UNA MALA NOTICIA DESDE EUROPA: LA NEGATIVA A MUTUALIZAR LA DEUDA EMITIDA PARA COMBATIR LA CRISIS DERIVADA DEL COVID-19

Hasta el momento, se sabe que tras la irrupción en Europa del Covid-19, todos los esfuerzos desplegados para solventar las consecuencias de esta crisis sanitaria han recaído sobre los Estados miembros, que han llevado a cabo políticas muy semejantes en cuanto a paliar los efectos negativos sobre la actividad económica. Han sido por tanto los Estados nacionales quienes han llevado a cabo con sus propios recursos las iniciativas frente a la crisis, mientras que la respuesta europea ha sido indeterminada, lenta y muy disputada, dando lugar a importantes incomprensiones entre los países ricos del Norte y los que tienen más dificultades del Sur, que apenas se estaban recuperando de las llamadas políticas de austeridad frente a la crisis que había originado un incremento exponencial de la desigualdad, un aumento de la pobreza y una extensa devaluación salarial.

La crisis económica que ha abierto la irrupción del Covid-19 ha sido definida como “pavorosa”y global, y el FMI ha efectuado ya una evaluación para 2020 señalando la caída del PIB muy importante, posiblemente la mayor recesión de la economía a nivel mundial desde la crisis de 1929. Los datos para España son muy malos. El FMI prevé una caída del PIB en nuestro país en el 2020 de un 8% y el ascenso del paro a un 20,8%; pero para Italia este organismo calcula una caída del 9% del PIB, para Grecia un 10%, y las pérdidas para Francia y Alemania serían, según este organismo, del 7,2 y 7% de su PIB respectivo, y el crecimiento para el año siguiente, 2021, no compensa más de la mitad de esta pérdida. Una crisis profunda que requiere, por tanto, una solución cooperativa, en primer lugar a partir de la propia Unión Europea.

Aún dejando de lado el debate entre los economistas en torno a la recuperación que se puede producir – la discusión ya conocida entre si la recuperación adoptará la forma de “V” o de “L” – es decir sobre el carácter “exógeno”  o no que la crisis del Covid-19 ha provocado en los distintos marcos económicos, lo cierto es que las economías más castigadas por la crisis de la deuda del 2010-2013, como la española, tiene enormes problemas en orden a lograr su recuperación tras el paso de la crisis por encima de ella. Sólo en la última quincena del mes de marzo, recordemos que con los datos de la afiliación a la Seguridad Social, se redujo un 17% en el sector de la construcción y un 14% en el del turismo y hostelería, dos puntales clásicos del desarrollo en nuestro modelo económico, frente al 4% en la industria manufacturera. Los expertos – Carlos Berzosa, en su columna de “El Siglo” lo ha explicado perfectamente y se puede consultar aquí: https://elsiglodeuropa.es/la-grave-crisis-que-nos-amenaza/ - advierten que “la desaparición de gran parte del tejido productivo y de servicios puede ser letal en el conjunto, pues la economía es una relación de interdependencias, de forma que el cierre de unas empresas arrastrará a otras”. Es por tanto imposible que la crisis pueda ser afrontada con perspectivas de éxito por los recursos que disponga un solo país, porque ante el aumento del paro, también se reducirán los salarios y las rentas y no se podrán aumentar los ingresos fiscales para incrementar el gasto público en la medida necesaria.

Esto revaloriza como única solución contemplar el problema desde el marco institucional de la Unión Europea. No sólo es necesario relajar y abatir los límites del equilibrio presupuestario y de la sostenibilidad financiera, sino que la única forma de afrontar este impacto en el gasto público es acudir al endeudamiento público de nuevo, teniendo en cuenta que las economías están fuertemente endeudadas ya como consecuencia del crack financiero del 2008 y la inyección masiva de dinero para sostener el sistema en las economías desarrolladas. Como la pandemia ha afectado a todos los Estados miembros de la UE, es importante mutualizar la deuda, es decir, compartir el riesgo presupuestario de todos los estados miembros.

Esta era la propuesta de emitir eurobonos, títulos de deuda pública emitidos por todos los Estados miembros con responsabilidad compartida para evitar nuevas crisis de endeudamiento en las economías debilitadas. La propuesta ha estado circulando desde el comienzo en las reuniones del Ecofin, y ha suscitado la hostilidad de los planteamientos más neoliberales e insolidarios respecto de la inconveniencia de someter a economías fuertes al albur de los marcos económicos débiles, una cuestión que se solapa con la idea de la incapacidad milenaria de las economías del sur de Europa de poder evitar el derroche del gasto público y un cierto asistencialismo social incompatible con un mercado de trabajo dinámico y competitivo.

