BREVES NOTAS SOBRE LA INCIDENCIA DEL RDL 5/2023 EN LA LRJS ESCRITAS POR FERNANDO SALINAS MOLINA

 

La promulgación del interminable RDL 5/2023 contiene una serie de reformas procesales de importancia, que modifican la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS). Fernando Salinas, magistrado jubilado del Tribunal Supremo, coordinador y responsable del grupo de trabajo sobre la Justicia de SUMAR (cuyas conclusiones se recogieron en una entrada de este mismo blog que se puede consultar aquí https://baylos.blogspot.com/2022/09/el-proyecto-sumar-un-programa-sobre-la.html) , y ante todo un buen amigo desde hace tanto tiempo, ha accedido a la petición del titular del blog de extractar para su audiencia las principales novedades que esta norma de urgencia ofrece en materia procesal laboral, que son las que se incluyen a continuación. ¡Buena lectura para los especialistas y personas interesadas en general!

 I.- MODIFICACIONES PARA CONCORDAR LA LRJS A LAS REFORMAS SUSTANTIVAS INTRODUCIDAS EN EL RDL 5/2023.

              I.1.- Arts. 108.2 y 122.2 LRJS: se modifican los arts. 108.2  (calificación de nulidad del despido) y 122.2 (calificación de nulidad de la extinción contractual por causas objetivas) de la LRJS para garantizar su coherencia con las modificaciones efectuadas, respectivamente, en los arts. 53.4 y 55.5 ET.

              Estas últimas han sido introducidas para asegurar el pleno ajuste de nuestro ordenamiento jurídico al art. 12 de la Directiva (UE) 2019/1158, en lo relativo a la protección contra el despido derivada del disfrute de permisos de conciliación, recogiendo entre las causas de nulidad el disfrute de todos los derechos de conciliación, incluyendo los nuevos derechos (los supuestos de “las personas trabajadoras que hayan solicitado uno de los permisos a los que se refiere el artículo 37, apartados 3.b), 4, 5 y 6, o estén disfrutando de ellos, o hayan solicitado o estén disfrutando de las adaptaciones de jornada previstas en el artículo 34.8”).

               I.2.- Remisión a la modalidad procesal del art. 139 LRJS (sobre “Derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral reconocidos legal o convencionalmente”), sin reforma expresa de este precepto procesal, para la solución de las discrepancias surgidas entre la dirección de la empresa y la persona trabajadora sobre: a) el derecho a solicitar las adaptaciones de la duración y distribución de la jornada de trabajo, en la ordenación del tiempo de trabajo y en la forma de prestación, incluida la prestación de su trabajo a distancia, para hacer efectivo su derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral (art. 34.8 ET); y b) sobre la concreción horaria y la determinación de los periodos de disfrute previstos en los apartados 4, 5 y 6 del art. 37 ET (art. 37.7.II ET).

 II.- MODIFICACIONES PARA REITERAR EN DETERMINADAS MATERIAS LA APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEC EXTENDIÉNDOLA A PROFESIONALES NO INTERVINIENTES EN EL PROCESO CIVIL (graduados/as sociales).

              Art. 83.4 LRJS: “Las personas profesionales de la Abogacía y de la procura podrán acogerse a las mismas causas de suspensión por circunstancias personales o familiares que se recogen para cada uno de dichos profesionales en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Tales causas de suspensión serán igualmente aplicables a los graduados y graduadas sociales”.

              De aplicación en las diversas jurisdicciones se introduce en el RDL 5/2023 una serie de medidas que permitan una mayor conciliación de la vida personal y familiar con el desempeño profesional de las personas profesionales de la abogacía, la procura y los graduados y las graduadas ante los tribunales de justicia, así como la regulación de la baja por nacimiento y cuidado de menor como causa de suspensión del curso de los autos y no solo de las vistas u otros señalamientos. Además, comprende todas aquellas medidas que se consideran compatibles con el derecho a la tutela judicial efectiva de la ciudadanía y no ocasionadoras de indefensión, como la suspensión de vistas u otros actos procesales, de actos de comunicación y del curso del procedimiento cuando acontezcan determinadas circunstancias.

              La remisión a la LEC debe entenderse efectuada a sus arts. 134.3, 151.2, 179.3, 183.2, 188.1.5º y 189.3. Es dable desatacar, como esencial novedad, que “Para los casos de nacimiento y cuidado de menor, las personas profesionales ... intervinientes a quienes se les haya concedido la baja por nacimiento y cuidado de menor podrán solicitar la suspensión del procedimiento, y por tanto de todos los actos y plazos procesales en curso, para el período coincidente con el descanso laboral obligatorio establecido según la legislación laboral y de seguridad social”.

