos internos de
tales países que se debe mantener en asuntos de Estado, porque la repetición de
las noticias sobre la situación política allí desautoriza cualquier opinión
crítica aquí y fundamentalmente impide hablar sobre el proyecto de gobierno que
se va a ventilar en esta especie de segunda vuelta electoral que se
desarrollará el 26 de junio.
Por eso, dada la insistencia en
este tema, ojalá fuera posible recuperarlo y transformarlo en un debate
político de interés para la ciudadanía, y eso solo puede hacerse hablando
seriamente y con conocimiento no sólo del caso de Venezuela, sino en general de
la concepción que tienen las distintas fuerzas políticas que concurren a las
urnas sobre la política exterior de España en general y muy en particular sobre
las relaciones con América Latina y el Caribe, que es un área geoestratégica
crucial para los intereses españoles.
Ante todo contextualizando la
situación venezolana, informando realmente a la ciudadanía sobre el contexto de
esta persecución política, que es real, pero que se efectúa en un marco
institucional democrático en el que la oposición mantiene la mayoría del
Parlamento y ayuntamientos importantes, donde se goza de una libertad de prensa
y de antena extremadamente permisiva en cuanto a su forma de expresión, y donde
se está librando una fuerte lucha ideológica y política para sustituir al
chavismo debilitado interna y externamente. Son informaciones imprescindibles,
que no toman partido pero no deforman la realidad, que deben por tanto ser
puestas de relieve, puesto que el caso de Venezuela no puede compararse con el
de Honduras, en el que tras la deposición del presidente Zelaya, se han
encarcelado y destituido jueces y autoridades, se ha apresado a dirigentes
obreros y sociales, y se ha asesinado impunemente a periodistas y a dirigentes
sociales como Berta Cáceres, líder
indígena. Desde luego con el silencio mediático y de muchos dirigentes
políticos españoles para los que este tema no da dividendos electorales.
A su vez este debate
estrictamente venezolano puede permitir una pequeña reflexión sobre la propia
definición de “preso político”, entendiendo por tal una noción ambivalente que
se refiere a quienes quieren subvertir el orden político constitucional asumido
en una democracia, en cuyo caso la incriminación penal y la condena son
“justas”, y por el contrario cuando, normalmente sobre esta alegación de
“subversión” lo que se pretende es eliminar a aquellas personas que mantienen
discrepancias ideológicas profundas con el orden constitucional asumido
democráticamente, o, de manera más limitada, pretenden cambiar el gobierno y el
marco institucional sobre la base de un ideario confrontado al dominante. En
esos casos la privación de libertad es “injusta”. La línea entre uno y otro
concepto es fácil de trazar en algunos casos – por ejemplo, la pertenencia a
banda armada como forma de subversión institucional o, en el otro extremo, el
encarcelamiento de los opositores y la disolución del parlamento – pero en
muchos otros la diferencia se restringe y depende mucho de la posición desde la
que se contemple este proceso, más o menos ligada a la defensa de las
libertades y garantías de los derechos fundamentales o por el contrario,
defendiendo la intangibilidad institucional de un orden que no admite críticas
radicales. Por eso en España se puede discutir – aunque resulta extraordinariamente
arriesgado – si la prisión de ciertas personas por enaltecimiento del
terrorismo, concepto más amplio que el de apología, no constituye una forma de
delito político, o también, de forma mucho menos polémica, si el
encarcelamiento y la prisión de militantes y activistas políticos por el
ejercicio de sus libertades de expresión e ideológica no suponen también la
presencia de presos políticos en nuestro país, si podemos concluir que el
procesamiento de más de 300 personas por participar en piquetes de huelga no es
un dato fundamental en la definición de estos inculpados como presos “de
opinión”, es decir, políticos.
O sea que a través del debate
sobre Venezuela se puede volver a España pero por otras vías. Recordar que en
este país, España, el aparato policial se emplea para perseguir a un dirigente
político de la oposición democrática y que se impulsan operaciones policiales y
judiciales para condenar penalmente a activistas sociales y militantes
sindicales por el ejercicio de los derechos fundamentales de reunión y
manifestación o de huelga y libertad sindical, permitiría hacer patente la
labilidad de las fronteras entre las imputaciones externas y las realidades
internas. ¿O es que nadie ha considerado preso político a Arnaldo Otegui?
Pero más allá de un debate
polémico que sin duda es impensable en nuestros medios de comunicación, debería
también aprovecharse esta ocasión para trasladar el debate a las propuestas de
los partidos políticos sobre algunos aspectos sensibles de América Latina y el
Caribe. Ante todo sobre el caso brasileño, que es mucho más importante,
geoestratégicamente, que el de Venezuela. En Brasil, la destitución de la
presidenta Dilma Rouseff se ha efectuado
por una cooperación entre fuerzas políticas coaligadas para lograr la impunidad
de una buena parte de sus integrantes consiguiVeaendo el gobierno que no
obtuvieron mediante el proceso electoral. De esta manera se ha realizado un
cambio político que ha desposeído a la presidenta elegida por votación
mayoritaria, y se está procediendo inmediatamente a desmontar los programas
sociales vigentes. Es importante conocer en un debate plural cuál es la posición del Partido
Popular y del PSOE sobre estos hechos, si los consideran asuntos internos del
país o si piensan que es importante, como han realizado otras fuerzas
políticas, instituciones internacionales y gobiernos de la región, efectuar
determinadas declaraciones o tomas de posición sobre la legitimidad de este
proceso de destitución y sus consecuencias. Y la misma cuestión se debería
hacer a Ciudadanos y a Podemos e Izquierda Unida, para que expliquen su visión – políticamente relevante
para el futuro gobierno de España – de este proceso.
En un debate político sobre
política exterior, es conveniente asimismo que las fuerzas en presencia se
pronuncien sobre elementos previsiblemente polémicos de interés general. Uno de
ellos es el relacionado con las próximas elecciones presidenciales peruanas.
¿Cuál es la posición de los partidos españoles sobre la figura de Keiko Fujimori? ¿Qué visión proyectan
en el electorado español, de este proceso electoral y sus previsibles
consecuencias para Perú y en general para la situación de la democracia en la
región andina? Asimismo un repaso sobre Ecuador y Bolivia sería ilustrativo
para el público español, como también la opinión sobre los sucesos en Argentina
tras la llegada de Macri al poder o
el debate político en Chile y las dificultades del proyecto Bachelet.
El debate que se produce en el tiempo
electoral sirve para informar y que la ciudadanía obtenga las claves
principales del programa de actuación de las fuerzas políticas contendientes. Lo
concentrado del tiempo de la campaña hace que se agrupen y restrinjan las
materias a discusión. Pero ahora que estamos en un tiempo previo en el que el
aspecto internacional y latinoamericano ha cobrado trascendencia, sería muy
beneficioso un debate sobre la situación en esa región para elevar el conjunto de informaciones especialmente sensibles
para que los ciudadanos tengan una idea lo más completa posible del universo de
sentido en el que se mueven las diferentes opciones que serán elegidas el 26 de
junio del 2016. Es sólo una propuesta, claro.
Vean además el enlace al post en paralelo que ha colocado el blog hermano Metiendo Bulla Podemos y Venezuelal. Aunque no lo crean, no ha habido premeditación entre ambas bitácoras, aunque la temática sea coincidente, como podrán comprobar
No hay comentarios:
Publicar un comentario