Pese a que este tema entra dentro del dominio de la gobernanza europea, en la que el BCE tiene un papel decisivo junto con la Comisión, y por tanto el Parlamento Europeo tiene un rol subsidiario en la adopción de tales medidas, se debatió, con vistas a la reunión del 23 de abril próximo del Consejo Europeo, en la que se abordará la respuesta europea a la crisis del Covid-19. En la reunión del europarlamento del jueves 16 de abril, el Grupo de Los Verdes, a través de una enmienda presentada por su copresidente, Philippe Lamberts, propuso el siguiente texto : "Se considera esencial que, con el fin de preservar la cohesión de la Unión Europea y la integridad de su unión monetaria, se mutualice a escala de la Unión una parte sustancial de la deuda que se emita para combatir las consecuencias de la crisis de la COVID‑19".

Esta enmienda fue rechazada por 44 votos, - 326 en contra, 282 a favor – y es importante constatar, como haría el eurodiputado Ernest Urtasun, que la toma de posición de estos votos no estuvo basada en la adscripción nacional como se podía suponer, reiterando una fractura entre norte / sur o entre economías fuertes y economías débiles en la Unión europea, tal como se había manifestado en las reuniones de los ministros de economía y finanzas, sino en una división más clásica entre izquierda y derecha. Los grupos socialista, verde y de izquierda unida votaron esta enmienda que fue derrotada por el voto en contra del grupo popular europeo y sus aliados. Una interesante lección para el futuro.

Es también especialmente interesante conocer el sentido del voto de los eurodiputados españoles, que se tiene que valorar normalmente en relación con el panorama político del estado del que provienen. Es natural entonces que el sentido de voto de los partidos que apoyaron la investidura del presidente Sánchez se hayan decantado por el voto afirmativo a la enmienda, en el entendimiento que la mutualización de la deuda favorece las iniciativas del gobierno que requieren un incremento del gasto público y posiblemente el aumento de la deuda pública por encima del 100 %. Por ello, era evidente el voto afirmativo de las y los diputados socialistas y de Unidas Podemos tanto en el grupo IU-IUN como en Los Verdes. También votaron afirmativamente PNV, ERC y EH-Bildu. El panorama sin embargo es más complejo en la derecha. Los diputados del PP votaron en contra, coherentemente con su oposición frontal al gobierno, pero también lo hicieron los diputados de Ciudadanos, salvo Nart, que lo hizo a favor. Sin embargo, los diputados de Vox se distanciaron de este bloque y votaron a favor de la enmienda. Los diputados de JuntsxCat se abstuvieron. Aquí la criba del comportamiento político no solo tiene en cuenta por tanto la posición de origen en la correlación de fuerzas interna, sino que se tiñe de la ideología de la que participan y que unifica a Ciudadanos y al PP. Sin embargo Vox, pese a su oposición brutal y parafascista al gobierno, posiblemente por seguir la estela de Le Pen y la ultraderecha neosoberanista europea, vota a favor de la mutualización de la deuda porque puede favorecer políticas nacionales frente a la crisis pese a su conformación plenamente neoliberal de las políticas económicas y sociales.

El Parlamento ha aprobado a cambio una resolución pactada por los cuatro grupos que tienen representación en la Comisión -populares, socialistas, liberales y verdes – que propone los 'bonos para la reconstrucción' conjuntos emitidos por la Comisión para financiar un 'paquete masivo de inversiones' relacionadas con la crisis del Covid-19, pero que rechaza la mutualización de deuda pasada, bonos que se respaldan con la garantía de presupuesto de la UE. Pero, como ha señalado Urtasun, para llegar al 1’5 billones de recursos (que es lo que ha pedido el BCE) a través de garantías del presupuesto UE, este debería aumentarse exponencialmente, lo que desde luego no se ha producido.

Ya habrá tiempo de analizar con tranquilidad cuál ha sido la respuesta que la UE está dando a esta crisis. Es evidente que se requerirían medidas enérgicas y eficaces, tales como ayuda directa a los estados que no genere mayor endeudamiento; inyección directa del BCE a los estados; reforma del Semestre Europeo para eliminar los mecanismos de revisión presupuestaria; concreción en el Plan de Reconstrucción para que éste pase por el desarrollo de sectores estratégicos desde lo público, y otras actuaciones más. El problema es cómo cambiar lo que podríamos denominar el “consenso de Bruselas” que ha regido la gobernanza económica de la Unión desde hace al menos doce años y que ha generado pobreza y desigualdad entre la ciudadanía, enormes laceraciones que la nueva y tremenda crisis causada por el Covid-19 no debería poder reproducir. Por el momento, el debate del viernes en el Parlamento europeo da una mala señal de cómo podrían ir desarrollándose las cosas en el futuro inmediato.