No corren buenos tiempos para el sur de Europa, condenado
por la gobernanza económica europea a un futuro imperfecto de degradación
salarial, recorte del gasto público e incremento de la desigualdad. Las
condiciones concretas en las que se desarrolla este proceso que erosiona las
libertades y los derechos de las personas que trabajan, son diferentes, pero
convergen las políticas proyectadas y asimismo los efectos producidos sobre el
tejido social.
El caso italiano, en efecto, es emblemático a este respecto, porque desde
las primeras reformas del 2011, ha tenido una modificación permanente de
elementos centrales de la regulación de las relaciones laborales, la más
conocida de todos la de la eliminación de la garantía de estabilidad real que
contenía el art. 18 del Statuto dei
Lavoratori, pero también se ha nutrido de otros elementos degradatorios muy
importantes a partir de la llamada Job
Act impulsada por el centro izquierda. Esta es una de las características
peculiares del supuesto italiano, que las reformas estructurales más
importantes las ha llevado a cabo un gobierno de centro-izquierda dirigido por
el Partido Democrático a través de la figura emblemática – y muy erosionada –
de Matteo Renzi. El segundo rasgo
característico de la situación italiana se encuentra en la división sindical
entre la CGIL, que aparece como el sindicato de oposición a estas políticas, y
la CISL y la UIL, que se colocan siempre en la postura posibilista de apoyar
críticamente al gobierno en la idea de obtener algunas contrapartidas, mientras
que se intenta recomponer a duras penas una cierta unidad en la negociación
colectiva sectorial nacional que vertebra el sistema negocial italiano.
El crecimiento económico ha vuelto a los sistemas nacionales del sur de
Europa castigados por la crisis. Italia no es una excepción. Pero la
recuperación se hace sobre la base de la extensión de los contratos temporales.
Se produce una caída de los nuevos contratos subvencionados “por tiempo
indefinido”, al acabarse los fondos nacionales y europeos previstos para ello,
y se aprecia un incremento de los contratos temporales especiales, “atípicos”
en su estricta expresión. El trabajo “a llamada” ha aumentado en un 133%, y se
han efectuado contrataciones altas derivadas de la “garantía juvenil” y del bonus
previsto por contratar a jóvenes del Sur, también éstos con apoyo financiero
público. Del millón de contratos de trabajo efectuados en los nueve primeros
meses del 2017, casi 700.000 son “atípicos”, lo que para Italia es un hecho
extremadamente preocupante (no así para España, donde la proporción entre
indefinidos y temporales en las nuevas contrataciones se coloca en la relación
90/10 o aún menor sin que el gobierno entienda que la situación es insostenible).
La desaparición de la motivación precisa, de orden temporal, para la
realización de un contrato de duración determinada, ha favorecido de manera
directa este incremento de contratos temporales. Y esta es una tendencia que
desde el 2015 – año de la aprobación del Jobs
Act- se acentúa cada año. Se trata de una tendencia al alza en toda Europa
del sur y del Este: la Resolución del Parlamento europeo de 4 de julio del 2017
da cuenta de esta deriva hacia el trabajo “atípico” y la degradación de las
condiciones de trabajo y de vida que este hecho conlleva.
El segundo tema es el de la reforma de las pensiones, una materia que en la
definición de los objetivos últimos de la gobernanza económica europea,
adquiere precisamente en estos días una importancia excepcional y sin duda en
los próximos meses lo veremos también en España como un tema de debate político
importante, ahora sofocado por la “cuestión catalana”. De la propuesta
regulativa del gobierno italiano, ha sido el aumento de la edad de jubilación a
67 años sin apenas excepciones a esta edad pensionable, y la retirada de algunas propuestas que había
efectuado el gobierno a lo largo de la negociación con los sindicatos para
compensar las bajas pensiones que podrán percibir mujeres y jóvenes, lo que ha
llevado a la CGIL a convocar – en solitario – una importante movilización para
el 2 de diciembre, en cinco manifestaciones diseminadas por todo el país en las
que la secretaria general, Susanna
Camusso intervendrá simultáneamente por Skype.
