VOTAR EL DOMINGO

El domingo 26 de junio están convocadas elecciones generales, una especie de segunda vuelta de las que se realizaron en diciembre del 2015 y que certificaron el cambio del panorama político español y la alteración de sus constantes de bipartidismo imperfecto. La mayor novedad es la densidad electoral de los planteamientos políticos de rechazo de las políticas de austeridad y de la degeneración democrática que hemos padecido en estos últimos cuatro años. Para intentar su desarrollo y consolidación, se están manejando toda una serie de tópicos de variado género, siendo posiblemente los más eficaces los que hacen referencia a la inexperiencia e incapacidad para gobernar de las fuerzas emergentes del cambio político o, más en concreto, el efecto negativo que para el país supondría que pudieran gobernar ante la desconfianza que levantarían en los sectores financieros y económicos y en los órganos de dirección europeos.

Es decir, que el último esfuerzo para reducir la influencia medida en términos electorales de Unidos Podemos y las confluencias en Catalunya, Galicia y Valencia se centra en resaltar la incertidumbre y la inseguridad sobre lo que se puede realmente cambiar y sobre la idoneidad de los sujetos que propugnan ese cambio. Lo que enlaza con una convicción arraigada aunque no siempre explicitada de que las clases subalternas no pueden modificar su destino, diseñado y ejecutado siempre por quienes ostentan el poder económico y el dominio político. Es evidente que se trata de un pensamiento muy arraigado en amplios sectores de población que piensan que la única forma de sobrevivir a la desgracia y a la degradación de sus condiciones de existencia es la de agazaparse en su situación personal y familiar y esperar que vengan tiempos mejores, a lo que se une una profunda desconfianza respecto de la política como espacio de debate y de decisión efectiva sobre las relaciones sociales. Pero no es esa la actitud que se requiere en estos tiempos de crisis. La reivindicación de la política como espacio de lucha y de convicción democrática se ha ido realizando en los ayuntamientos democráticos formados por las candidaturas ciudadanas hace un año. Es el momento de plasmarla también en el ámbito del Estado.

Es conveniente por eso mirar hacia atrás, a los cuatro años de la última legislatura del PP, para comprender que es crucial reaccionar contra este estado de cosas. En el tema que resulta central para la consideración política de la salud democrática de un país, la regulación del trabajo, las consecuencias han sido pésimas. A la destrucción acelerada de empleo de los primeros años de este cuatrienio ha seguido una estabilización del desempleo en niveles superiores al 20 %, y el empleo que se crea a partir de la tan publicitada “recuperación económica” es en su mayoría precario, inestable, temporal y de baja calidad salarial. Ha aumentado y se ha generalizado el incumplimiento de la normativa laboral y se ha reducido la tasa de cobertura de los convenios colectivos. La brecha de género se ha incrementado en igual medida que la tardanza en incorporarse los jóvenes al empleo, muchos de los cuales se ven obligados a abandonar el país. Y la exclusión social se ha disparado, con la presencia por vez primera en nuestro país del fenómeno de los trabajadores pobres. El trabajo sólo se considera en lo que tiene de coste económico y el incremento del poder unilateral del empresario en los lugares de trabajo se ha fortalecido de manera imponente. Además de ello, se ha pretendido desarticular las resistencias colectivas y sindicales a este estado de cosas, incrementándose la represión no sólo de la huelga – mediante la incriminación de los piquetes– sino de los derechos de reunión y manifestación, con la Ley de Seguridad Ciudadana. El sindicalismo es presentado como una figura hostil al crecimiento económico sin valorar su posición fundamental en la tutela colectiva de los derechos derivados del trabajo.

En el marco institucional del Estado y de los poderes públicos, no hay lugar al que se mire que no esté en peligro o seriamente dañado. Ante todo el poder judicial, cuya apropiación partidaria por el PP en sus vértices y en la orientación de sus decisiones han consagrado en la práctica un estado de excepción que justifica la vulneración del ejercicio de derechos sociales y democráticos por los poderes públicos y privados y han formado un núcleo de dirección efectiva de los procesos de formación de los órganos judiciales regido por la sumisión al mismo y la impunidad de las acciones gubernamentales. En un plano inmediatamente inferior, la corrupción forma parte de la actuación cotidiana de muchas administraciones públicas y señaladamente del Partido Popular. La utilización del aparato público con fines claramente sesgados, las amenazas a los jueces demócratas, la insensibilidad ante los derechos ciudadanos, forman parte de la práctica diaria de nuestras autoridades de gobierno. Y la libertad de información ha sido reducida merced a un entramado de medios de comunicación empotrados en el poder económico especialmente manipuladores y desinformadores y una televisión pública confundida con un medio de exaltación gubernamental.

El marco de estructuración del Estado español debe necesariamente transformarse, y también en este aspecto la actuación del gobierno ha sido fuertemente negativa, en especial respecto del contencioso con Catalunya. La organización de un referéndum de autonomía es seguramente imprescindible, pero hay además que diseñar un modo de regulación y de entendimiento federal que deje atrás el modelo de estado de las autonomías que ha llegado a su última fase de desarrollo. Es este uno de los temas más complicados para el cambio, ante las resistencias emocionales, sabiamente explotadas por el bipartidismo, respecto a la confusión entre diferencia y desigualdad entre los territorios del Estado, pero es asimismo un de los espacios que puede ocupar con eficacia y con capacidad de propuesta, la izquierda transformadora que se presenta a estas elecciones.

El referéndum británico plantea la necesidad de crear un frente democrático entre los países europeos que aborden la reformulación federal y política de la Unión Europea, y la desarticulación del dominio de las instituciones financieras que han consolidado el desequilibrio y la inestabilidad en la zona euro. España ha padecido de forma muy intensa las consecuencias de las políticas de austeridad y debe formar parte de ese frente democrático y progresista que constate la existencia de una crisis profunda de la Unión Europea y fuerce pasos importantes hacia su democratización, único camino para evitar su desmoronamiento. En esa dirección, el cambio político en España es imprescindible.

Hay muchas dificultades para cuajar una alternativa de gobierno que sea consecuente con un programa de transformación fuerte de los diferentes aspectos que requieren un cambio de sentido. Pero es previsible que haya la posibilidad de un gobierno de progreso sumando los escaños del PSOE y de Unidos Podemos con las confluencias. En el seno de ambas formaciones hay tensiones contrarias a esta convergencia, pero la decisión unitaria es más fuerte - y las presiones en contra más superables – en Unidos Podemos. Fortalecer esa opción mediante el voto del domingo supone plasmar numéricamente una voluntad mayoritaria de transformación política y social. Los resultados electorales significan precisamente eso, el sentir mayoritario de una parte importante de la población que quieren modificar el marco institucional y social de relaciones que han visto desarrollarse en estos últimos cuatro años. Para ello es precisa una reprogramación normativa y la adopción de una serie de medidas políticas que forman parte de las competencias del gobierno. De un gobierno de unidad por el cambio, que está en las manos de todas y de todos los que votemos el domingo.