EL DERECHO AL TRABAJO, EL TRABAJO CON DERECHOS

El diario digital bez.es, por intermedio de Marta Molina e Ignacio Muro, me ha solicitado un texto para poder publicarlo como introducción al 1 de mayo. Trata del derecho al trabajo y su conclusión inmediata, trabajar con derechos. El artículo, que se puede encontrar en este enlace El trabajo con derechos, lo reproduzco ahora en el blog anticipándome a las manifestaciones de mañana. Hagamos de la calle un lugar donde se escuche la voz de las trabajadoras y de los trabajadores de este país. Que seamos muchas las personas que las recorramos exigiendo trabajo y derechos. Dos requisitos necesarios para avanzar en la idea de la democracia social como horizonte de sentido.

Es bien conocido que el derecho al trabajo constituye el fundamento del modelo laboral en la Constitución española, y que legitima todo el derecho del trabajo. Pero su significado es más profundo. La Constitución  del 78 llevó a cabo un compromiso político sobre el trabajo como factor de inclusión social y de cohesión social que nuclea la sociedad y sobre todo como un espacio de derechos que da sentido a la noción de ciudadanía. El trabajo es una relación social sobre la que reposa todo el sistema económico, pero principalmente estructura el sistema social y vertebra políticamente un proyecto de futuro. El trabajo al ser un espacio de derechos es también un espacio de conflicto y de lucha por estos derechos, donde se realiza la idea democrática, un campo de derechos individuales y colectivos que abre además la posibilidad de ser titular de derechos de Seguridad Social, es decir, que enlaza la cláusula de Estado social con una situación de subordinación o de dependencia social y económica que caracteriza al trabajo asalariado como llave de una extensión universal a todos los ciudadanos de estas prestaciones sociales. Eso quiere decir también desde el punto de vista cultural que el trabajo aparece como una actividad social creativa, como un elemento central en la creación de riqueza, pero también como una forma de que las personas se sientan socialmente activas, que aportan algo a la sociedad y que, por tanto, esperan como contrapartida unos derechos.

Se ha producido un cambio importante en la forma de representar el trabajo con una pérdida de su valor político y democrático. Las fracturas de la tutela laboral han llevado a la generalización de fenómenos de segmentación y de fragmentación del trabajo. El trabajo como base de derechos de ciudadanía se ha visto erosionado por tales transformaciones. Hay una fuerte compulsión hacia figuras sociales que invisibilizan el trabajo, figuras construidas desde el consumo, la mercantilidad o la libre iniciativa. Hay también una crisis en la fundamentación democrática y constitucional de la regulación del trabajo, que ha sido extraordinariamente intensa en los últimos años, a partir del comienzo de la crisis en el 2010. La norma laboral de la crisis propaga en las relaciones laborales un desequilibrio radical entre la libertad de empresa y el derecho al trabajo, de manera que el contenido laboral de este último queda en gran medida anulado, y esta operación ha sido avalada sorprendentemente por nuestro propio Tribunal Constitucional. Todo ello sobre la base de favorecer la creación de empleo, se dice, ante un cuadro permanente donde millones de ciudadanas y ciudadanos se encuentran privados de él. El trabajo, que se mide tan sólo en términos económicos de volumen de empleo, se pretende que sea un espacio habitado por sujetos cada vez con menos derechos políticos y civiles. Sujetos considerados tales en relación con lo que cuestan económicamente al empleador y en cuanto su trabajo se  incorpora a una organización productiva determinada  unilateralmente, con débiles controles públicos y colectivos, por el empresario.

No es posible seguir por la vía de degradación que conduce la re-mercantilización del trabajo en las políticas de ajuste y de austeridad que se han ido llevando a cabo a partir del 2010. El trabajo es el centro de un proyecto político democrático de emancipación y eso es algo que no sólo está escrito en nuestra Constitución al reconocerlo como derecho de ciudadanía. Lo está ante todo en las figuras que visibilizan esa idea, la del individuo que trabaja y la del sujeto que representa en el plano colectivo al trabajo, el sindicato, que tiene un proyecto global de reformulación de las relaciones sociales sobre la base precisamente de garantizar condiciones de trabajo suficientes, con un salario digno y en un entorno saludable y sostenible, y condiciones de existencia en términos de seguridad frente a los estados de necesidad. La noción de trabajo decente que proviene de la OIT es inseparable de la noción de trabajo con derechos que reconoce el sistema político democrático como un elemento fundamental, integrante de sus señas de identidad en cuanto forma de organización política y social. Que además debe abrirse y compenetrarse con los tiempos de vida que marcan la existencia social de las personas, evitando la desigualdad de género, muy evidente en este aspecto al confrontarse con el trabajo de cuidados. Un trabajo que no puede perder la capacidad creativa de la profesionalidad que se ejercita ni ser sofocado por el despotismo en los lugares de producción.

La tendencia a la mercantilización del trabajo destruye el valor democrático del mismo. Es una deriva autoritaria cuyos costes sociales y personales son inmensos. Los cambios del trabajo exigen cambios para afrontarlos, cambios en la cultura jurídica, en las políticas previstas, en las decisiones sobre la estrategia sindical, en las resoluciones del gobierno, en las opciones electorales. Cambios que afronten los cambios y vuelvan a colocar al trabajo en el cetro de la sociedad, una necesidad ineludible en el día de hoy. En el Primero de Mayo, precisamente.