El problema de fondo es la presión que un principio de sostenibilidad
financiera exigido como eje de actuación del poder público merced a la
imposición de la gobernanza europea, repercute sobre el nivel de las
prestaciones sociales y en concreto sobre las pensiones, conteniendo su
desarrollo y recortando su cuantía. En ese punto, la perspectiva correcta sería
la que ha señalado Ferrajoli - y es
recordado por exponentes muy relevantes de la jurisprudencia constitucional
italiana, como Silvana Sciarra – del
“constitucionalismo de los bienes fundamentales” que implicaría sustraer los
bienes sociales a cualquier enfrentamiento con otros bienes, al considerarse
“cláusulas esenciales del pacto de convivencia”. Pero en una buena parte de los
casos, las reformas incluyen medidas que pretenden una reformulación del ámbito
de la protección mediante la ampliación de medidas graduales que favorecen a
las franjas de trabajadores con ingresos más bajos, a costa de privar de
derechos a aquellas personas que tienen un mayor nivel de renta salarial. El
Tribunal Constitucional portugués ha justificado parcialmente estos propósitos
sobre la base de la aplicación de un principio de “igualdad proporcional” que
permite diferenciaciones de trato positivas para las personas de salarios más
bajos, o diferenciando entre empleo público y privado, o en fin, condicionando
los recortes al elemento temporal, de manera siempre proporcional. La CGIL no
niega este tipo de intervención, pero exige una mayor intensidad que sea
realmente eficaz en la tutela de jóvenes y mujeres, a la vez que insiste en
pedir una intervención también “estructural” en el plano de los impuestos,
sobre la corrupción y la evasión fiscal, poniendo el acento en la equidad y
progresividad fiscal. Una materia que va ser decisiva en los próximos meses y
que en España cuenta con proyectos importantes de origen sindical, como la
iniciativa legislativa sobre la renta mínima de inserción y el proyecto de ley
sobre la reforma de la Seguridad social que sin embargo ha sido vetado por el
Gobierno impidiendo su tramitación a la vez que sabemos que el Fondo de Reserva
de la Seguridad Social se ha agotado y que existe una ofensiva muy decidida por
parte de algunas instituciones financieras para imponer fondos de pensiones de
manera obligatoria en empresas y ramas de producción.
El último tema de actualidad en Italia hace referencia a la huelga que han
protagonizado los trabajadores de Amazon en el gran Centro de Expediciones de
Piacenza, el primer e histórico conflicto en este país de los trabajadores de
la multinacional que se ha hecho coincidir con el black Friday como fecha más propicia en cuanto que en ella se
produciría un incremento de pedidos. El tema del conflicto es el de las
condiciones de trabajo, extraordinariamente gravosas, y la negociación de un
convenio de empresa, así como una regulación de la flexibilidad y la
externalización del trabajo. Acogidos al convenio estatal del comercio, la paga
media está entre los 1.100 y los 1.200 euros. En la empresa trabajan también
los llamados “interinos”, que provienen de agencias de contratación temporal o
ETTS, en una proporción muy importante. 1.650 trabajadores “internos”, y más de
2.000 suministrados desde estas agencias. Una gran parte de los trabajadores
son contratados expresamente para hacer el turno de noche (de las 22 a las 6 de
la mañana) y otros muchos tienen un contrato de “número de horas garantizadas”
que en teoría sería un contrato a tiempo parcial de tres días por semana pero
que en la práctica se convierte en un contrato “a llamada”. Divididos en pickers - los que preparan el paquete – packers – los embaladores – y los que
efectúan la expedición del mismo, el trabajo más penoso es el de los pickers, que a hacen una media de 17
kilómetros al día, siempre en movimiento y agachándose, lo que produce una
amplia serie de lesiones musculo-esqueléticas sin que éstas se reconozcan como
enfermedad profesional o lesiones producidas por el trabajo. La huelga estaba
convocada para ambas categorías de trabajadores, y pretendía un aumento
salarial, la redistribución de tareas en el turno de noche e impedir la
realización de horas extras hasta final de año. A la acción huelguística se han
unido más del 50% de los trabajadores “internos” de Amazon, pero no así los
temporales “externos”, sobre los que ha habido fuertes presiones para que
trabajaran. Ahora los sindicatos convocantes – las tres centrales sindicales
italianas – valorarán si estos eventuales han sustituido el trabajo de los
huelguistas para definir este hecho como conducta antisindical. Un conflicto
que resulta muy interesante al tratarse de una multinacional para la que la
flexibilidad plena del trabajo es esencial a su razón de negocio, y que por
tanto juega de forma intensa con la movilidad y fragmentación de los
trabajadores. De esta manera, recomponer la estabilidad de la acción colectiva
y lograr una adhesión lo más completa posible a la huelga es la condición
necesaria para que la medida de presión pueda ser eficaz. Lo que por otra
parte, quizá sin las características muy acusadas del uso de la flexibilidad en
Amazon, sucede en una buena parte de empresas que emplean la externalización
como medida de gestión del trabajo y de defensa frente a acciones colectivas
para modificar sus condiciones.
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