CONCENTRACION EMPRESARIAL Y DOCTRINA JURÍDICA EN EL DERECHO DEL TRABAJO ESPAÑOL

La aparición en el mercado editorial especializado de una nueva revista de Derecho del Trabajo, la Nueva Revista Española de Derecho del Trabajo, que es continuadora de la creada por la editorial Civitas cuyo director fue Alonso Olea, suscita las notas que siguen.

Desde hace cierto tiempo se viene produciendo un cambio importante en las formas de producir teoría y doctrina en el Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Un elemento muy significativo ha sido el desplazamiento desde el sector público al privado de los centros neurálgicos de la elaboración de la doctrina, cuestión acelerada por la implantación de grandes estudios jurídicos de asesoramiento empresarial y la importación al frente de sus áreas o departamentos laborales de profesores universitarios muy relevantes. El campo de la litigiosidad y de la experiencia judicial del derecho se ha situado en el primer plano de las preocupaciones doctrinales, en medio de un diálogo entre profesores – abogados y magistrados que está hegemonizado además por la dirección que asigna al mismo la actuación de estos grandes estudios jurídicos empresariales. 

El asentamiento de estas organizaciones dirigidas como firmas comerciales y con una amplia plantilla de abogados ha hecho desaparecer instituciones clásicas como el bufete de abogados construido en torno a la figura de un catedrático de prestigio o ha obligado a su transformación corporativa. A su vez estos muchos de estos estudios jurídicos tienen una amplia red capilar de sedes en varios puntos estratégicos de la geografía nacional, y en muchos casos han construido plataformas de apoyo doctrinal mediante el recurso continuado a los servicios de asesoría y consulta de otros profesores universitarios que de esta manera funcionan en el exterior de estos estudios jurídicos sin abandonar su condición de universitarios a tiempo completo. A ello se une una práctica, relativamente extendida, de constituir  sociedades mercantiles unipersonales que protagonizan las actividades de consulta y asesoramiento como forma de blindar esta colaboración externa del profesor universitario frente a las reglas de incompatibilidad a las que está sometido,  evitando cargas impositivas e imposibilitando la transparencia respecto de los clientes y los temas sobre los que se asesora, como hemos conocido respecto de quien hoy es presidente del Tribunal Constitucional.

Es evidente que esta forma de organizar el trabajo de asesoría jurídica y de defensa de los intereses empresariales en las relaciones de trabajo tiene repercusiones muy claras en la manera en la que se desarrolla la producción de teoría y de doctrina en los estudios universitarios. En el debate generado a partir del modelo de universidad que se ha ido plasmando en nuestro país desde la implantación del llamado Espacio Europeo de Educación Superior, o plan Bolonia, se ha puesto en cuestión  la tendencia marcada en las indicaciones metodológicas y pedagógicas del mismo por un tipo de enseñanza acrítica del derecho, muy ligada al dato normativo y jurisprudencial como pura exégesis descriptiva. Pero más allá de esta orientación de la docencia, el fenómeno se proyecta también, y de manera más neta, en el campo de la investigación y de la producción doctrinal universitaria.

La orientación “ideológicamente neutra” de los estudios e investigaciones universitarios y el predominio en los mismos de un tono eminentemente descriptivo se puede apreciar como tendencia arraigada a partir de la gran división que se produce en el iuslaboralismo doctrinalmente hegemónico en torno a la reforma legal de 1994, y posiblemente en su origen se encuentre la percepción de que este terreno permitiría no tomar partido en las reflexiones y análisis de las políticas del derecho subyacentes a esa importante reforma laboral. Pero posteriormente ha ido creciendo favorecida de una parte por la necesidad interna, en términos académicos, de obtener una cierta cantidad de producción doctrinal como exigencia para la obtención de sexenios de investigación y para la promoción universitaria, de otra por el desplazamiento progresivo que se viene comprobando, de manera ya muy evidente en el cambio de siglo, de la relevancia doctrinal y económica del campo de relación entre la actividad práctica y forense y la jurisprudencia ordinaria, muy señaladamente la elaborada por el Tribunal Supremo. 

