IMPORTANTE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO CONTRA LA POBREZA Y LA DESIGUALDAD DE LOS TRABAJADORES

 

El Parlamento Europeo aprobó esta semana una resolución sobre desigualdad y pobreza de los trabajadores. Se trata de una información que ciertamente se escapa a la generalidad de las noticias que asoman a los medios españoles, más aún en tiempos electorales como los que estamos viviendo. En esta entrada se hace un resumen de los contenidos de esta importante resolución, para al final de la misma, recordar, gracias a la eurodiputada Maria Eugenia Rodriguez Palop (Grupo de la Izquierda en el Parlamento europeo), la posición que han sostenido frente a la misma los diputados del PP y VOX.

Se trata de la Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de febrero de 2021, sobre la reducción de las desigualdades, con especial atención a la pobreza de los trabajadores, cuyo texto completo se puede consultar en este enlace: REsolución Parlamento Europeo 10.02.2021

La resolución se estructura en torno a cuatro grandes ejes: el incremento desde la crisis de 2008 en la Unión Europea de la desigualdad y de la pobreza, la reducción de la tasa de cobertura de la negociación colectiva y contracción de la función reguladora de los convenios colectivos, el aumento del empleo atípico y precario y, finalmente, las repercusiones negativas en materia social y económica de la pandemia Covid-19.

Desigualdad y pobreza crecientes: Según la definición de Eurostat, las personas ocupadas se encuentran en riesgo de pobreza cuando trabajan durante más de la mitad del año y su renta disponible equivalente anual es inferior al 60 % de la mediana de la renta familiar nacional (después de las transferencias sociales) y las últimas cifras de Eurostat muestran que el 9,4 % de los trabajadores europeos se encontraban en riesgo de pobreza en 2018. Existen desigualdades en los Estados miembros entre sí y éstas varían significativamente. Así, la brecha de patrimonio neto entre los percentiles más ricos y el resto es cada vez mayor.  Mientras que en los países del Eurogrupo el patrimonio neto por hogar disminuyó en el 20 % inferior en 2017, aumentó de forma relativamente acusada en el 20 % superior.  La deuda neta media de los hogares del 20 % inferior era de 4 500 EUR, mientras que el 10 % más rico tenía un patrimonio neto medio de 1 189 700 EUR. Los factores que contribuyen a la pobreza y al aumento de la desigualdad en la riqueza neta son complejos y están interrelacionados e incluyen principalmente la desigualdad salarial, la desigualdad de género, la falta de vivienda asequible, la discriminación, los bajos niveles educativos, los cambios tecnológicos en el mundo laboral y los cambios estructurales en el mercado laboral; que el aumento de la productividad, sin la correspondiente subida de los salarios, incrementa asimismo los desequilibrios económicos en los Estados miembros y entre ellos. Pero se destacan como causas muy relevantes los tres puntos siguientes.

Reducción de la cobertura de los convenios colectivos: La cobertura de la negociación colectiva en los países de la OCDE ha disminuido en las últimas tres décadas, pasando del 46 % al 32 % por término medio; en al menos 14 Estados miembros de la Unión, el 50 % de los trabajadores asalariados trabaja sin convenio colectivo; únicamente en siete Estados miembros la adhesión al convenio colectivo supera el 80 %, y el descenso de la tasa de cobertura fue más rápido en los países que experimentaron reformas estructurales que tuvieron por objeto la negociación colectiva. Hay que tener en cuenta que unos sistemas de negociación colectiva bien coordinados, con una amplia cobertura, fomentan buenos resultados en el mercado laboral, y que los trabajadores cubiertos por convenios colectivos suelen disfrutar de mejores condiciones de trabajo y un entorno de trabajo de mejor calidad que los que no lo están.

Aumento del empleo atípico y precario: la proporción de trabajadores que viven en hogares en riesgo de pobreza ha aumentado del 8 % al 9,4 % en diez años, es decir, a 20,5 millones de personas. Se ha encontrado una correlación entre el aumento de las formas de empleo atípicas y el aumento del porcentaje de europeos en riesgo de pobreza activa; el 16,2 % de quienes trabajan a tiempo parcial y con contratos temporales están más expuestos al riesgo de pobreza activa, frente al 6,1 % de quienes tienen un contrato permanente. La contracción del empleo durante la crisis financiera de 2008 provocó un aumento drástico del número de personas con empleo atípico, trabajo de corta duración y trabajo a tiempo parcial, incluido el empleo a tiempo parcial involuntario. Los contratos estándar indefinidos a tiempo completo constituyen sólo el 59 % del empleo total en la Unión, y que el empleo atípico y a menudo precario aumenta incesantemente.

