PROPUESTAS PARA UN NUEVO MODELO DEMOCRÁTICO DE RELACIONES LABORALES

Tras cinco años de políticas de austeridad y reformas laborales que se han encabalgado unas sobre otras, la situación social en España es pésima. Es urgente un giro social que debe implicar reformas normativas importantes y cambio sustancial de las políticas económicas. Un grupo de personas cualificadas por su dedicación en exclusiva al estudio del Derecho del trabajo y de la Seguridad Social pretenden presentar un documento que incluya una amplia serie de propuestas que buscan reafirmar y profundizar el modelo democrático de relaciones laborales y desarrollar una nueva política en materia económica y social.

A tal fin están procediendo a desarrollar un esquema de trabajo que incorpore elementos centrales de un proyecto regulativo lo más completo posible en materia de relaciones laborales y protección social. En él se parte de la percepción compartida que nos hemos ido deslizando hacia una situación de cambio de ciclo, de ingreso en una etapa nueva que se separa decididamente de las coordenadas que marcaron el nacimiento del modelo democrático de relaciones laborales en nuestro país y que ha ido desarrollando un modelo guiado por la corriente de fondo del pensamiento hegemónico  neoliberal en esta época histórica y que culmina en la remercantilización del trabajo. Esto es, en su configuración como una pura mercancía al margen de la libertad y del dominio en el despliegue concreto de la actividad creativa y productiva de bienes y servicios. Este proceso conduce no sólo a una sociedad esencialmente desigual e injusta, sino también más autoritaria que reduce al mínimo su expresividad democrática. La urgencia del momento exige desplegar un modelo alternativo de regulación de las relaciones laborales y un cambio decidido en las políticas económicas y sociales que las sustentan y hacen comprensible la noción de ciudadanía social.

El trabajo es una relación social sobre la que se basa el sistema económico y la estructura de nuestra sociedad. Una sociedad en la que el poder privado se ejercita sobre las personas en una clara situación de asimetría que genera desigualdades de clase, de género, étnicas y culturales. El sistema democrático reconoce esa situación de desigualdad e incluye al trabajo y a sus figuras representativas en el centro de la estructura de los contenidos constitucionales, asignándole un valor político fundamental. Los derechos derivados del trabajo, individuales y colectivos, permiten definir la condición de ciudadanía. Una ciudadanía en progreso porque requiere de un desarrollo social, de un espacio desmercantilizado donde las necesidades sociales no sean satisfechas en razón de la capacidad de adquirir servicios en función de la renta de cada uno, y un poder público que se compromete a ir reduciendo el campo de la desigualdad económica y social.

El tiempo electoral está haciendo surgir una serie de propuestas sobre la regulación del trabajo que se relacionan casi en su totalidad con la reforma laboral del ciclo 2010-2102 cuestionándola en todo o en parte, enunciando una serie de medidas que aspiran a una reglamentación diferente de las relaciones laborales. Además de los programas de las fuerzas políticas – de las que son especialmente reseñables los del PSOE, Podemos e IU – también los sindicatos han confeccionado un documento de excepcional relevancia que sin embargo, y como es habitual, los medios de comunicación han ignorado casi completamente, con escasas excepciones en algún medio digital. Entre éstas, la propuesta de una carta de derechos fundamentales de los trabajadores, la defensa de la negociación colectiva como sistema de extensión y vigorización de los derechos laborales y de la nivelación de las asimetrías profundas de la relación salarial, la creación de la renta mínima garantizada sobre la base de la ILP en marcha o la ampliación a tres años de la cobertura de desempleo, entre tantas otras, son medidas de extremo interés que deben ser compartidas y popularizadas.

Pero además de la voz de las organizaciones políticas o sindicales, es muy conveniente que en un momento clave como el actual, se escuche la voz de los juristas del trabajo como sujetos activos y presentes en este tiempo de cambios. En un esclarecedor ensayo publicado en la revista Lavoro e Diritto correspondiente a la primavera del 2015, Luigi Mariucci ha resumido de manera brillante esta situación. Sus palabras deben ser asumidas en su literalidad:

“Los iuslaboralistas deben recuperar un orgullo profesional y no limitarse a ser consejeros del príncipe o a desempeñar una función casuística-forense que les lleva a asumir posiciones parciales. Afirmando con fuerza los componentes de fondo de un concreto y extenso estatuto del trabajo, reaccionando unitariamente frente a intervenciones legislativas que sirven meramente a las exigencias más inmediatas de la política económica dominante, o frente a intervenciones ocasionales originadas por un “cambio de paradigma” evolutivo, y en fin tomando distancias respecto de experiencias que aparecen como “innovaciones” y que no son sino otras formas de denominar a ciertos actos de pura y simple gestión empresarial travestidos de pseudo-acuerdos colectivos. Sería importante que el laboralismo, para recuperar el pleno sentido de lo que se viene a llamar “doctrina”, recuperara al menos una autornomía de pensamiento, lo que no significa recluirse en una especie de torre de marfil de una autorreferencialidad estéril, sino cultivar la conciencia de sí, y el orgullo de un propio punto de vista”.

Este es el punto de partida de un seminario que se ha ido desarrollando en la Fundación 1 de Mayo con un grupo de profesoras y profesores de Derecho del trabajo, que han ido elaborando una serie de documentos, algunos de ellos presentados como comunicaciones al II Congreso Trabajo, Economía y Sociedad celebrado en octubre en Madrid. En ellos, se pretende  fundamentalmente fortalecer el sistema de derechos individuales y colectivos de los trabajadores, revertir la reforma laboral y construir económica y socialmente un sistema de estabilidad y de calidad del empleo, en el marco de una nueva política económica y de transformación del modelo productivo. Este es el eje central de la propuesta que requiere no sólo repensar el modelo productivo vigente y descartar las políticas de austeridad, sino revisar y reforzar los derechos laborales básicos que han resultado más dañados por el impacto en ellos de las prescripciones de la reforma laboral, con especial atención a las garantías de los mismos y su tutela judicial efectiva. El centro de esta línea es la estabilidad y calidad en el empleo, y el tratamiento de la contratación y del despido, en todas las materias que resultan claves para obtener este resultado.

El próximo 20 de noviembre, más de treinta juristas del trabajo del Estado español se reunirán en la sede de la Fundación 1 de Mayo en la calle Longares de Madrid, y pondrán punto final a una parte del trabajo emprendido, confeccionando un documento en el que se presente el punto de vista del iuslaboralismo en el diseño de un nuevo modelo democrático de relaciones laborales. El documento quiere ser difundido y discutido no sólo en el ámbito académico, sino en la medida en que sea factible, también en el debate político y social que en este tiempo en el que se abre a la ciudadanía la oportunidad de la participación política. Dar voz a quienes no sólo se expresan a través de su mayor o menor conformidad con propuestas de regulación estimables, sino que dicen expresamente cómo piensan que debería diseñarse el marco institucional que encuadra la regulación del trabajo desde planteamientos radicalmente democráticos, que son los que mejor se acoplan al diseño constitucional del estado social y de la representación general y colectiva del trabajo.

De este documento ya tendremos ocasión de comentar en este blog. Por el momento, sólo la noticia de su preparación. Estaremos atentos a su desarrollo.