No es el momento ahora de verificar en lo concreto, a través del desarrollo de las investigaciones y de la producción bibliográfica y doctrinal, este movimiento, su alcance y sus límites. Es muy dependiente de los territorios en donde los poderes económicos son más intensos o donde se sitúan centros de imputación decisivos. Por eso se expresa de forma diversa en Catalunya que en Madrid, por ejemplo. Ha sido además una tendencia no contrarrestada de forma eficiente por el movimiento sindical, en especial en el periodo 2000-2008. En algunos momentos de dicho ciclo histórico incluso se ha entendido como un elemento “natural” del curso de las cosas y la lucha por la hegemonía cultural en el espacio de la producción teórica del derecho del trabajo no ha resultado un objetivo asumido sindicalmente. Sin embargo, en el campo universitario se consideraba un elemento esencial para el desarrollo de la doctrina iuslaboralista, y consecuentemente se desarrollaron proyectos e iniciativas de vigorización teórica, a través de la consolidación de equipos de investigación y el establecimiento de redes de cooperación transversal entre ellos, fomentando espacios públicos de intercambio y la conexión con la acción de defensa jurídica sindical que reproducía, de otra manera, el diálogo entre ésta y la jurisprudencia, con mayor hincapié en la orientación de la emanada por el Tribunal Constitucional. 

Reflejo de estas tensiones que atraviesan el derecho del trabajo español en el siglo XXI es la producción científica que se manifiesta a través de las revistas jurídicas especializadas. El panorama editorial español era especialmente rico al respecto, no solo porque algunas publicaciones estaban conectadas históricamente con una escuela doctrinal determinada y con la creación de editoriales ligadas a personalidades académicas, sino porque había una amplia línea de negocios editoriales especializados en el derecho que abordaban también el derecho del trabajo y de la seguridad social no sólo a través de productos típicamente concebidos como base de datos o información normativa, sino como expresión de monografías, libros colectivos o comentarios legislativos y, en la mayoría de los casos, con la publicación de una revista especializada. Esta proliferación de revistas no sólo permitía una cierta exhaustividad en el tratamiento de los contenidos normativos y jurisprudenciales, sino que favorecía la consolidación de una “tonalidad” doctrinal en el sentido de privilegiar una forma concreta de aproximación al derecho del trabajo y a sus contenidos regulativos. Era además funcional a la existencia de reglas de promoción académica y de reconocimiento de la autodenominada “excelencia” investigadora. En esa consideración, una buena parte de las revistas jurídico-laborales entraron en el mundo de los índices de impacto, importado de las revistas científicas, como forma de asignarse una posición competitiva en el espacio de las revistas de prestigio doctrinal y de reconocimiento por la comunidad académica de referencia.

En el índice de impacto que elabora la Universidad de Granada (INREJC) hasta el 2011 – a partir del 2014 ha terminado de realizar esta actividad por los recortes presupuestarios de la crisis y la imposibilidad de encontrar sponsors a su tarea – y que es uno de los indicadores más utilizados en el ámbito académico del derecho, constan 21 revistas del área de derecho del trabajo en el año 2010. Todas ellas quieren tener alcance nacional, pero realmente pueden reducirse a diez las más relevantes, lo que no es un número menor. Entre ellas, hay tan sólo tres ligadas a instancias públicas o universitarias, el resto se insertan en firmas editoriales privadas. Desde el 2010 hasta hoy, sin embargo, se ha ido produciendo una disminución creciente del número de las mismas. Es un proceso de “cierre” que ha acompañado a los recortes presupuestarios en las universidades y en el sector público, pero que también ha afectado al sector privado, sobre la base fundamentalmente de la concentración empresarial que ha afectado a las editoriales españolas, muchas de ellas absorbidas por grandes empresas multinacionales.

