CUARENTA AÑOS DESPUÉS DEL 23-F

Han pasado cuarenta años del golpe de estado del 23-F. Cuando ayer lo comentábamos mi amiga Charo Gallardo y yo dando un paseo por la glorieta de Santa Bárbara, coincidíamos en qué el tiempo pasa demasiado rápido. O será que los recuerdos de esa tarde y noche son demasiado intensos como para dejarlos atrás en el tiempo. En mi caso, además, ese día coincide con mi cumpleaños (o viceversa) con lo que el recuerdo es doblemente incisivo. Supongo que a Juan Puig de la Bellacasa le sucederá lo mismo, y recordará en ese día a nuestro por tantos motivos inolvidable Nacho Montejo.

Los que hablan tanto del régimen del 78 realmente deberían denominarlo con mucha más propiedad el régimen del 81, lo que resultaría más correcto, lo mismo que en el final de siglo el foco no debería ponerse, como sucede, en 1989 y la caída del muro de Berlín, sino en 1991, el año que marca la disolución de la Unión Soviética. En el golpe que protagonizaron Armada, Tejero y Milans del Bosch como exponentes de la rebelión militar juzgada tan benévolamente sin imputar a tantos otros impulsores del mismo, militares y también civiles, la posición de la embajada USA fue extraordinariamente equívoca, por emplear el eufemismo habitual, pero también se mantuvieron al margen en un primer momento la jerarquía católica y la CEOE, algunos de cuyos grandes empresarios parece que habían participado dando luz verde al “golpe de timón”. Que si hubiera triunfado habría cambiado decisivamente nuestras vidas, en un sentido terrible, como puede figurarse la amable audiencia que nos sigue.

El “golpe de Tejero” dice la narrativa oficial. Al menos este año, sobre los relatos tantas veces recitados como un mantra, confiemos en que se atenúe el protagonismo del hoy rey emérito y se difumine su posición salvífica, que ha inundado televisiones, series y editoriales de medios de comunicación y cuya presencia en la televisión aquella noche realmente agradecimos los ciudadanos que veíamos que otra vez se derrumbaba nuestra esperanza democrática por la que habíamos luchado frente al franquismo. Los números redondos, han explicado Jose Luis López Bulla y Javier Tébar en Infolibre (https://www.infolibre.es/noticias/opinion/plaza_publica/2021/02/08/el_golpe_del_los_numeros_redondos_116428_2003.html) deberían servir para enlazar aquellos sucesos con los que hoy nos preocupan, y que se relacionan desde luego con la reconstrucción del pensamiento democrático cuando está fuertemente asediado desde posiciones abiertamente autoritarias, revisionistas del franquismo, que denostan como ilegítimo al gobierno de coalición y dominan la agenda mediática sobre lo que debe considerarse relevante y lo que no se debe conocer por la opinión pública, en un continuo proceso de erosión y de crispación en el discurso político.

El golpe de estado del 23 F no logró su propósito principal, pero sí obtuvo resultados importantes, e ignorarlo no es de mucha utilidad. En el campo de la política, eliminó la posibilidad de una fuerza de centro derecha que pudiera tener una interlocución abierta con socialistas y comunistas, y se encargó de construir un polo de oposición sólidamente anclado en la interlocución bipartidista en torno al PSOE que coherentemente se convirtió en la gran fuerza de la modernización de España, y que arrasó en las elecciones de 1982 recogiendo el sentimiento democrático de una buena parte de la población española. La modernización que requería un espacio cultural abierto y transgresor – Pepi, Lucy , Bom, se rueda en 1980, Laberinto de pasiones en 1982, un antes y un después del golpe – hoy impensable. Pero simultáneamente se enterró de manera rotunda la posibilidad de la memoria antifranquista, que se tradujo en una política de reconocimiento de pensiones asistenciales a los militares republicanos, a la vez que se negaba de manera completa y total cualquier reconocimiento o reparación a los militares demócratas de la Unión Militar Democrática (UMD), en lo que hay que considerar sin duda un triunfo más del golpe del 23 F. Los miembros de la UMD que se jugaron su vida y su carrera militar tuvieron que esperar al gobierno Zapatero, casi treinta años después del golpe de estado del 23 F para obtener un reconocimiento meramente simbólico. A la hora de recordar, conviene saber que el Estado español equiparó de hecho la condena del consejo de guerra al comandante Luis Otero, que luchó por unas fuerzas armadas democráticas, con la del teniente coronel Tejero y el general Armada que conspiraron para acabar con el sistema democrático y para acabar con un gobierno legítimo.

El golpe del 23-F significó el fin de la transición política. Que, contrariamente a lo que se enseña en las escuelas, no empezó con Arias Navarro gimoteando por la muerte del dictador, sino que realmente comenzó el 20 de diciembre de 1973, con el inicio del proceso 1001 y el atentado contra Carrero Blanco. Una transición que ante la disyuntiva de fondo tantas veces planteada y sobre la que discurrió la negociación política y la movilización obrera, estudiantil y ciudadana, primero entre continuismo o ruptura, luego ruptura pactada, se desplegaba la posibilidad de una democratización profunda y paulatina del Estado o una modernización del mismo acompañando a una sociedad que se abría a la movilidad social y a la capacidad de expresarse con plena libertad. Integración en el diseño atlantista, funcionamiento eficiente del mercado y solidez institucional y política en torno a un bipartidismo corregido con los apoyos de los nacionalismos periféricos fue el resultado de este proceso. Un panorama feliz que sin embargo afrontaba la lucha antiterrorista como la principal amenaza a las libertades, generando una dinámica propia y autónoma, ante la decisión política fundamental a la que el golpe del 23 F había contribuido decisivamente.

Modernizar como forma de asentar la democracia, o perseverar en un proceso de profundización de la democracia y de gradual desarrollo de políticas nivelatorias en lo social y laboral, una disyuntiva que todavía en el comienzo de la década de los 80 estaba viva, tras las elecciones de 1979. El modelo autonómico tras el golpe de estado terminó con las posibilidades de establecer una suerte de federalismo asimétrico, y la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA), pactada entre el PSOE y la UCD es un fruto inmediato del 23-F. Que también ayudó a reconfigurar el marco institucional de las relaciones laborales, en una pugna importante entre dos concepciones sindicales entonces muy enfrentadas entre UGT y CCOO en un contexto de alta conflictividad social que continuaba y se alimentaba de las grandes movilizaciones que habían traído la democracia entre 1975 y 1977.

El golpe de estado supuso el fin de la transición, la consolidación de un modelo político que la crisis del 2010 y el 15-M alteró profundamente tanto en el campo de los sujetos políticos como en el de las reivindicaciones sociales y ciudadanas. Es un movimiento que llega hasta la formación del gobierno de coalición progresista, asediado como ningún otro gobierno de este país por una oposición que crispa el discurso en medio de una situación de emergencia como la creada por la pandemia.  Un gobierno que se ha comprometido a profundizar los mecanismos democráticos, a crear nuevos derechos y a consolidarlos. Un bloque de gobierno plural que tiene la mayoría del voto expresado en las elecciones del 2019. Llevar adelante el programa de reformas, impulsar el cambio social, es seguramente la única forma razonable de hacer frente a las prácticas antidemocráticas que asedian a las fuerzas en el gobierno, y garantizar así la base material de una democracia más rica y más intensa, única forma de combatir con eficacia al autoritarismo que está presente e inunda la información y crea las condiciones para una involución muy grave en nuestro país, con complicidades muy extensas.