EL RETO DEL TRABAJO PRECARIO EN LA UNIVERSIDAD

Todos conocemos que el gran problema de la regulación laboral es la desigualdad que se produce entre trabajadores estables y precarios, entre la fragmentación y segmentación del trabajo que hace que una parte importante de la ocupación (26,8% en España) carezca de las garantías sobre el empleo que posibilitan en una buena parte la efectividad de los derechos laborales. No es sólo un problema que afecte al trabajo en el sector privado. Por el contrario, se proyecta también, por causas diferentes, en el sector público, tanto a través de los mecanismos de privatización / externalización de los servicios públicos como en lo relativo al recorte del empleo público estable, y la menguada tasa de reposición durante estos años, especialmente significativo tras las políticas de austeridad, que imposibilitan la estabilización y el incremento de las plantillas de empleados públicos, favoreciendo la contratación de personal interino y temporal para la realización de las tareas que se deben llevar a cabo por la Administración y las prestaciones de servicios que sobre ella gravitan.

Un sector especial es el de la enseñanza universitaria, donde la precariedad ha sido la fórmula empelada para atender las exigencias de prestación del servicio desde el origen del crecimiento y maduración del sistema de enseñanza superior desde el tardofranquismo – el movimiento de los Profesores No Numerarios (PNNs), que agrupaba los contratados (temporales) administrativos – y que fue paulatinamente corregido en los años 80 al socaire tanto de la funcionarización operada por la LOU como por la “primavera” del gasto universitario que se fue produciendo acompasadamente a la consolidación del mapa universitario español diseminado en las diferentes Comunidades Autónomas, fundamentalmente organizado sobre la base provincial, salvo algunas excepciones interesantes de Universidades regionales, como las del País Vasco, Castilla la Mancha o Extremadura. La crisis del 2008/2009, que se concreta en los recortes salariales y de plantillas del 2010, tiene en algunas Comunidades Autónomas una prolongación terrible a partir de marzo del 2011 con la victoria electoral del PP en una buena parte de gobiernos autonómicos, como el de Castilla La Mancha, que incidió de la manera más brutal en desarbolar la estructura de personal y de investigación de esta Universidad. Simplemente conviene recordar los terribles recortes en investigación, de más de un 60%, y la no declarada restructuración de plantillas, que llevó a despedir (no renovar contratos era la expresión utilizada) a más de 200 profesores contratados en aquella Universidad, la UCLM.

El paso del tiempo – y el cambio de gobierno autonómico, tras la etapa autolesiva de las políticas de austeridad bajo los gobiernos del PP – no ha traído un cambio suficiente del desolador panorama que acompaña a la docencia e investigación en la Universidad. Comoquiera que sigue vigente la regla según la cual no es posible crecer en puestos de trabajo estables por encima de las bajas producidas por fallecimiento y jubilación, impidiendo por consiguiente el crecimiento de los docentes universitarios a tiempo completo, esta indicación sólo permite la consolidación de las plantillas de los funcionarios acreditados (que por tanto no suponen un gasto adicional a la Universidad sobre el presupuestado). El servicio público de la enseñanza superior adolece por tanto de la temporalidad de una buena parte del personal encargado de su prestación, con plantillas cada vez más inadecuadas para lograr los fines a los que teóricamente están encaminadas tales servicios.

Hay además un déficit de formación y de sustitución de plantillas envejecidas por personal nuevo con plena dedicación universitaria. La mano de obra fundamental hoy para la docencia universitaria es el personal contratado a tiempo parcial, los llamados profesores asociados, que desempeñan una parte cada vez más importante de las actividades docentes. La carencia de becas de formación del personal universitario, la dificultad de encuadramiento y de desarrollo de los contratos predoctorales del Personal Investigador en Formación (PIF) y la práctica incapacidad para algunas Universidades y áreas – particularmente las Ciencias Sociales – de atraer a docentes e investigadores que se hayan formado en el extranjero, hace que la única forma de adquirir la condición docente e investigadora sea la de concursar a una plaza de asociado a tiempo parcial, una figura pensada para complementar la enseñanza universitaria con las experiencias y habilidades prácticas de quienes tienen una actividad profesional externa a la universidad, por lo que su remuneración es muy baja. De esta manera quienes quieren dedicarse a la Universidad en exclusiva solo pueden obtener un contrato por tiempo determinado, con una carga docente importante de 180 horas de clase, para el que deben acreditar que son trabajadores autónomos – y darse de alta en el RETA – o que tienen otro trabajo externo a la universidad. Se trata de los llamados falsos asociados sobre los que ya ha habido una abundante jurisprudencia del Tribunal Supremo respecto de la indemnización debida en el caso de finalización de contrato o amortización de la plaza.