Las repercusiones económicas y sociales de la pandemia de COVID-19: Durante la crisis financiera de 2008, el desempleo y el empleo precario y atípico aumentaron significativamente y que, en la crisis de la COVID-19, la cuestión social también se centró en la pérdida de puestos de trabajo, el trabajo de corta duración y la necesidad de subsistencia, por ejemplo, para las pequeñas y medianas empresas (pymes), el sector artesanal, el pequeño comercio y los trabajadores fronterizos. Teniendo en cuenta que la clase media se reduce, que el aumento de la brecha entre ricos y pobres aumenta y que la crisis de la COVID-19 agudiza los desequilibrios en los Estados miembros, la crisis económica ocasionada por la pandemia de COVID-19 podría tener repercusiones graves y duraderas a largo plazo sobre el mercado de trabajo, en especial para los jóvenes o los trabajadores vulnerables, ya que puede obligarles a aceptar empleos precarios y atípicos, lo cual empeorará considerablemente las condiciones de trabajo y agrandará las desigualdades existentes.

A partir de este diagnóstico, el Parlamento europeo propone en su Resolución una batería de medidas contra la desigualdad, el establecimiento de un nivel de protección mínimo en las condiciones de vida y de trabajo, la necesidad de proteger y reforzar los sistemas de negociación colectiva a nivel nacional, especialmente a nivel sectorial, y como regular el impacto social de la pandemia de COVID-19.

En líneas generales, el Parlamento pide a la Comisión y a los Estados miembros que alcancen el objetivo de lograr unas condiciones de vida comparables mediante una convergencia social y económica al alza, que contrarresten las crecientes desigualdades dentro de los Estados miembros y entre los diferentes países entre si, y que aumenten la solidaridad. Para ello anima a los Estados miembros a que refuercen los sistemas de negociación colectiva y a que garanticen una protección social mínima y un sistema de seguridad social para todos los grupos de edad.  Destaca que estos objetivos pueden alcanzarse a través de instrumentos como, entre otros, una renta mínima, un salario mínimo y unas pensiones mínimas en el marco del primer pilar, es decir mediante “pensiones públicas reglamentarias administradas por el Estado y financiadas generalmente mediante cotizaciones a la seguridad social o ingresos tributarios generales sobre la base de un sistema de reparto”.

Respecto del segundo punto, el Parlamento asume las líneas generales del proyecto de Directiva presentada por la Comisión para garantizar que los trabajadores de la Unión estén protegidos por salarios mínimos adecuados que permitan vivir dignamente. Eso supone que se debe garantizar, mediante convenios colectivos y salarios mínimos legales, que ni los trabajadores ni sus familias corran el riesgo de caer en la pobreza y que todos puedan vivir de su trabajo y participar en la sociedad; debe garantizar que los salarios mínimos legales se fijen siempre, en su caso, por encima del umbral de pobreza.

Y en lo relativo a las repercusiones de la Crisis del COVID-19, la Resolución señala que la crisis de COVID-19 ha afectado considerablemente a los trabajadores y a las personas desfavorecidas, por lo que las respuestas políticas a la pandemia deben centrarse en las personas y basarse en la solidaridad mundial. De esta manera, las medidas de lucha contra la pobreza y la pobreza de los trabajadores son especialmente necesarias y deben tener como objetivo lograr una recuperación rápida, justa y ecológica. Por ello pide a los Estados miembros que garanticen una protección adecuada a todos los trabajadores vulnerables durante la pandemia y que colaboren con los interlocutores sociales en la elaboración de soluciones eficaces, prácticas y equitativas para hacer frente a los retos que plantea la pandemia. En concreto recuerda, a este respecto, que debe utilizarse una proporción suficiente de recursos adicionales en el marco de REACT-EU para aumentar la disponibilidad de recursos del Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas; subraya igualmente la importancia de asegurar que el FSE+ reciba suficientes recursos en el próximo marco financiero plurianual.

Coherentemente con lo anterior, se esboza un programa de acción frente a las consecuencias de esta crisis : La Resolución insta a la Comisión a que preste  especial atención a las repercusiones económicas de los regímenes de reducción del tiempo de trabajo, a las personas despedidas de manera temporal o permanente y a las repercusiones sociales para las personas en situación de precariedad, recordando, a este respecto, que los regímenes de reducción del tiempo de trabajo no son idénticos en todos los Estados miembros y que las prestaciones varían considerablemente, y que los trabajadores con bajas prestaciones son especialmente vulnerables al fenómeno de la pobreza de los trabajadores.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que, a tal fin, protejan a los trabajadores para ayudarlos a mantener sus puestos de trabajo, también mediante ayudas financieras, por ejemplo, mediante regímenes de reducción del tiempo de trabajo y apoyo a las personas con empleo precario y algunas formas de trabajo atípico, y que consideren la posibilidad de prestar ayuda financiera a algunos tipos de trabajadores por cuenta propia que han perdido su base financiera debido a la crisis. Además de ello, pide a los Estados miembros que protejan a las personas que viven en condiciones precarias; que éstos presenten unas normas mínimas para sus respectivos sistemas de seguros de desempleo y de garantía de ingresos mínimos nacionales en forma de marco jurídico a fin de mejorar la seguridad social de quienes trabajan y residen en Europa.

El Parlamento considera finalmente de suma importancia asegurarse de que la aplicación del Plan de Recuperación para Europa tenga por objeto la erradicación de la pobreza y las desigualdades socioeconómicas y se base en un mecanismo eficaz con objetivos y valores de referencia que permitan una medición precisa de todos los progresos conseguidos. Por ello el Parlamento Europeo debe participar plenamente en el control ex ante y ex post del Plan de Recuperación y que todos sus diputados electos deben poder intervenir oficialmente para garantizar un proceso de aplicación y evaluación plenamente democrático y transparente.