 III.- MODIFICACIONES RELATIVAS A LA CASACIÓN UNIFICADORA: AGILIZACIÓN DE LA TRAMITACIÓN DEL RECURSO (art. 225 LRJS) E INSTAURACIÓN DE UN NUEVO SISTEMA DE COORDINACIÓN Y RESOLUCIÓN A MODO DE “RECURSO TESTIGO” (art. 225 bis LRJS).

              Reproduciendo, en lo esencial, las Enmiendas 625, 626 y 639 del Grupo Parlamentario Socialista al PLMEP (“Proyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia” - BOCG-CD 22-04-2022 y enmiendas BOCG-CD 03-02-2023), -- formuladas a propuesta del Tribunal Supremo --, se introduce en el RDL 5/2023 y en lo referente al recurso de casación para unificación de doctrina:

              a) Una modificación del art. 225 LRJS (“Decisión sobre la admisión del recurso”) mediante la que se pretende la agilización de la tramitación del recurso de casación unificadora;

              b) Un nuevo art. 225 bis LRJS en el que instaura un nuevo sistema de coordinación y resolución del recurso de casación unificadora a modo de “recurso testigo”, para logar una mayor eficacia en la gestión de la litigios en masa y/o de los asuntos repetitivos, en modo análogo al que en el propio RDL 5/2013 se ha efectuado en el recurso contencioso-administrativo ante la Sala III del Tribunal Supremo cuando se constate la existencia de un gran número de recursos que susciten una cuestión jurídica sustancialmente igual (art. 94 LJCA); y

              c) Una norma transitoria sobre las medidas de carácter procesal afectantes a la casación unificadora que, mejorada respecto a la contenida en la citada Enmienda 639, afecta especialmente al que hemos denominado “recurso testigo” ex art. 225 bis LRJS (DT 10ª.5 RDL 5/2013 – “Régimen transitorio de las medidas de carácter procesal”).

              Analicémoslas separadamente:

               III.1.- Agilización de la tramitación del recurso de casación unificadora (art. 225 LRJS).

              En lo esencial, en el citado art. 225 LRJS (“Decisión sobre la admisión del recurso”), se introducen modificaciones afectantes a los siguientes extremos:

              a) Se afirma en el Preámbulo RDL 5/2023, como justificación de este precepto, que se elimina el recurso contra el auto poniendo fin al trámite del recurso (sic “inadmisión”) por falta de subsanación de defectos cuando la parte ya ha sido advertida y requerida para subsanación (no aportación de documentos omitidos o no subsanación de los defectos apreciados), dejando pasar el plazo.

              Esta es una de las finalidades esenciales de la norma, pero quizá no se refleja adecuadamente en el texto articulado, dado que en el texto ahora derogado (art. 225.1.III in fine) concluía añadiendo que “Contra dicho auto solo procederá recurso de reposición” y el texto ex RDL se ha limitado a eliminar dicha posibilidad de recurso de reposición (art. 225.1.II y III LRJS). Entiendo que, quizá, en vez de suprimir la frase “contra dicho auto solo procederá recurso de reposición”, habría sido más preciso indicar que “contra dicho auto  no procederá recurso”, para evitar la aplicación de la regla general ex art. 186.2 LRJS consistente en que “Contra todas las providencias y autos cabrá recurso de reposición ante el mismo juez o tribunal que dictó la resolución recurrida”.

              b) Se distinguen a los efectos de la tramitación del recurso casacional unificador cinco causas de inadmisión con el fin de eliminar o no la exigencia del trámite de audiencia previa al recurrente (a- el incumplimiento de manera manifiesta e insubsanable de los requisitos procesales para preparar o interponer el recurso, b- la carencia sobrevenida del objeto del recurso, c- la falta de contradicción entre las sentencias comparadas, d- la falta de contenido casacional de la pretensión y e- el haberse desestimado en el fondo otros recursos en supuestos sustancialmente iguales -art. 225.4 LRJS); tramitándose las tres primeras sin audiencia de la parte del recurrente (a, b y c) y las dos segundas (d y e) con tal audiencia, pero en ambas oyendo al Ministerio Fiscal para informe de no haber interpuesto el recurso el Fiscal (art. 225.3 LRJS), antes de dictar, en su caso, auto de inadmisión contra el que no procederá recurso (se afirma expresamente “sin que quepa recurso contra dicha resolución” -art. 225.5 LRJS).