Lo que cabe resaltar es que el grupo de contratados laborales temporales, con salarios inferiores al SMI, que en una buena parte de los casos está formado por quienes solo encuentran esta vía para ingresar en el trabajo universitario, es cada vez más el contingente sobre el que se basa predominantemente la docencia en nuestras Universidades. Frente a las limitaciones que establecía la Ley respecto de un tanto por ciento de profesores asociados en las plantillas universitarias que no podía sobrepasarse, las restricciones presupuestarias dificultan extraordinariamente la convocatoria de plazas de dedicación a tiempo completo, y la docencia reposa progresivamente en estos sectores, precarios no solo por su carácter temporal sino fundamentalmente por sus bajos salarios y las incertidumbres respecto a la posibilidad de iniciar una trayectoria profesional tras la obtención del doctorado. Estas personas además, no solo dan clases sino que participan en la carrera individual de méritos que requiere la acreditación del personal en formación, y siguen permaneciendo en el tiempo parcial pese a haber obtenido la acreditación de la ANECA para las plazas de ayudante doctor o contratado doctor, figuras contractuales de dedicación exclusiva que apenas se convocan por las restricciones de plantilla citadas. De esta manera, los tiempos de incorporación a un itinerario de carrera docente e investigadora se prolongan de forma extraordinaria, dada la permanencia en esta situación precaria.

Frente a esta situación, se pueden detectar ya movimientos colectivos, canalizados sindicalmente, para encontrar una vía que solucione estos problemas y que trascienda la actuación individual expresada en reclamaciones aisladas ante los tribunales, principalmente para obtener una indemnización ante la no renovación de contrato o la amortización del mismo. No es un problema exclusivamente nacional, en otros países cercanos la precariedad del personal universitario es también endémica. La diferencia principal es que en alguno de estos países, como en Italia, la organización colectiva del conflicto ha sido muy relevante, unificando la condición de precarios en la universidad con la que se da en la enseñanza no universitaria, tanto en bachillerato como en la escuela media. Tras las movilizaciones del 2019, como consecuencia de las cuales se promulgó una ley que prometía 24.000 puestos estables a aquellos docentes precarios que tuvieran más de 36 meses de servicio, esta cantidad se ha considerado claramente insuficiente para la “regularización” de este fenómeno del precariado, que se calcula por los sindicatos en más de 180.000 personas en toda Italia. El caso es que para el 17 de marzo se ha convocado por los cinco grandes sindicatos del sector (FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola RUA, SNALS Confsal e GILDA Unams) una gran huelga general en la enseñanza para combatir la precariedad en la enseñanza inserta en un proceso de negociación que implica asimismo la renovación del convenio colectivo del sector, la movilidad y la definición de un sistema estructural de habilitación.

Entre nosotros, y ciñéndonos exclusivamente al tema de la universidad, la precariedad en este sector ha sido uno de los objetivos que se señalan en el programa de la Coalición Progresista base del gobierno actual. Junto a la precariedad de los docentes, se encuentra asimismo la precariedad de los estudiantes bajo la forma de becas o colaboraciones no laborales que desempeñan en muchas ocasiones las labores de administración y servicios que la plantilla de la Universidad no puede efectuar: el personal de las bibliotecas universitarias, por ejemplo, está servido mayoritariamente por becarios o colaboradores voluntarios que carecen de derechos, y los Rectores se rebelan ante la posibilidad de que tengan que cotizar por estas becas de colaboración. La conjunción de estas situaciones de inestabilidad con otras afines, como la determinación de posibles figuras contractuales nuevas y la renovación de la negociación colectiva del personal laboral del PDI universitario, prácticamente inexistente desde la reforma del Estatuto Básico del Empleo Público en el 2012 autorizando a revocar los convenios colectivos laborales en vigor, exige un tratamiento normativo nuevo.

Todo ello requiere una solución o al menos plantearlo como problema colectivo y como un elemento que haga viable una regulación respetuosa de los derechos que a su vez permiten una mejor prestación del servicio público de la enseñanza universitaria de calidad. En estos elementos se encuentra también la exigencia de la excelencia académica. La interlocución política en este caso es además doble, porque afecta al recién creado Ministerio de Universidades, pero también al Ministerio de Trabajo, que tiene encomendada en el programa de gobierno una acción específica sobre la temporalidad en el sector público y en concreto sobre la precariedad en la universidad. Y parece ineludible que sean los sindicatos representativos del sector quienes inicien los contactos para poder desarrollar un programa de actuación con propuestas concretas de superación de esta situación de precariedad incompatible con una universidad pública que ofrezca a la ciudadanía una enseñanza superior accesible a todas y todos y  de calidad excelente.

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