Unos objetivos plenamente compartidos por la ciudadanía europea, que, según el último eurobarómetro, (Eurobarometro)  quiere que la lucha contra la pobreza y la desigualdad sea una prioridad del Parlamento, y como tal es la cuestión que ha ocupado el primer puesto en las encuestas de los ciudadanos europeos según este cuadro:

La Resolución del Parlamento del 10 de febrero, menciona además algunos elementos específicos que son de interés para el actual estado de regulación de las relaciones laborales en nuestro país y que se deberían desarrollar en el marco de esta lucha contra las desigualdades y la pobreza laboral. Se trata de la regulación del trabajo en plataformas digitales y la información sobre las condiciones de trabajo, cuestión esta última que  en definitiva viene a recordar la importancia de la Directiva (UE) 2019/1152 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a unas condiciones laborales transparentes y previsibles en la Unión Europea.

El trabajo en plataformas digitales es objeto de un proyecto de directiva – del que ya hemos dado cuenta en este blog en esta entrada La regulación jurídico laboral de los "riders" - cuyas líneas fundamentales son explicitadas en la Resolución en la que se pide a la Comisión que vele por que las relaciones laborales entre las plataformas y los trabajadores se adapten a las nuevas realidades de una sociedad y una economía digitalizadas y se clarifiquen cubriendo a estos trabajadores a través de la legislación laboral vigente y de las disposiciones en materia de seguridad social, a fin de mejorar sus condiciones de trabajo, sus competencias y su educación y garantizarles unas horas de trabajo previsibles; y destaca que una propuesta legislativa de la Unión debe garantizar que los trabajadores de plataformas puedan constituir representación colectiva y constituirse en sindicatos para celebrar convenios colectivos.

Reconoce también a su vez que la digitalización y la globalización han dado lugar a un aumento considerable del trabajo por cuenta propia y de las formas atípicas de empleo; acoge con satisfacción el compromiso de la Comisión de evaluar si es necesario adoptar medidas a escala de la Unión que permitan que los trabajadores autónomos se unan y celebren convenios colectivos, así como el compromiso de la Comisión de proponer cambios en la normativa cuando sea necesario y su reciente consulta pública a este respecto; aguarda la publicación de la evaluación de impacto en la que se exponen las opciones iniciales para futuras acciones. Pero todo ello – subraya la Resolución  - no debe servir para retrasar ninguna otra iniciativa de la Comisión para hacer frente al falso empleo autónomo y garantizar los derechos de los trabajadores no convencionales.

Como puede comprobarse, se trata de un texto interesante que reivindica el modelo social de la Unión Europea como uno de los puntos fuertes de la misma, aunque  afirma que los avances tecnológicos y la tendencia mundial al aumento de las desigualdades exigen revisar ese modelo social y adaptarlo a un entorno mundial actual, que califica de “trepidante, complejo e imprevisible”. Muchas de sus propuestas deben alimentar directamente la acción de reforma y de cambio legislativo en nuestro país. Quizá por ello tanto el PP como VOX han intentado evitar que se incorporaran a dicho texto. Así, por señalar las cuestiones más llamativas, ambos partidos políticos han votado en contra de "garantizar salarios mínimos legales por encima del umbral de la pobreza", han rechazado los artículos que piden salarios suficientes para que los trabajadores tengan vidas dignas (párrafos 36, 38, 40, 41 de la resolución), y se han opuesto a que el Plan de Recuperación Europeo "tenga como objeto erradicar la pobreza y las desigualdades socioeconómicas". Coherentemente con esta postura antisocial, han votado en contra de pedir a la Comisión un marco legislativo para regular el teletrabajo, un marco sobre renta mínima o medidas vinculantes de transparencia salarial (para luchar contra la brecha de género). En la votación final, los diputados españoles de VOX han votado en contra (no sólo) y los del PP se han abstenido. Llama la atención no obstante ver votando juntos a Buxadé y Tertsch (diputados de VOX, del Grupo Conservadores y Reformistas Europeos) con  Comín i Oliveres, Ponsatì Obiols y Puigdemont i Casamajó (del grupo de No Inscritos) en un tema como éste. Una convergencia y unión anómala para quien lo observa en las actas de la votación.

Los elementos positivos y las advertencias que emite la Resolución comentada deben ser recogidas tanto por los actores sociales en las mesas del diálogo social, como por el propio Gobierno en la puesta en práctica de su programa de acción. La garantía de mínimos salariales, el fortalecimiento de la negociación colectiva y la idea fundamental de preservar el empleo en la crisis del COVID 19 son líneas de fuerza que deben orientar decisivamente los próximos pasos del cambio normativo en materia laboral y social. La Resolución del Parlamento Europeo supone un texto útil e interesante para proceder a legislar reduciendo la desigualdad y garantizando mínimos salariales y de derechos en el trabajo como condición de procedibilidad política en la salida a la crisis presente.