              Se argumenta en el Preámbulo RDL, como justificación de la no dación de audiencia previa al recurrente “respecto de ciertas causas de inadmisión sobre las cuales necesariamente habrá de haber efectuado alegaciones en dos momentos diferentes -escrito de preparación y escrito de interposición de recurso-, de manera que su supresión en nada perturba el derecho a la tutela judicial efectiva y sí evita un trámite que dilata innecesariamente la tramitación del recurso”; pero que, por el contrario, “se mantiene la audiencia a la parte cuando la causa de inadmisión escapa del contenido de aquellos escritos como sucede con la falta de contenido casacional de la pretensión y el haberse desestimado en el fondo otros recursos en supuestos sustancialmente iguales”.

              c) Se establece un trámite abreviado para el supuesto de “falta de competencia funcional para el conocimiento del litigio”, a cargo directo de la “Sección de Admisiones”, compuesta solamente por tres magistrados/as, la que tras oír a las partes y al Ministerio Fiscal, podrá dictar sentencia (art. 225.6 LRJS).

              d) Se suprime, sin motivación expresa, la regla consistente en que “Cuando la inadmisión se refiera solamente a alguno de los motivos aducidos o a alguno de los recursos interpuestos, se dispondrá la continuación del trámite de los restantes recursos o motivos no afectados por el auto de inadmisión parcial” (ahora derogado art.225.5.II LRJS).

               III.2.- Instauración de un nuevo sistema de coordinación y resolución del recurso de casación unificadora a modo de “recurso testigo” (art. 225 bis LRJS).

              En el nuevo art. 225.bis se pretende instaurar un instrumento similar al mecanismo del procedimiento testigo para dar respuesta a la problemática que supone la presentación de un gran número de recursos de casación, en los que se plantea una cuestión jurídica sustancialmente idéntica que presenta contenido casacional, cuando no existe todavía ningún pronunciamiento de fondo del Tribunal Supremo sobre este problema y diseñado en forma análoga a la efectuada para el recurso de casación contencioso administrativo (art. 94 LRJCA).

              Como se alegaba como justificación a la Enmienda 626 GPS al PLMEP que el objetivo consiste en evitar que la admisión, la tramitación y la resolución de todos estos recursos colapsen la Sala Cuarta del Tribunal Supremo.

              Para ello, se regula en el art. 225 bis LRJS la admisión de uno o varios recursos (que permitan incorporar los distintos argumentos jurídicos) y se le otorga una tramitación y un señalamiento preferente; los demás recursos se dejan en suspenso antes de acordar su admisión hasta tanto se dicten las sentencias de fondo en los asuntos tramitados de forma preferente (arg. ex art. 225 bis.1 LRJS).

              Una vez dictada sentencia de fondo se llevará testimonio de esta a los recursos suspendidos y se notificará a los interesados afectados por la suspensión, dándoles un plazo a fin de que puedan interesar la continuación del trámite de su recurso de casación, o bien desistir del mismo (arg. ex art. 225 bis.2 LRJS).

              De no desistir, pueden darse los siguientes supuestos: a) Si la sentencia de suplicación impugnada resolvió en el mismo sentido que el Tribunal Supremo, los recursos paralizados se inadmiten por providencia ya que no existe contenido casacional; y b) Si la sentencia impugnada resolvió el litigio en sentido no coincidente al del Tribunal Supremo, no puede dejarse que gane firmeza dicha sentencia, se dictará auto de admisión de cumplirse las exigencias legales (arg. ex art. 225 bis 3 LRJS) y la Sección correspondiente resolverá si continúa con la tramitación ordinaria ex arts. 226 y 227 LRJS o bien, a modo de tramitación abreviada, “dicta sentencia sin más trámite, remitiéndose a lo acordado en la sentencia de referencia y adoptando los demás pronunciamientos que considere necesarios” (arg. ex art. 225 bis4 LRJS).

               III.3.- Norma transitoria sobre las medidas de carácter procesal afectantes a la casación unificadora (DT 10ª.5 RDL 5/2013).

              Es dable interpretar que la DT 10ª.5 RDL 5/2013 establece dos normas transitorias sobre las medidas de carácter procesal afectantes a la casación unificadora:

              a) La primera, genérica y que se limitaría a la regla de agilización de la tramitación del recurso de casación unificadora contenida en el art. 225 LRJS, en la que se dispone que “El régimen del recurso de casación social establecido en este real decreto-ley será de aplicación a las resoluciones de los juzgados y tribunales de ese orden que se dicten con posterioridad a su entrada en vigor” (DT 10ª.5.I RDL 5/2023).

              b) La segunda, específica y relativa exclusivamente a la regla de coordinación y resolución del recurso de casación unificadora a modo de “recurso testigo” contenida en el art. 225 bis LRJS, en la que se preceptúa que “La modificación del artículo 225 bis de la Ley 36/2011 ... será de aplicación a los recursos de casación que se hubieran preparado y estuvieran pendientes de admisión a la entrada en vigor de este real decreto-ley” y que “A estos efectos, de oficio o a instancia de parte, se podrá acordar la suspensión del trámite de admisión de otros recursos en atención a cualquiera de los recursos de casación que ya se hubieran admitido a la entrada en vigor de este real decreto-ley y que se declaren de tramitación y resolución preferente por concurrir los requisitos del citado artículo” (DT 10ª.5.II y III RDL 5/2023).