Esta concentración editorial ha repercutido inmediatamente en el tipo de publicación no periódica, cada vez más volcada sobre la información normativa y jurisprudencial sin espacio para la elaboración teórica “despegada” de aquella. Pero asimismo ha originado un cambio crucial en el panorama de las revistas. El más llamativo acaba de producirse en el marco de la restructuración editorial decidida por Thomson Reuters, pero ya antes habían desaparecido otras revistas como Tribuna Social, de la editorial CISS, en el 2010.

En efecto, la absorción de Aranzadi y de Lex Nova por Thomson Reuters – que además se había hecho con Civitas – ha generado una fusión de tres revistas de derecho del trabajo en una. Se suprimen así Aranzadi Social y Justicia Laboral y se unifican en la Revista Española de Derecho del Trabajo, ahora rebautizada como “Nueva”, que dirigen los tres directores de las fusionadas, Alfredo Montoya, Antonio Sempere e Ignacio García-Perrote. En la presentación de la revista, se hace hincapié en la relación que estos dos últimos profesores mantienen con el estudio jurídico Gomez-Acebo & Pombo y Uría y Menéndez respectivamente. La neo-revista quiere incorporar algunas características de las extinguidas. Se impone un editorial en el que se alternarán los tres directores, y la revista, que aumenta sustancialmente su precio, tiene una periodicidad mensual  - salvo el mes de agosto – en donde se alternarán ocho números fundamentalmente doctrinales y tres jurisprudenciales, a lo largo de una serie de secciones fijas y variables. Los números jurisprudenciales se integrarán como “crónicas de jurisprudencia”. Naturalmente la revista se incluye también en soporte electrónico.

Hay también cambios significativos en los órganos de dirección. Junto a un Comité Asesor, que reproduce en lo esencial el escalafón de los catedráticos más antiguos, como en la REDT desde los tiempos de su director y fundador, Manuel Alonso Olea, se crea un nuevo Consejo de Redacción en el que alternan magistrados – Miguel Azagra, Aurelio Desdentado, Juan Martinez – el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, catedráticos aposentados – Jesús Galiana, Jesús Cruz, Joaquin García Murcia, Carlos Palomeque, Jesús Mercader o Maria Antonia Castro – junto a profesores titulares ya acreditados como catedráticos – Guillermo Barrios, Carmen Sánchez –Trigueros – o todavía sin esa condición, como Belén Alonso – Olea. La relación hombre / mujer en el consejo de redacción es de 10 a 3. 

La eliminación de las revistas Aranzadi Social y Justica Laboral tiene un significado ambivalente. Por un lado, se suprimen dos revistas que atendían de forma específica a la evolución de la jurisprudencia y que en lo esencial se construían en torno al comentario de sentencias o a la crónica de las líneas jurisprudenciales sobre amplios núcleos temáticos. La intervención editorial viene a cancelar la importancia de la mediación doctrinal respecto del contenido de la decisión judicial, entendiendo por tanto de forma implícita que no se requiere y que basta con la pura doctrina judicial bien explicitada a través de las oportunas “voces” y “referencias”, sin el “acompañamiento” de la glosa académica. Por otra parte implica la pérdida de espacios de publicidad académica que habían sido muy activos y que permitían la aportación de muchos profesionales de la universidad al panorama doctrinal universitario. Se cierran por tanto lugares hábiles para la promoción de los profesores y el reconocimiento de su “talento”, de su “excelencia”. 

Por otra parte parece reforzarse el tratamiento en la NREDT del “estudio de cuestiones estructurales y permanentes” del derecho del trabajo y por consiguiente configurarla como un polo de referencia en el panorama de revistas actuales con una línea de trabajo propia y diferente de aquellas. Es previsible por tanto que mediante esta concentración en la nueva revista se quiera suministrar con una cierta sistematicidad líneas de interpretación y discursos que se sitúen en el espectro ideológico favorable a las reformas laborales de la crisis y que asimile la narrativa dominante en materia de trabajo y de empleo. Es por tanto una señal de la reorganización editorial de las enunciaciones de la doctrina laboralista y su realineamiento en clave de explicación y desarrollo de las políticas del derecho que se están formulando desde los poderes públicos y los centros de control judicial y constitucional.