PROGRAMACION EN MÉXICO

México es un gran país que se sitúa en un espacio geopolítico complicado, entre el Sur del Norte de América y el Norte de Suramérica. Hace de bisagra entre diferentes áreas políticas y cada vez más su incidencia sobre el poderoso vecino del Norte importa en términos electoralistas, pero también políticos, culturales y económicos.

Querétaro y el art. 123 de su Constitución, que proclama un programa social y un compromiso estatal con los derechos laborales, y la Ley Federal del Trabajo, del año 1931, expresa detalladamente este compromiso diseñando un Estado intervencionista en lo social, garante de los derechos individuales y colectivos de los trabajadores mexicanos. La doctrina laboralista mexicana, desde el que se considera su gran elaborador, Mario de la Cueva, hasta el recientemente fallecido Néstor de Buen, se inscriben en esta línea progresista y garantista.

El corporativismo sindical y el dominio irrestricto del PRI durante tantos años no supuso ningún problema para la constante penetración y posterior implantación generalizada de planteamientos abiertamente neoliberales en materia económica y social, que repercutieron muy negativamente sobre el marco de relaciones laborales “oficial”, junto a un inmenso espacio de relaciones laborales “informales”. Durante dos ocasiones los intentos de obtener un cambio democrático radical por via electoral fueron impedidos mediante la falsificación de las elecciones primero con Cárdenas y luego con López Obrador. Actualmente la situación de pobreza severa golpea a una parte muy importante de la población, la inseguridad ciudadana es muy alta y hay señales evidentes de un peligroso desmoronamiento del Estado frente a grupos muy poderosos del narco tráfico.

En el 2015 la OIT elaboró un informe en el que planteó algunos elementos de las relaciones laborales mexicanas que resultaban incompatibles con las normas fundamentales de la OIT, especialmente en lo que se refería a los llamados “contratos de protección”, convenios colectivos simulados que impiden la presencia de sindicatos representativos en los lugares de trabajo y que violan por tanto el Convenio 87 de la OIT, así como una serie de cuestiones relacionadas también con los trabajadores del Estado. Esta acción de la OIT, impulsada fundamentalmente por la UNT – central sindical no cooptada por el poder económico ni político – fue sostenida de manera muy enérgica por el grupo de trabajadores y la secretaría de estado de Estados Unidos y ha forzado al gobierno mexicano a presentar una reforma de la Constitución y de la Ley Federal del trabajo de amplias dimensiones.

Este es el contexto en el que la REVISTA DE DERECHO SOCIAL LATINOAMÉRICA acude a México para presentarse en su nueva versión digital y a intervenir en una serie de actividades que ha coordinado y organizado el Maestro Enrique Larios, catedrático de Derecho del trabajo de la UNAM, en el marco de un programa de actividades muy atractivas en la que participan también profesores y abogados de Argentina y Brasil.

Así, el lunes 30 de mayo, el Sindicato de Trabajadores de la UNAM y el Colegio de Profesores de Derecho del Trabajo de la Facultad de Derecho de la UNAM organizan un seminario internacional que lleva como título “¿Por qué el trabajo no es una mercancía? El valor político del Trabajo”, en el que intervendrán Antonio Baylos,  de la UCLM, Guillermo Gianbelli, profesor de la UBA y abogado, Maximiliano Garcez, abogado brasileño y de la directiva de la ALAL (Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas) , en fin, como moderador y conferenciante, Enrique Larios. Por la tarde de ese mismo día, los mismos vuelven a intervenir, hablando sobre la problemática de la libertad sindical, en el sindicato de Mineros, en su sede central, junto a una serie de abogados que han conducido el asesoramiento jurídico de su última huelga, por cierto victoriosa.

El martes 31, por la mañana, se efectuará una reunión de los miembros del Consejo de Dirección de la Revista de Derecho Social Latinoamérica – Antonio Baylos y Guillermo Gianibelli del comité de redacción, y Enrique Larios y Oscar Alzaga como miembros mexicanos del Comité Editorial – junto con varios colaboradores de la Revista para programar intervenciones y artículos para los números 2 y 3 de la Revista que tengan como referencia la problemática mexicana en materia de garantía de los derechos laborales y sociales, así como para planificar la difusión de la misma.

Por la tarde, se celebra la sesión de clausura del II Congreso de Derecho Laboral Burocrático, sobre el régimen de la relación de servicios de los “servidores públicos” que organiza la Facultad de Derecho de la UNAM, con el Tribunal Federal Contencioso Administrativo y la Oficina de la OIT bajo la coordinación académica de Enrique Larios y en donde se examinará desde una perspectiva comparada la situación de cambio político en relación con el sindicalismo de los trabajadores estatales en Argentina (Guillermo Gianibelli), la ofensiva neoliberal en Brasil contra los trabajadores estatales a través de la privatización, la precarización y la corrupción (Maximiliano Garcez) y la repercusión de la crisis económica sobre el Empleo Público en España, entre las políticas neoliberales y las alternativas colectivas (Antonio Baylos).

Este es un tema importante porque los servidores públicos carecen en muchos estados de derechos colectivos, de manera que su libertad sindical se encuentra estrictamente recortada. En este dominio, los diferentes Estados pueden legislar sobre el marco de derechos de estos trabajadores y en la actualidad este tema se está planteando de forma directa respecto de la la Nueva Constitución para la Ciudad de México, donde los derechos de los trabajadores del gobierno de esta Ciudad  deben ser regulados sobre la base de un amplio reconocimiento de sus derechos sindicales y de negociación colectiva. El próximo 5 de junio se realizan elecciones en la Ciudad de México de los Diputados Constituyentes, que formarán un cuerpo legislativo para  aprobar la carta magna para la Ciudad de México, por vez primera reconocida como estado de la Federación y  se espera  que los derechos laborales de los trabajadores burocráticos mejoren, respecto de otras entidades del país.

Al día siguiente, 1 de junio, tendrá lugar un seminario sobre garantía judicial de los derechos sociales en la Junta de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, en el que de nuevo intervendrán los profesores Baylos, Larios y Gianibelli. Este es también un terreno en movimiento, puesto que se ha depositado un proyecto de ley según el cual desaparecerían las Juntas de Conciliación como institución administrativa tripartita y sus competencias en materia de dirimir conflictos laborales se trasladaría al orden jurisdiccional. Se debe subrayar sin embargo que este deslizamiento implica necesariamente un compromiso de mayor gasto público y de inversión en la administración de Justicia, cuestión que los planteamientos neoliberales al uso considera incompatible con su esquema general de reducción del gasto público y de los efectivos de funcionarios y trabajadores al servicio de la Administración.

Con este evento se cierra el denso programa de actividades en México. Iremos, en la medida de lo posible, siguiendo este itinerario. Permanezcan atentos a la pantalla, como se decía un tiempo.

(En la foto, el titular de la bitácora comenta el proceso electoral que culminará el domingo sobre la creación de una asamblea constituyente de una Constitución para la Ciudad de México, con tres representantes del iuslaboralismo mexicano de la UNAM)